El contexto económico de Argentina ha vuelto a poner en el centro del debate la precisión y la metodología de las estadísticas oficiales. Recientemente, el Gobierno nacional tomó la decisión de postergar de manera indefinida la implementación de la nueva fórmula para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que estaba prevista para entrar en vigencia con los datos de enero.

Esta determinación, que llevó a Marco Lavagna a renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se fundamentó en la intención oficial de esperar a que el proceso de desinflación se consolide, pero según la mayoría de los economistas generó un “ruido” innecesario en torno de los datos estadístics oficiales y en particular sobre los de inflación

En este escenario de postergaciones técnicas por motivos de oportunidad política, un análisis de la economista Rebecca Riley en la revista Finanzas & Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI), advierte los peligros de no modernizar las mediciones. Las estadísticas tradicionales, sostiene, están perdiendo la capacidad de captar la realidad de una economía reconfigurada por la tecnología y los activos intangibles, lo que sumerge a los responsables de las políticas en una peligrosa ceguera informativa.

La tesis central de Riley apunta a que las evaluaciones actuales de las economías mundiales podrían estar omitiendo billones de dólares en actividad económica. Según la experta, los parámetros para calcular el PIB y la inflación no logran adaptarse a la vertiginosa evolución de los modelos de negocio. Al respecto, el artículo es tajante: “Sin información precisa sobre el verdadero estado de la economía, las autoridades económicas se verán sumidas en la incertidumbre, sin saber cuándo pisar el acelerador para enfrentar una recesión o cuándo pisar el freno para ralentizar la inflación”.

Esta falta de precisión no es un detalle técnico menor, sino que afecta directamente la capacidad de los bancos centrales y las autoridades fiscales para guiar el crecimiento. La economista advierte que, aunque el mundo digital ofrece una abundancia de datos nuevos, los sistemas oficiales siguen anclados en conceptos antiguos. “Básicamente, los avances tecnológicos han reconfigurado nuestra economía, pero nosotros estamos tardando en reconfigurar nuestras estadísticas económicas, y eso crea un enorme punto ciego para quienes deben tomar decisiones”, señala la autora.

Uno de los pilares del análisis de Riley, y que resuena con especial fuerza en el debate argentino, es la necesidad de innovar en los índices de precios al consumidor. El método tradicional, basado en encuestas presenciales y seguimiento minorista, presenta signos de agotamiento. Riley destaca que “se trata de una labor costosa y cada vez más difícil porque las personas muestran menos disposición a responder a las encuestas”.

Ante esta realidad, la propuesta del FMI se centra en integrar fuentes de datos que ya existen en el sector privado pero que no siempre son aprovechadas por los organismos estatales. La economista detalla cómo la tecnología de consumo diario puede convertirse en la base de la estadística moderna:

“El mayor uso de códigos de barras y escáneres en los comercios minoristas y la prevalencia de datos en línea están cambiando las reglas del juego. Durante el último decenio, los organismos de estadística de los Países Bajos, Australia y el Canadá han incorporado gradualmente los datos de los puntos de venta en los índices de precios al consumidor”.

Para Riley, la incorporación de estos datos de escáner permite medir la evolución de los precios de una forma “más puntual y exacta”. Además, subraya que este enfoque ayuda a captar de mejor manera las experiencias heterogéneas de los consumidores en distintos puntos del país y con diversos niveles de ingreso, superando las limitaciones de los promedios generales que suelen ocultar realidades económicas divergentes.

El análisis de Riley también profundiza en por qué el PIB real y la productividad parecen estancados en muchas regiones a pesar de la innovación constante. La respuesta reside en la creciente importancia de los activos intangibles, como el software, las bases de datos y la cultura organizacional. En muchas economías avanzadas, la inversión en estos rubros ya iguala a la de bienes físicos, representando cifras que llegan a los billones de dólares. Sin embargo, “los cálculos oficiales de productividad y PIB no reflejan completamente esos activos intangibles”, afirma la autora.

