POLITICA
Los debates internos por la estrategia de las reformas y el trasfondo del último cortocircuito entre Milei y Lula
“Si no quieren entrar, solo avísenme, porque tengo 25 personas que no están aquí y que están dispuestos a reemplazarlos”. Frente a casi una decena de cámaras, Donald Trump presionó el viernes a varios ejecutivos de compañías petroleras para que inviertan de manera inmediata en Venezuela. La mayoría de ellos no se comprometió de inmediato. Según relató una crónica del WSJ, cuando la reunión pasó a ser privada, uno de ellos alegó: “Nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces. Imagínense volver a entrar una tercera vez. Requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a lo que es ahora”.
Aunque con las respectivas diferencias del caso, el que hace tiempo hizo ese razonamiento para el caso argentino fue el mismo gobierno de Milei. O al menos de manera retórica. “Las reformas van a salir sea de la manera que sea. Con artículos que muestren mayor profundidad o menos. Pero tenemos que dar el gesto de que acá pasan cosas y que es un cambio con pretensiones disruptivas”, afirma un miembro del entorno presidencial a Infobae.
En ese sentido, después del período vacacional de varios altos integrantes del oficialismo, la Casa Rosada está comenzando a calentar motores para movilizar las diversas reformas que se pondrán a debatir en el Congreso en el próximo llamado a sesiones extraordinarias, el cual irá del 2 de febrero hasta finales de mes.
En un escenario optimista, el Gobierno apunta a sancionar la reforma laboral antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. Aun así, admiten que son estimaciones hechas “en el aire”, porque todavía no se adoptó una estrategia política clara sobre cómo proceder respecto a las concesiones o no del proyecto.
En el Senado, particularmente en las filas que responden a Patricia Bullrich, hicieron trascender que la intención es mantener el texto como entró al Congreso. O cuanto menos, hacerle la menor cantidad de cambios posibles. “Lo que dice es cierto. Por ahora estamos así. Queda un tiempo para que arranquen las extraordinarias. Y decir desde ahora que estamos dispuestos a modificar el texto, nos deja medio regalados”, explican una fuente gubernamental.
A pesar de que mermó su agenda, Bullrich no dejó de estar activa. Días atrás mantuvo un encuentro con Milei, quien la recibió vestido con su mameluco de YPF en la Quinta de Olivos. El jueves también se la vio entrar y salir rápidamente de la Casa Rosada. Más específicamente al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. No se quedó mucho tiempo porque la tumultuosa agenda vinculada a Venezuela impidió realizar la audiencia que tenía prevista para afinar la estrategia respecto a la reforma del Código Penal. Es muy probable que ese encuentro frustrado se realice al comienzo el lunes o el martes.
Caputo forma parte del ala del Gobierno que mayor cantidad de terminales y diálogos tiene con los sindicatos. También dicen estar dispuestos al diálogo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que durante la semana pasada recibió al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, un área que oficia de control de las obras sociales sindicales, entre otras entidades sanitarias. La reunión, sin embargo, no habría tenido que ver con asuntos ligados los gremios.
Pese a los enfrentamientos palaciegos que mantuvieron en 2025, caputistas y menemistas habían coincidido a finales de diciembre en la necesidad de parar la pelota y negociar con mayor margen todo el articulado de la reforma laboral. Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Hay miembros del Gabinete que consideran seriamente no habilitar diálogos en ese sentido. “No debería haber demasiada charla porque nosotros no estamos haciendo una reforma anti-sindicatos: estamos haciendo una reforma pro-generación de empleo”, afirma uno de ellos, que agrega: “Lo que sea sindical y pueda hacerlos mierda a ellos, pero no necesariamente te generen trabajo, va a quedar para la reforma sindical y otras reformas más que van a venir durante el año”.
La estrategia política comenzó a delinearse de manera preliminar con la agenda de reuniones con gobernadores que comenzó a elaborar el ministro del Interior, Diego Santilli. Su primer viaje se dio días atrás al visitar a Ignacio Torres (Chubut) a los fines de escuchar sus reclamos y poder avanzar en las tratativas para conseguir los votos de las dos legisladoras que le responden, Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).
