POLITICA
Todo podría cambiar si se diluye el kirchnerismo

La vida política estuvo organizada durante las dos últimas décadas alrededor de la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo. Esa simplificación, que aglutinaba identidades, la volvía inteligible. Un fenómeno principal de la escena actual es que esa disposición de fuerzas está agotada.
La razón principal es que el kirchnerismo está en crisis. Acaba de perder nada menos que en su base más valiosa de poder, la provincia de Buenos Aires. Su líder está presa y, por lo tanto, concentrada en encontrar estrategias judiciales más eficaces que las que la terminaron encerrando en San José 111. En las últimas semanas comenzó a advertir deficiencias imperdonables en sus planes de defensa. No fue una revelación inesperada. La causa Hotesur-Los Sauces investiga el presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculados a negocios en los que está involucrada su familia.
Es el costo de la legendaria desconfianza de Néstor Kirchner, que sólo colocaba parientes en los directorios de las sociedades que creaba. Todo cambia de color. Además, mientras se aproxima ese juicio oral, los medios se han convertido en un desfiladero de imputados por otro proceso, el de los cuadernos de las coimas, que prodiga semana a semana un anecdotario muy poco edificante.
A esas crónicas arqueológicas se agregan ahora otras más novedosas. El escándalo de la AFA complica al kirchnerismo y sus aliados. Claudio “Chiqui” Tapia es funcionario de la provincia de Buenos Aires debido a que Axel Kicillof lo designó en el Ceamse. El nombre de Sergio Massa aparece cada vez que se relatan las fechorías del intermediario Javier Faroni y del “cajero” Pablo Toviggino. Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de Kicillof y aliado imprescindible de Máximo Kirchner, emerge cuando se mencionan las maniobras de Sur Finanzas, la mega “cueva” de Ariel Vallejo. Por suerte en las inmediaciones de ese caso deambula el intrépido abogado Mauricio D’Alessandro, íntimo del juez Federico Villena, a quien le fue entregado el expediente.
Además de estos sinsabores, el kirchnerismo está dañado por una gran fisura interna. Cristina Kirchner quedó expuesta a la insubordinación de Axel Kicillof. El gobernador disputa a través de sus aliados el control del PJ provincial, comandado hasta ahora por Máximo Kirchner. Es una discusión de superficie, que oculta una alteración más importante: los intendentes peronistas redescubrieron que, sin un liderazgo indiscutido, el partido queda a merced de su control territorial.
No habría que sorprenderse si avanza un movimiento de provincialización del PJ bonaerense. Es un cambio importantísimo, porque afecta a la entidad política más importante de la Argentina desde que Eduardo Duhalde impidió la segunda reelección de Carlos Menem. De esa matriz nació el kirchnerismo, que fue ganando poder a medida que se convertía en una especie del conurbano.
La ruptura kirchnerista tiene la capacidad, en su dramatismo, de ocultar una situación mucho más extensa y menos estridente. Es el repliegue general del peronismo en el resto del país. En 2011, cuando arrasó Cristina Kirchner para hacerse reelegir, el PJ gobernaba 20 provincias. Hoy gobierna 9. Y en las elecciones del 26 de octubre pasado sólo ganó en 7.
Es una contracción difícil de explicar. El ex senador bonaerense Juan José Amondarain, en un excelente artículo publicado en diciembre pasado ( ), propone una lectura. Él sostiene que en el país ha surgido un nuevo consenso a favor de un orden ortodoxo para la macroeconomía. Que ese consenso no expresa una preferencia ideológica ni supone una idolatría en favor de Javier Milei. Es un consenso nacido del sentido común de las masas. Amondarain propone que la principal víctima de esa concepción es el peronismo. Esa fuerza, dice, pasó de ser proveedora de orden, reformas y gobernabilidad entre los años ’80, ’90 y la crisis de 2001, a convertirse en un “partido productor de crisis”.
Es muy prematuro conjeturar sobre la sucesión presidencial de 2027. Pero hay que hacerlo por la sencilla razón de que los dirigentes que gravitan sobre el juego definen su conducta a partir de las hipótesis que se plantean sobre ese futuro. La disputa de poder actual es difícil de comprender si se suprime ese horizonte.
