Mariano De Vedia,Carlos Menem,Conforme a,Carlos Menem,,Análisis. Bocetos de una economía diferente,,¿Con qué necesidad?,,Lesa humanidad: una claudicación histórica

La diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano redobló la apuesta y reivindicó su polémica acción durante el inicio del debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, donde fue filmada desenchufando cables y dispositivos técnicos del recinto. Este episodio generó la reacción inmediata de La Libertad Avanza y un pedido de expulsión de la Cámara baja.

Todo ocurrió cuando, antes de que comenzara la sesión, Carignano fue captada por las cámaras desconectando los dispositivos de los taquígrafos y micrófonos. Según explicó en diálogo con Radio 10, el gesto fue una respuesta directa al clima de desorganización y tensión que reinaba en el recinto.

Al ser consultada sobre si se arrepentía del gesto, fue contundente: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”. Luego, la legisladora minimizó el hecho y señaló que el foco debía estar puesto en el contenido del debate y no en una anécdota técnica. “Lo volví a poner a los dos minutos”, agregó.

La legisladora sostuvo que la viralización de su acción fue utilizada para “desviar la discusión” sobre el fondo de la sesión. “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”, sentenció.

Carignano contextualizó su protesta como una reacción a lo que describió como un procedimiento irregular por parte de la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem. Denunció que se buscó impedir la palabra a diputados de la oposición, reducir la cantidad de oradores y acelerar el tratamiento de la reforma: “Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”.

La diputada remarcó que la sesión comenzó sin que se hubieran alcanzado acuerdos en la reunión parlamentaria previa y acusó a la conducción de “violar el reglamento”. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, afirmó.

Durante su intervención, Carignano también hizo referencia al clima de enfrentamiento con diputados oficialistas, mencionando a figuras como Lilia Lemoine y Paula Penacca. Y criticó la presencia de legisladores que, según su visión, buscan “provocar” y “filmar” en lugar de contribuir al debate de fondo: “Tenemos este tipo de gente enfrente, entonces vos no podés generar ninguna discusión porque te filman, no pueden hablar”.

La diputada relató que, en medio del desborde, se cayó el quórum y se debió haber levantado la sesión, pero el presidente de la Cámara decidió no hacerlo. “Esperó hasta que llegó el último diputado. Eso no existe, no está en el reglamento”, denunció, apuntando directamente a Martín Menem.

La reacción de LLA: pedido de expulsión

El episodio no tardó en tener consecuencias políticas. Desde La Libertad Avanza denunciaron públicamente a Carignano y solicitaron su expulsión de la Cámara Baja, acusándola de “realizar actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso”.

Este viernes, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni presentó un proyecto de resolución donde solicita formalmente su exclusión de la Cámara por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.

Los fundamentos del pedido destacan que la diputada interfirió directamente en el normal desarrollo de la sesión, afectando el trabajo de los taquígrafos y del personal técnico de la Cámara. El documento remarca que el funcionamiento del sistema de registro taquigráfico es esencial para la validez institucional de las deliberaciones parlamentarias.

La acusación libertaria fue acompañada por un pedido formal y declaraciones en medios, donde insistieron en el carácter antidemocrático de la actitud de la legisladora.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno entró en su tramo final, pero no sin costos políticos. Tras la controversia generada por el capítulo que alteraba el pago de salarios durante las licencias médicas, el oficialismo decidió dar marcha atrás con ese punto para lograr el visto bueno en Diputados y el dictamen en el Senado, donde debe concentrar sus esfuerzos para garantizar la aprobación definitiva.

El artículo en cuestión había sido incorporado a último momento al proyecto original y proponía cambios sustanciales en el esquema de ausencias por enfermedad. La iniciativa contemplaba que, en determinados casos, el trabajador cobrara solo el 50% de su salario si la afección se vinculaba a una actividad voluntaria ajena al trabajo, mientras que en otras situaciones percibiría el 75%.

La propuesta generó rechazo tanto en la oposición como en sectores aliados y sindicales, que anticiparon dificultades para acompañar la norma.

El oficialismo consiguió dictamen para la reforma laboral en el Senado y buscará aprobarla el próximo viernes

En los días posteriores, la Casa Rosada optó por retirar ese capítulo para evitar que el proyecto completo quedara empantanado en el Congreso. La decisión implicó un repliegue político, pero permitió mantener en pie el resto del paquete de modificaciones laborales, considerado prioritario por el oficialismo para reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones.

Dentro del Gobierno reconocían que la polémica dejó ruido interno. Las críticas se concentraron especialmente en la defensa pública que algunos funcionarios habían realizado del artículo, lo que amplificó el rechazo político y sindical.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclararon a Infobae que ese apartado no formaba parte del texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo.

La eliminación del capítulo obligó a que el proyecto vuelva a la Cámara alta para su revisión final. En Balcarce 50 confían en conseguir los votos necesarios durante la última semana de sesiones extraordinarias, donde la reforma laboral aparece como una de las principales prioridades legislativas.

Reforma laboral: qué pasará con el salario si un trabajador se enferma tras la caída del artículo 44

Mientras tanto, el oficialismo busca evitar nuevas fisuras internas. La estrategia consiste en concentrar la discusión en los puntos centrales de la reforma, entre ellos la modernización de modalidades de contratación, cambios en los mecanismos indemnizatorios y la reducción de conflictos judiciales entre empleadores y trabajadores.

En paralelo, el Ministerio de Desregulación avanza en la preparación de normas complementarias que deberán instrumentarse una vez aprobada la ley. Parte de ese trabajo incluye decretos y resoluciones orientados a adecuar el marco regulatorio a los compromisos comerciales internacionales asumidos por la Argentina, particularmente en relación con acuerdos de intercambio económico.

En el Congreso, la discusión promete volver a ser intensa. Sectores sindicales ya anticiparon protestas y presiones sobre los legisladores, mientras que gobernadores y bloques dialoguistas negocian cambios menores para acompañar la iniciativa. El oficialismo, sin embargo, apuesta a que la eliminación del punto más controvertido permita descomprimir el debate.

De aprobarse sin nuevas modificaciones, el proyecto quedará sancionado y el Gobierno obtendrá una de sus principales leyes estructurales en materia económica. Para la administración libertaria, la reforma laboral forma parte del paquete de medidas orientadas a incentivar el empleo formal y modificar reglas que consideran obsoletas dentro del mercado de trabajo argentino.

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