El verano financiero viene acompañado de ciertas anomalías que los inversores procuran asimilar para su confección eficientes de carteras. Un dólar ofrecido continuó pronunciado la tendencia bajista, a la vez que las acciones y los bonos buscan reencontrar un rumbo positivo, que intermitentemente se les viene negando mientras los índices de Wall Street permanecen cerca de máximos.

No fue bueno el dato del IPC del Indec, tras la polémica por la postergación del cambio en la metodología que llevó a la renuncia de marco Lavagna. La inflación de enero fue de 2,9%, la más alta desde marzo de 2025 (3,7%), en un proceso de crecimiento que encadenó prácticamente ocho meses desde el 1,5% de mayo del año pasado. Asimismo, se trató del tercer mes consecutivo con aumento de la inflación interanual, ahora en el 32,4 por ciento.

El índice accionario S&P Merval ganó un 2,8% en pesos para ubicarse en los 3.060.605 puntos, mientras que los bonos soberanos arrojaban una ligera tendencia alcista de 0,1% en promedio, con un riesgo país que subió 3 unidades a los 507 puntos básicos. Tras la volatilidad de las últimas jornadas, las acciones líderes mostraron resultados mayoritariamente positivos, con Transportadora de Gas del Norte liderando (5,7%), seguida de Pampa Energía (4,2%), Grupo Galicia (4,2%) y Banco Supervielle (3,9%). Algo similar ocurrió con los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, que exhibieron subas de hasta 3,1% como en el caso de Pampa.

Lo más positivo del día pasó otra vez por el dólar, que volvió a acentuar la tendencia a la baja de las últimas semanas, en un marco casi óptimo para que el Banco Central continúe con sus compras diarias de contado, en medio de un sostenido volumen de oferta privada.

El dólar mayorista recortó diez pesos o 0,7% este martes, a $1.406 para la venta, luego de tocar un mínimo en el día en $1.401, precio que no se daba desde el 18 de noviembre ($1.400), casi tres meses atrás.

El Banco Central fijó en $1.580,27 el techo de las bandas cambiarias, lo que dejó al dólar mayorista a 174,27 pesos o 12,4% del límite superior de libre flotación. No se registraba una distancia tan amplia desde hace casi seis meses, en el 12,5% del 20 de agosto último.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 26 pesos, muy lejos de la caída de un peso registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público restó 15 pesos o un 1% en su precio de venta, a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.

El precio del dólar blue recortó otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.

Con la instrumentación de la ley bautizada como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la economía.

El informe más reciente sobre Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC, correspondiente al cierre del tercer trimestre de 2025, mostró que los residentes en Argentina poseían USD 251.210 millones en efectivo. De ese total, solo USD 31.389 millones se encontraban como depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema financiero nacional.

Esto refleja que, en el contexto de una marcada dolarización de carteras previa a las elecciones legislativas de octubre, alrededor de USD 219.821 millones en billetes estaban fuera del circuito bancario argentino.

En ese contexto, el ministro Luis Caputo convocó a los ahorristas: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, en una arenga que buscó reforzar la confianza en el nuevo marco legal. “Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”, afirmó el jefe del palacio de Hacienda.

Por otra parte, el BCRA absorbió USD 42 millones por su participación cambiaria, el 8,3% de la oferta, que superó los 500 millones en el día. En tanto, las reservas internacionales brutas restaron USD 91 millones, a USD 45.232 millones, afectadas por la caída del precio del oro (-0,6%, a USD 5.049,60 la onza).

“En 2026 se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde setiembre pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″, indicó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El Gobierno cerró acuerdos de último momento con aliados e incluyó más de 20 cambios en el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse este miércoles en el Senado. Uno de ellos está vinculado a la caída del estatuto del periodista y otros gremios.

Tal como anunció Patricia Bullrich, en este caso el cambio es el plazo: se derogará el Estatuto, pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

«Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos», afirmó la legisladora.

Tal como trascendió, «la derogación de los estatutos y regímenes especiales es a partir de los 180 días desde la sanción de la ley».

Además de los periodistas, el capítulo de derogaciones del proyecto también alcanza a estatutos de otras actividades, como los de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y el del personal administrativo de empresas periodísticas.