Es muy probable que las elecciones del 26 de octubre pasado hayan sido la última oportunidad para levantar la consigna “kirchnerismo nunca más”. El motivo es que esa organización se ha deshilachado y ya no presta un servicio esencial: funcionar como la amenaza que puede unificar al campo adversario y, de ese modo, dar sentido épico a la escena. El kirchnerismo carece ya de la densidad que requiere siempre un enemigo.
Esta carencia desconcierta, antes que nadie, a La Libertad Avanza. Sobre todo porque Milei ejerce la política con una lógica que no puede prescindir de ese enemigo. Si no lo tiene debe encontrarlo. En estos días tantea a ciegas el entorno. Provoca a Luiz Inacio Lula da Silva. La respuesta es una sutil coreografía. Lula no asistirá, el sábado, a la cumbre de Asunción en la que se firmará el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La excusa es formal: en un comienzo Paraguay, que ejerce la presidencia interina, convocó a una reunión de cancilleres. Eso sí: un día antes, Lula recibirá a Antônio Costa, presidente del Consejo de Europa, y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Rio de Janeiro, “para dialogar de cuestiones de la agenda global”. Se ve que siente alguna necesidad de exhibir su liderazgo.
En un ring muy diferente, Milei hostiga a “Chiqui” Tapia y, en especial, a Pablo Toviggino, a quien se atribuye la plataforma Carnaval, desde donde se divulgaron los escandalosos audios de Diego Spagnuolo, referidos a presuntas coimas requeridas por Karina Milei y los primos Menem.
A propósito de Tapia y Toviggino: ellos reclaman que los fondos que han manejado de manera tan desvergonzada, no pertenecen al Estado. Son de la AFA y sus clubes. Es “corrupción entre privados”. Sin embargo, las autoridades de ARCA se estarían haciendo una pregunta elemental: cuando esos recursos de la AFA se destinan a bolsillos de particulares, sea para la compra de caballos de salto o para el alquiler de embarcaciones de lujo, ¿el beneficiario de esos giros, que representan un salario indirecto, paga el correspondiente impuesto a las Ganancias? Es una inquietud razonable.
La situación de Tapia es más delicada. Sobre él cabe plantearse si no habrá incurrido en enriquecimiento ilícito porque, a diferencia de Toviggino y gracias a un decreto de Kicillof, es un funcionario público.
Son minucias. Lo relevante es que el kirchnerismo, en un acelerada retracción, está dejando vacío el lugar del enemigo. Aparece entonces una primera incógnita: ¿el Gobierno registrará esa ausencia? ¿O seguirá confrontando por inercia con una entidad que va adquiriendo la inconsistencia de un fantasma? Hay una segunda incógnita: quién ocupará el lugar del adversario.
Esta reconfiguración de la política conduce a una pregunta sobre la economía. Como siempre sucede, la vida material es la gran generadora de nuevos actores. Sin ir más lejos, se puede observar la trayectoria de Milei. Es imposible imaginar su aparición fuera del irritante contexto inflacionario descripto por Amondarain.
La respuesta a ese enigma es problemática. La situación económica presenta una mejoría significativa desde la llegada de Milei. En 2025 el PBI registró un crecimiento de alrededor de 4,3%. Las exportaciones se expandieron 6% y la inversión se incrementó en un 20%, después de haberse derrumbado un 17% en 2024. El salario real mejoró también para todos los sectores. Un 3% para el privado formal y 12,6% para el informal, que había caído 10,9% en 2024. Este último es un detalle muy sugerente cuando se buscan las razones de por qué los candidatos de Milei vencieron en las elecciones nacionales de la provincia de Buenos Aires. Además, el índice de riesgo país ha ido bajando y se ubica en alrededor de 570 puntos básicos.
Este paisaje no es completo. Hay indicadores que inquietan. Por ejemplo, la industria y la construcción no se recuperan. El incremento del PBI obedece sobre todo a la intermediación financiera, que en 2025 aumentó 22%. La minería lo hizo 7,9%. Y el sector hotelero y gastronómico, 12,2%. El comercio mejoró 5,2%, pero con una salvedad: hay una expansión acelerada de las operaciones on line, como sucede a escala global.
