El desarrollo de la actividad hidrocarburífera no convencional generó una demanda sostenida de perfiles técnicos especializados capaces de operar en entornos productivos de alta complejidad. Las tareas vinculadas a perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa se consolidaron como áreas clave dentro de la estructura de producción. En ese escenario, la formación técnica orientada al trabajo en yacimiento se posicionó como un puente directo entre capacitación y empleo.

El atractivo de estas posiciones se vinculó también con el nivel de remuneraciones que maneja el sector. Según relevamientos salariales del mercado, los puestos operativos en yacimiento se ubicaron entre los mejor pagos del ámbito industrial. En grandes compañías, de acuerdo a la Guía Salarial de Adecco, un oficial instrumentista o un electricista registró ingresos que partieron de valores cercanos a los $3,3 millones mensuales y alcanzaron cifras superiores a los $5,7 millones, según responsabilidades y estructura empresarial. En cargos jerárquicos, como jefaturas de producción, los pisos salariales se mueven en escalas elevadas, lo que refuerza el interés por acceder a trayectos de especialización técnica.

Dentro de ese contexto, la oferta de capacitación específica se organizó como una herramienta para responder a la demanda concreta de la industria. Los programas apuntan a la formación de trabajadores preparados para desempeñarse en procesos de exploración y producción, con foco en la eficiencia operativa y la seguridad. Las áreas críticas incluyen perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y producción, segmentos que concentran gran parte de las necesidades laborales del sector.

La identificación de estos perfiles responde a un análisis prospectivo de demanda ocupacional y tecnológica que lideró la Fundación YPF, orientado a anticipar las competencias requeridas para el crecimiento de la actividad energética durante la próxima década. Ese trabajo permitió alinear la formación con los requerimientos reales de las empresas que operan en el yacimiento.

En ese entramado de capacitación técnica se insertó el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, que lanzó su ciclo lectivo 2026 con una propuesta educativa gratuita diseñada junto a compañías del sector. El objetivo es ofrecer cursos intensivos que faciliten la inserción laboral directa en operaciones de yacimiento, con contenidos adaptados a las exigencias productivas actuales.

La oferta académica incluye seis cursos orientados al rol de operador del Upstream, el segmento que abarca la exploración y producción de hidrocarburos, además de una capacitación específica en seguridad operativa en yacimiento. Los trayectos permiten elegir especializaciones en las áreas técnicas críticas previamente identificadas, con un esquema de enseñanza centrado en la práctica.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual y permanecerá abierto hasta el 21 de febrero. Los aspirantes deben completar el trámite a través del sitio oficial del instituto (www.ivm.com.ar). Los requisitos de ingreso son: secundario completo o ciclo básico común aprobado, habilidades digitales básicas y disponibilidad de conectividad para las instancias formativas que combinan actividades sincrónicas y asincrónicas.

Cada curso tiene una duración intensiva de cuatro meses, con el objetivo de acelerar la incorporación de los estudiantes al mercado laboral. El cronograma se organiza en turnos tarde y noche, de 14 a 18 o de 18 a 22 horas, para facilitar la asistencia. Las fechas de inicio se escalonan el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según la capacitación seleccionada.

La modalidad de cursada es presencial y gratuita, con un enfoque estrictamente práctico. Los alumnos acreditarán competencias técnicas y horas de práctica profesional reconocidas por la industria y los certificados cuentan con el aval oficial del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, lo que otorga validez institucional a la formación.

Las actividades se desarrollan en el Polo Tecnológico de Neuquén, un espacio de más de 2.600 metros cuadrados equipado con infraestructura para entrenamiento técnico. Allí funcionan laboratorios de química aplicada, talleres de mantenimiento eléctrico con tableros didácticos y salas con simuladores de perforación, workover y fractura. Esta tecnología permite recorridos en entornos tridimensionales que replican locaciones reales, con el fin de preparar a los estudiantes para condiciones operativas concretas.

La formación se complementa con el uso del primer pozo escuela del país, ubicado en la zona de Río Neuquén. En ese espacio, los futuros operarios adquieren experiencia directa en instalaciones reales, bajo un esquema controlado que prioriza la seguridad y la precisión técnica, aspectos centrales para la operación en campo.

El respaldo institucional del instituto se sostiene en un consorcio de compañías del sector energético. Trece empresas de servicios se integraron como socias, entre ellas Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer y Calfrac Well Services. Estas firmas trabajaron junto a operadoras como YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol, en un esquema de articulación entre sector productivo y formación técnica.

El instituto proyecta una capacitación anual de entre 2.000 y 3.000 personas, un volumen alineado con la expansión de la producción energética. La industria demanda técnicos especializados en automatización y control de procesos, competencias necesarias para sostener la eficiencia operativa en la explotación no convencional.

