POLITICA
“Es música para mis oídos”: Berni avaló la baja de la edad de imputabilidad y propuso que no haya un mínimo
La propuesta de reforma legal para bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina generó un debate intenso en el seno de la dirigencia política. En este sentido, Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, expresó su total acuerdo con avanzar en una actualización del régimen.
“La iniciativa de bajar la ley de imputabilidad es música para mis oídos”., aseguró el ex funcionario kirchnerista, en comunicación con radio La Red. El dirigente opositor remarcó la insuficiencia de la legislación actual y puso de relieve la debilidad práctica de los sistemas penales juveniles vigentes en la provincia de Buenos Aires. “Hoy estamos discutiendo si está bien que un chico de catorce años esté encerrado”, pero ya existe la legislación que permite al juez ordenar el encierro a menores de 16 años“, afirmó
En el mismo sentido, Berni recordó el asesinato del empresario Andrés Blaquier, por el cual el menor responsable fue detenido y derivado a un instituto, del que escapó en cuestión de días.
Para el exministro, la raíz del problema no reside únicamente en la edad de imputabilidad, sino en la estructura y el sentido de la ley penal juvenil. En este punto, defendió un criterio que prescinda de la edad mínima rígida y esté anclado en una evaluación psicológica. “Debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si comprendía la criminalidad, es imputable, independientemente de la edad”, explicó.
Instantes después, Berni redobló la apuesta: “No estoy de acuerdo con el límite de la edad de imputabilidad. No me parece correcto que la edad sea 13, porque ya que estamos ante la posibilidad de hacer una reforma importante al Código Penal, no debemos dejar de pasar la posibilidad de que esto sea mucho más amplio y mucho más justo».
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad se cruza con una demanda histórica que Berni afirmó haber trasladado hace más de una década a los legisladores de su espacio, Unión por la Patria, aunque reconoce que fueron los libertarios tomaron la iniciativa política. “Lamento que nuestro espacio político no se haya hecho eco de estas solicitudes y que sea el Partido Libertario el que haya tomado la bandera de entender la importancia que tiene la vinculación del delito en los menores”, apuntó.
Luego, el ex ministro de Seguridad agregó: “Creo que mi espacio político ha sido bastante resistente a bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y está claro que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que eso es lo que hoy necesita el país».
Respecto del territorio bonaerense, el exministro de Seguridad determinó que, “si bien es cierto que el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires tiene el sistema penal juvenil más avanzado de la Argentina”, en su espacio político están “debatiendo si es correcto que un chico de 14 años esté privado de su libertad”. Y recordó que en “varias oportunidades”, cuando los menores son enviados a un instituto, “pueden escaparse a los pocos días”.
“Considero que una ley por sí sola, si no está acompañada de una iniciativa integral para resolver el problema del delito en menores y de la logística necesaria para su rehabilitación, termina siendo sólo un acto de marketing político”, advirtió.
En otro pasaje, Berni abordó también los problemas de asignación presupuestaria y logística para encauzar la problemática. Es por eso que señaló que el Estado evidencia una falta de voluntad política y financiera para construir y mantener instituciones que permitan efectivamente la reinserción de jóvenes. Y sostuvo: “No veo en el Gobierno la voluntad de invertir en toda la logística necesaria para llevar adelante la reinserción de estos menores que delinquen”.
Consultado sobre el respaldo que su espacio político podría brindar al proyecto en el Congreso, Berni manifestó incertidumbre y describió una división interna. En su análisis, la negativa a avanzar con una reforma se apoya, para algunos diputados, en estadísticas que muestran baja incidencia de homicidios cometidos por menores. El exfuncionario cuestionó esa argumentación y afirmó: “Para ellos son pocos porque nunca les ha tocado a ellos. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o un familiar directamente de ellos”.
Y concluyó, previo al tratamiento del proyecto: “Para aquellos diputados de mi espacio político, que lejos de ser peronistas, están impregnados de progresismo y rechazan bajar la ley de imputabilidad porque son niños, les quiero decir que si argumentan esa decisión en base a las estadísticas, y dicen ‘bueno las estadísticas dicen que son pocos los homicidios que cometen los chicos’, les digo que para ellos son pocos porque nunca les ha tocado. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o a un familiar directo. Me parece que hay que dejar de ser hipócrita y hay que abordar los temas con la responsabilidad que corresponde”.
