Lo firmó sigilosamente, casi en la nocturnidad, como quien presiente el rechazo. Aunque las miradas están pendientes del Congreso cuando casi todos los legisladores retozan cerca del mar, probablemente sea la Justicia el primer poder del Estado en anular el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que modificó sustancialmente el servicio de inteligencia del país. Los jueces vuelven a trabajar en febrero y, a veces, dan menos vueltas que los legisladores. Por una descarriada iniciativa de Cristina Kirchner, que cuando era senadora le dedicó a su marido presidente una ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia que los convierte a estos en más poderosos que una ley, es muy difícil con la actual composición del Congreso que ese DNU sea rechazado por ambas cámaras legislativas.

Una ley no es ley si una sola de las cámaras la rechaza. El DNU requiere, en cambio, de la desaprobación de las dos cámaras, con el voto de la mayoría absoluta de los presentes de cada una de ellas. Es decir: de la mayoría de los legisladores que están en el recinto. Esa ley encierra una especial fechoría: en el Congreso se habla, por lo general, de mayoría absoluta cuando se trata de la mayoría de la totalidad del cuerpo, no de los legisladores presentes. Esa fue la picardía de la viuda de Kirchner, que contó con la complicidad de todo el bloque peronista. Gobernaba el peronista Néstor Kirchner, desde ya.

Esa es también la ventaja de un poder hegemónico que ahora aprovecha Milei. Fue la perversión del objetivo final que se habían propuesto los constituyentes durante la reforma constitucional de 1994. Tal objetivo consistía en quitarle poder al Presidente y a sus decretos de necesidad y urgencia. Antes, Raúl Alfonsín había creado una moneda, el austral, con esa herramienta, y Carlos Menem ordenó la más profunda reforma del Estado con el mismo mecanismo. La reforma del 94 incorporó el inciso 3 del artículo 99 sobre las facultades del presidente por el que le prohíbe a este tomar decisiones que deben ser aprobadas por el Congreso, aunque establece que solo en “casos excepcionales” y cuando exista una necesidad urgente podrá dictar decretos de necesidad y urgencia. No podrá hacerlo nunca, dice el texto constitucional, sobre cuestiones penales, tributarias o electorales.

Cristina Kirchner no pudo cambiar tales prohibiciones de la Constitución, pero creó condiciones casi incumplibles para que el Congreso rechace esos decretos. De hecho, a Milei le rechazaron un solo decreto de necesidad y urgencia, cuando quiso ampliar en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE, y cuando su partido estaba en franca minoría en el Congreso. Otra vez la SIDE. Siempre la SIDE.

Fue la única vez que los diputados de Mauricio Macri contribuyeron a tumbar una decisión de Milei. Ahora, ya no es así, después de la victoria mileísta en las elecciones de mitad de mandato del año pasado. Los requerimientos de esa ley de Cristina Kirchner le hacen casi imposible a la oposición anular ese decreto, en principio en la Cámara de Diputados, donde el Presidente lidera a 95 diputados. Puede alcanzar la mayoría de los presentes, porque tiene amigos, conocidos y espónsores. Aunque algunos diputados que se fugaron de Pro, protegidos por Patricia Bullrich, no aceptaran tales desmesuras institucionales, es difícil que esas deserciones le impidan al Presidente consumar sus hechos. Macri ya no tiene la cantidad de diputados que le permitió anular aquel decreto de los 100.000 millones de pesos, pero a su lado aseguran que los que tiene ahora votarán en contra del decreto de Milei sobre el servicio de inteligencia.

En el Senado, las cosas son más difíciles para el oficialismo. Ahí tiene 20 senadores, liderados también por la otrora macrista Bullrich. La mayoría de los senadores son 37. Suelen estar casi todos en las reuniones plenarias. Faltan muchos y son pocos. “Hay varios que están dispuestos a votar por cualquier cosa que haga Milei, pero no al extremo de acompañarlo a violar la Constitución y el Estado de Derecho”, anticipó un senador radical. No importa. Si la Cámara de Diputados no acompaña el eventual rechazo del Senado (o si el Senado no acompaña un rechazo de Diputados), el decreto de necesidad y urgencia quedará firme, con la fuerza de una ley. Gracias, Cristina.

Mientras tanto, hay cuatro presentaciones en la Justicia para que declare inconstitucional y “nulo de nulidad absoluta” ese decreto de Milei. Los planteos se hicieron en el fuero Contencioso Administrativo, que es donde se dirimen las cuestiones contra las decisiones del Estado. Uno de ellos, que firmaron legisladores de la Coalición Cívica, asegura de manera dramática que “dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado que a una cuestión de seguridad interior es la antesala inmediata de un Estado policial”.