Como parte de la negocación con bloques aliados por la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), acordó que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

«En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social», destacó.

Los cambios que aceptó el Gobierno para que salga la reforma labora

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista del Senado cerraron este martes por la tarde un acuerdo político clave para destrabar la ley de reforma laboral, que, salvo imprevistos de último momento, será aprobada este miércoles en sesión extraordinaria, convocada para comenzar a las 11.

El entendimiento implicó modificaciones sustanciales sobre el dictamen de mayoría que había sido impulsado a contrarreloj en diciembre por la ministra Patricia Bullrich, y obligó al Gobierno libertario a ceder en puntos sensibles.

Los cambios alcanzan temas de alto impacto fiscal y político: Ganancias, con efecto directo en la recaudación de Nación y provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresarias en materia de aportes obligatorios; el mantenimiento del porcentaje destinado a obras sociales; y una atenuación del esquema original pensado para el nuevo fondo de indemnizaciones.

Con estas concesiones ya acordadas, el oficialismo y sus aliados se encaminan a una sesión que buscará ser rápida y ordenada, con el objetivo de sancionar la norma y girarla cuanto antes a Diputados. Antes de la conferencia que encabezó Bullrich -anunciada recién al mediodía y con escasas referencias a los cambios introducidos-, los jefes de bloque mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria en la que sellaron un acuerdo para minimizar el debate en la votación en particular.

La estrategia consensuada apunta a votar por títulos, dejando que quienes tengan objeciones las manifiesten previamente sobre artículos específicos. El objetivo es evitar un trámite extenso y delicado, en una ley que toca intereses cruzados del sindicalismo, el empresariado y los gobiernos provinciales.

Ganancias

Entre las modificaciones centrales, se resolvió eliminar el artículo 190, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%, un punto que había generado fuerte resistencia entre gobernadores por su impacto fiscal.

Contribución a obras sociales y cuotas sindicales

También se mantuvo sin cambios la «contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia» en el régimen de obras sociales. La iniciativa original buscaba bajarla al 5%, pero finalmente se impuso la postura sindical. La única aclaración incorporada establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará habilitada para auditar el destino de esos fondos.

Otro retroceso significativo para el Gobierno fue la eliminación del artículo 137, que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas sindicales, siempre que mediara consentimiento expreso del trabajador y acuerdo entre las partes. Ese punto fue directamente descartado del texto final.

En materia de aportes compulsivos, el dictamen redefinió los límites. A partir de la sanción de la ley, «los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo» destinados a cámaras empresarias u organizaciones integradas por empleadores no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones.

En paralelo, se fijó que «los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo» a favor de asociaciones de trabajadores, tanto para afiliados como no afiliados, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones. Quedaron excluidas las cláusulas que otorguen beneficios adicionales vinculados a la afiliación sindical.

Además, el texto introduce un cambio estructural a partir de 2028. Desde el 1 de enero de ese año, los aportes patronales a cámaras empresarias pasarán a ser estrictamente voluntarios, sin posibilidad de imponerlos mediante cláusulas convencionales y sin obligatoriedad para empleadores que no integren esas asociaciones.

Justicia Nacional del Trabajo

Otro punto sensible fue la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo. El artículo 91 del borrador final establece que el fuero seguirá funcionando hasta que se concrete la transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El despacho aclara que, una vez firmado ese acuerdo, se avanzará en una reorganización progresiva, sin afectar materias laborales de competencia federal, que permanecerán bajo la órbita de la Justicia federal.

Reducción de contribuciones patronales

En cuanto a las contribuciones patronales, la norma dispone una reducción de UN (1) punto porcentual para grandes empresas y de DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que las relaciones laborales no estén incluidas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El Poder Ejecutivo podrá ampliar esos beneficios, con aval de la Comisión Bicameral, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para pymes, en función de las metas de equilibrio fiscal.

Indemnizaciones

El capítulo de indemnizaciones también sufrió ajustes. Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se financiarán con una contribución obligatoria del UNO POR CIENTO (1%) para grandes empresas y del DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%) para pymes, calculada sobre la base de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al igual que en otros artículos, el Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes con aval parlamentario.

