POLITICA
La Libertad Avanza impulsa en el Senado la baja de la edad de imputabilidad: quiere reducirla de 16 a 14 años
La senadora Patricia Bullrich adelantó el tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad para los menores. Lo hizo tras el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años de Santa Fe, cuyo crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años.
El debate había avanzado durante 2025 en la Cámara de Diputados cuando, tras analizarse una docena de proyectos de legisladores de diferentes fuerzas políticas, logró dictamen. Allí se estableció la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El impulso de Javier Milei
El Presidente de la Nación, Javier Milei, planteó el tema ante la asamblea legislativa del 1 de marzo del 2025. “Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, le dijo a los diputados y a los senadores.
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Días antes, una nena de siete años, Kim Gómez, había muerto durante un violento robo en la localidad de Altos de San Lorenzo, en La Plata. El hecho fue perpetrado por dos menores, uno de 14 y otro de 17 años. “Lamentablemente, llegará tarde, porque uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y no se lo puede juzgar. Y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que, con nuestra ley de imputabilidad, no hubiera estado libre desde un principio”, había dicho en aquello ocasión Milei.
Ahora, tras el crimen de Monzón y la viralización del video de su muerte, la senadora libertaria Patricia Bullrich posteó en sus redes sociales: “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”.
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La exministra de Seguridad agregó: “Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes. Al menor que delinque, las paga. Y el que asesina no vuelve a su casa como si nada. Sin consecuencias, vía libre para delinquir. Basta de este sistema vergonzoso que protege a delincuentes y abandona a las víctimas. Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”.
El dictamen como antecedente
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes trabajó durante varios meses consensuando 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años.
El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el Pro, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se trató de un amplio consenso que modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.
Finalmente, el plenario de cuatro comisiones, liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, estableció que el régimen penal se modifique de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
La bancada de Unión por la Patria entendió que la edad no debía modificarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.
Las penalidades para los menores
El dictamen de mayoría estableció en el nuevo sistema sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima.
La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios.
El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.
Si se dispusiera la privación de libertad, el alojamiento sería en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva.
El dictamen al finalizar el período legislativo 2025 perdió estado parlamentario y deberá nuevamente convocarse a las comisiones e iniciar el debate. El consenso alcanzado es un gran antecedente para poder llevar adelante el tratamiento de la norma.
Los senadores nacionales también presentaron diferentes iniciativas que, como nunca se trataron perdieron estado parlamentario, pero pueden servir de antecedentes para los debates actuales.
menores, imputabilidad, Patricia Bullrich
POLITICA
El Gobierno confirmó que el máximo representante diplomático de Irán ya abandonó la Argentina
El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.
“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó en su cuenta de X.
El jueves, el gobierno de Javier Milei le ordenó a Tehrani que abandone el país en 48 horas, en lo que significó un quiebre definitivo entre ambos países, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay condenada la decisión de la Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.
“La decisión [de expulsar a Tehrani] se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería entonces en un comunicado.
Así, el Gobierno resolvió avanzar sin pausa en el distanciamiento con Irán. Tehrani era la última representación del régimen en el país y su expulsión es el “paso previo” a romper relaciones diplomáticas, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.
La embajada de Irán en Buenos Aires era encabezada por un encargado de negocios desde agosto de 1994, un mes después del atentado a la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas y causa en la que ese país está sindicado como responsable. Tehrani, por su parte, era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en la Argentina.
La decisión de expulsarlo va en línea con la lógica geopolítica que Milei tiene desde su llegada al poder, que se expresa en una condena al terrorismo y en completa alineación con Estados Unidos e Israel, que están en guerra desde el 28 de febrero pasado con Irán.
El miércoles por la tarde, Irán condenó que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen.
Asimismo sostuvo que la declaración es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtió que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.
El gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.
Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.
Las implicancias para la Argentina
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Milei se plantó el mes pasado como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
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La Iglesia advirtió que crecieron los pedidos de ayuda y alertó por una situación “muy complicada”
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que cada vez más personas recurren a la asistencia social y que la situación es “muy complicada” en los grandes centros urbanos. Además, pidió reforzar la atención a los sectores más vulnerables.
El arzobispo de Mendoza sostuvo que perciben un crecimiento en la cantidad de personas que piden ayuda a Cáritas.
