El INDEC dio a conocer este martes el dato de inflación de enero y una variación llamó la atención, más allá de la aceleración del IPC general al 2,9%. Es que el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó una variación negativa.

Luego de los dichos de Luis Caputo, quien se quejó de los precios locales de la ropa y dijo que compraba en el exterior, en enero los precios de la indumentaria cayeron -0.5%. Incluso, al analizar por regiones, se observa que en el GBA la caída de precios fue -1,5%.

Al desagregar el rubro, se destaca que las «prendas de vestir y materiales» cayeron 2,5% en enero, mientras que el rubro calzado subió 1,8%, igualmente por debajo del IPC.

En tanto, en la comparación interanual, la suba del rubro fue del 15,6%, la mitad del nivel general. Lo que marca que, más allá de que los precios son más elevados en el país que en el exterior, en el último tiempo subieron por debajo de la inflación.

Según informó INDEC, la división con mayor alza mensual en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%). Por su parte, comunicación aumentó 3,6% y «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» treparon 3%, también por encima del nivel general.

Por el contrario, el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó variación negativa: los precios bajaron 0,5%, en medio del debate por la importación de prendas textiles.

Además, detalló que en enero de 2026, Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%).

Las críticas de Luis Caputo al sector textil por los precios de la ropa

El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó al sector textil días atrás y lo graficó con una frase que generó polémica: «Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo». Luego, en otro mensaje, celebró que algunos empresarios reconozcan públicamente que los precios de la indumentaria en la Argentina son elevados, en el marco del debate por la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que afirmara que nunca compró ropa en el país y mientras representantes del sector advierten por el impacto de los costos internos y la competencia con productos importados.

A través de su cuenta en la red social X, Caputo sostuvo: «Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente». El comentario fue una respuesta a declaraciones recientes del presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández.

Fernández había señalado que los precios de la indumentaria aumentaron un 11% desde 2023 y reconoció que el sector estaba caro. «Hicimos una mea culpa como empresariado nacional de que estábamos caros«, expresó en diálogo con TN.

Según explicó, los proveedores de materias primas aplicaban fuertes remarcaciones, en parte debido a las medidas de protección a las importaciones vigentes durante el gobierno anterior. Esa falta de competencia externa, afirmó, permitió que se consolidara un mercado con precios elevados.

Caputo ya había cuestionado previamente al sector textil al calificarlo como uno de los más protegidos de la economía. «Se ha protegido durante muchísimos años con el argumento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo«, afirmó.

En declaraciones radiales, el ministro calificó al proteccionismo como «una medida zonza» que perjudica a los sectores de menores ingresos y sostuvo que quienes tenían la posibilidad de viajar compraban ropa en el exterior debido a los precios locales.

Consumo, competencia y diseño

Caputo planteó que una mayor competencia permitiría liberar recursos para otros consumos. «Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, tenés 45 dólares para gastar en otra cosa», señaló, y agregó que esos recursos podrían destinarse a otras actividades económicas.

También consideró que la Argentina debería competir a nivel internacional a través del diseño y sostuvo que el país tiene condiciones para desarrollarse en el sector de los hilados, al contar con algodón y energía.

Las declaraciones del ministro generaron malestar entre los empresarios del rubro. Desde la Fundación Pro Tejer señalaron que los impuestos representan alrededor del 50% del precio final de una remera. A ese porcentaje se suma un 30% correspondiente a alquileres comerciales y costos financieros, un 12% destinado a logística, marketing y rentabilidad, y solo un 8% vinculado directamente a la industria.

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó «desilusión y tristeza» por los dichos del ministro y cuestionó el tono utilizado. Consideró inapropiado que un funcionario de alto rango afirme con sarcasmo que no compra ropa en el país.

Drescher sostuvo que el problema de los precios elevados no se limita al sector textil y enumeró otros productos que, según indicó, son más caros en la Argentina que en otros mercados, como automóviles, alimentos y neumáticos.

