ECONOMIA
Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas: se volverán a juntar el viernes para evitar un paro de colectivos
(Wikipedia)
Tras el fracaso de la reunión de este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros acordaron para este viernes una nueva instancia de diálogo con el fin de intentar destrabar las negociaciones paritarias que mantienen abiertas desde comienzos de año. El objetivo principal de este encuentro, que comenzará a las 11 de la mañana, es buscar un acuerdo salarial que evite la profundización del conflicto y un eventual paro que afectaría al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras jurisdicciones del país.
El llamado a la reunión fue confirmado por los representantes gremiales tras una serie de encuentros previos que no arrojaron un acuerdo, en los cuales el sindicato rechazó las propuestas empresariales por considerarlas insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los choferes.
En un nuevo comunicado, el gremio sostuvo que continuará con la discusión hasta agotar todas las instancias de diálogo e instó a las cámaras empresarias a presentar una oferta salarial que, a su criterio, esté “a la altura de la situación económica actual”. El texto añade que, de no existir una propuesta superadora, el sindicato definirá las medidas de acción gremial correspondientes para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores. Este anuncio incluye, entre otras acciones, la posibilidad de un paro de actividades.
El conflicto, que se ha prolongado durante varias semanas, tiene en su centro la recomposición de los salarios de los choferes en un contexto de inflación elevada y aumento del costo de vida. En audiencias anteriores, las cámaras empresarias realizaron una oferta que la UTA calificó como “insuficiente” y rechazó formalmente.
Las partes vienen manteniendo un intercambio continuo. El último encuentro, realizado hace pocos días en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin acercamientos significativos. Las fuentes sindicales remarcaron que la oferta empresarial —cercana a un 1% de aumento— no cubre la pérdida acumulada frente a la inflación y resulta incompatible con el sostenimiento de un salario acorde a las necesidades básicas.
Desde el lado de las cámaras empresarias, se argumenta que el sector atraviesa una situación “económica, financiera y operativa crítica” que limita su capacidad de ofrecer recomposiciones salariales sustanciales sin asistencia pública o cambios en la estructura de costos. En reuniones anteriores, los representantes empresariales subrayaron que la falta de un marco financiero estable y la reducción de subsidios complican la ejecución de acuerdos que satisfagan las demandas del gremio.
En este contexto, la reunión del viernes será considerada por ambas partes como una instancia estratégica para definir si continúan las negociaciones o si se activa un plan de lucha gremial. Según el comunicado de la UTA, el sindicato evaluará el resultado de la reunión en función de si existe una propuesta que pueda ser trasladada a las bases. No se detalló la modalidad específica de las posibles medidas de acción gremial que se podrían anunciar, pero sí se precisó que estas se definirán luego del encuentro.
La negociación paritaria en el sector del transporte de pasajeros ha sido un punto de atención en las últimas semanas debido a su potencial impacto en la movilidad cotidiana de millones de usuarios. En las audiencias anteriores, la tensión entre las necesidades del personal y la situación financiera de las empresas fue un tema recurrente, sin que se lograran consensos definitivos.
El conflicto paritario entre la UTA y las cámaras empresarias de transporte no es nuevo en el calendario de negociaciones del sector, pero tomó mayor relevancia en los últimos encuentros luego de que las partes no coincidieran en el porcentaje de aumento que debía aplicarse a los salarios. La UTA rechazó la primera oferta empresarial, lo que llevó a la convocatoria de nuevas audiencias en la Secretaría de Trabajo.
El sindicato argumentó que los incrementos salariales anteriores no habían logrado compensar la escalada de precios y que, frente a un aumento continuo del boleto, los trabajadores debían obtener un ajuste que cubriera esa brecha. A su vez, las cámaras empresarias señalaron que la situación económica actual del sector, marcada por costos crecientes y falta de respaldo financiero adecuado, condiciona su capacidad de ofrecer mejoras salariales de mayor magnitud sin un apoyo externo o cambios en la normativa vigente.
Desde el punto de vista oficial, el Ministerio de Trabajo participó activamente de las audiencias como órgano convocante, con el propósito de facilitar el diálogo y evitar que el conflicto derive en medidas de fuerza que afecten el transporte público. La agenda oficial incluyó la articulación de espacios de negociación entre los actores involucrados, aunque hasta el momento no se logró un acuerdo definitivo.
En ese marco, el último antecedente formal del conflicto fue la audiencia virtual realizada este martes 27 de enero, convocada por el Ministerio de Capital Humano. Allí participaron representantes de la UTA y de todas las cámaras empresarias del sector, junto a funcionarios de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
Durante ese encuentro, las cámaras empresarias señalaron que mantienen conversaciones con las carteras de Economía y Transporte y solicitaron un cuarto intermedio, a la espera de definiciones oficiales que les permitan formular una propuesta salarial. En ese sentido, indicaron que aguardaban precisiones tras una reunión prevista con autoridades del área de Transporte.
