POLITICA
El Gobierno intenta salvar una parte de la reforma laboral ante un escenario de cambios inevitables
El debate por el proyecto de ley de reforma laboral se concentró en los últimos días en una puja de recursos entre la Nación y las provincias que en una disputa por los derechos y responsabilidades de trabajadores, sindicatos y empresarios.
La cancha la marcaron los gobernadores, que dejaron en claro que no convalidarán un recorte en su recaudación por la baja de impuestos coparticipables. La Casa Rosada, en tanto, pelea por resguardar la mayor parte del texto, con la mira en salvaguardar su impulso reformista así como su compromiso de achicar la carga impositiva.
Es que en el proyecto oficial de “modernización laboral” hay un apartado entero dedicado a ajustes tributarios. Uno de ellos es una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, como así también la exención de este tributo por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. Las alarmas provinciales se encendieron porque su recaudación se distribuye entre las distintas jurisdicciones.
De acuerdo a un informe del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), se estima que el costo fiscal inicial de estas modificaciones en Ganancias durante el 2026 sería de 0,22% del Producto Bruto Interno ($1,9 billones anuales). De este total, el gobierno nacional dejaría de recibir $790.000 millones y el conjunto de provincias y la Ciudad, $1,12 billones.
En la Casa Rosada ya descartan que deberán aceptar cambios en el texto para atravesar el Congreso, donde la mayoría de los gobernadores cuentan con legisladores que les responden. Ahora, el Gobierno deberá definir el tenor de esas modificaciones y hasta qué punto ceder. Parte de esa discusión se dio el viernes pasado en la primera reunión de 2026 de la mesa política en Balcarce 50. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay”, había dicho Patricia Bullrich, quien comanda la discusión en el Senado.
La postura de los gobernadores está clara. Incluso aquellos que suelen contribuir con la Casa Rosada, y que apoyan una reforma laboral como motor de una reactivación del empleo y de la producción, adelantaron a que no van a convalidar que la reforma se financie con más recortes en sus arcas. Exigen que la baja impositiva sea gradual, atada a la reactivación económica, un proceso escalonado que amortigüe el peso del ajuste.
Otro punto que plantearon es que el Ministerio de Economía se sume a la mesa de discusión que encabezan el ministro del Interior, Diego Santilli, con las provincias; Bullrich con los senadores, y Martín Menem con los diputados. Los artículos 188 y 191 son los que más tensiones generan debido a que reduce la recaudación de Ganancias y, por ende, los fondos coparticipables.
El artículo 192 del dictamen también enciende alarmas en las provincias. El texto propone dejar sin efectos una serie de impuestos internos coparticipables que gravan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, así como embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves.
Según los cálculos más moderados, como los del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo fiscal de la medida -que alcanza principalmente a contribuyentes de mayores ingresos- rondaría los US$334 millones anuales. Para el exgobernador chaqueño y actual senador Jorge Capitanich, el impacto sería aún mayor y ascendería a unos US$548 millones.
En la mesa chica de Milei hay optimismo con respecto al devenir del proyecto. Allí conviven un grupo más conciliador, dispuesto a introducir cambios, liderado por Bullrich; y otro que se ubica en la vereda más dura, referenciada en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y en el de Economía, Luis Caputo. La senadora está convencida de que lo importante es que salga la ley con sus partes fundamentales, mientras que del otro lado consideran que ya fueron demasiadas las concesiones que se hicieron. La norma, según los ministros, debe salir tal cual está.
“El Presidente es bilardista”, le recordó un dirigente acuerdista al grupo de los intransigentes con el argumento de que “lo importante es conseguir la ley”. Los más flexibles consideran “ridículo” no querer resignar “el 20%” del proyecto si se puede sacar el 80% restante, que es lo más importante de la norma.
A partir de esta semana, comenzará una nueva ronda de reuniones en el Senado con los equipos técnicos de Bullrich, que volverán a tomar la temperatura a los legisladores. Será un primer abordaje para coordinar una agenda formal que termine de ajustar voluntades de cara al recinto. Si esta prueba es superada, la media sanción deberá hacer el mismo recorrido en Diputados. Para evitar dilaciones, Bullrich y Menem trabajan en espejo. Buscan eludir modificaciones no previstas que devuelvan el texto en revisión y alarguen los plazos de su sanción.
