El Gobierno resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, una discusión sensible que ya atravesó el Congreso en los últimos dos años, pero quedó inconclusa. Para analizar la situación, el abogado penalista Leonardo Sigal sostuvo en los estudios de LN+ que “la clave es concentrarse en la reinserción”.

“La cárcel ya es una escuela del delito, entonces no podés llevar a los chicos a que aprendan a delinquir mejor”, expuso Sigal. Según el abogado, quien se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad, “hoy todos los centros de detención están sobrepasados en un 100%”.

“El Código Penal tiene una escala de penas y todos estos chicos, el día de mañana, van a volver a ganar la calle”, apuntó el letrado. “Y si no son resocializados, el peligro lo va a correr la sociedad”, agregó.

En su análisis, Sigal partió de una premisa: “Estos chicos vienen de familias rotas, de abuelos y padres que delinquen. Entonces, ellos toman el hecho de robar como un trabajo”.

“Entonces esos mismos jóvenes piensan, ‘si mi vida no vale nada, la de los demás tampoco’”, reflexionó el abogado penalista, al mismo tiempo que insistió en la importancia de la resocialización.

Consultado sobre el por qué de la desidia del sistema penitenciario, el abogado enumeró: “Los centros de detención no funcionan porque no cuentan con un sistema de seguridad acorde ni tampoco con un presupuesto”.

En consonancia, situó la fragilidad de dicha situación en territorio bonaerense. “La provincia de Buenos Aires es un hervidero: el problema del consumo de drogas en niños desde los 12 años es terrible”.

En un intento de ubicar en tiempo y espacio el origen de la situación, Sigal declaró: “Los problemas de la delincuencia juvenil llevan más de dos décadas. Y todo surge por la falta de educación”.

“Nadie está eternamente en la cárcel. Por eso, por más de que aprueben la ley, para que esta reforma realmente funcione, lo central es saber dónde van a colocar a estos menores”, finalizó el letrado.

El Gobierno resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, una discusión sensible que ya atravesó el Congreso en los últimos dos años, pero quedó inconclusa. Según informaron en Casa Rosada, el oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Ese texto, que perdió estado parlamentario y deberá ser presentado nuevamente, preveía una pena máxima de hasta 20 años de prisión para los menores condenados.

El debate no es nuevo. La encargada de motorizarlo en Diputados fue Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y aliada de Patricia Bullrich. Bajo su conducción, la iniciativa avanzó durante nueve meses por un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto.

Pese a ese recorrido, el proceso quedó trunco. El dictamen que finalmente reunió los apoyos necesarios nunca fue tratado en el recinto y, con el cierre del período ordinario, perdió vigencia. El trámite, así, deberá recomenzar desde cero.

Los detalles del nuevo proyecto aún no se conocen. Sin embargo, en el oficialismo admiten que podrían volver a presentar la versión original, aun cuando durante la negociación previa se vieron obligados a ceder en puntos clave.

El principal giro se dio en la edad de imputabilidad. En el dictamen que logró avanzar, el piso se fijó en 14 años y no en 13, como pretendía el Gobierno. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del oficialismo como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador. La opción de bajar la edad a 13 no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR.

Con un mapa parlamentario distinto -95 diputados y 20 senadores-, en La Libertad Avanza creen que ahora tienen margen para volver a la carga con su propuesta original. En ese esquema, el texto establecía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.

El despacho también introducía criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o hechos de violencia grave. Además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.

Para los libertarios, el tema es estratégico. Forma parte del núcleo duro de su discurso de mano dura, sintetizado en el lema “el que las hace las paga”, pero también es leído como una oportunidad política para tensionar a la oposición y profundizar las fisuras dentro del peronismo.

Esas grietas ya quedaron expuestas durante el debate en comisiones. Los legisladores del Frente Renovador se distanciaron del resto de Unión por la Patria: el santafesino Diego Giuliano respaldó la imputabilidad desde los 14 años y se desmarcó de su bloque, en especial de los referentes de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Desde allí impulsaron un proyecto alternativo que defendía mantener el piso en 16 años y proponía un régimen paralelo centrado en medidas socioeducativas y un acompañamiento integral.

Un tercer proyecto completa el abanico de posiciones. Presentado por la diputada peronista Agustina Propato -y aún con estado parlamentario-, establece que la punibilidad rige, en términos generales, entre los 16 y los 18 años, aunque habilita juzgar a menores de 16 por delitos extremadamente graves bajo estrictos peritajes de capacidad cognitiva. El texto prioriza el principio de última ratio, limita la privación de la libertad a casos excepcionales y breves, exige establecimientos especializados separados de los adultos y propone una estructura judicial propia, con juzgados específicos, justicia restaurativa y asistencia interdisciplinaria permanente. Propato es pareja del exministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni.