POLITICA
La Justicia al rojo vivo en Santa Cruz: el presidente de la Corte ordenó frenar el aumento salarial dispuesto por los jueces kirchneristas
EL CALAFATE.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó que el Poder Judicial se abstenga de liquidar el incremento salarial dispuesto ayer por un sector del tribunal que se encuentra presidido por la vocal Reneé Fernández: la medida, que generó el rechazo de la gobernación, estableció una suba escalonada del 42% hasta octubre, lo que llevaría los sueldos de algunos miembros de la Corte provincial hasta los $24 millones.
Mariani asegura que la medida se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo y la decisión es “inexistente y carente de toda validez”.
La resolución dada a conocer hoy deja a la vista el doble comando dentro de un Poder Judicial fragmentado por una profunda crisis político-institucional desatada en agosto del año pasado, cuando la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ elevando el cuerpo de cinco a nueve miembros, medida que, salvo Mariani, fue desconocida por los otro cuatro vocales del Tribunal, cercanos al kirchnerismo.
Este miércoles, a primera hora de la mañana, una resolución firmada por Mariani en su carácter de presidente de la Corte provincial, ingresó al sistema informático del TSJ y notificó al sector de Administración General del Poder Judicial que no liquide el aumento de sueldos.
También denunció que el libro de registro de Resoluciones del cuerpo se encuentra retenido y se priva a la Presidencia de acceso al mismo. Por esa razón, sostuvo, la resolución de hoy no cuenta con detalle de tomo, registro y folio.
La medida de Mariani determina que la resolución que dispuso el aumento –con fecha del 30 de diciembre y que se dio a conocer ayer– es nula, dado que no cuenta con el respaldo de quorum necesario y solo lleva la firma de cuatro de los nueve miembros que integran el máximo tribunal.
En agosto pasado, la Legislatura aprobó elevar de cinco a nueve los vocales máximo tribunal provincial. Los cuatro nuevos jueces propuestos por el gobernador Claudio Vidal asumieron en el cargo y formaron una mayoría presidida por Mariani, pero no fueron reconocidos por los cuatro miembros antiguos. La actividad judicial quedó técnicamente bloqueada.
El aumento de 42% acumulativo hasta octubre que se autoasignó el poder judicial y que llevará los sueldos de algunos jueces hasta los 24 millones de pesos generó un fuerte repudio del gobierno provincial. Vidal acusó a los jueces de estar “atrincherados en sus privilegios” después de haber sido “cómplices del saqueo” durante 30 años, en alusión al kirchnerismo.
La pauta salarial para el sector judicial que se conoció ayer establece subas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual acumulativo entre agosto y octubre, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para 2026.
La resolución que dispuso el aumento lleva la firma de solo cuatro –Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta– de los nueve vocales que integran la Corte provincial. Por esta razón, la resolución emitida por Mariani esta mañana asegura que el aumento fue firmado “por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949 (vigente hasta que exista sentencia firma que disponga lo contrario)”.
El 17 de diciembre pasado, los cuatro vocales que ahora dispusieron el aumento de sus sueldos habían declarado inconstitucional la ampliación de la Corte. En ese caso convocaron a un juez subrogante para completar la mayoría de cinco.
Ese fallo fue apelado tanto por los nuevos vocales de la Corte como por la Fiscalía de Estado del Santa Cruz, por lo que la decisión no se encuentra firme.
En la resolución de este miércoles, Mariani también deja asentado que la misma carece de registro “en virtud que los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”.
En octubre pasado, el Tribunal Superior de Justicia quedó atrapado en su propio laberinto. Dos presidentes firmaron como tales en un mismo día, mientras uno (Mariani) tomó la jura de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, la otra (Fernández) ordenó por memorándum dirigido a todos los jueces que se abstengan de acatar las directivas emitidas por el otro presidente.
Desde entonces, la actividad en el máximo órgano judicial de Santa Cruz está trabada y los cuatro vocales cercanos al kirchnerismo intentan bloquear el ingreso de los magistrados propuestos por Vidal en un intento por mantener el poder del máximo órgano judicial de la provincia.
Daniel Mariani y Reneé Fernández son las caras visibles de la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y Vidal, que hoy arrojó otra postal de una crisis institucional grave y de final incierto.
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POLITICA
El Gobierno decidió no extender el mandato de la Defensora General y se abre la posibilidad de cubrir un puesto clave
El Poder Ejecutivo tomó la decisión este miércoles de no solicitar al Senado la extensión del mandato de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y se reserva la posibilidad de cubrir este cargo con algún candidato propio para ir ganando terreno en sectores claves de la Justicia.
Martínez dejará su cargo el 1° de febrero, cuando cumpla 75 años, edad en la que —al igual que ocurre con los jueces— su continuidad depende de un nuevo nombramiento aprobado por el Congreso. El Gobierno resolvió no enviar el pliego al Senado, con lo que la funcionaria que lideró el Ministerio Público de la Defensa desde 2006 dejará el cargo sin opción a renovación.
