POLITICA
Los lazos entre el AFAgate y dos sociedades anónimas deportivas que operaron en el club de los Grondona
La discusión por el desembarco de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol local tuvo un primer capítulo hasta ahora desconocido. Dos empresas que manejó la mano derecha de Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación Argentina del Fútbol Argentino (AFA), gerenciaron Arsenal de Sarandí, el club de los Grondona, desde 2019. Aunque públicamente Claudio “Chiqui” Tapia defiende la autonomía de los clubes, sus aliados se quedaron con los derechos económicos de las instituciones e hicieron negocios, según pudo reconstruir a partir de contratos, cartas y otros documentos revisados.
Las sociedades cuyos negocios se entrelazaron con clubes de fútbol son Malte SRL, una de las firmas involucradas en la trama de la mansión de Pilar, y Recomi SA. Ambas compañías comparten un nombre propio: el exmiembro del Consejo Federal de la AFA Juan Pablo Beacon, quien supo tejer un vínculo de confianza con Toviggino. La relación comenzó a desgastarse en los últimos meses, mientras la AFA empezaba a ser nombrada en distintas investigaciones.
Beacon administraba estas sociedades. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir .
Como dos caras de una misma moneda, Malte y Recomi hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte le facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional, según los documentos que obtuvo este diario y que cotejó con fuentes fiscales. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
contactó a representantes de la AFA, quienes no respondieron las consultas al momento de esta publicación. También intentó hablar con Beacon y la familia Grondona, pero tampoco obtuvo respuesta.
El radio de influencia de Malte y Recomi se expandió a otros equipos del Ascenso. Entre ellos se encuentran Arsenal, de Sarandí, actualmente presidido por Lara Grondona (nieta del expresidente de AFA), pero también Sol de Mayo (Río Negro) y Estudiantes de Río Cuarto.
Las empresas de Beacon se ocupaban de la gestión del fútbol profesional y, para eso, recibían ingresos de los clubes, que incluían desde los pagos por la televisación, el pase de jugadores, los sponsors de las camisetas o el alquiler del estadio, entre otros. Toviggino solía estar al tanto de algunos de estos movimientos.
Si bien Beacon ingresó como accionista de Malte en 2021, su relación con la firma se retrotrae a 2018, cuando era accionista Carlos Bruno Seguel, un hombre que participa en otras sociedades junto con el exmiembro de AFA. Cuando cedió sus acciones, en mayo de 2022, otra firma, SOMA, se quedó con la mayoría del capital. Esta empresa, oriunda de Santiago del Estero, tuvo a Darío Fabián Toviggino, como su principal accionista en 2023, según el Boletín Oficial de esa provincia.
Hasta el momento, los negocios de Malte con el fútbol argentino permanecieron en un capítulo inexplorado; la empresa acaparó la atención por haber sido propietaria de la mansión de Pilar entre junio de 2023 y mayo de 2024. Es decir, antes de la llegada de Real Central SRL. La Justicia investiga si sus titulares, Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, son testaferros de autoridades de AFA, algo que niegan los representantes de la entidad. En la casa se encontró un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central que identificaban a Pablo Toviggino durante un allanamiento.
El derrotero de Arsenal es un buen ejemplo de los servicios que prestaba Malte. El club de Sarandí suscribió el gerenciamiento del fútbol el 27 de abril de 2019, el mismo día que logró el ascenso a primera división, un acuerdo válido por 28 meses. El documento, que lleva el nombre de Julio Grondona (hijo), indicaba que el club cedía todos sus derechos económicos a cambio de que Malte se hiciera cargo de sueldos y otras obligaciones para todas las actividades relacionadas con el fútbol.
El objetivo del gerenciamiento fue “reencausar la crisis económica y financiera de Arsenal”, señala el documento al que accedió . Cuatro meses después de la firma del contrato, Malte intentó negociar un préstamo de Arsenal a la compañía por $ 500.000 con una tasa del 6% anual a devolverse en dos años, indicaron fuentes de la empresa. Un interés inferior al 47,6% de inflación que el Indec registró en 2018. Un mal negocio para el club.