El lunes visitará a Leandro Zdero (Chaco), el martes recibirá en Casa Rosada a Sergio Ziliotto (La Pampa), el miércoles volverá al sur a recorrer las zonas damnificadas por los incendios junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el jueves viajará a ver a Alfredo Cornejo (Mendoza).
La jornada inaugural de las negociaciones políticas será el viernes. Allí comenzará a trabajar una comisión técnica en el Senado que tendrá a la abogada laboralista Josefina Tajes como principal asesora del Gobierno. Además, ese mismo día se reunirá en Casa Rosada la Mesa Política. En principio, el que la presidirá será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Varios de los asistentes habituales de ese encuentro creían que los hermanos Milei no estarán porque para ese día tenían que irse a Jesús María, Córdoba, a presencial el Festival Nacional de Doma y Folklore.
En la mesa chica presidencial también planean definir cuánta prioridad le darán a otros de los proyectos que presuntamente serían incluidos en el segundo llamado a extraordinarias: aparecen como pendientes la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal (la cual prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, así como penas para funcionarios que incumplan estas reglas), el nuevo Código Penal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. De todas ellas, la única que tiene chances concretas de salir en el cortísimo plazo es la última, ya que tiene la adhesión de diversos gobernadores y de bloques numerosos de ambas cámaras.
No hay que descartar que se inserte el inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la agenda parlamentaria de febrero. Por el momento, altísimas autoridades del Congreso marcaron que todavía no se definió, pero que es algo plausible. El acuerdo pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del bloque latinoamericano debe comenzar el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales: en el caso argentino, aprobarlo por ambas cámaras del Congreso.
La firma del acuerdo se producirá el 17 de enero en Asunción. No participarán de la ceremonia los presidentes del Mercosur porque ya se acordó que la rúbrica será hecha por los cancilleres de cada uno de los Estados Miembro, Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). “(Javier) Milei, (Santiago) Peña, Lula (da Silva) y (Yamandú) Orsi podrán ir si quieren, pero en todo caso será de manera testimonial”, marcó una fuente diplomática del bloque.
En Casa Rosada no afirmaron ni negaron que Milei tenga entre sus planes viajar ese sábado a la capital paraguaya. El presidente Peña es con quien primero forjó una alianza en la región y es con quien mejor se lleva dentro del Mercosur. Ese bloque de países virados al ámbito de la centroderecha y derecha se amplió a cerca de diez: a los dos anteriores se le suman Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
En caso de que vaya y de que también lo decida Lula, sería un nuevo encuentro presencial entre dos jefes de Estado que tienen un vínculo cada vez más tirante. Ayer trascendió que Brasil se retiró de la representación de la Embajada Argentina en Venezuela después de un año y medio de acudir en ayuda a pedido de la Casa Rosada.
En el Gobierno admitieron que no se esperaban esa decisión de Brasil. “Es un tema sensible”, se limitó a decir una fuente gubernamental. En el transcurso del jueves, Quirno recibió una nota diplomática de parte del embajador en Argentina, Julio Bitelli, en la que comunicaba que su administración se iba a retirar de la gestión de la Embajada, la Residencia Oficial y de la custodia de los locales de la misión argentina. Esa nota también fue enviada al régimen que ahora preside Delcy Rodríguez.
Hace una semana Infobae había adelantado el malestar de la administración de Lula da Silva por la posición argentina sobre el operativo de Estados Unidos en Venezuela y, en particular, por posteos de parte de Milei en la que se lo veía al presidente brasileño abrazando a Nicolás Maduro y una foto de un mapa de Sudamérica en la que se veía al bloque de países que suscribe Milei como “desarrollados” y a Brasil, Colombia y Venezuela como sitios en emergencia.
También molestó que los embajadores argentinos Carlos Cherniak (OEA) y Francisco Tropepi (ONU) no mencionaran las gestiones que Brasil realizó en asistencia de Argentina por el año y medio que tomó las riendas de la Embajada.
