POLITICA
Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno ultima los detalles para vender sus acciones de AySA
El Gobierno presidido por Javier Milei tiene la intención de que a lo largo de este año se concrete el proceso de privatización de algunas empresas públicas, en particular aquellas que ya tienen la habilitación legal para pasar por este procedimiento, como las comprendidas en la Ley Bases.
Hay una de ellas que tendrá novedades muy pronto. Una altísima fuente del Poder Ejecutivo indicó a Infobae que en el cortísimo plazo se iniciará la compulsa formal para que los privados puedan competir por el paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos, más conocido como AySA, que tiene como presidente al ingeniero Alejo Maxit.
“Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, afirmaron en Presidencia. Aunque no hay una fecha estimada, aseguran que para las próximas semanas será publicado en el Boletín Oficial. Aunque dicen que es seguro que estará antes de fin del primer trimestre, un funcionario marcó que podría llegar a salir en febrero.
Estos mismos plazos son los que se manejan al respecto de Belgrano Cargas y Logística, otra de las compañías que también fueron sujetas a privatización bajo la denominada Ley Bases. En esa legislación también fueron incluidas Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El último movimiento oficial del Gobierno sobre la privatización de Aysa se concretó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025. Esta normativa habilitó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado Nacional, que actualmente posee el 90% del capital social. En tanto, al igual que hoy, el 10% queda dentro de lo que es el programa de propiedad participada que le pertenece a los trabajadores de la compañía.
“Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, explicaron voceros oficiales a Infobae.
La venta debe ser, como mínimo, del 51% de las acciones para que alguien tenga la responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como un máximo posible. Todo lo que no se adquiera en el medio, será puesto a disponibilidad para que se pueda adquirir en el mercado mediante un esquema de free float.
Las autoridades de cerciorarse de que se cumplan las condiciones son el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), la cual preside actualmente el abogado Diego Chaher. Estas áreas se encuentran haciendo las últimas evaluaciones legales junto al equipo de María Ibarzábal, la responsable de la Secretaría de Legal y Técnica que depende de la Presidencia de la Nación.
Para aplicar no hará falta que sean compañías específicas del sector de distribución y saneamiento de aguas. Podrán participar compañías que tengan experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general. Una de las empresas que sonó como interesada en el último año y medio es SABESP, que es la sigla de Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo; la cual tiene una base aproximada de 27 millones de clientes.
Las entidades que controlarán el buen desempeño de la futura compañía será el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). La primera lo hará en el ámbito del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos; mientras que la segunda se encargará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.
Para disponerla para la privatización, el Gobierno había aprobado un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026 a los fines de dejar la compañía en condiciones para la futura gestión privada y, a partir de eso, mejorar las posibilidades de que haya ofertas. Las inversiones contempladas por parte del Estado para ese período son de un total de $ 753.900 millones. Como parte de este proceso también se habilitó un aumento tarifario mayor que el que se hizo en bajo la administración anterior.
El Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que desde abril a noviembre hubo transferencias de montos de capital (es decir, para la mejora de la infraestructura) de un total de $ 36.600 millones. La variación de transferencias en términos interanuales fue de -91%, debido a que el grueso de los primeros envíos de fondos superaron marcadamente a las que se hicieron en el 2025.
Otro de los pasos previos hechos por el Gobierno para adecuar las condiciones de la privatización fue la publicación del Decreto 805/2025 firmado por Javier Milei y todos sus ministros. Este puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA y, entre sus modificaciones legales, habilita a la futura compañía a realizar cortes de suministro por falta de pago.
AySA presta servicio para más de 11 millones de personas. Su alcance territorial y su competencia incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
POLITICA
Una jugada de Lula da Silva provocó sorpresa y enojo en la Argentina antes del acuerdo con la UE
Horas antes de la firma del demorado acuerdo con la Unión Europea, el gobierno de Javier Milei recibió con una mezcla de sorpresa y enojo una noticia inesperada que pone otra vez en extrema tensión al Mercosur.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había dejado trascender que no concurriría a la ceremonia de firma del acuerdo comercial, el sábado al mediodía en Asunción, recibirá un día antes a los líderes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en Río de Janeiro.
“Arma una cumbre paralela un día antes. Es una falta de respeto a sus socios”, afirmó una alta fuente del Gobierno. El vínculo personal de Lula da Silva con Milei fue áspero desde el inicio y se agrietó al límite en los últimos días por sus posturas contrapuestas sobre la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Ese malestar se extiende por estas horas al presidente anfitrión, Santiago Peña, quien a pesar de recientes chispazos con Lula da Silva confiaba en convencer a su par de Brasil de concurrir a la cita en Asunción para la postal de unidad del bloque regional, en un momento trascendente. Una postal que está lejos de producirse.