Por su parte, la UTA dejó constancia de que el conflicto “lejos de atenuarse, se ha profundizado” y afirmó que, pese a los meses de negociación y a las instancias de diálogo promovidas por la autoridad laboral, “no se ha logrado hasta la fecha un ofrecimiento empresario serio, concreto y acorde a la grave problemática salarial planteada”.
En ese mismo sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica “sumamente delicada”, producto del deterioro del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida, y advirtió que esa realidad “no admite más dilaciones”.
Finalmente, y en un pasaje central del acta, la organización sindical dejó expresamente planteado que “de no lograrse un acuerdo salarial en la próxima audiencia a convocarse, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.
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ECONOMIA
La misión argentina concluyó la revisión con el FMI y regresó al país: cómo sigue el camino al desembolso de USD 1.000 millones
La comitiva argentina que durante los últimos días mantuvo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos regresó al país tras concluir la segunda revisión del programa. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que el proceso técnico finalizó y solo resta el paso administrativo para que el organismo formalice el resultado. La expectativa ahora se centra en la confirmación del desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en el nivel de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Durante la semana pasada, un equipo encabezado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantuvo encuentros con funcionarios del FMI en la ciudad de Washington. El objetivo fue avanzar en la revisión de los compromisos asumidos por la Argentina en el programa de facilidades extendidas. Menos de una semana después, la delegación ya se encuentra de regreso en Argentina.
La negociación de la segunda revisión formó parte de una agenda que el Gobierno priorizaba desde comienzos de febrero. En 2025, el equipo económico cumplió con las metas fiscales y monetarias, aunque enfrentó mayores dificultades en el plano cambiario, para acumular reservas netas en el BCRA. Estas complicaciones respondieron tanto a las ventas de divisas previas a las elecciones legislativas de octubre para controlar el tipo de cambio como a la decisión de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda —lo que no ocurrió— con el fin de privilegiar la desaceleración de la inflación.
Desde el 1° de enero pasado, al iniciar la fase 4 del programa, el BCRA mejoró su desempeño: ya suma más de 38 jornadas consecutivas de compra de dólares, tanto en el mercado de cambios como mediante acuerdos con contrapartes externas. El viernes pasado, la entidad adquirió USD 31 millones, acumulando más de USD 2.700 millones en lo que va del año.
Pero algunos analistas consideran que las modificaciones en el régimen cambiario —el ajuste de las bandas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— son parciales y que podrían surgir nuevas exigencias por parte del FMI. Aunque el nuevo esquema ya recibió el “aval” de Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, durante su encuentro en Davos con el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Caputo respondió: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.
Una vez que la segunda revisión finalice en términos administrativos y se conozca el staff report, la atención estará puesta en si el Fondo introduce nuevas sugerencias sobre el esquema cambiario y en las metas de acumulación de reservas internacionales netas del BCRA para el año. Hasta ahora, para el primer trimestre de 2026, el FMI exigió al BCRA reservas netas por USD -3.100 millones, mientras que antes de la primera revisión la meta era positiva, en USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Para el cuarto trimestre, la meta asciende a USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).
El contexto de estas negociaciones estuvo marcado por la necesidad de acceder a los USD 1.000 millones pendientes del acuerdo, un desembolso que impacta directamente en la capacidad del país para afrontar vencimientos de deuda y fortalecer las reservas del BCRA. En las últimas semanas, distintos analistas y actores del mercado siguieron de cerca el desarrollo de las conversaciones, atentos a cualquier señal sobre la continuidad del programa y la estabilidad financiera.
El regreso de la delegación y el cierre técnico de la revisión constituyeron un paso clave. Actualmente, la segunda revisión entre Argentina y el FMI atraviesa la fase administrativa previa a la formalización: este procedimiento incluye la circulación de documentos internos, la revisión de informes por parte de los equipos técnicos del organismo y la programación de la reunión del directorio ejecutivo.
Un exdirector del FMI explicó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo, ya que el proceso formal dentro del organismo incluye varias etapas que exceden la negociación técnica inicial. Finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado por el staff del organismo, junto con la directora gerente Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta. Luego, se elabora un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que se eleva a la Junta Directiva del organismo.
El exdirectivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento. “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, agregó, en referencia al momento en que el directorio podría tratar el acuerdo.
