Hace más de dos meses, desde que estallara el escándalo Sur Finanzas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Justicia y varios organismos como la DGI, la UIF y la PROCELAC investigan una presunta operatoria a gran escala a través de cuatro sumarios administrativos, en los que se analizan compras de dólares a la entidad por parte de particulares en el mercado único y libre de cambios (MULC) por unos 5.000 millones de dólares y operaciones de lavado por unos 819.000 millones de pesos.

La sospecha de la Justicia es que parte de esas divisas habrían sido vendidas a bancos y casas de cambio al valor oficial y luego canalizadas hacia el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios, entre ellos casas de cambio y financieras, donde estarían involucrados el llamado «Rey del Blue», Elías Picirillo, y el dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, conocido en los últimos meses por su relación con la AFA por los préstamos y el sponsoreo a distintos clubes de la liga.

En este entramado se sumaría el empresario Jonathan Alejandro Pernia, dueño de la financiera Liverpool Group S.A., con oficinas en Puerto Madero, quien habría sido el contacto entre el dueño de Sur Finanzas y los directivos de la AFA para armar el financiamiento a los clubes a través de la financiera de Vallejo.

En las investigaciones se mencionan operaciones de bancos y financieras que habrían operado como Prestadoras de Servicios de Pago (PSP), como las billeteras virtuales, y este es el caso de Sur Finanzas PSP. Entre los bancos investigados, por lo que pudo saber iProfesional, se encontrarían el Banco Industrial (BIND), Banco CM S.A., Banco Cofidis S.A., Banco Columbia S.A. y Banco Comafi S.A.

Avance judicial y allanamientos al Banco Central

Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre pasado, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de la causa que investiga maniobras con el dólar en financieras. Además, realizó un operativo en la entidad en un expediente que se armó como un desprendimiento de la causa contra el empresario Elías Picirillo, exesposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.

Ese día, Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA, con los que busca investigar también un entramado de maniobras que apuntaban a simular compras en el exterior (importaciones de bienes) a través de autorizaciones de importación llamadas SIRA para conseguir dólares a precio oficial durante la época del cepo del gobierno de Alberto Fernández. Luego, esos dólares que conseguían a valor oficial en algunos bancos chicos eran vendidos en el mercado blue a un precio mucho mayor, y los vendedores se quedaban con una diferencia, lo que en la jerga financiera se denomina «el rulo».

Hay que destacar que, en ese entonces, la brecha cambiaria llegaba al 100 %, con un dólar oficial a 300 pesos que en el mercado blue se vendía a 600 pesos. Pero lo más grave es que las personas físicas podían comprar solo 200 dólares por mes al valor oficial por la vigencia del cepo cambiario, y miles de monotributistas habrían comprado dólares en el mercado oficial, en algunos casos hasta 2.000.000 de dólares por mes, para pagar importaciones que nunca se realizaron.

Los allanamientos de Casanello se hicieron en los domicilios de cinco inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Central. Fueron hasta sus casas y secuestraron documentación, equipos tecnológicos y unos pocos dólares. Se trata de cinco funcionarios técnicos del BCRA que trabajan en la entidad desde hace años.

Funcionarios allanados y documentación secuestrada

Entre los domicilios allanados se encuentran los del inspector jefe de Supervisión de Entidades No Financieras, Diego Volcic; de las inspectoras generales de Supervisión de Entidades No Financieras, Analía Jaime y Romina García; del gerente principal de Entidades Financieras, Fabián Violante, y de la inspectora jefa de Supervisión de Entidades No Financieras, María Fernández.

Casanello también libró una orden de presentación en el Central para llevarse documentación de las habilitaciones a diferentes empresas y sujetos para conseguir dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández.

En esta causa, Casanello intenta determinar el origen del dinero en maniobras de Picirillo, el exmarido de la conductora Jésica Cirio.

Picirillo está acusado de extorsión y estafas a exsocios e inversores y de armarle una causa policial a un acreedor, al que presuntamente le debía 600.000 dólares.

Declaración del arrepentido y nuevas líneas de investigación

Todo esto comenzó el 1° de abril del año pasado, cuando un expolicía arrepentido se habría confesado ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal federal Franco Picardi, y habría relatado cómo su cliente Elías Picirillo habría organizado ponerle un kilo de droga y un arma a su socio Francisco Hauque para que este quedara preso.

