POLITICA
El embajador de Estados Unidos en la Argentina ratificó el apoyo del gobierno de Trump a Javier Milei
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el apoyo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informara que la administración libertaria reintegró USD 2.500 millones que había utilizado del swap.
“Estoy orgulloso de nuestra cooperación con Javier Milei y su agenda de reformas. Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina para generar confianza, atraer inversiones y fomentar el crecimiento a largo plazo”, publicó Lamelas en sus redes sociales.
Estas declaraciones van en línea con lo que dijo Lamelas cuando entrevistado por Infobae en diciembre. Allí, en diálogo con Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América, el diplomático afirmó: “Los Estados Unidos apoyan a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente”.
La operación para devolver parte del swap
El Gobierno concretó la devolución de los USD 2.500 millones correspondientes al tramo activado del swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos sin afectar el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para realizar este pago, la administración de Javier Milei se respaldó en un nuevo financiamiento tomado con un organismo internacional por la misma cifra, lo que permitió honrar el compromiso asumido con la administración de Donald Trump y, al mismo tiempo, preservar los recursos del banco central.
El director de la cartera económica estadounidense, Scott Bessent, celebró el pago efectuado por Argentina y resaltó en su comunicación: “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos.” Según Bessent, esta operatoria supondrá decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense, ya que, como subrayó, “el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.
El BCRA informó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre del año con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025. Estos fondos, utilizados por la parte norteamericana para adquirir pesos en el mercado local, buscaron atenuar la inestabilidad que se generó en el mercado cambiario en la previa de las elecciones legislativas. El proceso permitió reducir la incertidumbre después del triunfo oficialista y estabilizar la cotización mayorista del dólar.
El balance oficial del BCRA de la semana del 23 de diciembre de 2025 expone el mecanismo empleado: una caída de USD 2.500 millones en el rubro “Otros pasivos” —asociado directamente al swap mencionado— y un incremento equivalente bajo el concepto de “Obligaciones con organismos internacionales”. De esta manera, el equipo económico cumplió con la exigencia de Estados Unidos al refinanciar el monto y evitar una disminución de las reservas internacionales.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron la operatoria, aunque omitieron detallar la identidad del nuevo acreedor y los términos del financiamiento. Precisaron que el prestamista no fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero no revelaron la tasa de interés ni el plazo de repago, por lo que el detalle completo del acuerdo sigue sin conocerse.
Entre especialistas del mercado, circuló la versión de que el financiamiento podría provenir del Banco Internacional de Pagos (BIS), entidad con sede en Basilea, Suiza, que nuclea bancos centrales de distintos países y cuya función principal es afianzar la cooperación financiera internacional y la estabilidad monetaria. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no existía una confirmación oficial acerca de la participación del BIS en el otorgamiento de la línea crediticia que permitió saldar el tramo del swap activado con Estados Unidos.
En abril de 2024, el BCRA había culminado el pago de una deuda previa con el BIS por USD 3.117 millones contraída durante la gestión anterior. Ese pasivo fue cancelado en etapas: desde diciembre de 2023 hasta fines de febrero de 2024 se abonaron USD 1.600 millones, y posteriormente se liquidaron más de USD 1.400 millones restantes.
POLITICA
Polémica por los cambios en la ley de Glaciares: la defensa de la senadora Royón y el rechazo de una ONG ambientalista
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, y la senadora del bloque “Primero los salteños”, Flavia Royón, plantearon en Infobae al Mediodía distintos contrapuntos sobre el proyecto del Gobierno para flexibilizar la Ley de Glaciares y habilitar la explotación minera en determinadas zonas.
El Senado debatirá este jueves una norma que redefine el control provincial sobre el ambiente periglacial y habilita la minería en zonas hoy vedadas. En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares mostró posiciones irreconciliables.
El ambientalista Andrés Nápoli formuló una advertencia contundente: “Esto es una reforma constitucional encubierta. Si se aprueba una ley aclaratoria retroactiva, todos los emprendimientos en zona crítica van a quedar habilitados inmediatamente, como si hubiese sido el texto original”.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Nápoli remarcó: “La Ley 26.639 no es una ley kirchnerista, es una ley transversal, porque las pocas leyes ambientales que salieron en el Congreso de la Nación fueron transversales. Es una ley que va mucho más allá de esto y que busca proteger fundamentalmente los glaciares”.
