La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza será de 24 horas y se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la central sindical, convocada de urgencia ante la posibilidad de que el oficialismo lleve el debate al recinto en los próximos días. Se tratará del cuarto paro nacional desde el inicio de la gestión libertaria y marcará una nueva escalada en la relación entre la Casa Rosada y el sindicalismo.

El triunvirato cegetista también resolvió que no habrá movilización al Congreso, a diferencia de otras protestas recientes. La estrategia será paralizar la actividad económica a través de la adhesión del transporte y de los principales gremios del país, lo que anticipa un impacto significativo en todo el territorio nacional.

Reforma laboral: el Gobierno anunció cambios y evalúa mantener el total del sueldo en enfermedades graves

Uno de los puntos que despejaba dudas era la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no integra actualmente la conducción de la CGT y en ocasiones anteriores se había mantenido al margen de las huelgas generales. Sin embargo, tras contactos entre dirigentes sindicales, el gremio confirmó su acompañamiento.

“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon desde el sindicato que lidera Roberto Fernández.

La participación de los colectiveros se suma a la adhesión de los ferroviarios, los maquinistas, los gremios aeronáuticos, marítimos y portuarios, además de camioneros, lo que garantiza un freno casi total al transporte público y de cargas.

Dentro de la central obrera la postura inicial era mantener una estrategia más moderada para intentar introducir cambios en el proyecto, pero la presión interna de distintos sindicatos y la controversia generada por el régimen de licencias médicas aceleraron la decisión.

El artículo 44 aprobado en el Senado modifica el sistema actual y prevé que los trabajadores que no puedan cumplir tareas por enfermedad o accidente no laboral cobren el 50% del salario, o el 75% si la situación no deriva de una conducta voluntaria ni de un riesgo conocido.

“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, sostuvo un dirigente dialoguista de la CGT.

En paralelo, el triunvirato sindical asistirá esta semana a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, donde comenzará el análisis del proyecto. La central busca exponer sus objeciones formales antes del tratamiento en el recinto.

El rechazo sindical no se limita al esquema de licencias. La central gremial también cuestiona las modificaciones sobre indemnizaciones, el banco de horas, las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas gremiales. Incluso, la organización ya analiza una estrategia judicial si la norma es sancionada.

En el Gobierno reconocen que el punto de las licencias generó controversia y evalúan alternativas reglamentarias para evitar que la discusión complique la aprobación definitiva. Mientras tanto, el clima político y gremial vuelve a tensarse y anticipa semanas de alta conflictividad laboral en medio del debate legislativo.

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La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que el Gobierno cometió un error en la redacción del artículo que modifica el régimen de licencias médicas dentro del proyecto de reforma laboral y aseguró que buscarán corregirlo antes de la votación en Diputados. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades”, sostuvo.

En este sentido, justificó la equivocación señalando: “Te puede pasar en doscientos diez artículos que tiene la ley”. “Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer“, añadió. “El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”, aseguró.

En una entrevista con TN, la ex ministra de Seguridad defendió la necesidad de cambiar la legislación actual sobre el mencionado punto al sostener que el esquema vigente favorece el ausentismo, y remarcó que la iniciativa tiene respaldo de múltiples sectores como “las pymes y los jueces”.

“La recomendación del cambio del artículo 208 – de la actual ley 20.744-, a niveles de cómo esto se trata internacionalmente era un reclamo por la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados”, explicó. El proceso tomó en cuenta “las mil quinientas empresas, sindicatos, decidimos introducir ese cambio. Lo comunicamos en una mesa que nosotros tenemos, se discutió, algunos estaban más de acuerdo, otros menos de acuerdo, finalmente se votó con cuarenta y dos votos”.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara alta el miércoles pasado, establece que el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante el período de licencia por enfermedad no vinculada con la actividad laboral, en lugar del 100% que garantiza la ley actual. El porcentaje depende de si la incapacidad surge por una actividad voluntaria y consciente o no del empleado. “No empañamos la ley nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate”, manifestó al respecto.

La senadora por La Libertad Avanza se refiririó a la posibilidad de que el texto vuelva a tratarse en el Senado y, analizando los escenarios posibles, sostuvo que de ser así, a lo sumo “tardará una semana más”. “Para nosotros es lograr una ley tan importante… por eso en diciembre la pasé a febrero, porque sabía que no la podía tratar en dos días”, recordó Bullrich sobre la decisión que tomó cuando el principal objetivo era el Presupuesto 2026.

Manteniendo una mirada optimista sobre el debate y la posibilidad de que la reforma se apruebe, enfatizó que el Gobierno no teme a una eventual nueva revisión parlamentaria y que la corrección del artículo busca evitar efectos indeseados sobre trabajadores con enfermedades graves. “Cuando uno reconoce que tiene que trabajar con otros y de golpe se instala un tema que desde mi perspectiva, cambiar ese artículo está bien, con este detalle que nos faltó, pero está muy bien porque es terminar con una mafia que existe”, insistió sobre uno de los cambios que más ruido ocasionó.

El artículo 44 es el eje de la controversia tras haber sido añadido a último momento durante la votación en el Senado. “Hay cientos de personas presas por certificados truchos en Argentina y hay cientos de personas que hace dos o tres años que van renovando y renovando los certificados”, se quejó. El oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios, aunque admite que una corrección al régimen de licencias podría modificar el calendario legislativo y demorar la sanción definitiva de la ley.

Por el otro lado, el Consejo Directivo de la CGT anunció un paro general de 24 horas que coincidirá con el debate en la Cámara baja, medida que representa el cuarto cese de actividades durante la gestión de Javier Milei. En este contexto, el Ejecutivo sigue de cerca la posición de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien la UTA ratificó su adhesión a la protesta, en el Ejecutivo no descartan una posible negociación que permita garantizar el funcionamiento del transporte durante la jornada de paro, al menos en el rubro de los micros.

El alcance de la medida de fuerza se amplía porque al paro de la UTA se suman otros gremios del sector transporte. La Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, confirmaron que los trenes no prestarán servicio. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), bajo la conducción de Juan Carlos Schmid, nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, todos los cuales también pararán ese día.

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