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La salida de Martínez se suma a un panorama complejo en las autoridades judiciales. Su reemplazo interino será Julián Langevín, defensor ante la Corte Suprema, de 64 años. Con esta medida, las dos máximas autoridades del Ministerio Público —Langevín y el Procurador General Eduardo Casal— quedarán en sus cargos en carácter de interinos.
Martínez había expresado su voluntad de continuar al frente de la Defensoría por cinco años más mediante una carta enviada al Poder Ejecutivo a fines de 2025.
Incluso, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su “firme respaldo” a la continuidad y pidió en noviembre al gobierno, en una nota a Sebastián Amerio, que solicite al Senado el acuerdo para su designación por un nuevo período de cinco años. “Su trayectoria refleja una carrera caracterizada por la excelencia profesional y el compromiso con el servicio público”, sostuvieron los firmantes.
La salida de Martínez también se da en un contexto de crecientes reclamos de reformas judiciales y críticas por parte de distintos sectores sobre la falta de avance en nombramientos cruciales dentro del sistema de justicia, en especial en tribunales superiores e instancias federales.
Si el gobierno se lo propone y consigue aval del Senado, podrá nombrar a dos jueces de la Corte, a un nuevo Defensor General y un nuevo Procurador General. Un escenario ambicioso pero no imposible que ya intentaron antes sin éxitos otros gobiernos. Como fue el caso de Alberto Fernández que promovió al juez Daniel Rafecas para reemplazar a Casal pero a último momento, incluso con negociaciones avanzadas, la idea quedó trunca.
Lo cierto es que aún está fresco el recuerdo del fracaso del Ejecutivo con los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y, antes de intentar ocupar esas sillas, deberá enfrentar problemas más urgentes como la falta de envío de pliegos para cubrir vacantes en los tribunales.
Según pudo saber TN, para evitar un escenario similar, el Ejecutivo enviará al Senado pliegos que respeten de manera rigurosa el orden de mérito de los concursos, con la intención de dejar a la oposición ante el costo político de rechazar a los candidatos mejor calificados.
Datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación indican que 2025 fue el año menos productivo desde 2022: durante todo el período se elevaron apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo. El contraste con 2024 es marcado, ya que ese año se habían aprobado y remitido 96 expedientes.
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Según el último informe de gestión, al cierre de diciembre había 203 vacantes con concursos ya finalizados que continúan a la espera de una decisión del Presidente. A ese número se suman otras 157 vacantes que todavía están en trámite dentro del Consejo, en su mayoría correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces subrogantes.
El panorama expone la magnitud del problema que enfrenta el Gobierno y anticipa un año de negociaciones complejas con el Senado, en un contexto en el que la cobertura de vacantes judiciales aparece como uno de los principales desafíos institucionales de la gestión.
Defensoría General de la Nación, Gobierno, Congreso, TNS
POLITICA
La CGT salió al cruce de la reforma laboral del Gobierno y reclamó que “no se trate en estas condiciones”
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, salió al cruce de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei durante una entrevista en A Dos Voces, por TN, emitida este miércoles por la noche.
El dirigente sindical anticipó que la central obrera intentará frenar el avance del proyecto si se mantiene el texto actual, al considerar que vulnera derechos laborales básicos y contradice la Constitución Nacional. “Vamos a tratar que no se trate en estas condiciones”, advirtió.
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Críticas al contenido del proyecto y advertencia constitucional
Sola definió a la CGT como “un gran muro de contención” frente a la iniciativa oficial y sostuvo que se trata de una ley que “tiene poco de modernización” y “va en desmedro de los derechos individuales y colectivos, con un fuerte sesgo ideológico”.
Según explicó, el proyecto apunta primero a “destruir la representación de los trabajadores y los gremios”, al imponer limitaciones al derecho sindical y al derecho a la huelga, algo que, remarcó, “se da de narices contra la Constitución Nacional”.
En ese marco, anticipó un conflicto judicial si la reforma se aprueba sin cambios: “Van a tener un choque con una mirada judicial que les va a decir que hay cosas acá que no pasan el 14 bis”, afirmó, y agregó que la CGT “va a tratar de que no se trate en estas condiciones”.
Impacto sobre los convenios y aviso de acciones gremiales
Uno de los puntos que el dirigente sindical señaló como más sensibles es el efecto directo sobre los trabajadores alcanzados por acuerdos sectoriales. “A todos aquellos que tenemos un convenio colectivo, si se aprueba la ley, se caen y van a la Ley de Contrato de Trabajo”, advirtió. Y alertó por una pérdida concreta de derechos.
Sola también cuestionó el enfoque económico del proyecto: “Se discute cómo se puede despedir mejor y no cómo se puede contratar mejor”. Y afirmó que para generar empleo genuino “se necesita un proyecto de inversión productiva que no lo hay”.
En la misma línea, apuntó contra la presión impositiva sobre las pymes y reclamó que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores: “Empiecen por acotar ahí, no sacarle y traspasar riqueza de los trabajadores al sector empresario”.