El acuerdo entre la Argentina y el FMI sigue rigiendo la política económica del Gobierno en materia de financiamiento externo. La segunda revisión representó un desafío central para el equipo económico, que centró sus esfuerzos en normalizar la relación con el organismo y asegurar los recursos comprometidos. La validación formal del expediente será el próximo hito en la implementación del programa.
En marzo de 2026, los salarios de los albañiles y demás trabajadores de la construcción en Argentina se determinaron según el último acuerdo paritario alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)y las cámaras empresariales del sector.
El convenio, de alcance nacional, dispuso incrementos acumulativos sobre los salarios básicos vigentes y el pago de sumas fijas mensuales diferenciadas por categoría y zona.
Los montos varían según la región y el tipo de actividad, mientras que el acuerdo prevé un monitoreo constante de las condiciones económicas para evaluar futuras actualizaciones.
Desde el inicio de marzo, los albañiles incluidos como “Oficiales” en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 perciben su sueldo con el último incremento paritario vigente.
El acuerdo fijó para febrero un aumento acumulativo del 1,8% sobre el básico de enero, luego de que en enero se aplicara una suba del 2% sobre los haberes de diciembre de 2025. Las partes acordaron que estos salarios se mantienen hasta la firma de un nuevo ajuste.
En la Zona A, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones, el salario básico por hora para un Oficial es de $4.679. Este valor se multiplica por la cantidad de horas trabajadas en el mes para calcular el jornal mensual.
El escenario cambia según la región, debido a los adicionales convencionales previstos por la UOCRA:
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut): $5.196 por hora
Zona C (Santa Cruz): $7.873 por hora
Zona C-Austral (Tierra del Fuego): $9.358 por hora
Además del básico, el acuerdo dispuso una suma mensual no remunerativa, que los albañiles perciben en dos cuotas quincenales y que también depende de la zona:
La paritaria firmada por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) abarca todas las categorías del sector, con esquemas diferenciados por zona geográfica. Los valores vigentes a marzo 2026 son los siguientes:
Zona A (CABA, provincia de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias del norte y centro):
- Oficial especializado: $5.470 por hora
- Oficial: $4.679 por hora
- Medio oficial: $4.324 por hora
- Ayudante: $3.980 por hora
- Sereno: $723.032 por mes
Zona B (Neuquén, Río Negro, Chubut):
- Oficial especializado: $6.071 por hora
- Oficial: $5.196 por hora
- Medio oficial: $4.793 por hora
- Ayudante: $4.438 por hora
- Sereno: $805.489 por mes
Zona C (Santa Cruz):
- Oficial especializado: $8.397 por hora
- Oficial: $7.873 por hora
- Medio oficial: $7.597 por hora
- Ayudante: $7.377 por hora
- Sereno: $1.208.753 por mes
Zona C-Austral (Tierra del Fuego):
- Oficial especializado: $10.940 por hora
- Oficial: $9.358 por hora
- Medio oficial: $8.648 por hora
- Ayudante: $7.960 por hora
- Sereno: $1.446.064 por mes
Las sumas no remunerativas varían también según la categoría y la zona, con valores en marzo de:
Zona A: Oficial Especializado ($121.800), Oficial ($112.200), Medio Oficial ($102.800), Ayudante y Sereno ($96.800)
Zona B: Oficial Especializado ($135.200), Oficial ($124.600), Medio Oficial ($114.100), Ayudante y Sereno ($107.500)
Zona C: Oficial Especializado ($187.000), Oficial ($172.300), Medio Oficial ($157.800), Ayudante y Sereno ($148.600)
Zona C-Austral: Oficial Especializado ($243.600), Oficial ($224.400), Medio Oficial ($205.600), Ayudante y Sereno ($193.600)
Así, el recibo salarial de marzo 2026 muestra diferencias marcadas según la categoría profesional y la región del país en la que se desempeña el obrero.
El acuerdo paritario más reciente fue firmado por la UOCRA y las cámaras empresariales, y homologado por la Secretaría de Trabajo a fines de 2025.
El convenio establece incrementos acumulativos: 2% de aumento en enero respecto de diciembre 2025, y 1,8% adicional en febrero respecto de enero 2026. Estos porcentajes impactan sobre los básicos de todas las categorías y zonas, y se suman al pago de sumas fijas no remunerativas.
La paritaria incluye una cláusula de seguimiento: las partes acuerdan mantener abierta la negociación y monitorear la evolución de las variables económicas del sector.
El acuerdo paritario regía hasta el 28 de febrero de 2026 y, al cierre de esta edición, las conversaciones para definir nuevos ajustes ya se encuentran en marcha, atendiendo a la evolución de la inflación y la situación del sector.