Respecto a las sentencias judiciales, el texto habilita que las grandes empresas puedan cancelarlas en hasta Seis (6) cuotas mensuales consecutivas, mientras que las pymes podrán hacerlo en hasta Doce (12) cuotas, con ajustes según el artículo 276 de la ley.

Certificados médicos

También se incorporaron precisiones sobre los certificados médicos. En caso de discrepancias entre el diagnóstico del trabajador y el control del empleador, se podrá recurrir a juntas médicas en instituciones oficiales o a institutos públicos o privados de reconocida trayectoria, cuyo costo deberá ser asumido por el empleador.

Pago de sueldos

Finalmente, uno de los puntos que sí se dio de baja por completo fue la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. El artículo sobre pago de haberes quedó redactado de forma taxativa: las remuneraciones deberán abonarse únicamente mediante acreditación en cuenta bancaria o en institución de ahorro oficial, eliminando toda referencia a Proveedores de Servicios de Pago regulados por el BCRA.

Con este esquema, el Senado se encamina a una sesión extensa, que podría prolongarse hasta entrada la noche, pero con un consenso político que busca evitar sobresaltos y cerrar uno de los debates laborales más relevantes del período extraordinario.

El Gobierno nacional anunciará el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la fase “B” de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un esquema que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en la red social X, donde detalló el alcance territorial del proyecto, los corredores incluidos y el modelo de gestión previsto.

Según informó el funcionario, la Etapa II-B comprende trazas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará organizada en cuatro tramos. “Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones”, señaló Caputo.

De acuerdo con la publicación, el esquema incluye el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como un corredor de integración interprovincial y de transporte de cargas de larga distancia; el tramo Portuario Sur, de 637 kilómetros, que vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a mejorar la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, además de los accesos A005 y A008. Según indicó el ministro, el proyecto forma parte de “un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

La licitación de la fase B de la Etapa II se inscribe dentro del proceso de reorganización del sistema de concesiones viales que impulsa el Gobierno, luego del lanzamiento de la Red Federal de Concesiones, que contempla la participación privada en la operación y mantenimiento de corredores estratégicos. La Etapa II, en su conjunto, prevé la concesión de miles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En julio de 2025, el Ejecutivo había anticipado la preparación de una licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, como parte de la segunda etapa del programa. En ese momento, se indicó que el objetivo era avanzar en un esquema de concesiones que permitiera mejorar la infraestructura vial sin recurrir a subsidios del Estado, mediante contratos de largo plazo y reglas definidas para los operadores privados.

La fase B anunciada ahora por Caputo se suma a ese proceso y amplía el alcance territorial del plan, incorporando corredores que conectan zonas productivas, accesos portuarios y rutas utilizadas por el transporte de cargas de larga distancia.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema “sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro.

El llamado a licitación será nacional e internacional, lo que habilita la participación de empresas locales y extranjeras interesadas en la operación de los corredores incluidos. El proceso se realizará bajo las normas vigentes para concesiones de obra pública y servicios, con pliegos que definirán las condiciones técnicas, económicas y contractuales.

Con el anuncio de la fase B de la Etapa II, el Gobierno busca dar continuidad al esquema de concesiones iniciado en 2025, ampliando el alcance de la Red Federal de Concesiones y sumando nuevos tramos estratégicos para el transporte y la logística. El detalle de los plazos, los requisitos para los oferentes y las condiciones contractuales se conocerá con la publicación formal del llamado a licitación.

El avance hacia la Etapa II se apoya en lo realizado durante la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que incluyó corredores clave del Mercosur. En noviembre de 2025, el Ministerio de Economía avanzó con la apertura de los sobres económicos correspondientes a la primera etapa, en un proceso que marcó el inicio formal del nuevo esquema concesionario.

Esa etapa abarcó rutas estratégicas para el comercio regional y el tránsito internacional, con especial énfasis en los corredores utilizados para el intercambio con Brasil, Uruguay y Paraguay. En ese marco, el Gobierno destacó que el nuevo modelo buscaba separar la planificación y el control estatal de la operación privada, con contratos que establecen obligaciones de inversión, mantenimiento y estándares de servicio.