A esto se suma el desafío de los servicios digitales gratuitos. El uso de motores de búsqueda, plataformas sociales y software de código abierto tiene un costo monetario nulo para el usuario, pero un valor económico inmenso. Riley cita investigaciones preliminares realizadas en el Reino Unido que sitúan el valor de estos servicios digitales de recreación en un 8% del PIB nominal. Al no haber una transacción monetaria, estos aportes al bienestar y a la actividad quedan fuera de las cuentas nacionales, distorsionando la percepción de la riqueza real generada por la sociedad.

La economista del FMI remarca que la economía de hoy, caracterizada por la abundancia de datos, requiere una reconfiguración total de las estadísticas para reflejar las nuevas realidades de la globalización y la digitalización. Aunque este año se espera una actualización del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) —la primera desde 2008—, el camino hacia la implementación efectiva es complejo debido a la necesidad de grandes inversiones iniciales y capacidades técnicas superiores.

Riley hace hincapié en que la obtención de estadísticas valiosas requiere superar la resistencia burocrática y financiar la modernización de los sistemas. “Es posible que se esté erosionando nuestra capacidad para vigilar la economía y tomar decisiones fundamentadas porque quizás hay billones de dólares de actividad económica que no se están contabilizando o que se están contabilizando sin suficiente detalle”, advierte.

La propuesta final es un llamado a la colaboración transnacional y multisectorial. Riley argumenta que los organismos estadísticos no pueden resolver estos vacíos por sí solos; necesitan acuerdos de intercambio de datos con el sector privado y marcos jurídicos actualizados. En conclusión, el artículo del FMI subraya que el rigor estadístico, la transparencia y el acceso igualitario a la información son las únicas herramientas capaces de disipar el “ruido de los datos” y permitir una gestión económica eficiente en el siglo XXI. Sin este esfuerzo coordinado, las autoridades seguirán operando con mapas obsoletos en un territorio económico que ya ha cambiado por completo.

Aunque el gobierno desconociera de antemano la oportunidad de la decisión del grupo Madanes de cerrar la fábrica de neumáticos de Fate situada en San Fernando, tuvo al menos indicios de que eso podía suceder cuando el 1 de septiembre del año pasado adjudicó a Aluar, la otra empresa del grupo familiar, un contrato de USD 4,5 millones en el marco de la licitación AlmaGBA de la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, para la instalación de grandes Baterías Estacionarias (conocidas como BESS, por su sigla en inglés: Battery Energy Storage System) que contribuyan a estabilizar el sistema de generación eléctrica en el Gran Buenos Aires reforzando las redes de Edenor y Edesur.

De hecho, Aluar instalará esas baterías en una fracción del terreno de Fate en San Fernando y poco antes del anuncio de cerrarla había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), una transacción por USD 27 millones para la compra de una parte menor del predio donde está instalada la planta de fabricación de neumáticos. La suma permitirá a Fate pagar las indemnizaciones y todos los costos asociados a su cierre.

A ese indicio se sumaban las cada vez más fuertes y explícitas declaraciones públicas del principal dueño de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, por los conflictos sindicales con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA), uno de los más duros del país, de orientación trotskista, y la durísima competencia de los neumáticos importados chinos, que se intensificó con la política cambiaria de los últimos dos años, con el precio del dólar corriendo a la zaga de la tasa de inflación, y la reducción del 36 al 16% del arancel a la importación de neumáticos.

Aluar participó de la licitación AlmaGBA y ganó un contrato por 30 MW en el nodo San Fernando, para abastecimiento de Edenor, a un valor de USD 12.590 por MW-mes.

