POLITICA
Unión Europea-Mercosur: cómo se destrabó el acuerdo y qué chances tiene de ser ratificado para empezar a regir
PARIS.– Después de 25 años de arduas negociaciones, una mayoría calificada de estados europeos aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, a pesar del voto en contra de Francia, principal país agrícola del bloque, y de la cólera de los agricultores europeos.
Gracias a esa luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podría viajar a partir del lunes a Paraguay para firmar el tratado comercial con América Latina.
A pesar de las importantes concesiones consentidas por Bruselas en las últimas semanas, Francia votó en contra del acuerdo, como lo había anunciado Emmanuel Macron. Austria, Hungría, Polonia e Irlanda siguieron la posición de París, pero no alcanzaron una minoría de bloqueo que podría haber hecho fracasar la votación. Para eso se requerían cuatro Estados que representaran al menos el 35% de la población de la UE.
Es la primera vez que Francia queda en minoría en el Consejo Europeo, el organismo que reúne a los jefes de Estado y de gobierno del bloque. Un nuevo golpe duro para el presidente Macron, que enfrenta una profunda crisis política en su país y que sufre la presión de los sindicatos de agricultores desde hace varios días.
El apoyo de Italia, que se había opuesto hasta último momento, fue decisivo para obtener la mayoría calificada necesaria. Francia, en todo caso, pretende continuar la batalla en el Parlamento Europeo. Podría acudir incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la conformidad del controvertido tratado con el derecho de la UE, especialmente sobre el método de ratificación elegido por Bruselas.
Es una opción ya apoyada por unos 150 eurodiputados de cinco grupos políticos que reúnen a 21 nacionalidades diferentes, que presentaron el año pasado una resolución solicitando un dictamen jurídico del Tribunal sobre el acuerdo UE-Mercosur. Los demandantes consideran que la Comisión Europea excedió su mandato ‘dividiendo el acuerdo entre sus partes comerciales y políticas, para eludir la aprobación de los Parlamentos nacionales durante el proceso de ratificación’.
“Esta propuesta de remisión a los jueces europeos, que debía figurar en el orden del día del Parlamento en noviembre pasado, fue rechazada por razones de procedimiento. Pero la Eurocámara tendrá que adoptarla o rechazarla en una próxima sesión plenaria”, afirmó el politólogo Dominique Reynié.
Los eurodiputados examinarán la ratificación del tratado en las próximas semanas, un ejercicio que podría ser ajustado en el hemiciclo, donde pesarán las consideraciones nacionales.
La votación en el Parlamento Europeo se realiza por mayoría simple: más del 50% de los votos emitidos. Aunque Francia y algunos otros países se oponen firmemente al acuerdo, el número de eurodiputados hostiles no parece suficiente para alcanzar esa mayoría. En octubre de 2025, una votación simbólica mostró una división ajustada (269 en contra, 259 a favor), pero desde entonces, varios Estados miembros clave, como Italia, se han unido al bando de los partidarios, lo que reduce las posibilidades de un rechazo.
Los eurodiputados opuestos al acuerdo podrían intentar presentar mociones o recursos, pero tienen pocas posibilidades de bloquear definitivamente el proceso, salvo que se genere una coalición muy amplia e inesperada.
Negociado desde 1999, el acuerdo crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, entre la Unión Europea, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, es decir, más de 700 millones de consumidores. Para sus detractores, va a trastocar la agricultura europea con productos más baratos y no necesariamente respetuosos de las normas ambientales de la UE, debido a la falta de controles suficientes.
Para sus partidarios, como Alemania y España, permitirá, por el contrario, relanzar una economía europea en dificultades, sacudida por la competencia china y los aranceles en Estados Unidos. Al eliminar gran parte de los aranceles, el acuerdo favorece las exportaciones europeas de automóviles, máquinas, vinos o quesos.
Esta luz verde es “una señal importante en este período” de tensiones comerciales, celebró el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, en un comunicado.
“Mientras otros se cierran y adoptan una política comercial cada vez más agresiva, nosotros apostamos por nuevas asociaciones”, declaró el vicecanciller alemán. Dijo que lo hacían “para estimular el crecimiento y el comercio en Europa”.
En sentido contrario, el acuerdo facilita la entrada en Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, con cuotas de productos exentos de impuestos que alarman a los sectores afectados.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha dado un argumento adicional a los partidarios del acuerdo. La UE debe diversificar sus asociaciones comerciales, insiste la Comisión. Con la esperanza de apaciguar a los agricultores, Bruselas ha encadenado concesiones en los últimos meses, incluyendo garantías reforzadas para proteger los productos sensibles o un gesto presupuestario en la futura política agrícola común (PAC) de la UE. Pero nada ha funcionado, y la ira agrícola ha resurgido con más fuerza.
