Hasta ahora, la atención sobre los argentinos detenidos en Venezuela se concentraba en unos pocos nombres. El foco estaba puesto en Nahuel Gallo, el gendarme arrestado en diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, y en Germán Giuliani, el abogado penalista detenido desde mayo de 2025.

A esa lista se había sumado Yacoov Harari, el argentino-israelí de 72 años liberado recientemente. Pero había otro nombre, casi invisible, que permanecía fuera del radar público.

Se trata de Roberto Baldo, cuya historia aparece apenas nombrada en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente por la dictadura.

El informe -publicado en marzo de este año, aunque recién cobró visibilidad en las últimas horas- denunció la detención de Baldo junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern.

Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La ONG aseguró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención. La audiencia de presentación ante el juez habría sido apenas días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Allí, fueron imputados por el delito de terrorismo.

El argentino -que también tiene nacionalidad venezolana- se encontraría en estos momentos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Su esposa está recluida, en tanto, en la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

El Foro Penal indicó que la detención de la pareja estaría vinculada con un sobre dejado en la pizzería de Baldo, que debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina.

Aunque el caso tuvo menciones en la prensa española (ya que su esposa venezolana también tiene ciudadanía de ese país), el entorno de la pareja evitó exponer públicamente la detención. Desde la Cancillería argentina manejan el asunto con absoluto hermetismo.

El penal donde permanece detenido Baldo está ubicado en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas, una zona que concentra tres centros penitenciarios. Sobre esas instalaciones pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Medios locales y organizaciones especializadas han alertado sobre casos de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado a comienzos del año pasado, alrededor de 300 internos fueron sometidos a un régimen de aislamiento total, mientras que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir tratamiento médico. La organización también documentó denuncias de torturas sistemáticas que se extendieron durante meses.

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.

Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas.

En medio de la incertidumbre, la mamá de Gallo definió el escenario como “desesperante” y apuntó: «Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie“. Esto se debe a que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.

Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Giuiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen. Según surge de sus perfiles en redes sociales, Giuliani es abogado, especialista en derecho penal y laboral. El 5 de mayo, posteó imágenes en un restaurante ubicado en Anzoátegui, uno de los veintitrés estados de Venezuela, al este de Caracas, con costas hacia el Mar Caribe.

De las imágenes se desprende que a diferencia del gendarme Nahuel Gallo, Giuliani no fue detenido al ingresar a Venezuela, ya que se encontraba allí desde mediados de abril.

Mientras sigue la expectativa por las novedades de Gallo y Guiliani, sus familias se mantienen expectantes a las noticias que llegan desde Caracas.

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El vínculo entre el Gobierno y Victoria Villarruel tuvo un nuevo capítulo esta semana, tras la decisión de la vicepresidenta de viajar al sur a visitar las zonas afectadas por los incendios.

“Busca cualquier manera para sumarse un poroto político”, indicaron en la Casa Rosada, tras la visita de la vicepresidenta a Epuyen y al Parque Nacional Los Alarces, que sufrieron las consecuencias del fuego.

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Además, en la administración nacional aseguraron que su viaje “no tuvo la mejor recepción del mundo”. Cabe destacar que el Presidente agradeció la ayuda de los brigadistas, bomberos y voluntarios que cooperaron para combatir el fuego, pero decidió no viajar al sur.

Los cuestionamientos a la compañera de fórmula de Javier Milei vienen desde hace meses, en línea con la nula comunicación que existe entre la Casa Rosada y Villarruel.

Esta última polémica comenzó tras el presunto pedido que habría realizado Villarruel para sobrevolar la Patagonia con un helicóptero, que finalmente no fue aprobado. Desde su entorno desmintieron esa versión.

No obstante, el secretario de Medios y Comunicación de la gestión libertaria, Javier Lanari, criticó a la vice a través de redes sociales. “Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden», escribió en X.

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Para el entorno de la presidenta del Senado, los comentarios de la Casa Rosada fueron agresivos y los consideró una falta de respeto para con ella.

Pero la tensión entre ambas partes no terminó ahí. Tras las críticas de Balcarce 50, Villarruel publicó en redes una foto de Epuyen, junto a un texto referido a la emergencia ígnea.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, dijo.

Y agregó: “El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando este resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

En este contexto, cuando el Ejecutivo confirmó la reforma del Código Penal, circularon borradores del proyecto que ya proponían aumentar las penas para los delitos de incendio y otros estragos, que pongan en peligro la vida de las personas. Por ahora, no hay confirmación sobre si finalmente el texto oficial de la iniciativa poseerá o no este punto.

Victoria Villarruel, Javier Milei, Incendios forestales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Diego Santilli, titular de Interior, y los legisladores Patricia Bullrich desde el Senado, y Martín Menem por Diputados, se pusieron al frente de la estrategia para aprobar la reforma laboral.

Los proyectos de Modernización Laboral, cambios a las leyes de Glaciares y al Código Penal son los tres temas centrales para el oficialismo. Sin embargo, aún no envió aún al Congreso los cambios al Código Penal, mientras tanto, por ejemplo, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pidió “agravar las penas para quienes inicien el fuego” y les pidió a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”.

En relación con la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich, líder del oficialismo en la Cámara alta, viene manteniendo contacto con los legisladores de su bancada.

Además, desarrolló una intensa actividad, el pasado fin de semana, en Mar del Plata, donde defendió ante empresarios y Pymes los cambios a las leyes del trabajo. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay. Los cambios no pueden trascender una línea en la que volvés a lo mismo. Estamos dispuestos a hablar con la CGT si vienen con una propuesta de cambios”, expuso.

Mientras tanto, el ministro Diego Santilli avanza con los gobernadores. Se reunió con Ignacio Torres y con Leandro Zdero. Por razones meteorológicas postergó para el viernes el encuentro con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y se reunirá este jueves en Mendoza con el mandatario radical Alfredo Cornejo.

En todos los encuentros el titular de Interior tiene el objetivo de sumar votos en el recinto para acompañar a los 21 senadores de La Libertad Avanza, que deben alcanzar los 37 legisladores para tener quórum y abrir el debate. También negocia qué quieren las provincias y cuáles son los cuestionamientos.

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Uno de ellos es el articulo 191 del proyecto, que modifica para los ejercicios fiscales que se iniciaron a partir del 1° de enero de 2026 las alícuotas de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los cambios impositivos implicarán una perdida de recursos coparticipables entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Según el IARAF la pérdida total para las provincias y CABA alcanzará 1,2 billones de pesos anuales, mientras que para la Nación serían 790 mil millones de pesos en 2026, un 0,22% del PBI.

Las reuniones técnicas

De manera paralela se abren este viernes 16 de enero las reuniones de los equipos técnicos entre el oficialismo, que controla la estratégica comisión de Trabajo, encabezada por la propia Bullrich, y los equipos técnicos de empresarios, cámaras profesionales y empresarias y de la CGT. La coordinación de los encuentros estará a cargo de la abogada Josefina Tajes, quien forma parte de los equipos de la senadora Patricia Bullrich.

Dentro de las propuestas elevadas a la Comisión de Trabajo está la de CADAM, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, quienes plantearon la eliminación de costos ocultos en paritarias que esperaban que la reforma laboral los elimine, pero aún no están contemplados en el proyecto. Ponen como ejemplo el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP).

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