POLITICA
Manuel Adorni: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó la conferencia de prensa de este miércoles para hablar sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. “No tengo nada que esconder”, dijo y aclaró que su patrimonio fue construido durante su actividad privada, previo a su llegada a la Casa Rosada.
El funcionario leyó su discurso al inicio de la conferencia donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.
“No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, recordó.
Antes de iniciar la conferencia de prensa, Adorni compartió foto con parte del Gabinete, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. “Gran equipo, contra todo. Fin”, agregó. Esos mismos funcionarios estuvieron presentes en la sala escuchando el discurso junto a secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
“Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia”, denunció.
Consultado por la adquisición de varias propiedades y dónde vive, respondió: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. “Con respecto a la casa de Martínez, es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”, aseguró.
También respondió preguntas sobre su viaje a Punta del Este, donde hay sospechas por el pago del avión privado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.
Ante las consultas sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y marcó límites: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.
En el intercambio con periodistas, el funcionario también cuestionó las acusaciones sobre su situación patrimonial. “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, respondió.
Además, rechazó las críticas sobre su declaración jurada y sostuvo: “Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”.
Al final, volvió a insistir en su postura frente a las denuncias y evitó ampliar información sensible: “De los temas en los que consideramos que opinar puede interferir en la Justicia, no lo vamos a hacer”. Y concluyó: “Está todo impecable”.
POLITICA
La audiencia por glaciares se inauguró con polémica y la oposición anticipa su judicialización
La primera audiencia por la reforma de la ley de glaciares inició esta mañana en Diputados cargada de tensión. Entre los primeros discursos, hubo reclamos al oficialismo por acotar las exposiciones −a último momento se bajó de 5 a 4 minutos el tiempo para hablar− y advertencias sobre la futura judicialización de la norma. Se espera un debate extenso con 180 participantes que podrá extenderse después de las 19.
Las organizaciones socioambientales rechazan la propuesta que impulsa Javier Milei −que ya cuenta con media sanción del Senado− por considerarla inconstitucional y “regresiva”. Argumentan que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución Nacional para las provincias −que impone condiciones de protección uniformes en todo el país− y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.
“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, pero sepan una cosa: la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo”, anticipó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y aseguró a que las próximas generaciones van a seguir defendiendo el agua. “Es algo mucho más importante que los minerales para su vida”, lanzó.
Los defensores de los cambios −sobre todo referentes de las provincias cordilleranas con potencial minero− replican que, en vez de prohibir se debe mejorar el uso del agua para que conviva la protección con el desarrollo productivo.
Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, defendió los cambios propuestos y buscó desarmar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la minería y otras actividades productivas. Para graficarlo, apeló a datos de consumo hídrico: “Se consumen anualmente 1500 hectómetros cúbicos de agua: el 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y apenas el 3% a la minería”.
El oficialismo desplegó desde temprano un amplio operativo de seguridad en el perímetro del Congreso. A las 17 se espera una movilización impulsada por organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. Es que de los más de 100.000 inscriptos, menos del 0,3% podrá hacerlo frente a los diputados: hoy de manera presencial y mañana en forma virtual.
La audiencia pública es conducida por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente.
“Los diputados tendrán para escuchar y para leer todas las ponencias a través de todos los medios. Todas por igual van a formar parte del expediente para que sean consideradas por los diputados”, dijo Mayoraz al inaugurar las exposiciones.
Uno de los primeros picos de tensión se dio cuando los referentes de distintas organizaciones ambientales denunciaron que no dejaban entrara a 15 ciudadanos inscriptos y confirmados. “Ahora dicen que no están en la lista”, vociferó Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados ambientalistas. Hubo un cruce que fue frenado a tiempo entre el libertario Sebastián Pareja y el peronista de vertiente sindical, Mario “Paco” Manrique.
En la antesala de la audiencia, diputados de distintos espacios políticos como la Coalición Cívica, el PJ, parte del radicalismo y el Frente Patria Grande formalizaron una impugnación a la audiencia. “Será un argumento más para la judicialización de la norma”, anticiparon a Viale y Nápoli.
La presentación dirigida a Martín Menem sostiene que la audiencia resulta inválida. “Restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”, argumentaron sobre la metodología adoptada por el oficialismo.
Mayoraz señaló que “se le está dando curso”. Recordó que hubo medidas cautelares que se rechazaron por la Justicia y consideró que el procedimiento previsto “se ajusta a derecho y debe seguir”.