“Hubo mucha energía de Brasil. Tuvimos cinco refugiados que habían sido alojados por Argentina, asistimos en trámites consulares y gestiones para ciudadanos argentinos. Tuvimos que solucionar los problemas de luz y servicios que había en la Embajada. Con todo lo que sucedió recientemente, hubo la sensación de que nunca se dio importancia a esas tareas”, explicó una fuente de Brasilia a Infobae.
Otro funcionario marcó: “Con el cambio en Venezuela y las diferencias de posiciones entre ambas administraciones, sentimos que el ciclo se había terminado”. En Brasil busca comunicar que esperan que este clima actual con Argentina sea algo transitorio dado que “la agenda común es demasiado grande”.
POLITICA
Ignacio Torres reclamó más penas por los incendios: “Tienen que estar presos el tiempo que tarda en recuperarse el bosque”
A poco más de una semana del comienzo del incendio en Puerto Patriada y otras zonas de Chubut, el gobernador Ignacio Torres reclamó endurecer las condenas para los responsables de la quema intencional de los bosques patagónicos, mientras siguen activos algunos focos en la Comarca Andina.
El mandatario recordó que impulsa un proyecto junto a la senadora Edith Terenzi, que incorpora la figura de ecocidio en el Código Penal, al ser consultado sobre el pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este lunes propuso penas más graves y viajó a Epuyén para interiorizarse sobre el alcance del desastre.
Torres graficó el problema con una anécdota, a raíz de un incidente en la localidad de Cholila. “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos”, señaló, en diálogo con radio Rivadavia.
Frente al mínimo castigo penal que establece la legislación, el gobernador reclamó: “Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. “Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias”, completó.
Torres describió la gravedad de los focos activos en la provincia y remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas. Y confirmó la reactivación de un foco en Epuyén, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.
Otro de los incendios forestales activos está ubicado en el Parque Nacional Los Alerces. Pese a la ayuda de la lluvia, el fuego persiste. “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, dijo, y agregó que por los vientos y las altas temperaturas, se complica el control rápido de las llamas. “No vi un avance tan rápido del incendio”, reconoció “Nacho” Torres.
Para el mandatario del PRO, la llegada de más lluvias y el despliegue de todos los medios aéreos disponibles, junto al apoyo de Chile y de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Córdoba, dio un panorama alentador sobre ese foco. “Soy optimista. Junto al esfuerzo enorme que se está haciendo con todos los recursos disponibles, más un acompañamiento del clima, esperamos tener novedades mucho más favorables a última hora”, completó.
En este marco, el gobernador diferenció los episodios accidentales de aquellas acciones dolosas que provocaron el inicio del fuego. “En el Parque Nacional Los Alerces, en medio del incendio, fueron detenidos dos turistas haciendo fuego para comer un asado. La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, puntualizó. Mientras que en ese sector el origen fue una tormenta eléctrica, en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.
El apoyo del Gobierno nacional
A partir de la crisis ambiental, Torres valoró la coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno de Javier Milei, al caracterizar que “no se distingue entre Nación y provincia, ni en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces ni en jurisdicción provincial”. Y destacó el envío de una partida económica para asistir alrededor de las 30 familias que perdieron todos sus bienes. “Entre hoy y mañana se va a estar ejecutando”, indicó.
Ante la emergencia, el gobernador reconoció que el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros y una coordianción logística que “no se veía desde hace mucho tiempo”. “Nobleza obliga el trabajo con la Nación. No solamente se hizo de manera coordinada, sino que hay un acompañamiento como pocas veces se vio de un trabajo en conjunto y de infraestructura”, subrayó. “Eso es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria, y entender que el fuego no distingue ni jurisdicciones ni partidos políticos, y poner por sobre cualquier la seguridad de la gente”, resaltó.
Nuevamente, Torres desmintió “teorías conspiranoides” sobre la venta de tierras quemadas y aclaró que “la Constitución prohíbe la venta de cualquier hectárea de bosque nativo, quemado o no quemado”, además de que existe una ley provincial que impide por décadas la utilización de terrenos afectados por el fuego. “El incendio del Parque Nacional Los Alerces se da en un área que es patrimonio de la humanidad y es técnicamente imposible cualquier tipo de enajenación”, advirtió. “Buscan politizar una situación que exige seriedad y responsabilidad”, concluyó.
