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Hallazgo de granadas en el Lago Epuyén: la investigación confirmó que eran obsoletas y sin riesgo explosivo

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El hallazgo de seis granadas militares en el Lago Epuyén, ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, activó durante varios días un operativo de seguridad que integró rastrillajes subacuáticos, peritajes técnicos y una estrategia comunicacional precisa por parte de las autoridades provinciales. Con el avance de la investigación, las autoridades establecieron que se trata de material bélico antiguo, obsoleto, sin capacidad explosiva y sin vínculo con otros episodios intimidatorios recientes en la zona.

Las granadas fueron localizadas durante rastrillajes preventivos realizados por fuerzas de seguridad, en el marco de un operativo iniciado tras una denuncia que motivó la intervención policial. Los procedimientos se concentraron en el lecho del lago. Según fuentes oficiales, todos los artefactos fueron hallados bajo el agua y no se registraron hallazgos en superficie, un dato relevante para orientar la investigación.

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En total, se recuperaron seis granadas de uso militar, todas de fabricación nacional. Los primeros peritajes determinaron que corresponden a modelos antiguos, actualmente fuera de producción por parte de Fabricaciones Militares y ajenos a las dotaciones vigentes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Al menos una de las granadas fue identificada con año de fabricación 1979, lo que permitió establecer una referencia temporal concreta sobre la antigüedad del material.

El estado material de los artefactos fue otro elemento central. Presentaban un alto nivel de oxidación, compatible con una permanencia prolongada en un entorno subacuático. Ese deterioro, evaluado por personal especializado, reforzó la hipótesis de que no se trata de una colocación reciente ni de un episodio asociado a una acción operativa contemporánea.

Encontraron 6 granadas en el lago

El dato técnico más relevante fue confirmado poco después: ninguna de las granadas posee mecanismo de iniciación. Carecen de espoleta o sistema de activación. En ese estado, explicaron fuentes oficiales con conocimiento directo de los peritajes, no son activables de forma convencional y no presentan capacidad explosiva. Desde el punto de vista técnico, se trata de material inerte.

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Esa conclusión fue ratificada públicamente por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, quien brindó precisiones para despejar cualquier duda sobre el riesgo para la población. García confirmó que las granadas “estaban desactivadas”, que “no representaban peligro” y que su estado era consistente con material antiguo fuera de uso. Además, subrayó que el procedimiento se realizó según los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos y que los elementos fueron retirados de manera segura.

Uno de los puntos que generó mayor atención pública fue la posible vinculación entre las granadas y la aparición previa de carteles con mensajes amenazantes en la región. Sobre ese aspecto, García afirmó que no existe relación entre ambos hechos. Según explicó, la investigación determinó que se trata de eventos independientes, sin conexión operativa ni temporal. Esa definición fue adoptada como criterio central por la conducción policial y respaldada por las actuaciones judiciales en curso.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que esa aclaración responde a un análisis concreto de las circunstancias de cada episodio. En el caso de las granadas, la antigüedad del material, su estado de deterioro, la ausencia total de mecanismos de iniciación y el hecho de que todas se encontraran sumergidas alejaron cualquier hipótesis de intimidación activa. “No hay elementos que indiquen una maniobra reciente ni un mensaje dirigido”, señalaron.

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Los artefactos presentaban un alto nivel de oxidación

Tras el retiro de los artefactos, que quedaron a disposición de la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad resolvieron continuar con rastrillajes preventivos en el área. El objetivo de estos operativos es descartar la posible presencia de material similar que pudiera haber permanecido en el fondo del lago durante años sin ser detectado.

Desde el punto de vista institucional, la estrategia adoptada buscó evitar sobreactuaciones. Las autoridades provinciales priorizaron una comunicación basada en datos técnicos y verificables, con especial cuidado en no alimentar interpretaciones alarmistas. El énfasis estuvo puesto en la obsolescencia del material, en la inexistencia de riesgo explosivo y en la normalidad de los procedimientos desplegados.

Las mismas fuentes remarcaron que este tipo de hallazgos, aunque poco frecuentes, no son inéditos en zonas donde históricamente pudo haber circulación o descarte irregular de material militar antiguo. Sin avanzar en hipótesis ajenas a la investigación judicial, coincidieron en que el estado de las granadas es consistente con un abandono ocurrido hace décadas.

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La investigación continúa bajo la órbita judicial, con un objeto delimitado. La prioridad es reconstruir el origen del material y garantizar que no existan remanentes similares en el área. En paralelo, se mantiene la coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y los organismos técnicos especializados.

Una serie de análisis técnicos descartó la posibilidad de que los artefactos pudieran ser utilizados

Con el paso de los días, el episodio perdió el componente de urgencia que caracterizó a las primeras horas. La confirmación de que se trataba de granadas obsoletas, sin poder explosivo y sin conexión con otros hechos de intimidación permitió encuadrar el caso en una dimensión estrictamente técnica y preventiva.