En todo caso, si bien el capítulo comercial del tratado podría regir rápidamente, falta un camino por recorrer para una entrada en vigor completa y definitiva del acuerdo global -incluyendo los componentes no comerciales-. Para eso, se requerirá la aprobación del Parlamento Europeo (votación prevista para enero o febrero de 2026) y la ratificación por parte de todos los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE. Este proceso podría extenderse hasta finales de 2026, o incluso más, dependiendo de la rapidez de las ratificaciones nacionales.
No obstante, desde la firma, el componente comercial del acuerdo -acuerdo provisorio- podría entrar en vigor de manera provisional, sin esperar la ratificación completa por parte del Parlamento Europeo. Esto significa que algunas reducciones arancelarias podrían aplicarse rápidamente, siempre que al menos un país del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) haya ratificado el tratado.
¿Acaso Francia y los otros países que votaron en contra pueden negarse a recibir los productos provenientes del Mercosur? Los países miembros de la UE se comprometen a respetar las reglas y las concesiones arancelarias negociadas. Esto significa que, en principio, esos países no pueden rechazar unilateralmente los productos agrícolas del Mercosur si estos cumplen con las normas y los cupos previstos por el acuerdo.
Pero los acuerdos comerciales suelen prever cláusulas de salvaguardia que permiten a un país suspender temporalmente ciertas concesiones. Por ejemplo, en caso de una afluencia masiva de productos que amenacen un sector local. Francia podría, por ejemplo, bajo condiciones estrictas, activar esos mecanismos si demuestra un perjuicio económico grave.
Los países que no aprobaron el tratado -y la propia UE- pueden rechazar productos agrícolas si no cumplen con las normas sanitarias, fitosanitarias o ambientales de la UE. Si un producto contiene pesticidas prohibidos o no respeta las reglas de bienestar animal, puede ser bloqueado en la importación.
Pero la política comercial es una competencia exclusiva de la UE. Por lo tanto, Francia, Austria, Hungría, Polonia e Irlanda no pueden actuar solas para rechazar productos cubiertos por el acuerdo, salvo que obtengan el apoyo de la Comisión Europea y de los demás Estados miembros. Una decisión unilateral sería contraria al derecho de la UE.
Por el contrario, podrían intentar influir en la implementación del acuerdo, planteando objeciones políticas o movilizando la opinión pública. Solicitando, por ejemplo, a la Comisión Europea revisar ciertos aspectos del acuerdo o reforzar los controles sobre las importaciones.
Los agricultores europeos, por su parte, continúan la movilización. La Federación Nacional Francesa de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Fnsea) denunció hoy la aprobación del tratado, afirmando que “provoca la ira total de los campesinos”.
“Es una traición a la soberanía agrícola europea”, añadió el sindicato. Anunció una consulta, este viernes por la noche, para “decidir las futuras acciones sindicales conjuntas”.
aprobó este viernes,Luisa Corradini,Conforme a
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del Indec tras la salida de Marco Lavagna
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.
La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.
Esta publicación en el Boletín Oficial llega una semana después de que se haga pública la salida de Lavagna. La renuncia se da, a su vez, en un marco creciente tensión al interior del Gobierno por cómo medir el proceso de desinflación.
La salida de Lavagna tuvo que ver, informó , con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio Caputo en una entrevista en donde además detalló que se seguirá utilizando el antiguo indicador.
En Casa Rosada criticaron la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para implementar un nuevo índice de inflación.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
Luego, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual índice. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
renuncia de Marco Lavagna,LA NACION,Caputo,Manuel Adorni,Indec,Boletín Oficial,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Consejo de Paz. Milei pospuso su viaje de esta semana a Estados Unidos, tras ser convocado por Trump,,Análisis. El estreno de la hegemonía mileísta,Indec,,Ola de renuncias. Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses,,Teslas baratos y el sueño del 0%. La profecía de Milei agita las urgencias del Gobierno,,»Recuerdos de intromisión». The Wall Street Journal afirma que los cambios en el INDEC «sacuden la confianza» en Milei
POLITICA
Bullrich se reunirá hoy con los dialoguistas en el Senado para definir el articulado final de la reforma laboral
A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy -a las 18- la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.
Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.
En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.
Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.
La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.
Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo: “Nunca sabes lo que te va a tocar”. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.
El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.
Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.
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