El proyecto oficial y la disputa por el control de los recursos
Nápoli sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, bajo la figura de una “ley aclaratoria”, revierte cuestiones constitucionales, porque el artículo 41 y el 124 de la Constitución es muy claro. Según su posición, las provincias son titulares del dominio originario, no las dueñas, como dice el proyecto, y “la Nación dicta los presupuestos mínimos, el piso mínimo de protección”. “Esa es la ley de glaciares, y esa es la ley que se pretende transformar ahora, diciendo que las provincias van a determinar cuáles son los glaciares que van a proteger y cuáles no”, apuntó.
El director ejecutivo de FARN denunció que el cambio permitirá que “las provincias le digan al Instituto Nacional de Glaciología (IANIGLA) qué es lo que tienen que poner dentro del inventario y qué no”. En ese sentido, explicó: “Vamos a transformar una ley que hoy tiene un carácter científico y de protección uniforme para todo el territorio en una ley de carácter político, no uniforme, donde cada provincia va a definir lo que quiere”.
“Lo que la ley plantea es que los glaciares, además de tener reserva hídrica, tienen una multiplicidad de funciones. Conservan la biodiversidad, también son aliados para el cambio climático. El Inventario Nacional de Glaciares inventarió casi diecisiete mil glaciares en todo el país. Todos esos glaciares, no lo digo yo, lo dice el IANIGLA, tienen reserva estratégica de agua, sea en estado líquido o en estado sólido”, remarcó.
Flavia Royón defendió el criterio técnico y el rol de las provincias
Frente a las críticas, la senadora Flavia Royón defendió el espíritu del proyecto: “La aclaración de la ley lo que busca es proteger el agua, es ratificar la protección del agua y en qué lugares no se puede hacer actividad”. Y apuntó su desacuerdo técnico, al afirmar que “la ley actual dice ‘se prohíbe todo en ambiente glacial y periglacial’”, mientras que los cambios de la norma suman una aclaratoria.
“La aclaración lo que dice es: está todo prohibido en lo que está hoy contenido en el inventario, hasta tanto no se compruebe con estudios técnico-científicos, que no tiene ninguna función que afecte ni al agua de consumo humano, ni a la agricultura, ni a la biodiversidad”.
Uno de los puntos claves es lo que se define como “ambiente periglacial”, que son los “glaciares de escombros” que apunta el oficialismo a que pueda explotarse la minería en la zona. ”Son rocas que tienen hielo y ese contenido es muy variable. Hay algunos que tienen funcion hídrica y otros que no lo tienen», completó.
En ese marco, Royón argumentó que el inventario que realizó el IANIGLA “se hizo con imágenes satelitales, de escritorio». “Para realmente poder terminar ese inventario, hay que hacer estudios de campo que implican toma de muestras, estudios de laboratorio. No lo podés hacer solo con una imagen satelital, tenés que ir a territorio”.
Además, la legisladora apuntó que “la Ley es de 2010 y nunca se pudo reglamentar”, e “inclusive en el mismo texto tiene contradicciones”. “Esta aclaración lo que te dice es: cuando vos ni siquiera podés hacer un estudio. En realidad, lo que se busca es que lo haga la provincia en coordinación con el IANIGLA”, señaló.
Minería, desarrollo y ambiente: el núcleo del conflicto
Nápoli advirtió sobre el riesgo de avanzar con explotaciones megamineras en zonas de glaciares, porque lo que hacen las empresas mineras “es volar directamente el espacio”. “Vuelan la montaña, vuelan el glaciar, y el riesgo es que no va a haber más glaciar. Basta con buscar en YouTube cómo se explota la minería de altura. Es a base de explosivos, de desaparición de lo que es la zona. El glaciar está arriba y la veta está por debajo. Hay que volar eso, abrirlo”, apuntó.
No obstante, remarcó: “No estamos en contra de la minería. Decimos que hay lugares donde no se debería hacer minería. Eso es el 0,4 del territorio argentino. En el resto del territorio se puede hacer minería”.
Royón, por su parte, defendió la compatibilidad entre desarrollo y cuidado ambiental: “Se puede hacer un desarrollo totalmente compatible con el cuidado del medio ambiente. Argentina necesita de todos los sectores: del agro, de la industria, de la energía, de Vaca Muerta, de la minería. La minería es de las que menos agua utiliza. En San Juan utiliza menos del dos por ciento del agua que se usa en la provincia”.