“Se nota el incremento del número de personas que piden la asistencia de Cáritas”, sostuvo en diálogo con radio Mitre y planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.
Al ser consultado por la relación con el Gobierno, Colombo deslizó: “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.
El titular de la Conferencia Episcopal insistió en que el objetivo es garantizar respuestas a los sectores más afectados. “Nos importa profundamente la atención de las personas más vulnerables”, subrayó.
En otro tramo de la entrevista, Colombo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios.
Y detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.
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El pedido de la Iglesia al Ministerio de Salud
La Iglesia le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, donde denuncia el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. Reclaman “una respuesta concreta, visible y urgente”.
En la misiva de los obispos expresan que “muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.
Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.
“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, concluyó la carta.
Iglesia católica, Pobreza, Discapacidad
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El funcionario echado por Sandra Pettovello tras tomar un crédito hipotecario defendió su gestión: “Lamento el desenlace”
La salida de Leandro Massaccesi del cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano generó impacto dentro del Gobierno, dado que no son pocos los integrantes de la administración libertaria que accedieron a un crédito hipotecario en el Banco Nación, razón por la cual su superior, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia.
Cerca de la ministra informaron este viernes que le había pedido la renuncia a su jefe de Gabinete luego de que se revelara que en los últimos meses había aplicado a un crédito en el banco estatal. En los últimos días, desde sectores de la oposición apuntaron contra diferentes miembros del Gobierno por el monto al que accedieron.
Pettovello se enteró a través de un tuit y le pidió la renuncia el jueves a la noche. Afirman que no se puso en tela de juicio el programa de compra de vivienda que efectúa el Banco Nación ni el modo en que lo realizó Massaccesi, pero que buscó desplazarlo de manera preventiva “en virtud del perfil bajo que tiene el Ministerio en materia de escándalos”.
En su primera declaración pública tras el alejamiento, Massaccesi, hijo de Horacio, exgobernador de Río Negro y candidato presidencial en 1995, aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad ni aprovechamiento personal durante su paso por la función pública.
En un extenso descargo a través de su cuenta personal de X, Leandro Massaccesi sostuvo: “Aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, rechazando de manera enfática cualquier señalamiento sobre eventuales privilegios.
Según su explicación, la solicitud del crédito se realizó “de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano argentino. El exjefe de Gabinete remarcó que la línea de crédito a la que accedió fue diseñada para beneficiar a la clase media, en especial a quienes buscan comprar su primera propiedad.
“Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó Massaccesi, quien además subrayó que el acceso de funcionarios públicos a este tipo de herramientas no constituye una falta, siempre que se cumplan todas las reglas y requisitos legales. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, apuntó el exfuncionario en su comunicado.
“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”, marcó.
La controversia se desató luego de que se conociera que Massaccesi figuraba entre los beneficiarios del programa de préstamos para la vivienda implementado por la actual administración. El programa, que apunta a facilitar el acceso al crédito hipotecario a sectores medios, había sido objeto de críticas previas por parte de opositores y de organizaciones sociales por supuestas demoras y cupos insuficientes.
Según indicó Infobae, la ministra Sandra Pettovello solicitó la salida de Massaccesi en medio de la creciente presión pública y con el objetivo de despejar cualquier sospecha sobre el proceder del Ministerio. Aunque no hubo declaraciones oficiales extensas por parte de la ministra, fuentes cercanas al Gobierno consultadas por el portal reafirmaron que la decisión buscó preservar la imagen de la gestión y evitar un desgaste mayor frente a la opinión pública.
En los últimos días, la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $400 millones otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a diputados de La Libertad Avanza ha generado controversia pública. El debate creció ante los cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a estos préstamos, que coinciden con un contexto político y social sensible.
El cruce de datos realizado por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky, permitió determinar que al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación por un monto consolidado que supera los $2.500 millones.
Entre ellos se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra una obligación de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025.
Otros nombres incluidos en estos registros son Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $309.507.000 (US$207.766). Por parte de la Cámara de Diputados, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde –los tres de La Libertad Avanza– mantienen deudas en rangos que van desde los $230 millones hasta casi $280 millones, en función de diferentes periodos relevados. Los dos primeros diputados realizaron descargos públicos en los que explicaron la forma en la que accedieron a este mecanismo.
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