La aritmética oficialista es auspiciosa, aunque la negociación sigue abierta. Si todo camina, la idea es ir a recinto en el Senado el 11 de febrero. En el bloque libertario, de 20 senadores, confían en sumar al cordobés Luis Juez, a los tres legisladores de Pro y a los más dóciles de la UCR. Con los dos de Misiones −aliados al gobernador Hugo Passalacqua y al conductor político de la provincia, Carlos Rovira−, a quienes en el Gobierno ya dan por dentro del redil, el conteo supera las 30 voluntades.
Más allá de eso y de que los negociadores del Gobierno si se entusiasman suman 40 votos, todavía hay conversaciones pendientes. La Casa Rosada necesita al menos a los 37 necesarios para abrir el recinto y avanzar sin sobresaltos.
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POLITICA
En pleno debate de la reforma laboral, Milei viaja a Washington para el primer encuentro del Consejo de la Paz de Trump
Este miércoles, cuando la Cámara de Diputados empiece a debatir la reforma laboral, el presidente Javier Milei estará iniciando un nuevo viaje a los Estados Unidos, por lejos el destino internacional más elegido por el primer mandatario durante sus más de dos años en la Casa Rosada.
Será, si se cumplen las previsiones oficiales, el primero de los dos viajes que hará Milei a Estados Unidos en las próximas dos semanas, siempre muy cerca del presidente norteamericano Donald Trump.
Este jueves, Milei participará del primer encuentro del denominado Consejo de la Paz, convocado por Trump en Washington, del que participarán además otros presidentes alineados con la Casa Blanca.
Milei partirá hacia Estados Unidos este miércoles pasado el mediodía, según confirmaron a fuentes oficiales. Acompañado, en principio, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Su regreso está previsto para el viernes “a primera hora”, por lo cual, en caso de que el proyecto de reforma laboral sea debatido por la Cámara baja este jueves, Milei no estará en el país cuando se desarrolle el paro general anunciado por la CGT para el día en que el proyecto tenga efectivo tratamiento en el recinto.
“El Consejo de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, señaló ayer un entusiasmado Trump en sus redes sociales, y agregó que la confluencia de presidentes que encabeza, de la que no participan países clave como China, Rusia, Francia, Italia o Alemania, ya recaudó US$5000 millones para la reconstrucción de la franja de Gaza, devastada luego de los ataques del ejército israelí, en el cruento conflicto con el grupo terrorista islámico Hamas. La junta organizada por Trump no motivó entusiasmo en los países centrales de la Unión Europea, que sospechan que lo que busca el presidente norteamericano es crear un organismo paralelo a las Naciones Unidas bajo su liderazgo.
Días después de la apertura de sesiones del Congreso, prevista para el domingo 1 de marzo, en el que espera contar con la modernización laboral ya aprobada, Milei tiene prevista una nueva visita. El objetivo es participar de una reunión de “alto nivel”, también convocada por Trump, a la que fueron invitados mandatarios del continente como Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. Una reunión de “leales” al trumpismo en la que no habrá lugar para presidentes que aún no asumieron, como el liberal chileno Antonio Kast (asume el próximo 11 de marzo) y tampoco para “reconciliados” recientes, como el colombiano Gustavo Petro, que luego de años de choques frontales y tensión bilateral visitó la Casa Blanca hace dos semanas.
Desde Miami –el encuentro de presidentes se llevará a cabo en el hotel Doral, propiedad del presidente de Estados Unidos- Milei viajaría a New York para participar del “Argentina Week”, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en esa ciudad, un evento que congregará a líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos. En este caso, la delegación argentina será más nutrida. Como informó , está previsto que a lo largo de la semana intervengan con exposiciones el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del Gobierno orientada a la atracción de inversiones, hoy por hoy una de las preocupaciones centrales de la gestión libertaria.
La semana pasada, luego de recibir la invitación de Trump al Consejo de la Paz, Milei canceló su participación en la Gala de Prosperidad Hispánica, en Mar-a-Lago, a la que sí asistieron algunos miembros del universo libertario, como el diputado bonaerense Agustín Romo, miembro de las Fuerzas del Cielo que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo, y el influencer y empresario de medios Fernando Cerimedo.
Tras la reciente firma del acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, los dos viajes que planea Milei son una muestra más del alineamiento absoluto de su gestión con la del presidente republicano.
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POLITICA
Cristian Ritondo aseguró que el PRO pedirá cambios en el régimen de licencias médicas: “La solución no puede ser recortar derechos”
El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aseguró hoy que la reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración incluido en la ley de reforma laboral, que tuvo media sanción del Senado, que deja de garantizar el 100 % del salario durante el período de enfermedad, “son aspectos que merecen ser revisados” antes de la sesión en la cámara Baja.