En términos concretos, lo que emergió del fondo del lago Epuyén fue material bélico fuera de uso, ajeno a las capacidades actuales del Estado y desprovisto de funcionalidad operativa. La respuesta oficial, basada en peritajes, protocolos y rastrillajes, buscó cerrar el episodio con precisión y sin estridencias, evitando que la mera presencia de artefactos militares antiguos se transformara en un factor de alarma injustificada.

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Por la reforma laboral, el Gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias

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Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.

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De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.

Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.

El Senado debatirá la reforma laboral

Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.

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Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.

Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.

Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto al viceministro de la cartera, Sebastián Amerio, en Casa Rosada

De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.

De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.

Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.

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Senado: contrapuntos en el peronismo por la falta de una estrategia clara ante la agenda del Gobierno

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El receso parlamentario impactó fuerte en el interbloque kirchnerista del Senado, que comanda el formoseño José Mayans. Según confió un puñado de legisladores peronistas a Infobae, la falta de estrategias claras ante la agenda del Gobierno comenzó a hervir el clima de cara al regreso de la actividad, sumado a la indefinición sobre si se integrarán o no las comisiones, un escenario de tensión similar al de inicios de 2024 en la Cámara alta, cuando la administración libertaria daba sus primeros pasos.

Desde un despacho de peso sentenciaron: “En Diputados se movieron mucho más que nosotros desde fin de año. Me llama la atención que no se haya presentado, desde el Senado, una sola nota a las autoridades -el oficialismo lo confirmó a este medio- sobre la bicameral de DNU. Las redes y los comunicados están bien, pero no veo algo sólido ni pensado todavía. Tampoco hay un plan. Mismo con la reforma laboral, salvo algunas ideas que mostró ‘Coqui’ -en referencia al legislador y exgobernador chaqueño, JorgeCapitanich”.

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“Demasiado tranquilas las cuestiones que aparecen en el chat. Además, los que se separaron parcialmente de nosotros, pero que aún forman parte del interbloque -como Convicción Federal-, son dejados de lado cada vez más. Entonces, tampoco pueden haber muchas quejas luego. No es un buen momento y nadie tiene idea cómo enfrentar febrero, pero tampoco pueden darnos por liquidados”, observó un obediente kirchnerista de la Cámara alta.

Las sesiones extraordinarias de diciembre último dejaron, además del tratamiento y sanción del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, una repartija de comisiones con un esquema parecido al de 2023 en el Senado, en cuanto a una unión entre oficialismo y dialoguistas que relegó al entonces Frente de Todos, hoy “Popular”. Las diversas ramas justicialistas no enviaron a sus representantes -el cristinismo es quien cuenta con mayor poder- y tienen un problema extra y delicado ahora, como fue contado días atrás: deben distribuirse esos lugares ante órdenes que Cristina Kirchner emite, desde su prisión domiciliaria, que ya no son 100% cumplidas sin chistar.

El senador cristinista y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich (Maximiliano Luna)

¿Cómo puede ser que, en dos años, ocurra exactamente lo mismo? ¿Nadie lo previó? ¿Qué se hizo para que fuera distinto?”, se lamentó a inicios de enero un legislador justicialista. En tanto, desde otro despacho, reflexionaron: “Encima, tenemos más bancadas dentro del interbloque y nos parte al medio decidir, ya que todas merecen participar en varias. ¿Van a hacer algo ordenado para resolver esto? Dudo”.

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El mes pasado, La Libertad Avanza y fuerzas dialoguistas mostraron un conjunto de 44 senadores -en realidad, 43, ya que no había jurado aún el oficialista rionegrino Enzo Fullone– y dispusieron que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.

Mayans pretende que, en las de 17 miembros, al interbloque kirchnerista-peronista se le asignen siete butacas. Y, en las de 19, ocho. Para denostar a la mayoría obtenida el 16 de diciembre en la mencionada reunión de Labor Parlamentaria, el formoseño apuntó a que la suscripción del acta “carece de toda validez y efecto jurídico”, por no estar activada la “delegación de facultades” a favor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El último punto es clave. Por ese motivo es que los más memoriosos del Congreso recordaron con exactitud que, como titular del Senado y, durante el gobierno en el que secundó a su colega Alberto Fernández, Cristina Kirchner utilizó la delegación vigente de la macrista Gabriela Michetti. “La única nota que presentamos en queja fue por el número en las comisiones. ¿Y la integración de la bicameral de DNU por lo que hizo el Gobierno a fin de año? O sea que no está pasando que nos deba preocupar”, reflexionó un peronista ante la consulta de este medio.

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El titular de la UIF se reunió con autoridades de Estados Unidos para intercambiar datos sobre la causa AFA

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El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

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La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana

La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.

En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.

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