“La Pampa no puede discutir esto en abstracto: el agua es una condición de existencia”, planteó la secretaria de Ambiente provincial, Marina Basso. Con respaldo en datos técnicos, sostuvo que los ambientes glaciares y periglaciares funcionan como reservas hídricas clave y advirtió sobre el impacto interjurisdiccional. “El 70% de nuestra población depende del río Colorado. Los ríos no reconocen límites políticos, por eso existen los presupuestos mínimos”, señaló. En esa línea, alertó que cualquier flexibilización puede “poner en riesgo la equidad territorial” y evocó la experiencia del Río Atuel: “No es una hipótesis, es nuestra historia. Decisiones aguas arriba generaron desertificación. Sin agua no hay presente ni futuro”.
En un sentido similar, la presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba), Natalia Di Pace, cuestionó los cambios propuestos en la autoridad de aplicación. Advirtió que la redacción abre zonas grises que podrían desarticular el esquema institucional actual y derivar en una ola de judicialización. “El agua es un bien público, escaso y vulnerable. Requiere mecanismos de cooperación, no discrecionalidad”, resumió.
Desde el otro lado del debate, el ministro de Producción de San Juan defendió la iniciativa y buscó correr la discusión de una lógica binaria. “Hay una falsa dicotomía entre la minería y el cuidado del agua”, sostuvo. Aseguró que la provincia mantiene un compromiso con la protección de los glaciares, pero remarcó que la actividad minera es “ineludible” para su desarrollo en el marco de una matriz productiva diversificada.
Una de las intervenciones más críticas fue la de Marta Maffei, exdiputada de la Coalición Cívica y coautora de la ley vigente, quien apuntó directamente contra la arquitectura del proyecto. Recordó que el artículo 41 de la Constitución establece presupuestos mínimos de orden público −no meras recomendaciones− y advirtió que el nuevo texto los debilita. “Es una norma regresiva respecto de la legislación ambiental vigente”, afirmó. También alertó sobre el criterio federal que propone la reforma: “Bajo una fachada de federalismo, lo que se habilita es discrecionalidad para que cada provincia disponga sobre el agua y los glaciares”.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también se expresó en rechazo y encuadró el debate en términos de derechos. “El agua no es una mercancía, es un derecho humano”, afirmó, al tiempo que denunció afectaciones a comunidades indígenas y sectores vulnerables. Citó además principios constitucionales para advertir sobre el impacto social de la iniciativa.
En el plano técnico, el glaciólogo Gabriel Carrera, con más de cuatro décadas de trabajo en el Ianigla, cuestionó la precisión conceptual de la ley actual y propuso ajustes. Señaló que el “ambiente periglaciar” resulta una categoría difusa y sugirió reemplazarla por “geoformas periglaciares”. Y subrayó: “El Ianigla viene inventariando glaciares en el ambiente glacial y glaciares de escombros en el ambiente periglaciar, y no otra cosa que no tenga función hídrica”.
Por fuera de los planteos institucionales, también hubo intervenciones con fuerte anclaje territorial. Desde Chubut, Marcelo Arteaga describió un escenario crítico en su localidad: denunció contaminación de cursos de agua, escasez en el suministro y falta de impacto laboral de la actividad extractiva. “En mi pueblo, de siete días, cuatro no tenemos agua”, graficó.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario. La oposición argumenta que esto viola el principio de presupuestos mínimos ambientales definidos por la Constitución Nacional.
March 25, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
POLITICA
«Día del Niño por Nacer»: el Gobierno celebró la fecha y ratificó su postura contra el aborto legal
El Gobierno nacional publicó hoy un mensaje en redes sociales con motivo del «Día del Niño por Nacer«, en el que reafirmó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, que es contraria a la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020.
“Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, haciendo un llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás”, señala el posteo desde la cuenta de Casa Rosada.
La jornada fue instaurada por decreto en 1998, bajo el mandato del entonces presidente Carlos Menem, como parte de una agenda que impulsaba el Papa Juan Pablo II. Argentina fue uno de los primeros países en declarar la fecha de manera oficial. A casi 20 años de su sanción, nunca se modificó desde entonces, aún cuando pasaron distintos gobiernos con la más amplia diversidad ideológica.
El posteo del Poder Ejecutivo recuperó esa efeméride: “Reafirmamos la vocación histórica de Argentina de promover la cultura de la vida con la certeza de que ella siempre triunfa sobre la muerte”.
