ECONOMIA
¿Hay que subir mas las tarifas para evitar los cortes de luz?: el veredicto de expertos
El sistema eléctrico atraviesa una etapa de transición marcada por la reciente Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), un proceso regulatorio busca normalizar un sector que experimentó años de desfasaje entre los costos de operación y los ingresos percibidos por las empresas, un tema clave para encarar las millonarias obras de inversión que requiere el sector. El debate se retoma en medio del apagón que afectó a un millón de usuarios en el AMBA.
Según especialistas y fuentes oficiales, la recomposición de los cuadros tarifarios permitió a las compañías distribuidoras mejorar su capacidad de recaudación, estabilizando su gestión financiera tras períodos de congelamiento y atrasos tarifarios por casi dos décadas, a partir de la crisis de 2001 que echó a rodar el problema con la pesificación de las tarifas.
En el caso del AMBA, las empresas Edenor y Edesur presentaron planes de inversión que superan los u$s2.100 millones para el próximo quinquenio, un flujo de fondos que ayudará a recomponer las redes pero que se volcará de forma progresiva a lo largo de los próximos años, con lo cual la recuperación de la prestación en parámetros normales no será inmediata.
Ese flujo proviene de la mayor disponibilidad de recursos generada por los ajustes mensuales en las facturas, los cuales incorporan fórmulas de actualización automática basadas en la inflación. La finalidad primordial de estos desembolsos es reforzar la red de media y baja tensión para reducir la frecuencia y duración de las interrupciones en el servicio.
Las dos grandes compañías, admiten en privado desde que se realizó la revisión tarifaria que con la normalización de ingresos se puede proyectar el plan de obras necesario para recuperar la calidad del servicio. La tarifa actual, en este sentido, funciona como el motor financiero para el mantenimiento básico y la solvencia de las empresas.
Las distribuidoras recuperan la caja para invertir
La recuperación de caja posibilita que las distribuidoras cumplan con las obligaciones de mantenimiento y expansión que estipulan sus contratos de concesión. Al volver a ser «sujetos de crédito», las firmas pueden acceder a financiamiento con tasas más competitivas, lo que resulta esencial para sostener la operatividad en áreas de alta demanda como el AMBA.
Expertos del sector coinciden en que los años de atraso en la infraestructura, producto de políticas de precios fijos, obligan a un proceso de recuperación extenso. Las mismas compañías admiten que la mejora en la prestación del servicio se percibirá de forma paulatina.
La acumulación de tareas de mantenimiento postergadas requiere un cronograma de ejecución que no puede completarse en un solo ciclo estacional, ya sea por el incremento de la demanda por crecimiento econpomico y poblacional como, especialmente, por los fuertes incrementos estacionales por eventos climáticos extremos.
La Secretaría de Energía estableció que el objetivo es reducir los cortes de luz entre un 40% y un 50% hacia el final del período regulatorio de cinco años. Para alcanzar esta meta, la revisión tarifaria no solo contempla el valor de la energía, sino también el reconocimiento de los activos y pasivos regulatorios acumulados.
Deudas reclamadas por u$s3.500 millones
La negociación sobre estas deudas pasadas reclamadas por las distribuidoras asciende a más de u$s3.500 millones, en concepto de atrasos tarifarios por decisiones del Estado nacional que durante sucesivas gestiones de gobierno congeló o retrasó las actualizaciones tarifarias, además de no cumplir con las revisiones quinquenales dispuestas en los pligos de concesión.
En este punto, el Gobierno nacional había propuesto en el proyecto de Presupuesto 2026 la posibilidad de compensar esas deudas con las acreencias que el Estado a través de Cammesa tenía con las distribuidoras por la energía eléctrica suministrada, no pagada por las compañías por falta de ingresos suficientes, y que se saldaron oportunamente con fondos del tesoro.
En este contexto, al evitar que los ingresos de las prestadoras vuelvan a quedar rezagados respecto a la inflación, el marco regulatorio intenta blindar el plan de obras de posibles crisis macroeconómicas. Los expertos sostienen que la previsibilidad es el activo más valioso recuperado en esta instancia de revisión.