En la Casa Rosada y el Palacio San Martín, que encabeza el canciller Pablo Quirno, leyeron con atención el comunicado con el que, en la noche del miércoles, las autoridades del Consejo Europeo confirmaron el paso previo por Río de Janeiro. Y no ocultan su “decepción” con Von der Leyen por esta “atención especial” para con el presidente de Brasil, que esperaba firmar el acuerdo con la UE bajo su presidencia del bloque regional, el 20 de diciembre pasado, en Foz de Iguazú, antes de que el rechazo inicial del Consejo de Europa frustrara sus planes.
“Previo a la ceremonia de firma de los acuerdos UE-Mercosur en Asunción, el presidente Costa, junto con la presidenta von der Leyen, visitará Brasil para una reunión trilateral con el presidente (Luiz) Inácio Lula da Silva en Río de Janeiro”, confirmó el Consejo Europeo, anoche, en un comunicado que Itamaraty se encargó de difundir.
“Brasil es un socio clave para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, ordenamiento jurídico, democracia y derechos humanos. La reciente presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para avanzar en las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, allanando el camino hacia su firma a finales de esta semana en Paraguay. Esta visita oficial reforzará esta sólida alianza y fortalecerá aún más la relación bilateral”, agrega el elogioso comunicado en otro de sus tramos, que irritó particularmente en Buenos Aires y Asunción.
En los días previos, en Brasilia dejaban trascender que Lula no estaría en Paraguay, aunque sin dar detalles de la negociación subterránea con los líderes europeos. “La firma será de los cancilleres por decisión de la presidencia pro tempore que ocupa Paraguay”, era el argumento formal que daba la diplomacia de Brasil para justificar que el canciller Mauro Vieira, y no Lula, representaría al país más grande de la región en la ceremonia de firma, en el auditorio del Banco Central del Paraguay.
En Brasilia omitían que el resto de los presidentes (Peña, Milei y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi), sí confirmaron su presencia y estarán en el acto de firma. Con la novedad sobre la mesa, se esperan renovadas negociaciones en el seno del bloque a nivel de cancilleres, aunque las cartas parecen echadas: tres presidentes del Mercosur, y no cuatro, estarán en Asunción junto a los líderes de la UE, que un día antes posarán sonrientes para la foto con el restante.
Una jugada que en Buenos Aires leen como un “desquite” de Lula da Silva luego de la frustrada firma del acuerdo en territorio brasileño. Reafirman, en el mismo sentido, que Milei buscará más allá de la coyuntura seguir afianzando su “liderazgo” regional, con el apoyo de Trump y la intención de nuclear a gobernantes liberales en torno a su figura.
la firma del demorado acuerdo,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Crisis en la Justicia de Santa Cruz: la Corte se dividió y anuló el aumento millonario para jueces
El Poder Judicial de Santa Cruz enfrenta una nueva escalada en su crisis interna. Después de que un sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) definió un aumento salarial de más de $20 millones para los miembros de ese organismo, el juez Daniel Mariani —que firmó como presidente de la Corte— ordenó frenar el incremento.
La resolución de Mariani, notificada formalmente este miércoles, instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el incremento del 42% dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el propio Mariani, esta medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.
La disputa salarial agudizó una fractura institucional que comenzó en agosto, cuando la Legislatura provincial amplió de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal. Desde entonces, los cuatro jueces antiguos, alineados con el kirchnerismo, se niegan a reconocer a los nuevos integrantes propuestos por el gobernador Claudio Vidal.
En medio de ese quiebre institucional, Mariani rechazó la última medida y señaló que “el aumento fue firmado por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949”.
El conflicto pone en riesgo al funcionamiento judicial, hasta que se le encuentre una solución a la interna de los sectores enfrentados, que se acusan mutuamente de usurpar facultades.
El aumento impugnado, que preveía subas escalonadas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre, habría llevado los haberes de algunos magistrados hasta 24 millones de pesos. Esta cifra generó un abierto repudio desde Ejecutivo provincial. El gobernador Vidal denunció que los jueces “están atrincherados en sus privilegios” y que han sido “cómplices del saqueo” durante tres décadas.
