Bolivia inició el año en un contexto de tensión política y social. A las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) por el decreto que establece medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal, se sumó el rechazo a otra norma que regula el ejercicio del mandato presidencial y a un proyecto de exploración petrolera en un área protegida.

El primer frente de conflicto surgió tras la promulgación del Decreto Supremo 5503 que, entre otras acciones, eliminó el subsidio a los combustibles e incrementó el precio del diésel y la gasolina en un promedio de 124%.

Si bien varios sectores respaldaron la medida, que está acompañada por beneficios sociales como el aumento de algunos bonos y el salario mínimo nacional, otros cuestionaron artículos que consideran inconstitucionales como uno que acelera el trámite para la firma de contratos de inversión en recursos estratégicos como minería, hidrocarburos o litio. Según algunos analistas, este procedimiento omitiría el control legislativo, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa a comunidades afectadas por la estrechez de los plazos.

A raíz de estas y otras observaciones, el movimiento obrero plantea al Gobierno abrogar el decreto y dividir su contenido en dos: por un lado, mantener la estrategia sobre los combustibles y, por otro, remitir a la Asamblea Legislativa artículos que merecen un tratamiento diferenciado.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB, durante un encuentro con el Gobierno en el que no se alcanzaron acuerdos.

Durante la semana, se realizaron marchas en la sede de Gobierno y un bloqueo nacional de caminos que llegó a tener más de 40 piquetes simultáneos. En paralelo, el Gobierno realizó reuniones con diferentes sectores para sumar respaldo al paquete de medidas.

Si bien algunos ministros manifestaron su disposición para “mejorar” el decreto, descartaron su anulación. “El decreto no es negociable y no es un capricho. El decreto es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. Para eso ha sido electo el gobierno, para gobernar y para tomar las decisiones, por difíciles que éstas sean”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Con este conflicto en curso, el presidente Paz promulgó otro decreto supremo, el 5515, que lo faculta para gobernar a distancia por “medios tecnológicos” cuando se encuentre fuera del país.

Esta norma apunta a evitar que el vicepresidente Edmand Lara, con quien se han expuesto profundos desacuerdos, asuma el mando del país cuando el mandatario se ausente temporalmente. Sin embargo, analistas y abogados constitucionalistas observaron que el decreto contradice el artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que ante la ausencia temporal del presidente, el mando del país lo asume el vicepresidente y a falta de éste, el presidente del Senado y de Diputados, en ese orden.

El Gobierno defiende la norma bajo argumentos que giran en la modernización del ejercicio del mando presidencial, la seguridad jurídica y la prevención de discrepancias políticas. Sin embargo, otros lo ven como una alteración de los mecanismos constitucionales de sucesión y se han presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Mientras crecía la controversia por los decretos, en el sur del país estalló otro conflicto en rechazo a un proyecto de exploración petrolera en un área protegida. El lunes, un contingente policial ingresó a la Reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija (sur), para forzar el ingreso de personal y maquinaria de Petrobras, desatando tensión con los comunarios que rechazan la intervención petrolera en el área protegida, porque consideran que pondría en riesgo fuentes hídricas esenciales y el equilibrio ecológico de la zona.

El Gobierno explicó que el pozo que se pretende perforar, denominado Domo Oso X3, está fuera de los márgenes de la reserva y que el proyecto cuenta con licencias correspondientes. Sin embargo, el contrato con la petrolera es por el conjunto del área San Telmo que se superpone a la reserva e incluye más de una decena de pozos. El X3, el pozo descubridor, es el primero que se pretende operar y para el que se otorgó licencia en julio de 2025, durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025).

Tras la resistencia de los comunarios, el miércoles se realizó una masiva marcha en Tarija en la que se reclamaron acciones para frenar el proyecto exploratorio que lleva más de diez años interrumpido por tensiones entre el Ejecutivo y pobladores que se oponen a la intervención petrolera en áreas protegidas.

Si bien esta fue la semana de mayor tensión para el nuevo Gobierno, el analista político y consultor en comunicación política Carlos Saavedra destaca que el incremento en el precio de los combustibles no hubiera generado un conflicto mayor.

“Si uno hacía una hipótesis de conflictividad posterior a la nivelación del precio de los combustibles, se podía pensar que el país iba a estallar y eso no ha pasado”, explicó Saavedra.

El analista atribuye este fenómeno a un agotamiento del modelo económico anterior y al consenso en la opinión pública de que no había otra alternativa. “He notado que se ha construido un consenso en términos sociales y de opinión pública de que el modelo económico no daba más y de que no había solución sin ajustes”, manifestó.

En ese sentido, el analista no cree que los conflictos actuales vayan a afectar la gobernabilidad. “Hay una corriente tan fuerte de hastío con el anterior ciclo político que puede haber muchas cosas discutibles en términos jurídicos y políticos, pero hay una corriente de cambio en el país que va a apoyar estas reformas”, afirmó.