El presidente Javier Milei volvió a defender la apertura de importaciones y cargó contra quienes cuestionan la decisión, al sugerir que las críticas responden a intereses particulares. «La nueva Argentina», introdujo el mandatario en una reflexión pública, antes de apuntar contra periodistas, economistas y dirigentes políticos que alertan sobre el impacto de la apertura en la industria del acero. «Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…», lanzó.

En ese mismo mensaje, Milei apuntó de manera directa contra Paolo Rocca, al referirse a quienes salen «en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS«, en una alusión explícita al CEO del grupo Techint.

Una licitación inédita y un proveedor extranjero

La controversia se disparó a partir de una licitación que marcó un hecho inédito en las últimas décadas: por primera vez, una empresa extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro considerado estratégico. La firma india Welspun presentó una oferta final de u$s203 millones por 480 kilómetros de ductos, un monto 25% inferior a la última propuesta de Tenaris, la filial de Techint.

Desde el grupo argentino explicaron que esa diferencia de precios responde a una supuesta competencia desleal, al sostener que los tubos son fabricados en la India con insumos provenientes de China, adquiridos a valores por debajo de los precios de mercado.

Pese a los reclamos, el Ejecutivo resolvió no aplicar medidas antidumping ni establecer nuevas barreras comerciales. Una fuente de la Casa Rosada fue tajante: «No vamos a pagar más caros los caños», al remarcar que, aun en caso de existir subsidios externos, el costo es absorbido por otros países y no por la Argentina.

Sturzenegger: precios altos, menos inversión y empleo

En esa línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que mantener precios elevados en los insumos clave impacta de manera negativa en la rentabilidad de los proyectos y termina limitando la inversión, el empleo y las exportaciones. «Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones», señaló en un comunicado.

El funcionario también cuestionó el esquema de preferencia local, conocido como «compre nacional», ya derogado. Según explicó, garantizar derechos exclusivos a ciertos proveedores desalienta la competencia y, con el tiempo, eleva los costos en perjuicio de las empresas y los consumidores.

La respuesta de Techint y el trasfondo industrial

Desde Techint, Paolo Rocca advirtió que la importación de tubos financiados con subsidios internacionales favorece a la producción extranjera y pone en riesgo la viabilidad de la industria local. El grupo sostuvo que la elevada carga fiscal argentina dificulta competir en igualdad de condiciones y que una apertura irrestricta podría afectar inversiones y puestos de trabajo.

La licitación se enmarca en el proyecto impulsado por el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, Pampa, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy, con el objetivo de potenciar las exportaciones de Gas Natural Licuado.

En ese contexto, el debate se trasladó al terreno de la política industrial, los impuestos y la competitividad de la industria nacional, en un escenario de mayor apertura comercial y presión internacional, especialmente por el impacto de países exportadores como China sobre el sector manufacturero argentino.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) identificó unos 110.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas a partir de operativos de fiscalización catastral realizados en la Costa Atlántica, entre Pinamar y Cariló.

El relevamiento abarcó más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios que, pese a estar edificados, figuraban como terrenos baldíos tanto en barrios cerrados como en urbanizaciones abiertas.

Entre los casos más relevantes detectados por la Agencia se repiten irregularidades en urbanizaciones cerradas y complejos inmobiliarios como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura.

En estos desarrollos, ARBA advirtió un patrón recurrente: las edificaciones se declaran recién al momento de los operativos de fiscalización, a pesar de tratarse de proyectos de alto valor.

En el relevamiento también apareció un edificio de alta categoría en el centro de Pinamar: una torre de nueve pisos, con unidades de hasta tres ambientes, cocheras subterráneas, locales comerciales en planta baja y una terraza con vista panorámica. Pese a contar con 6.900 m² construidos, en los registros catastrales figuraba como terreno baldío.

Un caso similar se detectó en la zona de La Frontera, donde un edificio de cuatro pisos acumulaba 2.000 m² sin declarar. Ante estas irregularidades, ARBA avanzó con las notificaciones correspondientes para que los responsables regularicen su situación impositiva.

De acuerdo con los avisos de venta, el precio de mercado del metro cuadrado en estos emprendimientos supera en promedio los 2.500 dólares, un nivel que refleja la elevada capacidad contributiva de los propietarios que omitieron declarar las mejoras edilicias.

En este contexto, el titular de ARBA, Cristian Girard, señaló: “Nuestro objetivo es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”.

“Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”, agregó.

Ya en 2024 ARBA había detectado en Pinamar más de 70.000 metros cuadrados construidos sin declarar, correspondientes a 17 edificios y 215 casas de lujo, la mayoría registrados como terrenos baldíos. Una vez identificadas estas irregularidades, se intimó a los responsables a regularizar su situación bajo amenaza de multas de hasta $25 millones.

Operativos similares previos en Mar del Plata hallaron más de 120.000 metros cuadrados sin declarar en propiedades residenciales y edificios.

