ECONOMIA
Argentina entre acuerdos clave y disputas globales: qué esperar de las exportaciones en 2026
El 2025 fue un año en el que se sentaron nuevas bases para el comercio exterior argentino, con la energía consolidándose como un nuevo motor. Aunque el superávit se redujo un 40% respecto a 2024, hasta totalizar USD 11.286 millones, debido fundamentalmente a que las importaciones crecieron 2,7 veces más que las exportaciones; se avanzó en varios acuerdos clave que tienen el potencial para dinamizar fuertemente al sector en el mediano y largo plazo.
No es menor el contexto de tensiones en el que ello ocurrió, sobre todo por los desvíos derivados de la imposición de aranceles por parte de EEUU: decenas de países se vieron obligados a buscar nuevos mercados en los que colocar sus productos.
El primer “logro” fue la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) en septiembre pasado, bloque conformado por Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. El acuerdo, cuyas negociaciones llevaron 8 años, crea un mercado de casi 300 millones de personas, con un PBI combinado de más de USD 4,3 billones.
Luego, se anunció un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión con EEUU, que incluye la reducción de aranceles para industrias claves, eliminación de trámites burocráticos, compromisos en trabajo y medio ambiente, alineamiento de estándares y fortalecimiento de la protección a la propiedad intelectual. Todavía falta la letra chica pero, en general, fue bien recibido por los exportadores.
Por último, tras más de 25 años de negociaciones, se rubricó el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, constituyendo un mercado de más de 700 millones de personas, con amplios beneficios para el agro. Al mismo tiempo, los menores aranceles en maquinaria y bienes de capital reducirían costos en la industria.
Sin embargo, a 4 días de la firma, el Parlamento Europeo paralizó el proceso de ratificación del pacto, dado que lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Este tipo de dictámenes suelen demorarse entre 18 y 24 meses, lo cual vuelve a retrasar su implementación.
Desde la Cámara de Exportadores (CERA), dirigida por Fernando Landa, expusieron otra alternativa: “Algunos analistas sostienen que la Comisión Europea podría definir que la parte comercial empiece a regir, ya que obtuvo la aprobación del Consejo (los países miembros). La contracara es que esto tensaría los vínculos entre el Ejecutivo y el Legislativo europeo, llevando a una posición incómoda a los parlamentarios más moderados”.
De todos modos, Jorge Berciano, especialista en comercio exterior y director de Unexar, contextualizó: “En 2025, Argentina registró un déficit comercial de casi USD 2.000 millones con la UE. En términos interanuales, las exportaciones al bloque aumentaron 2,6%, mientras que las importaciones crecieron casi 14%; por lo tanto, la tendencia no es auspiciosa”.
“Alrededor del 80% de los envíos a la UE son productos agropecuarios. Y esta semana, se reservó la potestad unilateral de suspender los beneficios arancelarios para los productores ganaderos del Mercosur (vía Cláusulas de Salvaguarda) en caso de que los grandes volúmenes importados o los bajos precios pusieran en riesgo a sus productores, especialmente por Italia y Francia”, apuntó.
Alrededor del 80% de los envíos a la UE son productos agropecuarios. Y esta semana, se reservó la potestad unilateral de suspender los beneficios arancelarios para los productores ganaderos del Mercosur (Berciano)
“Por último, pero no menor, el tratado aún debe ser aprobado por los Parlamentos – Congresos de todos los países (en el caso Argentina, podría tratarse durante febrero). A corto y mediano plazo, lamentablemente estimo que las exportaciones hacia la UE no se incrementarán”, proyectó Berciano.
En este escenario, Marisa Bircher, ex secretaria de Comercio y directora de Biglobal, sintetizó: “Un desafío clave para la canasta exportadora en 2026 será la implementación efectiva de los acuerdos comerciales, un proceso condicionado por los tiempos institucionales y políticos”.
“Por ejemplo, el acuerdo Mercosur–UE enfrenta una elevada incertidumbre respecto a su aprobación en Europa, mientras que el Mercosur–EFTA, firmado en Río de Janeiro, aún debe completar los procedimientos internos necesarios para entrar en vigor y ser implementado», añadió.
En cuanto al acuerdo con EEUU, la expectativa es que se cierre una vez concluidos los procesos administrativos, de acuerdo con fuentes al tanto de las negociaciones.
El acuerdo Mercosur–UE enfrenta una elevada incertidumbre respecto a su aprobación en Europa, mientras que el Mercosur–EFTA, firmado en Río de Janeiro, aún debe completar los procedimientos internos (Bircher)
Es decir, el impacto de todo ellos en la balanza comercial recién se verificaría entre el segundo semestre del año y 2027.
En 2025, las exportaciones ascendieron a USD 87.077 millones y las importaciones a USD 75.791 millones. Ambas registraron aumentos interanuales: en el primer caso, de 9,3%, y en el segundo, de 24,7%. Así, el intercambio totalizó USD 162.868 millones.
La consultora Abeceb espera que las ventas externas sigan traccionando en 2026 pero a un ritmo ligeramente menor que el año pasado, de la mano de un sector energético que profundiza su rol como nuevo motor estructural, junto con el ya consolidado complejo agroindustrial, y bajo un escenario climático neutral. Prevé una balanza comercial con un superávit cercano a USD 10.000 millones.