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Finalmente, el secretario general de la CGT ratificó que habrá respuesta sindical si el proyecto avanza: “Vamos a hacer todas las acciones gremiales que tengamos que hacer”, advirtió, y pidió no deslegitimar el rol del movimiento obrero.
“No nos pongan como que solo estamos acá para patear el hormiguero; estamos para patear el hormiguero si la comida no va a alcanzar para todas las hormigas. Queremos más formalidad, mejores derechos”, afirmó. “La modernización la podemos hacer los gremios, no se apresuren”, reclamó a la administración libertaria.
Jorge Sola, CGT, reforma laboral, Javier Milei
La interna radical sumó un capítulo inédito: ahora la pelea es también por el nombre. Cinco diputados que integran Provincias Unidas le pidieron formalmente al presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, que obligue al bloque radical de Diputados a cambiar su denominación. El argumento: sostienen que la bancada que conduce la mendocina Pamela Verasay actúa de manera “incompatible con los principios históricos del radicalismo” y, por lo tanto, no debería poder usar la sigla partidaria.
La nota está firmada por Martín Lousteau y su aliada Mariela Coletta, Pablo Juliano -cercano a Facundo Manes– y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir y al exmandatario Gerardo Morales. Todos ellos integran el núcleo radical que, junto a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), se distanció del alineamiento de otros correligionarios con Javier Milei.
Desde el otro lado, Verasay rechazó el planteo y devolvió el golpe. “El pedido es extemporáneo. Esta discusión la deberían haber dado cuando les propuse integrar un bloque de 12 con libertad de acción, sin mediatizar las diferencias, y se negaron”, replicó. Y cerró con una definición política: “Ellos son los que decidieron irse”.
El reclamo elevado al Comité Nacional no deja margen a medias tintas. Los diputados de Provincias Unidas piden que “ningún otro bloque parlamentario pueda continuar utilizando la denominación Unión Cívica Radical”, al considerar que ese rótulo debe estar “necesariamente asociado al respeto efectivo de los valores, principios, lineamientos políticos y disposiciones orgánicas” del partido.
El disparador inmediato fue la votación del Presupuesto 2026. En particular, el Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de servicios de discapacidad. Allí, el bloque radical quedó partido en tres: tres diputados votaron a favor, tres en contra y dos se abstuvieron, “en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria”, según sus detractores internos.
Los que avalaron el capítulo fueron los mendocinos Verasay y Lisandro Nieri, alineados con Alfredo Cornejo, y el chaqueño Guillermo Aguero, cercano a Leandro Zdero. Se abstuvieron Gerardo Cipolini (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos). En contra votó el correntino Diógenes González, aliado del gobernador Valdés.
Pero el texto va más allá de ese episodio. Los firmantes también denuncian “extorsión” por parte del bloque oficialista y de sus aliados durante la sesión del Presupuesto, y remarcan que Provincias Unidas sostuvo una postura “acorde a la línea partidaria” aun bajo presión.
No es la primera vez que la UCR vive un conflicto de este tipo. En diciembre de 2024, el tribunal de ética del partido expulsó a Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat por apoyar vetos de Milei -al financiamiento universitario y jubilaciones- en contra de la postura orgánica del radicalismo. Entonces, el tribunal habló de “conductas graves que lesionan la dignidad” del partido.
Ahora no hay pedidos de expulsión, pero sí una ofensiva simbólica: bloquear el uso del sello. “La sigla de nuestro partido debería reservarse a quienes respeten monolíticamente los lineamientos partidarios, la coherencia política y la confianza de quienes se identifican históricamente con la UCR”, advierten.
Provincias Unidas, recuerdan, nació para ser una “oposición responsable, federal y coherente”, sin alineamientos automáticos ni con el Gobierno ni con el kirchnerismo. En ese espejo, colocan al radicalismo que orbita alrededor de los gobernadores que se alinearon con la Casa Rosada.
El trasfondo es una grieta cada vez más nítida entre los radicales que toman distancia de Milei y los que construyen una sociedad política y electoral con los libertarios, como Cornejo y Zdero. Una disputa que ya no se juega solo en las votaciones, sino también en algo más profundo: quién tiene derecho a llamarse, hoy, Unión Cívica Radical.
En el bloque que conduce Verasay desestiman el planteo y lo leen como una reacción política. “Tienen una cultura rupturista. Ya pasó cuando Morales rompió el bloque de Mario Negri o cuando Lousteau y Manes se fueron del espacio de Rodrigo de Loredo. No saben perder: si no ganan, se llevan la pelota”, ironizan. Y cierran con su propio diagnóstico: la discusión real, dicen, es “cómo transformar al partido en un espacio moderno que interprete a la ciudadanía”.
Chiarella, alineado políticamente con Pullaro, no tiene previsto abrir esa discusión en el corto plazo, según indicaron a fuentes de su entorno. En las próximas horas se reunirá la mesa directiva del Comité Nacional -de la que forma parte Verasay-, pero la disputa por el uso del sello radical no figura en el temario.
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