La resolución que otorgaba el aumento fue rubricada solo por Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, es decir, apenas cuatro de los nueve vocales que deberían conformar el pleno del Tribunal Superior. El problema constitucional radica en que esa misma facción impugnó y desconoció la reforma judicial del gobernador. El grupo, que encabeza como su presidenta Fernández, sigue controlando los resortes del aparato judicial.
La protesta del gobernador Vidal y el detrás de escena de la polémica
En el fondo, hay una pelea sobre dónde está el poder de Santa Cruz.
En su impugnación al incremento, Mariani subrayó que esta situación vulnera el reglamento interno del máximo tribunal. “No existe respaldo de quórum necesario”, advirtió en su escrito oficial.
Otro aspecto que alimenta el conflicto es la ausencia de acceso a los registros oficiales. El juez díscolo denunció que “los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”, lo que impidió detallar tomo, registro y folio en la resolución de este miércoles.
Esta semana, el gobernador fustigó contra la medida. “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, expuso en sus cuentas de redes sociales. Vidal los volvió a acusar que fueron “30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”. “Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, reprochó.
La controversia no es nueva. Se remonta desde el momento en que Claudio Vidal resolvió ampliar en cuatro el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Tras la aprobación inicial del proyecto en la Legislatura, un juez de Primera Instancia consideró admisible el amparo presentado por el gremio judicial y dispuso medidas cautelares que suspendieron durante diez días el tratamiento de las ternas remitidas por el Ejecutivo provincial.
Vidal cuestionó la resolución judicial y la calificó como un “golpe judicial”. Además, acusó al magistrado que aceptó el amparo, Marcelo Bersanelli, así como al exministro de Gobierno y actual vocal del TSJ, Fernando Basanta, de actuar en favor del kirchnerismo.
A pesar de la medida cautelar, la mayoría oficialista en la Legislatura aprobó en una sesión extraordinaria la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos miembros del TSJ, quienes prestaron juramento al día siguiente.
Sin embargo, el pasado 17 de diciembre, los mismos cuatro vocales que impulsaron el aumento ya habían declarado inconstitucional la ampliación del tribunal. Para alcanzar la mayoría necesaria en esa oportunidad, convocaron a un juez subrogante. El fallo está actualmente bajo apelación por parte de los nuevos vocales y la Fiscalía de Estado, lo que mantiene la decisión en suspenso.
Desde octubre, el doble poder de presidencias en el TSJ quedó expuesta cuando Mariani y Fernández firmaron resoluciones simultáneas como presidentes. Mientras Mariani tomaba juramento a los nuevos vocales, Fernández instruía a los jueces a desobedecer las directivas del presidente rival.
El incremento generó bronca y fastidio, tanto desde el oficialismo como en sectores críticos del gobernador Vidal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula del Poder Judicial y estimó que el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual. El sindicato pidió que el aumento debe quedar sin efecto.
“Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”, lamentó en un comunicado.
La puja por el control de la Corte local convirtió a Mariani y Fernández se en referentes visibles de bandos antagónicos. La gobernación y el sector liderado por Mariani insisten en que solo una sentencia firme podrá destrabar la legitimidad de los nombramientos y la validez de las resoluciones.
Mientras tanto, la Justicia provincial permanece sumida en una parálisis sin precedentes, bajo la sombra de su propia fragmentación.
La temporada alta expuso serias dificultades en la operatoria de Flybondi y encendió las alarmas en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que avanzó con actas de infracción por la suspensión de vuelos sin comunicación previa.
La medida se apoyó en miles de denuncias de pasajeros que reportaron demoras, cancelaciones y falta de respuestas.
Desde el organismo explicaron que la intervención se realizó “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”.
Flybondi canceló 125 vuelos en los últimos días: más de 22.000 pasajeros afectados
Las actas dan inicio a un proceso administrativo que puede concluir en sanciones económicas o en la suspensión temporaria de las autorizaciones de vuelo.
En ese marco, fuentes oficiales remarcaron que “La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes” y recordaron que este tipo de controles había quedado relegado desde 2020. También señalaron que “el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas”.
En los últimos días, más de 22.000 pasajeros se vieron afectados por más de un centenar de vuelos cancelados. La empresa atribuyó los inconvenientes a problemas operativos y aseguró que el servicio “comenzaría a normalizarse en el transcurso de esta semana”.
La entrada El Gobierno sancionó a Flybondi por las cancelaciones y evalúa nuevas penalidades se publicó primero en Nexofin.
CANCELACIÓN FLYBONDI,Flybondi,FLYBONDI RECLAMOS,VUELOS FLYBONDI
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