En definitiva, la respuesta al interrogante sobre la falta de inversiones se divide en dos niveles de ejecución. Mientras que las distribuidoras recuperaron su capacidad de acción para las obras locales de cercanía, el sistema aún depende de que se concreten las licitaciones de gran envergadura.
Quién se hace cargo de las grandes obras
Por otro lado, existe un segmento de la infraestructura que excede la responsabilidad y la capacidad financiera directa de las distribuidoras. Se trata de las grandes obras de transporte en alta tensión, cuya magnitud y costos requieren de una arquitectura de financiamiento distinta. Estas obras son fundamentales para evacuar la energía desde los centros de generación hacia los nodos de consumo, evitando cuellos de botella en el sistema nacional.
El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico es una iniciativa estratégica lanzada por el Gobierno para modernizar y robustecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Su objetivo central es resolver los «cuellos de botella» estructurales que impiden el flujo suficiente de la energía desde los centros de generación (como los parques eólicos en el sur o solares en el norte) hacia las grandes áreas de consumo, mitigando así el riesgo de cortes de suministro.
Este plan marca un cambio de paradigma, ya que delega la construcción y el financiamiento en el sector privado mediante un esquema de concesión de obra pública (bajo el Decreto 921/2025), sin comprometer recursos fiscales directos del Estado.
El Gobierno definió un listado de proyectos urgentes que suman más de 5.000 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, con una inversión estimada superior a los u$s6.600 millones. Dentro de este paquete, se seleccionaron tres obras críticas para iniciar el proceso de licitación de forma inmediata que encabezan la lista de prioridades para este 2026 debido a su impacto inmediato en la red.
En primer lugar, se destaca el Proyecto AMBA I, que incluye la instalación de un equipo compensador (STATCOM) en la subestación Ezeiza; esta obra busca reforzar el anillo de 500 kV que rodea el área metropolitana para prevenir colapsos ante picos de demanda. Se trata de una obra de al menos u$s1.100 millones cuyo llamado a licitación es inminente.
Por otro lado, resulta vital la nueva línea de 500 kV que conectará Puerto Madryn con Choele Choel y Bahía Blanca, una pieza de ingeniería fundamental para evacuar el potencial eólico de la Patagonia hacia el centro del país. Finalmente, el plan prioriza el vínculo entre Río Diamante, Charlone y O’Higgins, que permitirá integrar la generación eléctrica del oeste con el norte de la provincia de Buenos Aires, aportando mayor estabilidad y seguridad al sistema nacional.
Conclusión: cómo se soluciona la crisis
El veredicto de los expertos es claro y matizado: no faltan inversiones en términos de planificación y financiamiento corriente, ni resulta imprescindible subir aún más las tarifas en el corto plazo, pero sí hace falta tiempo y ejecución efectiva. La Revisión Quinquenal devolvió previsibilidad, caja y acceso al crédito a las distribuidoras, lo que permite encarar obras de mantenimiento y expansión en las redes urbanas, aunque sus efectos no serán inmediatos.
Los cortes persistirán mientras se salda el atraso acumulado de años y mientras no entren en operación las grandes obras de transporte en alta tensión, que hoy dependen de licitaciones privadas aún en proceso.
En síntesis, la tarifa actual es condición necesaria para mejorar el sistema, pero no suficiente por sí sola: la clave para evitar nuevos apagones está menos en nuevos aumentos y más en que las inversiones comprometidas -locales y estructurales- se concreten en tiempo y forma.
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La escalada del conflicto en Medio Oriente comienza a trasladarse a las proyecciones de la economía mundial. El encarecimiento del petróleo y del gas, impulsado por la tensión bélica con Irán, ya llevó a analistas internacionales a recalcular sus estimaciones de crecimiento e inflación para los próximos meses.
Un informe reciente de Goldman Sachs advierte que el shock energético derivado de la guerra podría restar cerca de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PBI global el próximo año. Al mismo tiempo, la presión sobre los precios de la energía podría agregar entre 0,5 y 0,6 puntos a la inflación mundial.
El estudio fue elaborado por los economistas Joseph Briggs y Megan Peters, quienes analizaron el impacto que la nueva dinámica del mercado energético podría tener sobre la actividad económica.