En términos de proyección laboral, los perfiles formados acceden a posiciones operativas y de supervisión dentro del sector. Como referencia de escala salarial, un Gerente de Producción en una empresa de gran envergadura puede registrar ingresos de hasta $22,6 millones mensuales, lo que refleja la amplitud de remuneraciones dentro de la actividad.

En un contexto de aumento sostenido de los repartidores de plataformas, la reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado, establece un marco jurídico para este tipo de trabajadores y ratifica que no son empleados en relación de dependencia.

La norma se aplica a aquellos que ofrezcan servicios a través de empresas como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify, entre otros. Específicamente, el proyecto define que un “prestador independiente de plataformas tecnológicas” es una “persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente”.

La reforma incorpora una serie de derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para las plataformas.

En primer lugar, se dispone que los prestadores independientes podrán conectarse libremente a cualquiera de las aplicaciones disponibles en el mercado. Esta disposición permite a los trabajadores elegir sus propios horarios y decidir el tiempo de conexión, así como aceptar o rechazar solicitudes según su conveniencia.

El marco legal reconoce el derecho del prestador a definir el medio de transporte utilizado para brindar el servicio, siempre que cumpla con los requisitos legales y convencionales correspondientes. De este modo, se contempla la utilización de bicicletas, motocicletas, autos u otros vehículos autorizados.

Además, la regulación determina que los prestadores independientes tendrán acceso a conocer los criterios que emplean las plataformas para la agrupación y categorización de sus servicios.

Estos criterios deben estar expresados en lenguaje claro y ser accesibles de manera digital, en tanto no se afecte el secreto comercial de la plataforma. La publicación de esta información busca garantizar mayor transparencia en la relación entre los trabajadores y las empresas tecnológicas.

En cuanto a las obligaciones para las plataformas, el texto final del proyecto indica que deberán:

1. brindar a los prestadores independientes la información necesaria a efectos que pueda decidir aceptar o rechazar la prestación del servicio de movilidad de personas y/o reparto requerida por un usuario;
2. respetar la libertad de conexión del prestador independiente;
3. ofrecer, a través de medios digitales, información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio, destinadas a los prestadores independientes;
4. facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo;
5. contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos;
6. ofrecer canales de atención para que los prestadores independientes reciban ayuda de operadores o recepcionistas, cuyo papel será únicamente auxiliar. A través de estos canales, los trabajadores podrán solicitar explicaciones sobre decisiones que influyan en su trabajo dentro de la plataforma.

Por su parte, los prestadores independientes deben cumplir las siguientes obligaciones:

1. ser titular de la cuenta de usuario necesaria para prestar sus servicios a través de las diferentes plataformas de intermediación digital que utilice;
2. estar inscripto ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social, notificando cualquier alteración en su situación fiscal.
3. hacer los pagos de los aportes respectivos a través de los cuales tendrán acceso a la Prestación Básica Universal (PBU), el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento y a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud, entre otras
4. tener cuenta bancaria o billetera electrónica cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) sea debidamente informada a la plataforma tecnológica, para recibir las transferencias que correspondan por sus servicios;
5. respetar las normas de tránsito al momento de la prestación del servicio;

En tanto , el proyecto aclara que los repartidores acceden a una serie de derechos específicos, sin que ello implique relación laboral, subordinación o dependencia con las empresas que gestionan dichas aplicaciones.

El marco normativo establece que estos trabajadores podrán rechazar cualquier pedido o solicitud recibida a través de la aplicación, sin requerimiento de justificación ante la plataforma.

La normativa dispone que las plataformas tecnológicas deben proporcionar una explicación sobre los motivos de suspensión o restricción, parcial o total, del acceso a la infraestructura digital.

El texto contempla que los prestadores tendrán derecho a interactuar con operadores o recepcionistas y ejercer su derecho a réplica en estos casos.

En materia de protección de datos, los trabajadores independientes podrán solicitar la portabilidad de sus datos en un formato estructurado, genérico y de uso común. Este derecho permite que la información relevante sobre su actividad sea transferida y utilizada en otras plataformas o servicios, facilitando la continuidad laboral y la gestión autónoma de sus datos personales.

La regulación obliga a las plataformas a ofrecer capacitaciones gratuitas. Una primera instancia de formación deberá incluir el uso de la infraestructura digital, la interacción con los usuarios y los conocimientos relevantes para la prestación de servicios en calidad de independientes.

Además, la norma estipula que los repartidores y conductores independientes podrán acceder a un programa formativo en seguridad vial, enfocado en el conocimiento de las normativas de tránsito, las mejores prácticas para la convivencia en la vía pública y el uso correcto de elementos de protección personal. También en este caso, la responsabilidad financiera recae sobre las plataformas.

El articulado incorpora un capítulo sobre cobertura de riesgos, estableciendo que los prestadores independientes deben contar con un seguro de accidentes personales provisto por la plataforma.