Más precisamente, en CERA estiman que las exportaciones sumarán USD 89.974 millones, impulsadas por el desempeño del sector energético (USD 12.000 millones), el agro (USD 34.000 millones – donde el maíz tendrá una campaña histórica) y la minería, actividad que alcanzó un récord en términos de comercio en 2025.
La entidad aclaró que dichas proyecciones están sujetas el contexto internacional. En 2025 las tensiones entre EEUU y China dinamizaron las ventas de soja e impulsaron los precios. “Habrá que monitorear de cerca la relación entre ambas potencias y el tablero internacional”, enfatizó la entidad.
En 2025 las tensiones entre EEUU y China dinamizaron las ventas de soja e impulsaron los precios (CERA)
En tanto, LCG destaca que mayor fluidez en los mecanismos de importación, junto con el crecimiento de la actividad, se traduciría en un aumento de las compras al exterior del 9,5%, hasta rondar los USD 83.000 millones. Ese incremento sería superior al de las exportaciones, que crecerían un 2,4% y se ubicarían alrededor de los USD 89.000 millones.
“Esperamos que el superávit comercial alcance los USD 6.000 millones, aproximadamente la mitad del registrado en 2025 y un tercio del observado en 2024″, agregó la consultora de marras.
Otro punto relevante en lo que respecta al comercio exterior es el tipo de cambio real. Para CERA, el nivel actual parece razonable. “El ajuste de las bandas cambiarias en función de la evolución de la inflación implica que hay menor riesgo de un atraso en esta variable”.
Más allá de la referencia general, en la Cámara de Exportadores contaron que hay sectores donde la evolución de costos está por encima de la media, lo cual penaliza la ecuación al momento de exportar.
A su vez, subrayaron que los retrasos en la devolución del IVA y de los reintegros imponen una carga financiera que, en muchos casos, termina derivando en pérdidas económicas, en un contexto de tensiones globales que estrechan los márgenes y agudizan la competencia. Los precios internacionales tampoco son ajenos a esa incertidumbre.
Retrasos en la devolución del IVA y de los reintegros imponen una carga financiera que, en muchos casos, termina derivando en pérdidas económicas (CERA)
“Creemos que hay que trabajar en la competitividad sistémica, desde los impuestos hasta la logística y el financiamiento, entre otros”, remarcaron en CERA.
En la misma línea, Bircher consideró: “El tipo de cambio es una condición necesaria, pero no suficiente para impulsar exportaciones. La competitividad externa depende también de los costos domésticos medidos en dólares, la productividad, la disponibilidad de financiamiento y la capacidad de oferta exportable.
Asimismo, el desempeño exportador está condicionado por el contexto de demanda global y por el acceso efectivo a mercados (aranceles, barreras no arancelarias, preferencias comerciales) y la posición relativa frente a competidores.
North America
Este aumento incluye sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, que dejarán de abonarse desde abril, cuando los básicos se integrarán plenamente
26/02/2026 – 20:27hs
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los incrementos de sueldo que fueron oficializados entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Según la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integran el sueldo bruto de los empleados en marzo de 2026 son:
- Básico de convenio: Una cifra remunerativa que se mantiene estable desde finales de 2025.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): una suma fija de $40.000 que continúa vigente para todas las categorías.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): una suma fija adicional de $60.000, pactada en la última negociación paritaria.
Suma fija y bono de empleados de comercio: cómo impactan en el sueldo mensual
El convenio anterior regía desde julio hasta diciembre 2025 y contemplaba un incremento total del 6%, abonado como una asignación remunerativa y no acumulativa. El aumento se distribuyó en cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
Ahora, uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.
En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.
Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.
Por lo tanto, se cobrará una suma fija no remunerativa de $60.000 por el último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $100.000. Y en enero pagarán un bono extraordinario de $170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.
Cuánto cobran los empleados de comercio en marzo 2026
A continuación, incluimos el sueldo básico que cada categoría cobrará con el incremento otorgado en marzo 2026:
Maestranza
- Categoría A: $1.155.795
- Categoría B: $1.158.852
- Categoría C: $1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $1.167.268
- Categoría B: $1.171.860
- Categoría C: $1.176.448
- Categoría D: $1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.176.448
- Categoría C: $1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.178.740
- Categoría C: $1.203.985
Auxiliares especializados
- Categoría A: $1.180.274
- Categoría B: $1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.194.044
- Categoría C: $1.201.690
- Categoría D: $1.218.519
El acuerdo también ratifica que la antigüedad seguirá calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos, remunerativos y no remunerativos, mientras que el presentismo continuará aplicándose conforme al artículo 40 del CCT 130/75.
Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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ECONOMIA
Cuánta plata hay que ganar por mes para pertenecer al 10% de la población más rica de Argentina
Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.
Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica
En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.
Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.
Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.
Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre
En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».
Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.
El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.
Los datos de la UCA revelan cuánto necesita ganar un hogar para ubicarse en cada nivel social
El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal
En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.
El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Estabilización e interrogantes hacia adelante
En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.
El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.
Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.
De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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