El convenio establece que ningún trabajador puede ver reducido su ingreso total respecto al mes anterior. Además, las sumas fijas no remunerativas que se abonaron en enero y febrero —y que se mantienen en los haberes de marzo— se encuentran sujetas a los aportes y contribuciones destinados a la Obra Social.
Los incrementos alcanzan tanto a la construcción general como a actividades específicas bajo convenios como el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petroleros y gasíferos. En estos casos, las escalas salariales de febrero continúan vigentes durante marzo, hasta que se firme un nuevo acuerdo.
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ECONOMIA
La advertencia de Cavallo: “Sin una baja de la tasa real, será difícil sostener el ajuste fiscal y la apertura de la economía”
Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor
El economista y exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió sobre la necesidad de acelerar una transformación monetaria profunda en la Argentina.
En un extenso análisis que publicó en su blog personal, sostuvo que el gradualismo en materia cambiaria y financiera es tan inconveniente como el gradualismo fiscal y planteó que, sin una baja significativa de la tasa real de interés, será difícil sostener tanto el ajuste de las cuentas públicas como la apertura de la economía.
El argumento del exfuncionario se posa sobre la teoría de que la tasa real de interés no es una variable secundaria, sino el eje que condiciona el equilibrio fiscal, la reactivación y la competitividad frente a las importaciones.
Según detalló Cavallo, al 31 de diciembre de 2025 la deuda pública argentina equivale al 70% del Producto Bruto Interno. En ese contexto, una reducción de 100 puntos básicos (1%) en la tasa real implicaría una baja del gasto público equivalente al 0,7% del PBI. “Si se lograra una reducción de 300 puntos básicos, el ahorro fiscal superaría el 2% del PBI”, sostuvo, y agregó que ese margen podría destinarse a reducir impuestos, financiar inversión pública o combinar ambas opciones.
Para ilustrar su planteo, recordó el caso de Italia tras la adopción del euro. Con una deuda del 120% del PBI y tasas superiores al 10% anual, el reemplazo de la lira por la moneda común redujo el costo financiero a la mitad. “Italia prácticamente eliminó su déficit fiscal, que era superior al 6% del PBI”, señaló, retomando un ejemplo que, según recordó, el economista Rudiger Dornbusch utilizaba con frecuencia para explicar los beneficios de una reforma monetaria.
El exministro advirtió que avanzar en la apertura de la economía sin haber reducido de forma sustancial la tasa real de interés puede generar tensiones en el sector productivo. La competencia de importaciones —con mención particular a los productos provenientes de China— obliga a una reestructuración productiva que, en el largo plazo, puede fortalecer la economía, pero en el corto plazo exige inversión y financiamiento.
“Si el sector privado no consigue crédito a tasas razonables, los costos de adaptación pueden ser muy gravosos”, planteó y resaltó que la reconversión de empresas existentes, la incorporación de tecnología y la creación de nuevas firmas requieren acceso al mercado de capitales y al crédito bancario en condiciones sostenibles.
Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor
En este sentido, Cavallo vinculó directamente la reforma monetaria con la competitividad. Una tasa real más baja no solo alivia el costo financiero del Estado, sino que amplía la disponibilidad de crédito para el sector privado y facilita la adaptación a un entorno de mayor competencia interna y externa.
Asimismo, sostuvo que el tipo de cambio encontrará un equilibrio más sólido si el mercado cambiario opera sin restricciones y con acumulación genuina de reservas, abandonando la práctica de funcionar con reservas netas negativas. Solo en ese contexto —argumentó— podría reducirse de manera significativa el riesgo país y consolidarse el acceso al financiamiento.
Cavallo valoró decisiones recientes del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas, como evitar la emisión de deuda en pesos a tasa fija y cubrir vencimientos con bonos ajustables por CER y dólar link, además de la colocación de BONAR en dólares bajo ley argentina. A su juicio, esas medidas “van en la dirección de una buena reforma monetaria, cambiaria y financiera”.
El efecto inmediato fue una baja de la tasa BADLAR y de la tasa real de los préstamos UVA, junto con un leve aumento del tipo de cambio que podría reducir el incentivo al carry trade. Sin embargo, advirtió que estas señales deben consolidarse con reglas claras y permanentes. “En esta materia no es aconsejable el gradualismo”, enfatizó, en un mensaje directo al ministro de Economía y al presidente Javier Milei.
Para Cavallo, los mercados monetario, cambiario y financiero pueden adaptarse a reglas más libres con bajo costo friccional, a diferencia de la economía real.
Al cierre de su análisis, el exministro sintetizó su advertencia: sin una reforma monetaria rápida y consistente que reduzca la tasa real de interés, tanto el ajuste fiscal como la apertura económica corren el riesgo de volverse más costosos y socialmente difíciles de sostener.
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