La póliza debe contemplar los riesgos asociados al fallecimiento accidental, la incapacidad total o parcial permanente derivada de la prestación del servicio, los gastos médicos y farmacéuticos, así como los costos funerarios.

“La responsabilidad de la provisión de este seguro y los gastos asociados al mismo serán objeto de libre acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas, ni un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y repartidores”, dice el texto que la semana próxima se debatirá en la Cámara de Diputados.

Por último, se precisa que ampliar prestaciones o sumar seguros adicionales no implica relación laboral ni incumplimiento regulatorio. Los prestadores de servicios a través de plataformas pueden cobrar su retribución mediante la app y conservar el 100% de las propinas que agreguen los usuarios, incluso cuando el monto sea sugerido por la plataforma.

Además, se reconoce su autonomía para conectarse sin una frecuencia mínima, registrarse sin obligación de aceptar pedidos, interrumpir el uso de la aplicación sin aviso previo —salvo eventuales responsabilidades civiles— y elegir cuándo y cuánto tiempo trabajar.

También pueden operar dentro de la zona de cobertura definida por la plataforma y decidir el recorrido más conveniente, ya sea siguiendo las rutas sugeridas por la app o utilizando otros sistemas de navegación, siempre que no perjudiquen al usuario.

Vale mencionar que en diciembre de 2025, un repartidor de aplicaciones de delivery necesitó completar, en promedio, 454 pedidos para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro personas, según el “índice APP” (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro. Aunque el indicador refleja cierta mejora, también evidencia una creciente desigualdad en las condiciones que brindan las distintas plataformas.

Chubut y Entre Ríos fueron las provincias que más aumento tuvieron en la canasta de alimentos y bebidas que mide una consultora en todo el país

15/02/2026 – 18:52hs

La disparidad de precios en la Argentina no da tregua y el inicio de 2026 volvió a marcar una brecha profunda entre las distintas regiones del país. Según el último informe del relevamiento «Changuito Federal», elaborado por la consultora Analytica, el costo de vida para una familia tipo presenta diferencias abismales dependiendo de la ubicación geográfica. En enero, la distancia entre la provincia más costosa y la más económica para llenar el changuito superó los $113.000, un dato que refleja las asimetrías logísticas y económicas que persisten en el territorio nacional.

El informe, que monitorea precios online de productos de primeras marcas para garantizar una comparación precisa, arroja que la Patagonia continúa siendo la región más onerosa para el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, lo más llamativo del primer mes del año fue la aceleración de precios en distritos que no suelen liderar los aumentos, marcando una dinámica de consumo heterogénea donde algunas provincias incluso lograron registrar leves bajas nominales en el costo total de sus canastas.

En el desglose mensual, Chubut y Entre Ríos se posicionaron como las provincias que mayor inflación sufrieron en el rubro de alimentos y bebidas, registrando un incremento del 3% en solo treinta días. En la otra vereda, Catamarca mostró el avance más moderado con apenas un 0,9%, mientras que provincias como Misiones y San Juan experimentaron retrocesos en el valor final de la canasta respecto a diciembre.

En términos de valores absolutos, el ranking de las provincias donde es más caro vivir sigue dominado por el sur del país:

• Santa Cruz: $911.587 (la más cara del país)
• Chubut: $903.640
• Tierra del Fuego: $891.399
• Río Negro: $887.034
• Neuquén: $867.078

Como contrapartida, los distritos con el «changuito» más accesible se encuentran en el Norte y el Noreste. Misiones lidera el ranking de ahorro con un costo de $798.252, seguida por La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958).

El esfuerzo salarial: la paradoja de los precios bajos

Un punto clave del informe de Analytica es la relación entre el costo de los alimentos y el nivel de ingresos de cada región. Aquí es donde surge una paradoja: aunque en la Patagonia los precios son los más altos de Argentina, el impacto real en el presupuesto familiar es menor debido a que los salarios de la región (impulsados por actividades como la energía y la minería) son significativamente superiores.

En el Sur, una familia tipo destina en promedio el 15,7% de dos salarios privados registrados para cubrir la canasta de alimentos. Por el contrario, en el Norte (NOA y NEA), donde los precios nominales son los más bajos, el esfuerzo salarial es casi el doble: los hogares deben destinar el 29,7% de sus ingresos para comprar exactamente los mismos productos.

El relevamiento también identificó cuáles fueron los artículos que más presionaron el bolsillo durante el primer mes de 2026. El aceite de girasol mostró subas de entre el 3% y el 5% en casi todo el país, mientras que los productos cárnicos procesados, como las hamburguesas (con alzas de hasta el 7%) y las salchichas (hasta el 4%), lideraron los aumentos.

Un dato curioso se dio en el precio de la docena de huevos, que se mantuvo estable en casi todas las jurisdicciones, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde registró una baja del 1,3%. Esta estabilidad en productos básicos ha permitido que, a pesar de los aumentos específicos, el índice general en ciertas provincias no se disparara como en años anteriores.