Las consecuencias de este desbalance en términos de empleo es que la cantidad de puestos privados formales no mejoró, sino que tuvo una caída, a pesar del aumento del PBI. Sólo aumenta el número de asalariados no registrados.
El otro dato importante es el grado de apertura que registra la economía. Las importaciones se incrementaron en 2025 un 25,7%. Quiere decir que gran parte de la demanda está satisfecha por una corriente importadora. En conexión con esta circunstancia aparecen las restricciones cambiarias. La falta de dólares sigue siendo un problema central del programa de Milei y Luis Caputo. Se advirtió en el trance del pago de deuda de comienzos de esta semana. El Tesoro no pudo acceder al mercado voluntario de crédito. Debió recurrir a un repo con 6 bancos. Un pequeño detalle: uno de ellos fue el Bank of China. Son los mismos chinos que han comenzado, en un desafío oblícuo a los Estados Unidos, a emitir bonos en dólares. Otro detalle, menos pequeño: se notó que ya no está disponible la chequera de Donald Trump, a la que se había pensado recurrir en octubre. Para la fisiología del oficialismo: no sólo falta Cristina Kirchner, entonces.
El cuadro explica que entre las prioridades del Gobierno comience a estar la compra de reservas, que implica convivir con un peso menos apreciado. Ya se corrigió el régimen de bandas. Pero no se tomó una decisión crucial para la atracción de inversiones: el levantamiento del cepo cambiario para las empresas. Para expertos como Miguel Kiguel esa medida sería más urgente, por ejemplo, que la reforma laboral.
Este relevamiento sintético de la situación material hace juego con la escala de prioridades de la ciudadanía. Según el último estudio de Hugo Haime, esas preocupaciones tienen un aire de familia con las que aparecieron durante el ciclo menemista, cuando ya se advertía un retroceso de la inflación. Hoy la corrupción lidera el ranking con 40%, seguida por problemas económicos: bajos salarios (27%) y pobreza y miseria (23%). Con valores similares aparecen seguridad (21%) junto a Educación (21%) y desocupación (20%). La inflación cayó al 13%.
En esos números podrían estar los insumos de un plan para un nuevo agente político. Es decir: son la materia prima para el surgimiento de un nuevo opositor. Interpelan a Mauricio Macri, quien se resiste a que su partido termine siendo subsumido por LLA. Ese riesgo aparece, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires, que es la colina más preciada. La gestión de Jorge Macri sufre el torniquete fiscal del gobierno nacional, que no termina de normalizar los flujos de la coparticipación. Y ahora se enfrentará a una adversidad judicial.
En una de las últimas reuniones de gabinete de diciembre, el propio jefe de Gobierno anunció a sus colaboradores que se deben preparar para un fallo condenatorio de la Corte Suprema en una causa por corrupción que él arrastra desde su gestión como intendente de Vicente López. El indicio de esa sanción apareció cuando los jueces del máximo tribunal, que están dos a uno en contra de Macri, convocaron a conjueces para dictar el fallo.
Una curiosidad: ¿es por este calvario judicial que se considera conveniente la expulsión de Karina Burijson del equipo municipal? Es una funcionaria que acompaña al alcalde desde los albores de su gestión al otro lado de la General Paz. A esta Karina, también poderosa, le atribuyen una desviación: en el lenguaje de ese maestro del budismo zen que es Daniel Angelici, “la pretensión de cobrar multas a los que cruzan no en rojo, sino en verde”.
La ambivalencia económica también desafía al radicalismo, cuyo naufragio como fuerza nacional contrasta con el dominio de cinco provincias: Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes y Jujuy. Un desafío para la nueva conducción de Leonel Chiarella.
Sin embargo, la ecuación económica plantea un acertijo, sobre todo, al peronismo. El reto de los próximos años para el que quiera ocupar el lugar de la alternativa al proyecto de Milei está bastante claro. Y es el que, según Amondarain, debería resolver un PJ renovado. Se trata de incorporar los valores de la estabilización macroeconómica, sobre todo el equilibrio fiscal, pero, al mismo tiempo, ofrecer una voz a las víctimas de esa estabilización. Es decir, formular un programa que se haga cargo de la destrucción del tejido productivo sin ceder a un reflujo inflacionario.
