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ECONOMIA

¿El ocaso del gremialismo?: reforma laboral, inflación en baja y poco consenso social para paros

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La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

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El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: «No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores», expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, «convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene».

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

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En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

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En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de «los Gordos», ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 «No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales», fue la definición del nuevo triunviro.

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La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una «devaluación» en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la «ultraactividad» -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

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También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para «ningunear» a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido «un día normal».

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Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

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La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, «Confederación General de Twitter», por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que «se niegan a perder privilegios» y por eso se oponen a la agenda reformista.

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Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».

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Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de «topear» los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

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ECONOMIA

El riesgo país perfora los 500 puntos por primera vez desde 2018 y suben las acciones argentinas

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El riesgo país volvió a ganar protagonismo en el mercado financiero y alimenta la expectativa en la city, luego de perforar este martes el piso de los 500 puntos básicos, un nivel que no se alcanzaba desde hace casi ocho años. El dato se da, además, en un contexto regional favorable: en la rueda anterior, Ecuador, que había mostrado una trayectoria similar del indicador elaborado por J.P. Morgan, logró concretar una emisión de deuda internacional, un antecedente que algunos analistas leen como una posible señal del camino que podría volver a transitar la Argentina hacia el mercado de capitales.

En Wall Street, los bonos soberanos argentinos operan con subas generalizadas. Esa dinámica empuja a la baja los spreads de tasas y termina impactando directamente en el índice de riesgo país, que retrocede hasta 496 puntos básicos, quebrando la barrera de las 500 unidades por primera vez desde el 11 de junio de 2018, cuando había tocado los 487 puntos.

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Bonos y acciones argentinas en alza, con el riesgo país en mínimos desde 2018

En el mercado neoyorquino, los títulos en dólares muestran avances de hasta 1,1% en el caso de los Bonares, emitidos bajo legislación local, mientras que los Globales, regidos por ley de Nueva York, registran mejoras de hasta 0,2%.

Uno de los principales factores detrás de la reciente compresión del riesgo país es la acumulación de reservas del Banco Central. En la rueda previa, la autoridad monetaria compró u$s39 millones, lo que elevó el total adquirido en lo que va del período a u$s1.017 millones. Esa intervención representó el 11,3% del volumen operado en el mercado cambiario, un nivel claramente superior al umbral de referencia del 5% que suele mencionar el propio BCRA.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario, el Banco Central logró comprar divisas en todas las jornadas, con la única excepción del 2 de enero. En ese lapso, el promedio diario de adquisiciones ronda los u$s60 millones, un dato seguido de cerca por los operadores financieros.

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En el plano bursátil local, el S&P Merval avanza 2,4% y se ubica en 3.207.477,80 puntos, mientras que medido en dólares sube 2,7%, hasta 2.119,80 unidades, marcando su nivel más alto desde el 31 de enero de 2025.

Dentro del panel líder, las subas más destacadas de la jornada corresponden a Cresud, que trepa 7,8%, seguida por Transener, con un alza de 5,5%, y BBVA, que completa el podio con una mejora de 4,4%, en un contexto de fuerte interés por acciones vinculadas al sector energético.

Entre los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York, el mejor desempeño también lo exhibe Cresud, con un salto del 8,8%. Detrás se ubican BBVA Argentina (+5,2%), Telecom (+3,7%) e YPF (+3,3%).

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Bonos favorecidos por la baja del riesgo país: en qué invertir

Con la baja del riesgo país, para los expertos, los bonos más favorecidos serán los emitidos a más largo plazo. «Nos gusta la parte larga de la curva, en particular el Global 2041 (GD41), que vemos como el bono con el mejor retorno esperado en un escenario positivo», afirma Alejo Rivas, estratega en Balanz.

En un contexto muy favorable para créditos emergentes, sostiene que los bonos globales «empezaron a reaccionar» ante los más de u$s1.000 millones que el BCRA lleva comprados en enero para las reservas

«Hacia adelante, vemos más recorrido en caso de consolidarse la compra de reservas durante la época de cosecha. Además, si Argentina llevase adelante operaciones de manejo de pasivos, como la de Ecuador, estas podrían empujar aún más el riesgo país a la baja y facilitar el acceso fluido al mercado», sostiene Rivas.

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Según lo demostrado por otros países de la región, el riesgo país argentino tiene potencial para una baja mayor de los actuales niveles cercanos a los 500 puntos básicos.

«Países comparables con Argentina están entre 200 y 300 puntos», grafica Marcelo Bastante, analista de mercados, sobre el margen de baja de este indicador clave.

Para Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, con un escenario de riesgo país en descenso, los principales beneficiados en bonos serían los «globales y bonares en dólares, como los emitidos al 2030 (GD30 y AL30) y al 2035 (GD35), que aparecen como los primeros candidatos, ya que una compresión del riesgo país se traduce directamente en suba de precios por caída de tasas implícitas».