El decreto de necesidad y urgencia autoriza a los agentes de la SIDE, convertida por esa decisión de Milei en la más importante agencia de inteligencia del Estado, a detener personas sin orden judicial, por el solo hecho de una sospecha o porque están cometiendo un delito flagrante. Si bien el Código Penal autoriza a los ciudadanos comunes a hacer aprehensiones en casos de flagrancia, no es lo mismo que esa facultad la tenga el servicio de inteligencia del Estado, sobre todo el servicio argentino, que siempre anda mezclándose con lamentables peleas políticas internas.

Es más que probable que la Justicia considere inconstitucional ese decreto que contiene decisiones penales, una de las tres cuestiones en las que el Presidente no puede meterse por sí solo según la Constitución. Seguramente, el planteo constitucional llegará hasta la Corte Suprema de Justicia. Dos de los tres jueces supremos que existen, participaron de la reforma del 94. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue constituyente por Santa Fe, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, fue el principal asesor de Raúl Alfonsín, quien también era constituyente. Cada uno de ellos conoce la letra y el espíritu de las reformas constitucionales de los años 90. Saben, por lo tanto, que los temas penales no pueden estar en los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué influencia tendrá en el Congreso una eventual declaración de inconstitucionalidad de parte de la Justicia? Nadie lo puede predecir, pero ya no hará falta el Congreso. Una sentencia definitiva de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia anulará definitivamente la decisión de Milei.

El primer error de Milei fue no haber promovido una ley aprobada por el Congreso para cambiar una ley de 2001 que tuvo un amplio apoyo de senadores y diputados. El decreto de necesidad y urgencia del Presidente modifica 40 artículos de esa ley. Milei viene haciéndole cambios a esa ley desde el año 2024 con decretos de necesidad y urgencia que modificaron la ley de inteligencia, la de defensa nacional y la de seguridad interior. Como esos decretos no se rechazaron nunca (salvo el de los 100.000 millones de pesos), se fueron concentrando las actividades de inteligencia y de contrainteligencia.

A pesar de aquel rechazo, la SIDE es un organismo que maneja una cantidad importante de recursos que son por naturaleza fondos reservados. Nadie sabe en qué los usa. “Parte de los recursos económicos sirven para sostener estructuras políticas cercanas, los trolls en las redes sociales y la adhesión de algunos periodistas”, asegura un diputado que integra la comisión bicameral de seguimiento del servicio de inteligencia. Esa comisión no se integró con la nueva composición del Congreso, pero la que existía puede ser convocada con la anterior integración de los senadores y diputados que conservaron su mandato; solo no podrían asistir los que terminaron su mandato, como, entre otros, Leopoldo Moreau y Martín Lousteau, que era senador y ahora es diputado tras un mal resultado electoral en las elecciones de octubre último. Nadie sabe cuándo se integraran algunas comisiones. El pasado no habla bien de los legisladores. Por ejemplo, durante los últimos dos años nunca se nombraron a los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de los fiscales y del procurador general de la Nación (jefe de los fiscales). ¿Por qué? Milei estaba en minoría, responden. Pobre respuesta.

En el decreto hay hasta un mal uso de las palabras. Dice, por caso, que todas las actividades de inteligencia revisten carácter de “encubiertas” por su nivel de sensibilidad. La actividad de los servicios de inteligencia es secreta más que encubierta. La resolución de Milei también se refiere implícitamente a la tarea del periodismo porque amplía el secreto y la responsabilidad por la difusión de información vinculada a la seguridad nacional. Ese decreto no establece ningún límite para determinar a qué se refieren cuando hablan de información sobre la seguridad nacional. Los periodistas y los medios periodísticos quedan expuestos así a la persecución judicial por su trabajo profesional, aun cuando actúen en beneficio del interés público. Tampoco incorpora la necesaria protección de la libertad de prensa ni diferencia entre un daño real a la seguridad nacional y la publicación de información relevante para el conocimiento de la sociedad. Tales ausencias pueden atemorizar a algunos periodistas o medios, y provocar una detestable autocensura.

También todos los integrantes de la actual Corte Suprema han sido siempre especialmente sensibles frente a las agresiones a la libertad de prensa. El artículo 32 de la Constitución le prohíbe al Congreso nacional aprobar leyes que restrinjan la libertad de prensa (“de imprenta”, dice con el léxico de la época en que se redactó) y el artículo 14 prohíbe explícitamente la censura previa. Si ese mandato constitucional rige para el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene las manos más atadas aun cuando se trata de limitar el trabajo periodístico. Seguramente, la Justicia se hará cargo, antes que algunos oportunistas senadores y diputados, de colocar las decisiones del Presidente dentro de la Constitución. No todo es posible porque simplemente se ha ganado una elección.