Y la senadora concluyó: “Esto no es un debate, si la minería sí o la minería no. Es un debate de que a los glaciares se los protege, sí. A lo que tenga función hídrica, sí. Y lo que está en juego es el desarrollo de nuestro país”.
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Corrupción en la Andis: Ornella Calvete dijo que los US$700.000 ya estaban en su departamento cuando se mudó y eran de su padre
La exfuncionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, procesada junto a su padre Miguel Ángel Calvete en la causa que investiga presuntos direccionamientos en las compras de la agencia ANDIS, sostuvo en la apelación a su procesamiento que los casi 700.000 dólares encontrados en su domicilio durante un allanamiento no eran suyos, sino en gran parte de su padre y que ya estaban allí cuando se mudó al departamento.
Dijo también que desconocía el monto exacto y el origen del dinero, y que jamás dispuso de ese efectivo. Durante el allanamiento descubrieron fajos de dinero en un mueble que totalizaron 695.457 dólares, 19.996.200 de pesos y 1960 euros.
Calvete puntualizó que la mayor parte de esa suma (600.000 dólares) fue reclamada por una accionista de INDECOMM SRL (una empresa que constituyó su padre); que otra parte pertenecía a su pareja, Javier Cardini, desplazado como ella de su cargo en el Palacio de Hacienda tras el escándalo; y que una tercera porción sí le pertenecía, como consecuencia de una donación realizada por su padre mediante escritura pública.
La causa nació con la difusión de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que se hacía mención a un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. Si esas grabaciones, cuyo origen se desconoce, constituyen o no una prueba válida en la causa es todavía objeto de tensiones judiciales, pero tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi consideran que el caso tiene vida propia y a principios de mes avanzaron con una tanda de 19 procesamientos. Entre los alcanzados figuran Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, quien, según la acusación, habría tenido participación en el presunto entramado delictivo.
La hipótesis del caso es que dentro de la ANDIS se produjo una distorsión en el mecanismo de compras de prestaciones de alto costo (Pacbi), con selección direccionada de oferentes y sobreprecios, en una maniobra en la que habrían actuado de manera coordinada funcionarios y empresarios.
En su escrito, Ornella Calvete negó haber tenido injerencia en ese sistema y se defendió del resto de las acusaciones que pesan sobre ella. El juez Casanello la procesó por los delitos de asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Ornella Calvete no tiene ni ha tenido relación comercial alguna con ninguno de los involucrados en este caso. Nada tiene que ver con ninguna contratación que la Andis haya efectuado en el período investigado, ni antes ni después”, afirmó en el escrito su abogado defensor, Fernando Manzanares.
La ruta del dinero
La explicación de Ornella Calvete en torno al efectivo encontrado en su departamento merece cada detalle. En el escrito, la joven indicó que “viviendo en Escobar le era ciertamente incomodo viajar todos los días de la semana a trabajar al centro”, donde se encuentra el ministerio que comanda Luis Caputo. Era marzo de 2025 y entonces le “consultó a su padre si no tenía algún departamento de su propiedad disponible” y que su padre le ofreció “un monoambiente en México 55, piso 34 depto. 346 ‘Ala Rio’ al cual se mudó sola”.
“Un par de meses después decide con su novio buscar un departamento para irse a vivir juntos. Le comenta esto a su padre, quien le ofrece otro departamento en el mismo edificio pero que contaba con tres ambientes”, continúa el escrito, que introduce otro elemento clave: la condena que ya tenía su padre por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, por la que está detenido.
“Debido a la complicada situación procesal que su padre atravesaba en otra causa éste le comentó, antes que se mudase al citado inmueble que había dejado dinero en efectivo (en una cajonera bajo llave) y algunos objetos de su propiedad en ese departamento”, indicaron los abogados de Ornella, para concluir: “A lo que su hija le manifestó ‘que no se preocupase que no íbamos a tocar nada’”.
Para apuntalar su defensa, usó a su favor el intercambio de mensajes que tuvo con su padre en noviembre cuando, en plena efervescencia del caso Andis, le advertía sobre la presencia de policías abajo del edificio y le preguntaba si su empresa Indecomm disponía de “cash blanco”, esto es, legal. “Por si entran acá y me ven con mosssca”, lo alertó.
Dijo entonces que una prueba de que no gestionaba ese dinero es que tras aquella primera “falsa alarma” ella no movió los fajos de dólares, pesos y euros, que fueron encontrados luego por la Policía en un allanamiento realizado un mes después, en octubre de 2025.