La pregunta se podría formular de esta otra manera: qué fuerza política o qué candidato está en condiciones de enfrentar a Milei sin repudiar los méritos por los que Milei es apreciado, que son sobre todo los de la modernización de la economía. Un primer test para responder este interrogante será la discusión de la reforma laboral. Va a ser interesante identificar a quienes planteen una alternativa o a quienes, sin más, la bloqueen.
Para calibrar la importancia de estas cuestiones ayuda proponer un escenario electoral. Es un ejercicio, mucho más que hipotético, audaz. Formulada esa prevención, se pueden establecer dos premisas para imaginar el futuro. Casi todas las encuestas, empezando por la ya citada de Haime, prevén para 2027 la alta probabilidad de un ballotage. Milei es un caso atípico frente a sus antecesores. En vez de ir deteriorándose desde un momento inicial estelar, él mantiene una popularidad estable. Es un encanto aceptable, pero no le garantiza la reelección sin segunda vuelta, al menos por ahora. Por supuesto, este perfil podría cambiar. En especial si Milei demuestra tener la plasticidad necesaria para asimilar la nueva agenda que va remodelando las preocupaciones del electorado.
La otra premisa es que el kirchnerismo, que en términos conceptuales incluye a Kicillof, podría quedar tercero en una primera vuelta electoral. Es el indicio más elocuente del cambio de época.
Lo que todavía no se sabe es si hay alguien en condiciones de construir el segundo puesto. Alguien con cabeza ortodoxa y corazón productivista. Existe un cuadrante imaginario en el que ese ejemplar exótico podría convertirse en el próximo presidente.
https://panamarevista.com/es-posible-una-renovacion-del-peronismo/,Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
El Gobierno decidió no extender el mandato de la Defensora General y se abre la posibilidad de cubrir un puesto clave

El Poder Ejecutivo tomó la decisión este miércoles de no solicitar al Senado la extensión del mandato de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y se reserva la posibilidad de cubrir este cargo con algún candidato propio para ir ganando terreno en sectores claves de la Justicia.
Martínez dejará su cargo el 1° de febrero, cuando cumpla 75 años, edad en la que —al igual que ocurre con los jueces— su continuidad depende de un nuevo nombramiento aprobado por el Congreso. El Gobierno resolvió no enviar el pliego al Senado, con lo que la funcionaria que lideró el Ministerio Público de la Defensa desde 2006 dejará el cargo sin opción a renovación.
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La salida de Martínez se suma a un panorama complejo en las autoridades judiciales. Su reemplazo interino será Julián Langevín, defensor ante la Corte Suprema, de 64 años. Con esta medida, las dos máximas autoridades del Ministerio Público —Langevín y el Procurador General Eduardo Casal— quedarán en sus cargos en carácter de interinos.
Martínez había expresado su voluntad de continuar al frente de la Defensoría por cinco años más mediante una carta enviada al Poder Ejecutivo a fines de 2025.
Incluso, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su “firme respaldo” a la continuidad y pidió en noviembre al gobierno, en una nota a Sebastián Amerio, que solicite al Senado el acuerdo para su designación por un nuevo período de cinco años. “Su trayectoria refleja una carrera caracterizada por la excelencia profesional y el compromiso con el servicio público”, sostuvieron los firmantes.
La salida de Martínez también se da en un contexto de crecientes reclamos de reformas judiciales y críticas por parte de distintos sectores sobre la falta de avance en nombramientos cruciales dentro del sistema de justicia, en especial en tribunales superiores e instancias federales.
Si el gobierno se lo propone y consigue aval del Senado, podrá nombrar a dos jueces de la Corte, a un nuevo Defensor General y un nuevo Procurador General. Un escenario ambicioso pero no imposible que ya intentaron antes sin éxitos otros gobiernos. Como fue el caso de Alberto Fernández que promovió al juez Daniel Rafecas para reemplazar a Casal pero a último momento, incluso con negociaciones avanzadas, la idea quedó trunca.
Lo cierto es que aún está fresco el recuerdo del fracaso del Ejecutivo con los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y, antes de intentar ocupar esas sillas, deberá enfrentar problemas más urgentes como la falta de envío de pliegos para cubrir vacantes en los tribunales.