Choque energético: el alza del crudo presiona costos y consumo mundial
El análisis parte de un cambio en las previsiones para el petróleo y el gas tras el recrudecimiento del conflicto y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de crudo a nivel global.
Según el banco, cuando se producen shocks energéticos de esta magnitud, los efectos suelen trasladarse rápidamente a la economía real. El encarecimiento de la energía incrementa los costos productivos, presiona sobre los precios al consumidor y termina afectando el ritmo de expansión de las economías.
Nuevas estimaciones para la economía mundial
En este nuevo escenario, Goldman Sachs corrigió sus cálculos sobre la evolución del PBI global. Ahora prevé que la economía mundial crezca alrededor de 2,6%, por debajo del 2,9% estimado antes de que estallara el conflicto.
Por otro lado, las proyecciones revisadas indican que la inflación global podría ubicarse alrededor del 2,9%, por encima del 2,3% estimado en el cálculo anterior del banco.
El alza del petróleo impacta la economía de Estados Unidos y ajusta previsiones
Las revisiones no se limitan al panorama global. En un informe difundido días atrás, los economistas Manuel Abecasis y David Mericle analizaron cómo el aumento del petróleo podría trasladarse a la economía estadounidense.
Según sus estimaciones, el crecimiento interanual del PBI en el cuarto trimestre podría situarse en torno al 2,2%, tres décimas menos que lo previsto anteriormente. Para el total del año, la expansión económica se ubicaría cerca del 2,6%.
En cuanto a inflación, el índice PCE —referencia clave para la Reserva Federal— podría registrar un aumento interanual del 2,9% hacia diciembre.
El petróleo, en el centro de la escena
El equipo de materias primas de la entidad también actualizó sus pronósticos para el mercado energético. Según las estimaciones vigentes, el crudo Brent podría cotizar alrededor de u$s98 por barril entre marzo y abril, lo que representa un incremento cercano al 40% respecto al promedio de 2025.
Sin embargo, si el conflicto se intensificara y afectara el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, las cotizaciones podrían escalar aún más. En un escenario extremo, el crudo podría llegar a ubicarse entre u$s110 y u$s145 por barril.
Un impacto más acotado que en la pandemia
A pesar de estas presiones, Goldman Sachs considera que el efecto macroeconómico de esta crisis podría ser más limitado que el observado tras la pandemia. En aquel momento, las interrupciones en las cadenas de suministro afectaron a varios sectores de la economía global de manera simultánea. Actualmente, el impacto se concentra sobre todo en el mercado energético.
Por otra parte, el comercio no relacionado con la energía con los países del Golfo equivale apenas al 1% del comercio global, lo que limita el riesgo de afectaciones más amplias en la producción y el intercambio internacional.
El principal riesgo seguirá siendo el encarecimiento de la energía y su traslado a los precios de la economía. Ese factor podría condicionar la estrategia de los bancos centrales en los próximos años.
De hecho, el banco señala que los mercados financieros ya comenzaron a ajustar sus expectativas: en varias economías avanzadas, como Estados Unidos, la eurozona y el Reino Unido, aumentaron las previsiones de tasas de interés hacia finales de 2026.
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Una jornada clave para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca el calendario previsional este martes 17 de marzo de 2026. Miles de argentinos recibirán hoy el pago correspondiente a sus prestaciones, en el contexto del reciente aumento del 2,88% que rige desde principios de mes.
La actualización de haberes impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto a la continuidad del bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.
El cronograma fijado por la ANSES para marzo de 2026 organiza la acreditación de fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular de cada prestación.
Este martes, distintos grupos de beneficiarios están habilitados para cobrar en bancos y cajeros automáticos, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
En esta jornada, cobran los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 6. El pago incluye la jubilación mínima actualizada y el bono extraordinario de $70.000. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI finalizado en 6 también reciben hoy el pago correspondiente a marzo.
Las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y tienen DNI terminado en 5 acceden hoy a la acreditación de su prestación. El monto fue ajustado con el aumento de marzo y está sujeto a las mismas condiciones de liquidez automática que el resto de las asignaciones.
Quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad y poseen DNI terminado en 4 o 5 tienen acreditado el pago desde hoy. El acceso es automático en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) para titulares con DNI terminado en 6 o 7 correspondieron al 12 de marzo, por lo que hoy no hay pagos nuevos para este grupo.
El calendario de ANSES puede consultarse en la plataforma “Mi Anses” y en la aplicación móvil del organismo, con acceso personalizado usando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.
El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.
Todos los haberes se acreditan según la terminación del DNI y el monto percibido, conforme a la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas.
Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.
La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.
Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril, mientras que la Prestación por Desempleo para titulares con DNI finalizados en 4 y 5 se acredita hoy, 16 de marzo, según el calendario oficial de la ANSES.
La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.
Con el dólar contenido y la actividad débil, el Gobierno evalúa bajar tasas, pero el petróleo caro y los combustibles abren otro riesgo
16/03/2026 – 13:40hs
El Gobierno enfrenta un dilema cada vez más claro: cómo darle aire a una economía que sigue débil sin poner en riesgo la calma cambiaria, que por ahora se mantiene como uno de los principales activos del programa económico.
El mercado no ve un salto brusco del dólar, sino una suba gradual
En el frente cambiario, la foto sigue contenida. El dólar oficial mayorista se mantiene cerca de los $1.400 y el consenso de los 44 economistas relevados por FocusEconomics lo ubica en $1.713 para diciembre, mientras que en el mercado de futuros se convalidó para fin de año un valor cercano a $1.730. Incluso el Presupuesto 2026 contempla un dólar mayorista de $1.423 para diciembre, un nivel similar al actual.
Esa combinación refuerza, al menos por ahora, la idea de que el mercado no espera un salto brusco del tipo de cambio, sino una corrección gradual. En ese contexto, la estabilidad cambiaria se mantiene como un ancla clave para las expectativas.
La estabilidad cambiaria convive con una economía que sigue débil
Pero detrás de esa calma cambiaria persiste una economía real que no termina de reaccionar. Con consumo débil, crédito todavía restringido y empresas que siguen operando con márgenes ajustados, en el mercado empezó a crecer la idea de que el Gobierno podría buscar algún alivio para la actividad.
En ese contexto, las tasas de interés aparecen como una de las variables bajo análisis. No se trata, por ahora, de una medida confirmada ni de un anuncio inminente, sino de una discusión que gana espacio a medida que la estabilidad del dólar convive con una recuperación económica todavía frágil.
Una eventual baja de tasas podría mejorar las condiciones de financiamiento para consumo, capital de trabajo e inversión, algo especialmente relevante para pymes y sectores que todavía no logran recuperarse. Pero, al mismo tiempo, también podría restarle atractivo a los plazos fijos y a otros instrumentos en pesos, en un esquema que todavía depende en buena parte de sostener la demanda de moneda local.
Por eso, el mercado sigue de cerca hasta dónde tiene margen el Gobierno para darle algo de aire a la actividad sin afectar uno de los pilares que hoy sostienen la calma financiera.
El Brent arriba de u$s100 y los combustibles vuelven a meter presión
Ese debate se da, además, en un contexto internacional más complejo. La tensión en Medio Oriente volvió a empujar al petróleo por encima de los u$s100 y reabrió una fuente de presión directa sobre la economía argentina.
Las petroleras ya trasladaron parte de ese movimiento a los surtidores, con aumentos de entre 4% y 6%, pero al mismo tiempo advierten que los combustibles todavía mantienen un atraso cercano al 25% frente a los costos internacionales. Eso deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes si el precio del crudo se sostiene en estos niveles.
El impacto no se limita al sector energético. Combustibles más caros implican mayor presión sobre transporte, logística y costos de producción, en un contexto en el que la inflación sigue siendo una variable sensible y la actividad todavía no muestra una recuperación firme.
En síntesis, el dólar se mantiene calmo y el mercado no proyecta por ahora un salto brusco, pero el equilibrio es más delicado de lo que muestra la foto cambiaria. El desafío del Gobierno pasa por sostener esa estabilidad sin seguir enfriando la economía, en un escenario donde el petróleo caro vuelve a meter presión sobre precios, costos y expectativas.
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