Lo que también contó el expolicía es que Picirillo y Hauque habrían armado un esquema de compra de dólar oficial sin controles del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El arrepentido habría aportado un pendrive con dos audios en los que se escucharía a una funcionaria del BCRA, pero quien también aparecería mencionado sería el empresario Martín Migueles, quien sería socio de Picirillo y Hauque y conocido por ser la expareja de la conductora de MásterChef, Wanda Nara.

«Me contó cómo hicieron la operatoria para hacer dinero, qué función tenían los empleados del BCRA, que era la de fiscalizar estas entidades, y cómo los había amenazado en su momento», habría contado el arrepentido.

Escuchas, presuntas irregularidades y alcance de la causa

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, de fuentes judiciales, uno de esos audios sería el de una conversación de Picirillo con Romina García, la inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA que fue allanada. Las fuentes consultadas señalaron que en ese audio García le dice que había asesorado a Hauque con su financiera, lo que está prohibido porque se trata de una funcionaria del BCRA.

Según esta grabación, Picirillo le pediría a García que denunciara a Hauque por amenazas, y ella le habría respondido que su socio tenía filmaciones de Diego Volcic, el inspector jefe del BCRA que también fue allanado. En esa conversación se mencionaría también a los funcionarios del BCRA Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández, a quienes también les allanaron sus domicilios.

Esta trama de arrepentidos y escuchas habría sido la que llevó a Casanello y al fiscal Franco Picardi a ordenar un procedimiento en el BCRA y los allanamientos en las casas de esos cinco funcionarios del Central.

Pero esos procedimientos no fueron los únicos que se realizaron ese día por causas vinculadas a la compra de dólar oficial. Las juezas federales María Servini y María Eugenia Capuchetti también llevaron adelante operativos en otras causas. Se allanaron bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares, y se realizaron cerca de 100 operativos.

Por lo que pudo saber iProfesional, el expediente tiene vinculaciones con Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera que estaría vinculada a movimientos financieros de la AFA.

Se trata de una causa en la que se investiga la triangulación de operaciones de compra de dólar oficial desde 2022, cuando regía el cepo cambiario, a través de empresas que modificaban de manera habitual sus integrantes. La denuncia fue presentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Superintendencia de Entidades Financieras. En parte de esas compañías aparece Vallejo y varias casas de cambio, radicadas en su mayoría en la provincia de Buenos Aires (PBA).

En estas investigaciones aparecería el nombre de una empresa dueña de numerosas casas de cambio en PBA, cuyo propietario sería un importante diputado provincial, y sería su hija quien estaría al frente de este grupo empresario llamado «Karuna Group», que también estaría relacionado con la industria del juego en esa provincia y en otras como Entre Ríos y Santiago del Estero, donde existen casinos, según detallan las investigaciones.

Otras causas conexas y ramificaciones provinciales

En ese aspecto, habrá que estar atento a las ramificaciones que podría tener este tema, ya que no se descarta que parte de este entramado tenga relación con la llamada «industria del juego».

Parte de ese expediente ya fue elevado a juicio oral y público. Es el tramo donde se investigó y procesó a los responsables por la falsificación de las escrituras de las empresas.

Hace un mes, Capuchetti ordenó levantar el secreto bancario sobre las empresas investigadas para conocer detalles de sus movimientos e integraciones y solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe sobre esas compañías.

Hay que destacar que el origen de una de las investigaciones comenzó con la detención en una casa de Nordelta del empresario Elías Picirillo, quien estuvo casado con la modelo y conductora Jésica Cirio, anterior pareja del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Detención de Picirillo y avance de la investigación penal

El 20 de marzo de este año, la Justicia detuvo a Picirillo, apodado el «Rey del Blue», en su casa de Nordelta, acusado por exsocios e inversores de ser un estafador.

Al parecer, su detención se relaciona con un episodio en particular, ya que se lo acusa de plantar casi dos kilos de cocaína y un arma en la camioneta de un acreedor para no pagarle una millonaria deuda de unos 6 millones de dólares, lo que generó una serie de allanamientos que llegaron hasta la casa de cambios Inversora Concordia, propiedad del dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

El apodo de Picirillo en el sistema financiero, «Rey del Blue», se debe a la cantidad de operaciones que realizaba comprando dólares al valor oficial y vendiéndolos luego en el mercado paralelo, con una ganancia cercana al 80 %, ya que compraba los dólares a 350 pesos en el mercado oficial y luego los vendía a 600 pesos.

Pero en esta trama también hay que sumar a Jonathan Alejandro «Tato» Pernia, dueño de la financiera Liverpool Group S.A., con oficinas en Puerto Madero, quien habría sido el contacto entre el dueño de Sur Finanzas y los directivos de la AFA para armar el financiamiento a los clubes a través de la financiera de Vallejo.