El empresario también criticó la comparación con países asiáticos y afirmó que no se tuvo en cuenta la carga impositiva local. «Se quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y se omiten todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar», señaló, al tiempo que cuestionó la falta de reformas estructurales en materia fiscal.

En la recta final de las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 190 del dictamen, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, al bajar la alícuota del 30% al 27%. La medida formaba parte del capítulo fiscal de la iniciativa y fue retirada tras el rechazo explícito de gobernadores y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el impacto negativo en la recaudación provincial.

La eliminación de ese artículo fue presentada como una concesión política para destrabar el tratamiento del proyecto. Mientras las provincias celebraron la decisión por el alivio fiscal que implica, el sector empresario quedó sin uno de los beneficios que venía reclamando desde hace años. El resultado dejó en evidencia las tensiones entre la necesidad de construir mayorías legislativas y el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre el sector privado.

El artículo 190 establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.

Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes.

La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.

Noticia en desarrollo

En día previo a que comience el debate en el Senado, el Gobierno dio a conocer las modificaciones «consensuadas» en el proyecto de reforma laboral. Los cambios fueron anunciados por Patricia Bullrich, acompañada por legisladores dialoguistas.

Uno de los puntos fuertes dentro de los cambios es que el Gobierno aceptó sacar del texto el capítulo que establecía una rebaja del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, un tema que trababa el acuerdo para asegurar la aprobación del proyecto.

Según el documento que exhibieron durante la rueda de prensa, el Gobierno sostuvo que «la reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias» y tiene 28 «modificaciones consensuadas».

Y dio a conocer los puntos principales que se debatirán en el Congreso:

Eliminación de la «industria del juicio»:

Se redefine la «mejor remuneración» para el cálculo:

• Solo lo mensual, normal y habitual.
• Excluye conceptos no mensuales como SAC, vacaciones, etc.
• Se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de Créditos Laborales:

Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales:

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador:

• 1% mensual grandes empresas
• 2,5% mensual MiPyMEs

Es un patrimonio separado: inembargable, inajenable y de afectación específica.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades.

Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).

Jornada moderna: banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles (sin perder derechos)

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada.

 Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Licencia por enfermedad.

Junta médica: reglas nuevas. Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral:

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.

El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

RIMI: incentivo a inversiones productivas (y más empleo)

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).

Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de Cargas Sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

Aporte a los gremios y otros detalles de la reforma laboral

Otro de los puntos que no se mencionaron en el documento, pero que quedó explícito, es que el Gobierno cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.

Los denominados «aportes solidarios» que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido ese plazo, pasarán a ser voluntarios.

Caputo fue el primero en irse de la reunión, apenas una hora después de empezada, según pudo reconstruir iProfesional. El ministro había sido quién más se resistió a quitar el capítulo fiscal frente a la insistencia de Bullrich y Santilli, quienes veían en ese tema una traba para llegar a un acuerdo que les permitiera respirar tranquilos en la sesión de este miércoles.

El artículo sobre Ganancias contemplaba la reducción de las alícuotas en las categorías más altas, del 35% al 31,5% y del 31% al 27%. Los gobernadores advertían desde diciembre pasado que esto le costaría a las provincias entre $1,5 y $3 billones en términos de recaudación vía coparticipación.

No obstante, en el cambio de postura de Milei y Caputo no solo influyó la presión de los gobernadores sino que la recaudación de enero a nivel de la Nación cayó 7 puntos, la sexta baja consecutiva. En el ministerio de Economía lo minimizan, pero en el entorno de los jefes provinciales deslizaron que «a ellos (en referencia al Gobierno) tampoco les cerraban los números».

Durante la conferencia de prensa que encabezó Bullrich junto a los bloques aliados, el oficialismo presentó esta modificación de alto voltaje político sobre el proyecto de reforma laboral como parte de un «compromiso» para debatir a partir de marzo una «reforma fiscal integral».

La reducción de Ganancias formará parte de «una nueva ley que impulse los acuderdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas triibutarias», según informó La Libertad Avanza tras confirmar el retiro de ese punto, que ahora deja el camino prácticamente allanado para que el Senado le dé media sanción a la iniciativa.