Según pudo saber TN, para evitar un escenario similar, el Ejecutivo enviará al Senado pliegos que respeten de manera rigurosa el orden de mérito de los concursos, con la intención de dejar a la oposición ante el costo político de rechazar a los candidatos mejor calificados.
Datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación indican que 2025 fue el año menos productivo desde 2022: durante todo el período se elevaron apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo. El contraste con 2024 es marcado, ya que ese año se habían aprobado y remitido 96 expedientes.
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Según el último informe de gestión, al cierre de diciembre había 203 vacantes con concursos ya finalizados que continúan a la espera de una decisión del Presidente. A ese número se suman otras 157 vacantes que todavía están en trámite dentro del Consejo, en su mayoría correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces subrogantes.
El panorama expone la magnitud del problema que enfrenta el Gobierno y anticipa un año de negociaciones complejas con el Senado, en un contexto en el que la cobertura de vacantes judiciales aparece como uno de los principales desafíos institucionales de la gestión.
Defensoría General de la Nación, Gobierno, Congreso, TNS
POLITICA
La CGT salió al cruce de la reforma laboral del Gobierno y reclamó que “no se trate en estas condiciones”

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, salió al cruce de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei durante una entrevista en A Dos Voces, por TN, emitida este miércoles por la noche.
El dirigente sindical anticipó que la central obrera intentará frenar el avance del proyecto si se mantiene el texto actual, al considerar que vulnera derechos laborales básicos y contradice la Constitución Nacional. “Vamos a tratar que no se trate en estas condiciones”, advirtió.
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Críticas al contenido del proyecto y advertencia constitucional
Sola definió a la CGT como “un gran muro de contención” frente a la iniciativa oficial y sostuvo que se trata de una ley que “tiene poco de modernización” y “va en desmedro de los derechos individuales y colectivos, con un fuerte sesgo ideológico”.
Según explicó, el proyecto apunta primero a “destruir la representación de los trabajadores y los gremios”, al imponer limitaciones al derecho sindical y al derecho a la huelga, algo que, remarcó, “se da de narices contra la Constitución Nacional”.
En ese marco, anticipó un conflicto judicial si la reforma se aprueba sin cambios: “Van a tener un choque con una mirada judicial que les va a decir que hay cosas acá que no pasan el 14 bis”, afirmó, y agregó que la CGT “va a tratar de que no se trate en estas condiciones”.
Impacto sobre los convenios y aviso de acciones gremiales
Uno de los puntos que el dirigente sindical señaló como más sensibles es el efecto directo sobre los trabajadores alcanzados por acuerdos sectoriales. “A todos aquellos que tenemos un convenio colectivo, si se aprueba la ley, se caen y van a la Ley de Contrato de Trabajo”, advirtió. Y alertó por una pérdida concreta de derechos.
Sola también cuestionó el enfoque económico del proyecto: “Se discute cómo se puede despedir mejor y no cómo se puede contratar mejor”. Y afirmó que para generar empleo genuino “se necesita un proyecto de inversión productiva que no lo hay”.
En la misma línea, apuntó contra la presión impositiva sobre las pymes y reclamó que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores: “Empiecen por acotar ahí, no sacarle y traspasar riqueza de los trabajadores al sector empresario”.
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Finalmente, el secretario general de la CGT ratificó que habrá respuesta sindical si el proyecto avanza: “Vamos a hacer todas las acciones gremiales que tengamos que hacer”, advirtió, y pidió no deslegitimar el rol del movimiento obrero.
“No nos pongan como que solo estamos acá para patear el hormiguero; estamos para patear el hormiguero si la comida no va a alcanzar para todas las hormigas. Queremos más formalidad, mejores derechos”, afirmó. “La modernización la podemos hacer los gremios, no se apresuren”, reclamó a la administración libertaria.
Jorge Sola, CGT, reforma laboral, Javier Milei
POLITICA
Provincias Unidas quiere arrebatarle al bloque radical el sello de la UCR

La interna radical sumó un capítulo inédito: ahora la pelea es también por el nombre. Cinco diputados que integran Provincias Unidas le pidieron formalmente al presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, que obligue al bloque radical de Diputados a cambiar su denominación. El argumento: sostienen que la bancada que conduce la mendocina Pamela Verasay actúa de manera “incompatible con los principios históricos del radicalismo” y, por lo tanto, no debería poder usar la sigla partidaria.