Bancos, casas de cambio y operaciones bajo la lupa

En total, serían 10 bancos muy chicos, algunos regionales, y unas 300 casas de cambio que habrían realizado estas maniobras, de acuerdo con la investigación que la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA envió a la UIF y a la PROCELAC, comprando dólares al Banco Central al valor oficial para luego venderlos en el mercado paralelo en plena vigencia del cepo cambiario.

La Justicia investiga a varios bancos y casas de cambio por operaciones sospechosas de compra de divisas en un período crítico previo a las elecciones de 2023.

Por ese motivo, el BCRA analizaría presentarse como querellante en una causa que investiga el crecimiento inusual de la compra de dólares por parte de bancos y casas de cambio.

La investigación inicial se basa en reportes del propio BCRA a la Unidad de Información Financiera (UIF), que alertó sobre sumas de dinero que ponían en duda su origen y licitud, y se busca que el Central aporte más pruebas a una causa que ya lleva más de un año en el juzgado de la jueza María Romilda Servini.

Sumarios administrativos y expedientes abiertos

Lo concreto es que el BCRA tendría un sumario abierto contra Vallejo y una casa de cambio de la que fue accionista por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

Fuentes cercanas a la investigación comentaron a iProfesional que el expediente contra «Centro de Inversiones Concordia» sigue abierto y estaría cerca de ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.

Vallejo está imputado en el «sumario 8130, Expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario», según consta en una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Vallejo es parte de una causa judicial por lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico. Ese expediente comenzó con una denuncia de la Procelac, a cargo de Diego Velasco.

Además de Vallejo, en esa causa aparecen una empresa constructora y una casa de cambio de la que fue accionista, el Centro de Inversiones Concordia, que operaba en una de las sucursales de Sur Finanzas, en Adrogué, según indica otro expediente del BCRA.

Esa causa judicial se cruzó con otro expediente incipiente, también por lavado de dinero, contra Elías Picirillo, el exmarido de Jésica Cirio, que sigue detenido en la cárcel de Ezeiza, y Francisco Hauque. Hace un mes, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobre el avance del expediente contra Vallejo y otras personas.

Los investigadores, por el momento, no encontraron puntos de contacto formales, pero en el mercado financiero muchos operadores consultados por iProfesional aseguran que existen decenas de operaciones cruzadas.

Vallejo incursionó en el mundo de las casas de cambio en agosto de 2020, según declaró su madre, Graciela Vallejo, en un expediente interno del Banco Central. La mujer adquirió el 50 % de Centro de Inversiones Concordia, su hijo el 20 %, y Silvia Torrado el 30 % restante.

Origen de las casas de cambio y primeras sanciones

Las operaciones le trajeron problemas a Vallejo con el BCRA desde el 2 de marzo de 2022, cuando la entidad monetaria le aplicó una multa de $8 millones por «realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados».

Pero, pese a ese mal comienzo, el Centro de Inversiones Concordia comenzó a operar grandes cantidades de dinero. Apenas inició la gestión de los Vallejo, la firma compró moneda extranjera por el equivalente a $2,5 millones, cifra superior a la de sus ventas, que alcanzaron los $715.000.

En 2022, el dinero operado por las casas de cambio vinculadas a los Vallejo se multiplicó y se encendieron nuevamente las alarmas en el BCRA. El 18 de julio de ese año, los inspectores del Central fueron a una sucursal de Lomas Cambio S.A.S. y se encontraron con un cartel que decía: «Nos mudamos a Seguí 780», el domicilio que hoy tiene Sur Finanzas PSP.

Esa dirección llevó a las autoridades a uno de los lugares más importantes en la estructura de negocios de Vallejo: la sucursal de Sur Finanzas de Adrogué.

Estructura empresarial y observaciones del Banco Central

«Se encuentra un local comercial de dos plantas, que en su frente cuenta con un cartel que dice Sur Finanzas y en su extremo derecho menciona otras firmas como Valle Business S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Roma Inversiones S.A.», según dejaron asentado los inspectores en el sumario interno.

En Valle Business, Graciela Vallejo figuraba como presidenta y Maximiliano Vallejo como director suplente, y según el registro de comprobantes de facturas apócrifas de la ex AFIP (ARCA), esta firma emitió documentación falsa.

Lo concreto es que Vallejo comenzó su actividad en la zona sur del Gran Buenos Aires y creció de manera acelerada de la mano de la AFA. Una de sus empresas, Sur Finanzas, llegó a ser sponsor principal de la Liga Profesional en 2024, de la Selección argentina, y aparece en la camiseta de varios equipos de Primera División y del Ascenso.