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En ello concuerda Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil: «En bonos, el que más me gusta es el emitido al 2035 (AL35) porque, en procesos de tasa (TIR) a la baja, debemos posicionarnos en los bonos que tengan mayor Duration Modificada (MD), porque son los que más suben de precio con cada baja de la TIR. Técnicamente, el emitido al 2041 (AL41) tiene mayor MD, pero también hay que considerar el riesgo. Así que el que, para mí, tiene la mejor relación riesgo-retorno es el AL35, que puede subir de 20% a 25% si el riesgo país cae por debajo de 400 puntos».

En la misma sintonía, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, coincide: «Con la reciente baja del riesgo país, vemos una oportunidad clara en los bonos al 2035 (AL35) y 2041 (AL41), que son los que mejor capturan la ganancia de capital en un escenario de mayor compresión del spread».

A ello agrega Auxtin Maquieyra, gerente Comercial de Sailing Inversiones: «Con un riesgo país en proceso de compresión, vemos valor tanto en renta fija como en renta variable. En bonos soberanos, preferimos la curva media y larga, donde la mayor duration permite capturar un potencial superior de ganancia de capital ante una baja adicional de spreads». 

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En este contexto, destaca al bono al 2038 (AE38), con una TIR de 9,45%, y al emitido al 2035 (AL35), con una TIR de 9,3%, que «ofrecen una relación riesgo–retorno más atractiva que la parte corta, donde gran parte del ajuste ya estaría incorporado».

Acciones recomendadas para invertir con riesgo país a la baja

Por el lado de las inversiones en acciones argentinas recomendadas en este escenario de menor riesgo país, los analistas detallan que el sector bancario será el más favorecido.

«La baja del riesgo país beneficia a todas las empresas, especialmente a aquellas con acceso al mercado de capitales, ya que pueden obtener financiamiento más barato», detalla Rubén Pasquali, analista de Fernández Laya, a iProfesional.

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Desde en análisis de Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, «si las medidas oficiales siguen reacomodándose con el riesgo país, con acumulación de reservas y leyes que fomenten el crecimiento de la industria y el empleo, me parece que el sector bancario será un claro ganador».

Esto se debe, según su argumento, a que con un aumento del consumo por parte de una clase media con mejores salarios y crecimiento del mercado laboral, «las entidades podrán dar más créditos, captar más ahorros y trabajar de bancos. Cosa que hace décadas no ocurre, por lo que me parece que es un sector que tiene mucho para crecer y Argentina empieza a ser un país normal». Sus acciones preferidas son Grupo Galicia (GGAL) y banco BBVA. 

«En acciones, el foco está en bancos y utilities, sectores muy sensibles al riesgo soberano. Entidades como Grupo Financiero Galicia, Banco Macro o BBVA Argentina suelen reaccionar rápido ante expectativas de normalización financiera, mientras que empresas reguladas como Pampa Energía, Central Puerto o Transportadora de Gas del Sur (TGS) pueden beneficiarse de un escenario de mayor previsibilidad macro y ajuste de tarifas», resume Castro a iProfesional.

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ECONOMIA

Patentes en CABA: AGIP explicó por qué algunos usuarios recibieron aumentos mayores al 100% en enero

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El impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires toma una nueva tabla de referencia elaborada por ACARA. Eso cambio modificó el precio de algunos modelos causando un incremento sustancial en la cuota de enero

En las últimas horas se empezaron a conocer casos de automovilistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que recibieron aumentos superiores al 100% en las boletas del Impuesto Automotor correspondiente al año 2026 que está comenzando.

A través de las redes sociales se conocieron casos como el de un Chevrolet Prisma del año 2016, que pasó de pagar $34.000 en diciembre a $64.000 en la primera cuota de este año, según reportó el sitio Autoblog.com.ar. La misma fuente mencionó otros casos como un Chevrolet Onix del mismo año que pasó de $20.000 a $60.000 de un mes a otro, y el de un Kia Picanto del que no se menciona el año, que en diciembre pagó $7.000 y en enero pasó a una boleta de patente de $43.000.

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Infobae consultó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad, desde donde señalaron como dato inicial que “no hay un aumento de la alícuota sino una actualización de la valuación de algunos modelos, especialmente de autos de mayor antigüedad, debido a que los valores estaban totalmente desactualizados”.

Los autos 100% eléctricos no
Los autos 100% eléctricos no pagan patente en CABA

Las mismas autoridades explicaron que esa actualización se dio ante la decisión de cambiar la tabla que se estaba tomando como referencia de la valuación de automotores, ya que siempre se tenía en cuenta la que elabora la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), pero que se encontraba sin actualización desde hacía varios meses. Por ese motivo, AGIP decidió comenzar a usar la tabla que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

“En esa actualización, la mayoría de los modelos no tienen cambios de valuación importantes, pero algunos sí, y ahí surgen las diferencias”, explicaron desde el organismo porteño, antes de destacar que con esta nueva tabla, el 16% de los automotores bajaron su valor y pagarán menos patente este año respecto a 2025, otro 16% tuvo los incrementos mencionados, y el 68% restante no se verá afectado y seguirá pagando un valor similar al del año pasado, aseguraron.