Girard destacó además que la Provincia impulsa una política de fiscalización inteligente, basada en la articulación entre presencia territorial y el uso de herramientas tecnológicas.

En ese sentido, afirmó: “Recaudar con progresividad es clave para financiar la inversión pública en escuelas, hospitales, rutas y servicios que benefician a toda la comunidad”.

Vale recordar que recientemente ARBA puso en funcionamiento M2, un sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora desarrollos de inteligencia artificial. La nueva herramienta acorta de manera significativa los tiempos de detección, notificación y regularización de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial.

A diferencia de esquemas anteriores, M2 centraliza en una única plataforma digital los procesos de detección, análisis inteligente, notificación y respuesta de los contribuyentes, lo que permite que la información relevada se convierta de forma inmediata en acciones de regularización, con menos demoras administrativas y una gestión más eficiente de cada caso.

El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

La incorporación de inteligencia artificial ampliará de manera sustancial la capacidad operativa del organismo, tanto para identificar construcciones no declaradas como, especialmente, para lograr su regularización efectiva.

Con esta estrategia, el gobierno bonaerense busca promover el cumplimiento voluntario, reducir los costos administrativos y reforzar la eficiencia del control tributario.

Durante los últimos años se buscó estabilizar la estructura financiera de la entidad, sentando las bases para una reconstrucción gradual, sin endeudarse

27/01/2026 – 12:11hs

El regreso de Supercoop a la Ciudad de Buenos Aires no responde solo a una recuperación simbólica de una marca histórica, sino a una estrategia económica orientada a ganar participación en el mercado minorista en un contexto de consumo retraído y fuerte competencia entre cadenas. Tras la reciente reapertura en Caballito, la cooperativa proyecta nuevas sucursales en barrios clave y en el interior bonaerense, apoyada en activos propios y alianzas estratégicas.

Según el cronograma que manejan las autoridades de El Hogar Obrero, en los próximos meses se inaugurará un tercer local en Balvanera, sobre la calle Perón, mientras que el 28 de febrero abrirá una nueva sucursal en Saavedra, en la intersección de Manzanares y Balbín. A estas aperturas se suma un desembarco en Lobos, provincia de Buenos Aires, que operará bajo la marca Cooperativa Obrera, socio estratégico de la cadena.

Activos inmobiliarios y reconversión de locales

El plan de crecimiento se apoya en un factor central: la disponibilidad de inmuebles propios en la Ciudad, muchos de ellos construidos durante el período de mayor expansión de El Hogar Obrero. Durante años, esos espacios fueron alquilados a operadores privados, generando ingresos estables pero limitando la operatoria directa. Con el vencimiento de esos contratos, la cooperativa avanzó en un proceso de reconversión inmobiliaria, orientado a volver a explotar los locales bajo gestión propia.

«El desafío es reinstalar el cooperativismo de consumo en la Ciudad con un formato eficiente, de cercanía y con estándares comerciales actuales», explicó Néstor Fiumano, presidente de El Hogar Obrero. El objetivo, según señaló, es optimizar activos existentes y reducir costos estructurales en un mercado cada vez más ajustado.

Impacto económico de la reapertura en Caballito

La reapertura del Supercoop en Caballito funcionó como prueba piloto del nuevo esquema operativo. El local generó 27 puestos de trabajo directos y registró una fuerte respuesta inicial del público: en su primera jornada se contabilizaron alrededor de 2.000 operaciones, un nivel de demanda que superó las proyecciones iniciales.

Ubicada en Avenida La Plata al 500, la sucursal cuenta con poco más de 300 metros cuadrados, cocheras gratuitas por una hora y una oferta de productos que combina marcas propias, primeras marcas y líneas alternativas, una estrategia orientada a sostener volumen de ventas en un contexto de alta sensibilidad al precio.

Alianza estratégica y escala operativa

La reapertura se inscribe en una alianza entre El Hogar Obrero y la Cooperativa Obrera, una entidad con base en Bahía Blanca que cuenta con experiencia en gestión de supermercados cooperativos a gran escala. El acuerdo permite compartir logística, abastecimiento y know how comercial, mejorando condiciones de compra y competitividad frente a grandes cadenas.

Durante el acto inaugural participaron autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), quienes destacaron el rol del cooperativismo como actor económico complementario en el sistema de comercialización de alimentos.

Fundada en 1905 por referentes del socialismo argentino como Juan B. Justo, El Hogar Obrero llegó a convertirse en una de las cooperativas más importantes del país. En su etapa de mayor crecimiento, Supercoop superó las 300 sucursales y empleó a 14.500 trabajadores. Sin embargo, la crisis de fines de los años ochenta, el impacto del Plan Bonex y la apertura económica derivaron en su colapso y posterior concurso preventivo.

El proceso de reordenamiento se extendió durante décadas y permitió estabilizar la estructura financiera de la entidad, sentando las bases para una reconstrucción gradual de escala, sin recurrir a endeudamiento agresivo.