En paralelo a la investigación judicial por presunto lavado de dinero, Sur Finanzas PSP se encuentra bajo la lupa del BCRA, ya que la autoridad monetaria detectó operaciones sospechosas y exigió explicaciones al Banco Industrial (BIND), que operaba como su soporte principal.

Medidas del BCRA y controles sobre las PSP

Como consecuencia de ello, el BCRA suspendió a una casa de cambio vinculada a Sur Finanzas tras detectar irregularidades operativas, y el BIND cortó vínculos con la entidad mientras la Justicia investiga movimientos sospechosos por unos 819.000 millones de pesos, que presuntamente serían provenientes del lavado de dinero.

En los últimos días, el BCRA endureció el control sobre estas triangulaciones. Al no tener licencia bancaria propia, las PSP como Sur Finanzas están obligadas a mantener el 100 % de los fondos de sus clientes encajados en un banco tradicional, una estructura que hoy, para la financiera de Vallejo y otros bancos transaccionales, se encuentra tensionada.

El problema es que, por normativa, el BCRA no puede investigar lavado de dinero en fintech, ya que esa tarea le corresponde a la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo que sí puede hacer es marcar irregularidades operativas y exigir respuestas a los bancos involucrados.

En paralelo, en los próximos días se abriría otra investigación judicial sobre maniobras que habrían realizado funcionarios de la Secretaría de Comercio, de la DGI y del BCRA para autorizar importaciones a través del mecanismo de las SIRA por unos 3.500 millones de dólares.

Importaciones, SIRA y posibles responsabilidades oficiales

Estas maniobras, sumadas a otras operaciones, alcanzarían un total de unos 5.000 millones de dólares que se habrían vendido a empresas y particulares al valor del dólar oficial durante la vigencia del cepo cambiario, y en las que también estarían involucrados ambos empresarios.

Todas estas operaciones se habrían realizado durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, cuando Miguel Pesce era titular del BCRA, Guillermo Michel estaba a cargo de la DGI y Matías Tombolini se desempeñaba como secretario de Comercio en la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

La investigación judicial se centra en determinar si existió un entramado de casas de cambio, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros de bajos recursos y movimientos que, en lugar de activar alarmas internas, habrían pasado con sorprendente facilidad por estructuras financieras obligadas a prevenir el lavado de activos.

De confirmarse este tipo de prácticas, se trataría de conductas violatorias de la normativa de prevención del lavado de activos y de los manuales internos que cualquier entidad bancaria está obligada a cumplir.

Denuncias públicas y reapertura de expedientes

Además de esta causa, que abarcaría una presunta estafa al BCRA por unos 1.400 millones de dólares, la Justicia investiga otras operaciones ilícitas realizadas entre agosto y noviembre de 2023 que le habrían costado al Banco Central unos 3.600 millones de dólares.

Esta investigación se relaciona con una denuncia realizada por el periodista de La Nación Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina el 6 de junio de 2023, sobre un presunto entramado de sobornos que involucraría a funcionarios y operadores financieros vinculados al Frente Renovador.

La causa, que recayó en el juzgado del juez Eduardo Taiano, no prosperó por falta de pruebas, pero, según pudo saber iProfesional, sería retomada por la Justicia en los próximos días.

Pagni dio a conocer en ese entonces denuncias que investigaba la Justicia sobre un presunto sistema de coimas millonarias que habría funcionado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Esquema de sobornos y circuito de autorizaciones

Según los cálculos expuestos en el programa y luego en una nota publicada en La Nación, el esquema habría movilizado cerca de 3.200 millones de dólares solicitados al BCRA por autorizaciones de importaciones a través del sistema SIRA durante un período estimado de 16 meses.

Entre los presuntos operadores señalados en la causa que se reabriría aparece el nombre de José Sebastián Jabbaz, exfuncionario procesado en la causa conocida como «La ruta del dinero K», quien habría tenido un rol clave en el manejo de los fondos.

También se menciona a Matías Tombolini, el entonces secretario de Comercio, cuya gestión habría estado marcada por desprolijidades, entre ellas reuniones con empresarios que lo habrían esperado con valijas y maletines en distintos lugares, incluso en el domicilio de su madre.

En la cúspide de la estructura de decisiones figurarían hombres de extrema confianza de Tombolini, como su jefe de asesores, Raúl Pérez, y su secretario privado, Franco Mollo.