La nota está firmada por Martín Lousteau y su aliada Mariela Coletta, Pablo Juliano -cercano a Facundo Manes– y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir y al exmandatario Gerardo Morales. Todos ellos integran el núcleo radical que, junto a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), se distanció del alineamiento de otros correligionarios con Javier Milei.
Desde el otro lado, Verasay rechazó el planteo y devolvió el golpe. “El pedido es extemporáneo. Esta discusión la deberían haber dado cuando les propuse integrar un bloque de 12 con libertad de acción, sin mediatizar las diferencias, y se negaron”, replicó. Y cerró con una definición política: “Ellos son los que decidieron irse”.
El reclamo elevado al Comité Nacional no deja margen a medias tintas. Los diputados de Provincias Unidas piden que “ningún otro bloque parlamentario pueda continuar utilizando la denominación Unión Cívica Radical”, al considerar que ese rótulo debe estar “necesariamente asociado al respeto efectivo de los valores, principios, lineamientos políticos y disposiciones orgánicas” del partido.
El disparador inmediato fue la votación del Presupuesto 2026. En particular, el Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de servicios de discapacidad. Allí, el bloque radical quedó partido en tres: tres diputados votaron a favor, tres en contra y dos se abstuvieron, “en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria”, según sus detractores internos.
Los que avalaron el capítulo fueron los mendocinos Verasay y Lisandro Nieri, alineados con Alfredo Cornejo, y el chaqueño Guillermo Aguero, cercano a Leandro Zdero. Se abstuvieron Gerardo Cipolini (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos). En contra votó el correntino Diógenes González, aliado del gobernador Valdés.
Pero el texto va más allá de ese episodio. Los firmantes también denuncian “extorsión” por parte del bloque oficialista y de sus aliados durante la sesión del Presupuesto, y remarcan que Provincias Unidas sostuvo una postura “acorde a la línea partidaria” aun bajo presión.
No es la primera vez que la UCR vive un conflicto de este tipo. En diciembre de 2024, el tribunal de ética del partido expulsó a Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat por apoyar vetos de Milei -al financiamiento universitario y jubilaciones- en contra de la postura orgánica del radicalismo. Entonces, el tribunal habló de “conductas graves que lesionan la dignidad” del partido.
Ahora no hay pedidos de expulsión, pero sí una ofensiva simbólica: bloquear el uso del sello. “La sigla de nuestro partido debería reservarse a quienes respeten monolíticamente los lineamientos partidarios, la coherencia política y la confianza de quienes se identifican históricamente con la UCR”, advierten.
Provincias Unidas, recuerdan, nació para ser una “oposición responsable, federal y coherente”, sin alineamientos automáticos ni con el Gobierno ni con el kirchnerismo. En ese espejo, colocan al radicalismo que orbita alrededor de los gobernadores que se alinearon con la Casa Rosada.
El trasfondo es una grieta cada vez más nítida entre los radicales que toman distancia de Milei y los que construyen una sociedad política y electoral con los libertarios, como Cornejo y Zdero. Una disputa que ya no se juega solo en las votaciones, sino también en algo más profundo: quién tiene derecho a llamarse, hoy, Unión Cívica Radical.
En el bloque que conduce Verasay desestiman el planteo y lo leen como una reacción política. “Tienen una cultura rupturista. Ya pasó cuando Morales rompió el bloque de Mario Negri o cuando Lousteau y Manes se fueron del espacio de Rodrigo de Loredo. No saben perder: si no ganan, se llevan la pelota”, ironizan. Y cierran con su propio diagnóstico: la discusión real, dicen, es “cómo transformar al partido en un espacio moderno que interprete a la ciudadanía”.
Chiarella, alineado políticamente con Pullaro, no tiene previsto abrir esa discusión en el corto plazo, según indicaron a fuentes de su entorno. En las próximas horas se reunirá la mesa directiva del Comité Nacional -de la que forma parte Verasay-, pero la disputa por el uso del sello radical no figura en el temario.
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