La licitación inicial, anunciada por Resolución 67 de la Secretaría de Energía en febrero de 2025, era por 500 MW, pero dado que algunos precios ofrecidos eran hasta más del 10% inferiores al precio base se adjudicaron finalmente 667 MW a través de diez contratos adjudicados a Aluar, Central Puerto, Coral Energía, Genneia, MSU Green Energy, Rowing e YPF Luz, con una inversión total prevista de unos USD 540 millones en un plazo de 12 a 18 meses.

Los resultados se conocieron, como se señaló, el 1 de septiembre de 2025, hace casi seis meses. Siete contratos, por 500 MW de capacidad, fueron adjudicados para instalar baterías de abastecimiento a Edenor (incluido el de Aluar por 30 MW) y tres para abastecer centrales de Edesur por 167 MW.

En su balance 2025 Aluar informó la asignación de desembolsos de capital por USD 20 millones para ese proyecto, al que dedicará poco más de una hectárea de lo que eran instalaciones de Fate. Como el contrato es por potencia, más allá de cuánta se use, le generará a Aluar ingresos anuales por USD 4,5 millones, con lo que al cabo de diez años recibirá USD 45 millones, precisó el sitio especializado Post Energético.

El precio que Aluar cobrará por la energía de las baterías BESS superará largamente los USD 26 por MWh que cobra por la represa de Futaleufú, cuya concesión vence en junio de este año. Se trata de la central en la provincia de Chubut que abastece a la planta de aluminio emplazada en Puerto Madryn, a un precio diferencial por ser la producción de aluminio un proceso continuo y ultra-intensivo en consumo energético. En Futaleufú están asociadas Aluar y Genneia, la principal empresa de energía renovable de la Argentina, de la familia Brito.

Más aún, el gobierno lanzará una nueva licitación (ahora llamada AlmaSADI) para la instalación de baterías de almacenamiento en todo el país, cuyas condiciones están a cargo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). La nueva licitación sería por 700 MW de capacidad, según reportó en su momento Econojournal, otro sitio especializado, para reforzar nodos saturados del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Las baterías BESS ayudan a cubrir picos de consumo y pueden servir también como back up o reemplazo en caso de apagones masivos por fallas en las redes de transmisión o distribución.

En los últimos años, estas baterías se sumaron al boom de los vehículos eléctricos para contribuir a la demanda mundial de litio, lo que permitió que en la segunda mitad del año pasado el precio del mineral, del que la Argentina es el quinto productor mundial, pero en los próximos años podría escalar al tercer o segundo lugar en el ranking internacional de producción, saliera de un período de valores muy bajos que se prolongó desde fines de 2022 y principios de 2023, cuando el precio mundial había llegado a niveles récords y se puso de moda referirse al litio como “oro blanco”.

Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación y referente económico, advirtió que la economía argentina atraviesa una etapa de tensión. “Está crujiendo todo por la estanflación”, expresó, aludiendo a un índice de precios que en enero registró un aumento de 2,9% y a un nivel de actividad que en noviembre mostró una caída de 0,3%. Y si bien consideró que la reforma laboral representa “un paso adelante, un avance”, moderó las expectativas sobre su impacto inmediato en el crecimiento y el empleo.

Melconian aclaró que su análisis no responde a ideologías y propuso separar el debate político de la evaluación técnica. “El crecimiento económico no tiene que ver con la reforma laboral. Y creo que, después de tantos años, el empleo tampoco”, remarcó. A su criterio, la decisión de contratar trabajadores en la Argentina implica un desafío similar al de invertir, ya que ambos dependen de la confianza y la estabilidad.

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, el economista apuntó a dos ejes de la reforma laboral: la ultra-actividad y la reducción del riesgo indemnizatorio. Reconoció avances en ambos aspectos, pero advirtió sobre la posible judicialización. “No tengas ninguna duda de que hay cosas de estas que terminan en la Corte”. La implementación de la reforma recorrerá instancias judiciales y su efecto final -dijo- dependerá de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y del acatamiento de sus fallos.