El otro punto que generó controversia fue el impuesto automotor que pagan los autos híbridos y eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2024, cuando se aprobó el nuevo esquema de alícuotas que se creó para evitar los saltos bruscos de impuesto automotor que se daban cuando un vehículo pasaba de una categoría a otra por un pequeño incremento de su precio, también se estableció que los autos eléctricos puros (100%) no pagan patente, pero los híbridos tendrían desde 2025 un período de gracia sin el impuesto de acuerdo a su valuación fiscal.

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Los autos híbridos de menos
Los autos híbridos de menos de $91.500.000 están exentos de pagar patente por dos años. Los que superan ese precio sólo tienen un año de gracia en CABA

Ese esquema diferencia la exención de patente por dos años para los vehículos híbridos con un precio menor a los $60.000.000 y una de sólo un año para aquellos que superan ese precio de venta.

En diciembre de 2024, el Toyota Corolla Cross híbrido de mayor equipamiento tenía un precio de $41.899.000 y en enero, cuando entró en vigencia el nuevo esquema, pasó a costar $43.072.000, con lo cuál durante dos años tenía exención de patente.

En enero de 2026, ese mismo modelo, el híbrido más vendido de 2025, pasó a costar $62.607.000, pero AGIP actualizó el monto máximo a partir del cual se reduce a sólo un año la exención y lo elevó el valor hasta los $91.500.000, de modo tal que ese mismo vehículo se mantiene dentro del valor que tiene dos años de gracia sin impuesto automotor.

En todos los casos, los autos con esta tecnología tendrán beneficios impositivos por los primeros cinco años, ya que se estableció una progresión de pago de patente a partir de la finalización de la exención, por la cual desde el sexto año de uso se pagará el 100% del impuesto.

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Milei apuntó contra Paolo Rocca luego del revés de Techint en una licitación clave para Vaca Muerta

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El presidente Javier Milei volvió a defender la apertura de importaciones y cargó contra quienes cuestionan la decisión, al sugerir que las críticas responden a intereses particulares. «La nueva Argentina», introdujo el mandatario en una reflexión pública, antes de apuntar contra periodistas, economistas y dirigentes políticos que alertan sobre el impacto de la apertura en la industria del acero. «Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…», lanzó.

En ese mismo mensaje, Milei apuntó de manera directa contra Paolo Rocca, al referirse a quienes salen «en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS«, en una alusión explícita al CEO del grupo Techint.

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Una licitación inédita y un proveedor extranjero

La controversia se disparó a partir de una licitación que marcó un hecho inédito en las últimas décadas: por primera vez, una empresa extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro considerado estratégico. La firma india Welspun presentó una oferta final de u$s203 millones por 480 kilómetros de ductos, un monto 25% inferior a la última propuesta de Tenaris, la filial de Techint.

Desde el grupo argentino explicaron que esa diferencia de precios responde a una supuesta competencia desleal, al sostener que los tubos son fabricados en la India con insumos provenientes de China, adquiridos a valores por debajo de los precios de mercado.

Pese a los reclamos, el Ejecutivo resolvió no aplicar medidas antidumping ni establecer nuevas barreras comerciales. Una fuente de la Casa Rosada fue tajante: «No vamos a pagar más caros los caños», al remarcar que, aun en caso de existir subsidios externos, el costo es absorbido por otros países y no por la Argentina.

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Sturzenegger: precios altos, menos inversión y empleo

En esa línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que mantener precios elevados en los insumos clave impacta de manera negativa en la rentabilidad de los proyectos y termina limitando la inversión, el empleo y las exportaciones. «Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones», señaló en un comunicado.

El funcionario también cuestionó el esquema de preferencia local, conocido como «compre nacional», ya derogado. Según explicó, garantizar derechos exclusivos a ciertos proveedores desalienta la competencia y, con el tiempo, eleva los costos en perjuicio de las empresas y los consumidores.

La respuesta de Techint y el trasfondo industrial

Desde Techint, Paolo Rocca advirtió que la importación de tubos financiados con subsidios internacionales favorece a la producción extranjera y pone en riesgo la viabilidad de la industria local. El grupo sostuvo que la elevada carga fiscal argentina dificulta competir en igualdad de condiciones y que una apertura irrestricta podría afectar inversiones y puestos de trabajo.

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La licitación se enmarca en el proyecto impulsado por el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, Pampa, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy, con el objetivo de potenciar las exportaciones de Gas Natural Licuado.

En ese contexto, el debate se trasladó al terreno de la política industrial, los impuestos y la competitividad de la industria nacional, en un escenario de mayor apertura comercial y presión internacional, especialmente por el impacto de países exportadores como China sobre el sector manufacturero argentino.

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