Denuncia de la Coalición Cívica y rol de intermediarios

En la denuncia de la Coalición Cívica se señala que el circuito para aprobar las SIRA incluía a cuatro organismos: la Secretaría de Comercio, la AFIP, la Dirección General de Aduanas y el BCRA, que finalmente entregaba los dólares oficiales.

«Cada autorización requería el visto bueno de esas cuatro terminales, lo que habría abierto paso a un esquema de facilitadores y gestores que cobraban por agilizar los trámites, y el dinero de la coima se entregaba en dólares billete, con una tarifa que arrancaba en el 10 % del valor total autorizado», sostiene la denuncia presentada por los diputados de la Coalición Cívica.

Los facilitadores eran abogados, despachantes de aduana o personas ligadas a la política. En la denuncia se mencionan domicilios en barrios privados como La Damasia, en San Fernando, hoteles de lujo en Puerto Madero como el Hilton, el Faena y el Alvear Icon, e incluso bares donde se habrían realizado las entregas de dinero.

La causa, tramitada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Carlos Taiano, solo duró entre cinco y seis meses antes de perder impulso, en parte porque muchos empresarios que habrían pagado sobornos temían convertirse en cómplices.

Investigación fiscal sobre Sur Finanzas y billeteras virtuales

Si bien existen presentaciones judiciales, como la impulsada por diputados de la Coalición Cívica que solicitaron aplicar la Ley del Arrepentido, hasta el momento no se lograron avances concretos, aunque la Justicia volvería a insistir.

Hay que destacar una frase pronunciada por Pagni que luego fue ampliamente citada: «Dicen que hay un hotel chiquito, en Puerto Madero, donde, aparentemente desde la Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini, alguien le dice al que necesita importar: ‘Pedí la llave, andá a tal cuarto, que nosotros no vamos a estar. Entrá en el cuarto y dejá la plata. Que no haya contacto físico, asepsia total’».

A través de ese sistema se habrían canalizado unos 3.500 millones de dólares que el BCRA vendió al valor del dólar oficial para importaciones que nunca se realizaron.

En lo que respecta a la denuncia contra Sur Finanzas, hay que destacar que todo se inició a fines de noviembre pasado, cuando la DGI denunció a Sur Finanzas S.A. por evasión del impuesto al cheque y por pagos millonarios realizados a través de su billetera virtual.

Investigación de la DGI y operatorias con QR

La sospecha de los investigadores fiscales es que hubo personas sin recursos, denominadas «soldaditos», que movieron dinero proveniente de un «circuito marginal» a través de billeteras virtuales como la de Sur Finanzas PSP.

La denuncia de la DGI ante la Justicia contra la financiera —que en los papeles pertenece a Maximiliano Vallejo— sostiene que habría evadido entre 2022 y el año pasado el pago de unos $3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque.

Por lo que pudo saber iProfesional, lo que sorprendió a los investigadores de la DGI fue la magnitud de la estructura dedicada al lavado de dinero que, según surge del trabajo de la Regional Sur de la AFIP, gira alrededor de Sur Finanzas.

Se trata de una empresa que nació en Adrogué hace cuatro años y que, de la mano de la AFA y de su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, se transformó en anunciante y prestamista de clubes de la Primera División del fútbol argentino. Según los investigadores, la operatoria habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos.

Evolución societaria y perfil de los usuarios

Lo llamativo es que la empresa investigada nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain S.A., en un departamento de Adrogué, pero según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a desarrollar mayor actividad en noviembre de 2023 como operadora de criptomonedas y billetera virtual.

En agosto de 2024, la empresa cambió su nombre a Sur Finanzas PSP S.A. En los registros públicos figura como presidenta Graciela Beatriz Vallejo y como vicepresidente Maximiliano Ariel Vallejo.

La investigación de la DGI detectó que entre 2022 y abril de 2025 hubo maniobras de presunto lavado de activos a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, mediante pagos con QR, SurPos —el sistema propio de pagos de la financiera— y links de pago.

El detalle de los usuarios que realizaron esos movimientos encendió las alertas: el 31 % eran «sujetos no categorizados», es decir, sin inscripción en ARCA, y el 9 % de esos sujetos serían directamente apócrifos. Además, el 27 % eran monotributistas con muy baja capacidad económica.

De acuerdo con el informe al que accedió iProfesional, entre los sujetos no categorizados hubo varios que movieron sumas superiores a los 1.000 millones de pesos, y al sumar todas las operaciones de quienes superaron ese monto, se alcanza un total cercano a los 250.000 millones de pesos.