La consigna “pro vida” es compartida por los distintos sectores del oficialismo, incluso entre los bandos que están enemistados en la interna libertaria. Es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que avaló para este miércoles en el Senado una agenda de actividades alusivas a la jornada.
A las 11.00, se programó el ciclo “Hablan los expertos: La defensa del niño por nacer. La vida nuevamente en la agenda argentina”, organizado por la senadora nacional por Córdoba de La Libertad Avanza (LLA), Carmen Álvarez Rivero y el Centro de Estudios Civilitas.
Entre los oradores están incluidos Samuel Jofré, obispo de Villa María, Rubén Revello y Zelmira Bottini de Rey, del Instituto de Bioética de la UCA; Macarena Fehleisen, de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina; y Sebastián García Díaz, director del Centro de Estudios Civilitas.
Por la tarde, a las 16, se inaugurará la muestra “Tu camino antes de nacer” en el hall de ingreso del Edificio Anexo del Senado. La actividad fue organizada por autoridades del Senado de las áreas de Cultura y Relaciones Internacionales, junto a CO.DE.IN. Finalmente, el cronograma finalizará a las 19, cuando se iluminarán los balcones del Palacio Legislativo con el color celeste azul para conmemorar la fecha.
Más allá de La Libertad Avanza, este mediodía hubo pocas voces que se pronunciaron sobre el día. Desde el PRO, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, desde hace tiempo se abraza a la agenda simbólica “provida”, y publicó un mensaje alusivo para que “cada persona recuerde que esos niños que aún no nacieron tienen derechos tan reales como los suyos”. “En especial, recordar que tienen derecho a estar vivos y a nacer”, señaló en un texto.
“En la Ciudad, en este momento hay alrededor de 28.000 niños por nacer; en toda la Argentina, unos 380 mil; y en el mundo, 140 millones. Todos estos niños están dentro del vientre de mujeres en distintas etapas de desarrollo: desde a término para su nacimiento (aproximadamente 40 semanas), hasta recién concebidos”, indicó la funcionaria del alcalde Jorge Macri.
“Desde el instante de la concepción hasta que un bebé nace pasan apenas 280 días, menos de 7000 horas -continuó- En ese período sucede la transformación más colosal que existe, que convierte la información genética de solo dos células de distinto sexo en un ser humano completo. En ese período, no hay nada más solo, frágil e indefenso que ese niño por nacer”.
A fines de 2024, el gobierno porteño profundizó en este programa. Anunció una iniciativa mediante la cual los padres que perdieron a sus hijos antes de nacer podrán registrarlos con nombre completo. Hasta entonces, en todo el país, la muerte de un feto se anotaba como NN, con el apellido de la madre y/o el padre. No existe una legislación para estas situaciones.
Los mensajes y actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” conservadora que impulsan los libertarios, que repudian lo que denominan como “ideología de género” que apuntan a los reclamos de igualdad que abroga el feminismo y la agenda de derechos impulsada por el movimiento de mujeres.
Como reflejó el debate de la legislación del aborto, la discusión sobre el inicio de la vida humana es controversial en la comunidad científica y médica. También genera posturas enfrentadas sobre lo que se debe priorizar desde un punto de vista bioético: si el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, o las concepciones filosóficas y religiosas que consideran al cigoto como un ser humano con plenos derechos. En 2020, se zanjó legalmente esa disputa en favor de la autonomía de las mujeres sobre sus vientres.
Los mensajes y las actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” que impulsan los libertarios. Este sector repudia lo que denomina ‘ideología de género’ y rechaza tanto los reclamos de igualdad por los que aboga el feminismo, como la agenda de derechos promovida por el movimiento de mujeres.
Si bien el Gobierno abraza a los pañuelos celestes, lo cierto es que en el movimiento libertario global tampoco hay consenso sobre el punto. Una de las fuentes de inspiración de Milei, Murray Rothbard, proclama que la madre debe tener un derecho absoluto sobre su cuerpo.
Ya el año pasado, la administración de Javier Milei había impulsado una efeméride similar. Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza cuestiona abiertamente la legalización del aborto y coquetea con la idea de promover su derogación.
Pese a la vigencia de la Ley N° 27.610, las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos advierten por su incumplimiento y falta de acceso a recursos de salud reproductiva. Según Amnistía Internacional, se desmantelaron programas y canales de contención y asesoramiento sobre el derecho al IVE y la provisión de métodos anticonceptivos. La ONG recibió en el último año un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023.
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