La bancada amarilla, cuyos votos necesita La Libertad Avanza, también pedirá la incorporación de las billeteras virtuales en la redacción del artículo 35, que modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto tiene que ver con la regulación de qué instrumentos financieros se utilizan para cobrar los sueldos. El PRO ya había intentado introducir este cambio en favor de las fintech durante la discusión en el Senado, pedido que el oficialismo rechazó. En Diputados la situación y las necesidades son diferentes.
“Desde el PRO no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen”, destacó Ritondo ante la consulta de Infobae.
Y amplió: “La reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100 % del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados. Entendemos la necesidad de ordenar el sistema y evitar abusos, incluso mejorando los mecanismos de control y certificación médica, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos. Por eso creemos que este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”.
Sobre la incorporación de las billeteras digitales, Ritondo aseguró que el objetivo es “defender la libertad de los trabajadores para cobrar su sueldo”, sin “restricciones impuestas por el Estado ni en beneficio de los bancos”.
En relación al artículo 44, el diputado reconoció que hay “algunas inconsistencias que podrían terminar perjudicando a los trabajadores”. “Respecto del procedimiento, el Gobierno planteó que los cambios podrían instrumentarse dentro de la misma ley, en una ley complementaria o vía reglamentación. Desde nuestra posición, lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión. La ley debe salir del Congreso lo más clara posible, sin grises y sin dejar cuestiones centrales libradas a la reglamentación”, señaló.
Y destacó: “Desde el Bloque PRO estamos a disposición para trabajar esta ley con la mayor celeridad posible, de modo que, si debe regresar al Senado, estén dados los tiempos para que pueda tratarse durante el período de extraordinarias”.
En sintonía también se manifestó el diputado Martín Yeza. “El tema de las enfermedades es algo que se incorporó a la medianoche del propio tratamiento y creo que nadie te supo decir muy bien por qué, nadie entiende muy bien por qué lo incorporaron». En este línea, afirmó que el PRO y los bloques dialoguistas están buscando “alternativas” con el oficialismo “para que se apruebe la reforma”, y recordó que Patricia Bullrich ya adelantó que el proyecto podría modificarse y regresar al Senado.
“Nosotros naturalmente ese artículo así no lo acompañaríamos, no estamos en condiciones de acompañarlo”, remarcó en radio Rivadavia.
Ayer, Bullrich informó que el oficialismo estudia formas de modificar el artículo 44 de la Reforma Laboral, que introducía un nuevo régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario a los trabajadores que solicitaban permiso para ausentarse del trabajo por estar enfermos. La legisladora explicó que será sólo para el caso de afecciones “severas, degenerativas”, y que sean “fehacientemente comprobables”.
Bullrich, en diálogo con TN, sostuvo que la iniciativa surge como respuesta a lo que calificó como una “mafia en los certificados médicos”, fenómeno al que atribuyó un elevado nivel de ausentismo laboral en la Argentina. La exfuncionaria detalló que, según datos recientes, el país registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, afirmó. En este sentido, remarcó la existencia de “clínicas y médicos presos” por la emisión de documentos apócrifos, y planteó que la reforma busca terminar con ese circuito.
La media sanción del proyecto de reforma laboral pemite que, ahora, el tratamiento parlamentario se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y quienes deseen saber si hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero, tendrán la respuesta de acuerdo a la decisión que tome el Congreso para la fecha de debate.
La central obrera determinó que hará una huelga general sin movilización, en coincidencia con el día de tratamiento de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Esto puede ser el jueves 19 de febrero, o en su defecto el miércoles 25 de febrero.
Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en la últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quorum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.
La idea del oficialismo es que se firme el dictamen de comisión el miércoles y poder llevar a cabo el tratamiento legislativo el jueves.
El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.
En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero, en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.
La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de diferentes gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.
Se sumarán al paro general: la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes y es conducido por Omar Maturano.
Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
La CGT convoca a que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) se pliegue a la protesta y no haya servicio de colectivos, lo que redunda en un impacto mayor del reclamo sindical. Sin embargo, el gremio que comanda Roberto Fernández se encuentra bajo conciliación obligatoria que rige desde las 00:00 horas del 11 de febrero y establece un período de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.
Este es el cuarto paro que la central obrera realiza durante la gestión de Javier Milei.
Entre los focos más importantes que generan resistencia se encuentra el artículo por el cual, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.
Otro rechazo se encuadra en el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales.
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