Arsenal fue una usina de negocios para Malte, especialmente cuando se clasificó a la Copa Sudamericana en 2021. El club contactó ese mismo año a Odeoma Gestión SL (España), Stratega Consulting LLC (Estados Unidos) y Fútbol Capital SRL (Paraguay), tres sociedades vinculadas al santiagueño Fabián Marcelo Saracco, un ladero de Beacon, para convertirlas en agentes recaudadores de prácticamente todos los ingresos de Arsenal en el exterior, que incluían desde los premios que entrega la Conmebol hasta el dinero por el traspaso de jugadores vendidos. A cambio, estas empresas ofrecían un porcentaje del 10% de los fondos obtenidos, que se cobrarían en cuentas bancarias que tenían en Estados Unidos y España. Las negociaciones con las intermediarias incluyeron una solicitud para cobrar los premios por la participación de Arsenal en la Copa Sudamericana de 600.000 dólares.
Saracco, oriundo de Santiago del Estero pero residente en Madrid, desembarcó en la AFA desde 2018 en adelante para ofrecer servicios de representación comercial, desarrollo de proyectos, así como servicios de cobro de distintos contratos por auspicios de la Selección. Tal como reveló este diario, estas sociedades junto con TourProdEnter, Q22 Consulting Services y Global FC, percibieron US$300 millones de negocios que generó el fútbol de la entidad de la calle Viamonte.
Beacon se hizo cargo personalmente de otra fuente de ingresos del club: los reclamos ante la FIFA por impagos en el “mecanismo de solidaridad”, que es un porcentaje del 5% en las transferencias de futbolistas que fueron formados por Arsenal. Grondona (hijo) delegó en el entonces dirigente de AFA la representación del club ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la federación internacional.
Beacon envió cartas a FIFA por un puñado de trámites, como ocurrió, por ejemplo, con Alejandro “Papu” Gómez, que había sido transferido desde el Atalanta, de Italia, a Sevilla, de España. La entonces mano derecha de Toviggino reclamó ante la FIFA y finalmente logró que el club español le pagara 35.000 euros a la gerenciadora. También participó en los reclamos por el “mecanismo de solidaridad” de los futbolistas Darío Benedetto, Iván Marcone y Lisandro López entre 2021 y 2022.
Los negocios de Arsenal se volvieron a cruzar con la AFA de la mano de Malte. El club alquiló su estadio de Sarandí a la entidad comandada por Tapia y Toviggino entre 2020 y 2022 para realizar “eventos de diversas categorías del fútbol y otras actividades”. La gerenciadora facturó por esa vía, al menos, $130 millones de pesos, la mayoría pagado en ese último año, según los documentos revisados por .
Con Arsenal todavía en primera división apareció otra gerenciadora. El club firmó un convenio con Recomi SA para que gerencie el club desde el 1 de mayo de 2021 por 14 meses, según documentos judiciales. La relación con las autoridades del club estaba en un buen momento, por eso se gestionó un “reconocimiento” para la empresa que consistía en ceder derechos federativos de los futbolistas Leonel Picco y Joaquín Pombo, que pertenecían a Arsenal. El pase de este último futbolista fue vendido en US$2 millones a Independiente del Valle (Ecuador) en 2023 y Picco desembarcó en Colón de Santa Fe por US$350.000, según publicó la página especializada Transfermarkt.
Pero los resultados deportivos dejaron a Arsenal en otra situación. El club descendió en 2024 y la situación cambió. La relación entre el club y la gerenciadora se quebró: Recomi demandó a Grondona por incumplir el contrato de “reconocimiento” y adujo que no les había entregado el dinero por la venta de los jugadores. Al final, la Justicia consideró que ese acuerdo era inválido y sobreseyó a Grondona.
La empresa apeló el fallo y finalmente las partes llegaron a un acuerdo en 2024 mediante el cual Arsenal se habría comprometido a pagarle una compensación a la empresa. Según la documentación revisada por , Beacon le emitió dos facturas al club el 17 de abril y el 2 de mayo de ese año por 30.000 dólares cada una. En ambas especificó que se trataba de pagos correspondientes al “convenio Recomi – Beacon c/Arsenal FC”.
Después del gerenciamiento, el club cayó en una crisis deportiva que lo llevó a descender a al B. En la temporada siguiente, volvió a perder una categoría y desde entonces se mantiene en la Primera B Metropolitana, la tercera división del fútbol local.
un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central,percibieron US$300 millones de negocios que generó el fútbol de la entidad de la calle Viamonte.,Iván Ruiz,Ignacio Grimaldi,Conforme a,,El dinero de la AFA. El reclutador de “prestanombres” de Bariloche y la conexión con los US$42 millones que se desviaron desde Miami,,Antes, durante y después de Qatar. La AFA giró US$6 millones con un contrato de «logística» que se transformó en un préstamo a Faroni,,A pedido de Tapia. Una esteticista rumana en Madrid fue gestora financiera de la AFA para cobrar US$8 millones
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Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, ARCA, AFA
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Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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