Ornella también se desvinculó de Profarma, una de las droguerías favorecidas en la maniobra investigada, que pertenece en los papeles a Ruth Noemí Lozano. Dijo en su apelación que no era empleada ni accionista de la empresa y que tampoco tenía vínculos informales.
La Justicia cree que Ornella pujaba por expandir los negocios de la droguería. En uno de los mensajes que constan en el expediente, Ornella afirma respecto a la empresa: “Quedate tranquilo que de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo (y sé dónde vive)”.
La fiscalía sostiene además que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en el Ministerio de Economía, utilizó su influencia para favorecer los intereses privados de su padre. Por un lado, se la acusa de haberle suministrado información privilegiada para emprender nuevos negocios en el sector de los agroquímicos y, por el otro, de haber contratado a dos personas cercanas a Calvete −Ruth Lozano y su asistente personal, Patricia Canavesio− con fondos públicos.
Ornella se defendió de una y otra acusación. Dijo que las contrataciones se realizaron a través de un ente sobre el cual no tenía incidencia, el FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina), y que los contactos con la persona interesada en comercializar urea en el país fueron parte de un proyecto privado para importar el producto desde Kazajistán, porque como parte de sus planes a futuro tenía previsto abandonar su cargo en el Estado.
“Sobre el negocio en sí, yo me estaba por ir del sector público y me interesaba la posibilidad de que el mismo avanzase. Le pedí a mi padre, que tenía muchos más conocimientos que yo sobre el mundo comercial, que me diese una mano para conformar el negocio”, afirmó.
Miguel Ángel Calvete,causa que investiga presuntos direccionamientos,Federico González del Solar,Casos de corrupción,Discapacidad,Conforme a,Casos de corrupción,,Ejecución demorada. Convocan a una audiencia para definir el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner,,Enriquecimiento y lavado. Revés para Insaurralde en su intento de usar un decreto de Milei para que no lo investigue la UIF,,Posible conflicto de intereses. Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
Un empresario se volvió protagonista de una polémica al admitir que durante años el sector “estaba robando” con el precio de los neumáticos.
Se trata de Roberto Méndez, el CEO de Neumen, una cadena de servicios integrles del automotor que este año cumple 40 años y tiene más de 40 puntos de venta en el país.
La empresa que nació con un local en Avellaneda, distribuye los neumáticos Pirelli, así como los amortiguadores Monroe y Fric-Rot; lubricantes TotalEnergies, baterías Mateo y filtros MANN
“Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, reconoció Mendez en declaraciones periodísticas.
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Méndez tiene larga experiencia en el rubro de los neumáticos. A finales de los ’70 y principios de los ’80, Méndez trabajó como vendedor en Cincotta, una fábrica de materiales para la reconstrucción de neumáticos.
Hacia 1986, Méndez armó un equipo de cinco vendedores. Salió a comercializar neumáticos y protectores para camiones.
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Según consta en la página web de la empresa, en febrero de 1986, abrió su primer local llamado Neumen en la localidad bonaerense de Avellaneda.
Cuatro años después, en 1988, se convirtió en distribuidor de Pirelli, y con el paso de los años se consolidó como el número uno de las cubiertas de la firma italiana.
En junio de 1995, completa la apertura de 20 sucursales. Y en 2004, consigue la certificación de calidad Iso9001. En 2009, inauguró la primera sucursal en Córdoba.
En la actualidad, la cadena de servicios integrales del automotor cuenta con más de 40 puntos en el AMBA; Tandil, Mar del Plata, Junín, Necochea, Córdoba, Salta y Tucumán. Emplea a más de 500 personas y atiende a un promedio de 15.000 clientes por mes.
El elogio a Milei del empresario de los neumáticos que admitió que robaban con los precios
El empresario, luego de revelar el margen que sacaban de sus productos durante los gobiernos anteeriores, destacó que la gestión de Javier Milei busca “una rentabilidad normal” de las compañías.
“Veo bien cuando Federico Sturzenegger dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando en un 60, 70%“, señaló Méndez, hace días atrás en una entrevista a Ahora Play.
Tras sus dichos, el presidente Javier Milei cargó contra los empresarios y les dedicó un mensaje en su cuenta de X. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”, escribió el mandatario.
El mensaje presidencial se publicó en un contexto de fuerte tensión en el sector, luego de que Fate anunciara el cierre definitivo de su planta de Virreyes y el despido de 920 trabajadores.
A
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