POLITICA
El titular de la UIF se reunió con autoridades de EE.UU. para intercambiar información sobre la causa que tiene en la mira a la AFA
Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), regresó de su viaje a Estados Unidos este viernes. Su visita estaba programada desde antes de fin de año, para intercambiar con autoridades norteamericanas documentación vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Según pudo saber este medio, el funcionario organizó el viaje para encontrarse con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.
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Este organismo norteamericano, que depende del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de realizar acciones relacionadas con la inteligencia financiera. Es decir, su objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.
La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía, en los papeles, es administrada por Erica Gillette, la pareja de Faroni.
Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario y a su esposa. La decisión del juez Luis Armella se tomó luego de que se verificara que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.
Aunque se mantiene el hermetismo sobre la información a la que pudo acceder Starc, la intención principal de su viaje fue tener detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.
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Este intercambio de información fue posible gracias a un memorando de entendimiento que existe entre la UIF y el FinCEN. El mismo se concretó en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
En ese convenio se confirmó el intercambio y la cooperación entre las dos agencias que están a cargo de perseguir los delitos de lavado de activos. Es decir, ambos organismos pueden acceder y requerir información relacionada con los presuntos delitos de esta índole que ocurren en la Argentina y Estados Unidos.
UIF, Unidad de Información Financiera (UIF), AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Estados Unidos
Hasta ahora, la atención sobre los argentinos detenidos en Venezuela se concentraba en unos pocos nombres. El foco estaba puesto en Nahuel Gallo, el gendarme arrestado en diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, y en Germán Giuliani, el abogado penalista detenido desde mayo de 2025.
A esa lista se había sumado Yacoov Harari, el argentino-israelí de 72 años liberado recientemente. Pero había otro nombre, casi invisible, que permanecía fuera del radar público.
Se trata de Roberto Baldo, cuya historia aparece apenas nombrada en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente por la dictadura.
El informe -publicado en marzo de este año, aunque recién cobró visibilidad en las últimas horas- denunció la detención de Baldo junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern.
Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).
La ONG aseguró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención. La audiencia de presentación ante el juez habría sido apenas días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Allí, fueron imputados por el delito de terrorismo.
El argentino -que también tiene nacionalidad venezolana- se encontraría en estos momentos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Su esposa está recluida, en tanto, en la sede de la PNB El Valle, en Caracas.
El Foro Penal indicó que la detención de la pareja estaría vinculada con un sobre dejado en la pizzería de Baldo, que debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina.
Aunque el caso tuvo menciones en la prensa española (ya que su esposa venezolana también tiene ciudadanía de ese país), el entorno de la pareja evitó exponer públicamente la detención. Desde la Cancillería argentina manejan el asunto con absoluto hermetismo.
El penal donde permanece detenido Baldo está ubicado en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas, una zona que concentra tres centros penitenciarios. Sobre esas instalaciones pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Medios locales y organizaciones especializadas han alertado sobre casos de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado a comienzos del año pasado, alrededor de 300 internos fueron sometidos a un régimen de aislamiento total, mientras que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir tratamiento médico. La organización también documentó denuncias de torturas sistemáticas que se extendieron durante meses.
El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari
Este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.
Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.
De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.
Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas.
En medio de la incertidumbre, la mamá de Gallo definió el escenario como “desesperante” y apuntó: «Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie“. Esto se debe a que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.
Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Giuiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen. Según surge de sus perfiles en redes sociales, Giuliani es abogado, especialista en derecho penal y laboral. El 5 de mayo, posteó imágenes en un restaurante ubicado en Anzoátegui, uno de los veintitrés estados de Venezuela, al este de Caracas, con costas hacia el Mar Caribe.
De las imágenes se desprende que a diferencia del gendarme Nahuel Gallo, Giuliani no fue detenido al ingresar a Venezuela, ya que se encontraba allí desde mediados de abril.
Mientras sigue la expectativa por las novedades de Gallo y Guiliani, sus familias se mantienen expectantes a las noticias que llegan desde Caracas.
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