En cuanto al blanqueo laboral, además del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Melconian destacó que para el gobierno es otro eje central de la reforma. Y si bien lo definió como una modernización, señaló que no siempre produce resultados efectivos. “Es un evento de modernización, pero ya ha ocurrido, y ni la demanda muchas veces quiere blanquearse. El blanqueo laboral siempre es costo laboral adicional para el que estaba fuera de la ley, pero en negro”.

El incentivo para contratar empleo se asemeja al incentivo para que un empresario tome crédito: ambos dependen de la demanda, señaló Melconian. “El empresario toma crédito si tiene demanda. Si no, te dice: ¿para qué quiero el crédito si no tengo demanda? Y el incentivo a tomar empleo es exactamente el mismo”, explicó.

El problema, prosiguió, es el comportamiento del nivel de actividad y los precios, que a su vez se reflejan en el comercio exterior y el régimen cambiario. Según su análisis, “al nivel de importación de Argentina le faltan glóbulos rojos”. En otras palabras, son insuficientes debido a la falta de demanda. “Por supuesto que estamos con un comercio exterior superavitario, ¡inédito! Y no lo estoy diciendo porque no suban las exportaciones. Lo que estoy diciendo es que estás con semejante catástrofe de superávit comercial, porque no reaccionan las importaciones, y las importaciones son los glóbulos rojos”. Melconian diferenció así el aumento de las exportaciones, que consideró positivo, de la reciente caída (datos de enero) de las importaciones, que interpretó como un síntoma del bajo nivel de actividad económica.

Sobre la política monetaria, Melconian subrayó que la estabilidad de la moneda y la confianza en la inversión dependen de múltiples factores. “La historia argentina, las personas que están a cargo de un gobierno y de su política económica, el programa y sus fundamentals, el resto de la política que conforma el arco opositor, todo eso hace que una moneda sea estable y que haya inversión. Y hoy eso no ocurre todavía en la Argentina”. El economista opinó que el modelo del presidente Javier Milei aún no logró consolidar confianza ni estimular la inversión.

Melconian amplió sus críticas al equipo económico oficial, cuestionando tanto su composición como su funcionamiento. “Todo el mundo sabe que el equipo económico de este Gobierno tiene especialidad financiera y que él cree que con inteligencia artificial, el campo y Vaca Muerta están haciendo un país. Hay gente que se siente excluida y cuarenta puntos en la estanflación del PBI están muy por debajo del 2023 y del 2011. Estamos en un pico de la estanflación que no se quiebra, pero con componente donde la mitad del PBI está muy abajo y lo que está muy arriba no derrama”, sostuvo.

La dinámica de confianza y alternancia política también formó parte de su análisis. Destacó que la credibilidad en un presidente o en un programa debe sustentarse en resultados. “Vos no podés creer en un Presidente porque los de enfrente son peores. Vos tenés que creer en un presidente o en un programa, porque genera resultados. Y además decís: porque cuando el que está se va, viene el otro, que es bárbaro para ir intercambiando, en términos de funcionarios, porque evita la construcción y permanencia en el Gobierno de los quioscos”.

Y si bien Melconian recordó que en programas ortodoxos como el actual, probablemente descienda la inflación, subrayó que los programas que tienen vigor son aquellos en donde convive el crecimiento con la estabilidad. “Esto no es pedirle a Milei que arregle en dos años lo que se destruyó en ochenta. No, sacamos eso. Es plantear una situación que es como es”, remarcó.

Sobre la política monetaria reciente, afirmó: “No hay réplica monetaria equivalente a la compra de dólares y a lo que decía el comunicado de diciembre del Banco Central, que la compra de dólares va a estar basada en un aumento de la demanda del peso de la gente… que con confianza va a reconstruir el crédito. ¡No está ocurriendo eso! Hay una visión mercantilista de que hay más dólares de oferta que de demanda y el Central compra dólares, pero no se está monetizando la economía”.