A través del Decreto 77/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno designó a Antonio José Mauad como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo encargado de monitorear y dar alertas sobre el clima en todo el país.

La designación de Mauad será por cuatro años y bajo la modalidad “ad honorem”. Eso significa que ocupará el puesto sin salario. En paralelo, tendrá el rango y la jerarquía de subsecretario dentro del Ministerio de Defensa, una condición que le otorga acceso a las principales decisiones en materia de recursos económicos y gestión operativa.

La decisión busca cubrir una vacante que se mantenía desde mediados de agosto de 2025, cuando el propio Mauad había renunciado al cargo. “Resulta necesario proceder a la designación del mismo, a partir del 1° de enero de 2026 y por el plazo de cuatro años”, señala el decreto.

El Servicio Meteorológico Nacional funciona como un organismo descentralizado. Esto implica que, aunque depende de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, cuenta con autonomía financiera y personalidad jurídica propia. Así lo fija el Decreto 1432/2007, que, además, establece que su dirección debe recaer en una sola persona, seleccionada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

El SMN cumple funciones de alto impacto social: alerta temprana de fenómenos extremos, coordinación con organismos de defensa civil y producción de información meteorológica para sectores clave como el agro, la navegación o la aviación.

El nombramiento de Mauad recibió el visto bueno de la asesoría jurídica permanente del Ministerio de Defensa, que interviene en cada trámite de este tipo para verificar su legalidad. Tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 7, el Presidente tiene la potestad de hacer este tipo de nombramientos en organismos descentralizados.

Con la llegada de Mauad, quien asume la responsabilidad de liderar un equipo técnico de alta especialización, el Gobierno refuerza la conducción del organismo encargado de gestionar la información meteorológica oficial de la Argentina.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

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Quién es José Mauad, el héroe de Malvinas que el Gobierno nombró como director del Servicio Meteorológico Nacional

Mauad, ex combatiente de la guerra de Malvinas y condecorado recientemente con la Medalla Honor al Valor en Combate, había sido destacado por su desempeño en el ataque del 13 de junio de 1982, la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur. La distinción recibida a mediados de 2024 no solo honra su valor militar, sino que también refuerza su imagen institucional.

Con más de 40 años en la Fuerza Aérea Argentina, Mauad llega al SMN tras haber dirigido la Escuela Superior de Guerra Aérea y liderado la Planificación Logística de la fuerza. En la década de los noventa, ejerció como gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), y entre 1994 y el año 2000 fue edecán presidencial de Carlos Menem. Destacan además su intervención en la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de haber actuado como enlace parlamentario y diplomático en España y Países Bajos.

La normativa exige que el director del SMN cuente con un título universitario y al menos cinco años de experiencia en áreas relacionadas.

Su currículum acredita no solo una licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico, sino también un máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria por la Universidad San Pablo CEU, en Madrid.

Mauad asume este cargo tras su primera etapa de ocho meses y, previamente, una breve gestión del físico Alejandro de la Torre, quien dirigió el SMN desde marzo luego de la salida de la doctora Yanina García Skabar. Previamente, Celeste Saulo había dejado el puesto para asumir la Presidencia de la Organización Meteorológica Mundial.

El Gobierno decretó la Emergencia Ígnea en Santa Cruz ante el agravamiento de los incendios forestales que afectan la región patagónica. La medida, formalizada a través del decreto 80/2026, se publicó luego de declarar bajo este mismo estado a las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén.

Fuentes oficiales habían anticipado la decisión a Infobae el sábado por la tarde, ante la imparable extensión y severidad de los focos ígneos en áreas protegidas y zonas rurales. Con esta normativa se busca habilitar la articulación de recursos y acciones inmediatas para contener el avance del fuego y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población.

El decreto establece que la provincia recientemente incorporada queda bajo el régimen de emergencia previsto en la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, y declara zona de desastre a los territorios afectados por incendios. De acuerdo con la normativa, la Agencia Federal de Emergencia asume la coordinación de todas las medidas, siendo además la encargada de notificar el estado de los focos, los trabajos de combate y los recursos.

“Las condiciones hidrometeorológicas adversas en la Provincia de Santa Cruz, caracterizadas por la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal, configuran un escenario de emergencia para la región, cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos, y un menoscabo en los bienes y peligro de la vida de las personas que la habitan”, argumentó el Gobierno.

Además de declarar la Emergencia, el texto oficial a través de su artículo primero, incorporó a la provincia “en los términos previstos en el artículo 2°, inciso e) de la Ley N° 27.287 y sus modificatorias, con los alcances establecidos en los artículos 1° y 3° del Decreto No 73 del 29 de enero 2026″. Esto implica la extensión por el plazo de un año “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

Santa Cruz no había sido inicialmente incorporada en la declaración dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes, aunque el gobernador Claudio Vidal había respaldado el reclamo de los mandatarios patagónicos, en medio de los incendios que afectan a la región desde hace semanas.

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Mientras los principales focos permanecen en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, Santa Cruz también registró incendios recientes. La emergencia se activó con al menos tres frentes identificados al sur de Puerto San Julián, en áreas consideradas críticas para el ecosistema local, como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El foco principal avanzó hasta ubicarse a 20 kilómetros al sur de la ciudad, cerca de zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.

El fuego llegó a solo 4.000 metros de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo directo para esas estructuras. Además, se detectó un posible tercer foco más alejado, cuyo acceso permanecía restringido por razones de seguridad. Frente a este escenario, la Administración de Javier Milei desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y recursos logísticos para responder a los incendios en la Patagonia.

Ante ello, “se exige que el Gobierno nacional brinde una respuesta eficaz y urgente que permita la adecuada articulación y disponibilidad de los recursos públicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos perseguidos”, explicaron en el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros.

Medidas para proteger el patrimonio natural

La Administración de Parques Nacionales aprobó las nuevas “Políticas y lineamientos estratégicos del Directorio de APN para el período 2024-2027”, que servirán como instrumento rector para la planificación y evaluación institucional. La resolución 25/2026 establece que estos lineamientos actualizarán y complementarán los marcos vigentes, alineándose con los desafíos actuales y con la metodología de “gestión por resultados”.

La medida, fundamentada en la necesidad de dotar al organismo de herramientas modernas y adaptadas a los requerimientos actuales, da continuidad a los antecedentes normativos aprobados en 2001 y 2018, pero introduce actualizaciones para fortalecer la planificación y el seguimiento.

Entre los puntos del anexo que ampoañan la medida publicada también en Boletín Oficial, se destacan aquellos relacionados con la protección del patrimonio natural.

• La protección activa del patrimonio natural y cultural constituye uno de los cinco pilares estratégicos definidos para el período, orientando acciones para asegurar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales bajo jurisdicción del organismo.
• Se prioriza la implementación de medidas de gestión sostenible que aseguren la integridad ecológica de los parques nacionales, promoviendo la restauración y el monitoreo de los ecosistemas protegidos.
• El fortalecimiento de la vigilancia y el control sobre las áreas protegidas es un objetivo central, con énfasis en la prevención y respuesta ante amenazas como incendios, actividades ilegales y especies exóticas invasoras.
• Se promueve la colaboración con otros organismos, sectores científicos y comunidades locales para consolidar alianzas estratégicas que potencien la capacidad de conservación y manejo del patrimonio natural.

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Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

“Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.

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