POLITICA
Tensión en Nucleoeléctrica: el Gobierno busca descomprimir el clima interno, pero podrían haber más cambios
Nucleoeléctrica Argentina, la compañía estatal encargada de la administración de las tres plantas nucleares en Argentina —Atucha I, Atucha II y Embalse—, fue noticia la semana pasada después de que el Directorio desplazara a dos gerentes clave de la empresa puestos por su presidente, Demián Reidel.
El motivo principal fue una denuncia interna movilizada por altos mandos técnicos de la compañía en la que se acusaba a estos gerentes de haber propiciado la contratación del servicio de limpieza de las tres centrales con un sobreprecio de 140% respecto de los precios de referencia.
Este cambio en el Directorio fue impulsado por directores que el mismo Reidel había puesto al llegar a la administración de la compañía en abril del año pasado, lo que, en el balance, fue visto como una pérdida de poder interna. Ante esta situación, el presidente de la empresa impulsó este lunes las primeras medidas de contingencia para descomprimir el clima con el “sector nuclear” de Nucleoeléctrica, compuesto por empleados con trayectoria en la empresa y de perfil técnico.
Reidel firmó el lunes por la tarde la Resolución 2/2026, la cual levanta los sumarios internos que se labraron contra los auditores y contadores internos de la compañía que habían revelado irregularidades en procesos de contrataciones y compras, los cuales podían afectar al mantenimiento y el funcionamiento de las centrales Atucha I y II.
El efecto de la medida recayó en el subgerente de Producción en Atucha I y II, Martín Reina, y el jefe del Departamento de Asistencia de Producción, Gabriel Blejer, que fueron sumariados a pedido del entonces gerente de Coordinación Administrativa, Gabriel Pantuso, uno de los dos gerentes desplazados la semana pasada junto al gerente general, Marcelo Famá.
Empleados de la empresa estatal marcan que ese episodio en particular fue el detonante del avance interno de todo el sector técnico. Por ese entonces, el gerente de Sitio de Atucha I y II, Diego Garde, puso a disposición su renuncia en rechazo a la decisión. Otros más se sumaron en protesta.
En el Gobierno interpretan que Reidel cedió ante la línea interna de la compañía. En la Resolución firmada a comienzos de la semana, el mandamás de Nucleoeléctrica dijo que inició el sumario “con el objeto de determinar la eventual existencia de situaciones de maltrato laboral, presuntos desvíos de proceso y conductas de desvalorización del personal administrativo”.
A continuación, indicó que no se verificó ninguna falta y que dejaba expreso que el dictado de los sumarios “no implicó menoscabo en el honor, ni en la reputación de los agentes alcanzados”. Al interior de Nucleoeléctrica marcan que tanto Reina como Blejer “ya estaban libres de culpa y cargo”, pero que no podían retomar sus funciones habituales hasta que se cerrara el sumario.
Otros empleados de la compañía contactados por Infobae opinaron que fue una medida positiva, pero que no resulta suficiente para lo que quiere el sector contrario a la conducción de Reidel. “Esto solo pone justicia con quienes los quisieron despedir como perejiles sin tener ninguna culpa. Eso fue el detonante. Fue la nafta en el fuego. Desde nuestro lugar no pararemos hasta que se vaya toda esa junta”, indicó uno.
Otro, en igual sentido, marcó: “Fue un gesto positivo. Pero lo que pasó deja un antecedente preocupante en una empresa que tiene la responsabilidad de administrar la generación de energía a través de una tecnología estratégica y sensible”. “Con esta forma de gestionar en la actualidad, ignorando controles, en qué cabeza cabe aprobar una privatización parcial de NA-SA, desde ya con gran sospecha del privado amigo”, agrega.
El presidente de Nucleoeléctrica firmó una segunda medida el pasado lunes, la Resolución 3/2026, la cual efectiviza los cambios en la composición del Directorio de la compañía: por la Gerencia General, Fernando Monserrat; por la Gerencia de Coordinación Administrativa, Ricardo Matuk.
Es que el contraataque que se lanzó luego de los sumarios que se labraron sobre los auditores fue la denuncia interna por un sobreprecio de 140% en la ganadora de la licitación para los servicios de limpieza de las tres centrales.
Sobre este esquema es que tenían responsabilidad los gerentes removidos Hernán Pantuso y Marcelo Famá, que fueron reemplazados por impulso del vicepresidente de NA-SA, Guido Lavalle, y del director Diego Chaher, que responde políticamente a Santiago Caputo.
De acuerdo a cifras que fueron informadas en primer lugar por EconoJournal, el esquema centralizado que impulsaban los gerentes de Reidel buscaba ahorrar costos al aunar procesos, pero en realidad terminó provocando una acumulación de pagos pendientes a proveedores nacionales: hasta octubre de 2024 esa cifra fue de cero, mientras que durante todo el año siguiente se encontraron 205 comprobantes sin abonar.
Ahora la conducción interina de la gerencia general recayó en Monserrat, un directivo histórico de la empresa, cuya designación fue bien recibida por el personal. Por el alcance de sus responsabilidades, la Gerencia General es el área más importante después de la Presidencia. Dado que Monserrat viene de una línea histórica de la compañía y tiene sus diferencias respecto a la conducción que hasta ahora llevaron los alfiles de Reidel, el dilema que se presenta es cómo será la dinámica entre ambos.
Muchos creen que las medidas que planea tomar Monserrat a posteriori van a ser el verdadero elemento de descompresión. “No tengo dudas de que algunos gerentes o subgerentes que pusieron Famá y Pantuso estarán en la mira. También se podrían iniciar auditorías complementarias y correspondientes, según el caso; y frenar las compras que suenan a negociados propios”, afirman.
Las medidas podrían tomarse con relativa rapidez debido a que en el horizonte hay dos objetivos clave que, si bien no corren riesgo, precisan un alineamiento de la conducción de la compañía para seguirse con precisión: uno de ellos es la culminación de la extensión de vida de Atucha I, fechada para el primer trimestre del año próximo; y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II.
Tal y como lo adelantó Infobae, el Comité de Integridad trató la denuncia que hizo ATE-Zárate que acusó sobreprecios en una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de USD 600.000 a USD 7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.
El Comité es el área interna que trata denuncias externas e internas enviadas a la compañía y que denuncia irregularidades o desmanejos internos. Esta es dirigida por el director Axel Larreteguy, quien fue nombrado por Reidel pero que responde al vicepresidente de Nucleoeléctrica, Guido Lavalle. Tanto Larreteguy como Lavalle fueron promotores del avance de las investigaciones contra los gerentes Famá y Pantuso, un dato que indica de las presiones y el malestar existente en la compañía para que se investiguen las presuntas irregularidades.
POLITICA
Insólita secuencia en Diputados: un legislador de Pro compró un aire comprimido, lo envió al Congreso y activó un operativo de seguridad
Un episodio inusual alteró este mediodía la rutina en la Cámara de Diputados. Un paquete dirigido a la oficina del legislador bonaerense Javier Sánchez Wrba (Pro) activó las alarmas del sistema de seguridad al pasar por el escáner: en su interior había un aire comprimido.
El envío, que había sido realizado a través de una compra online, fue detectado antes de ingresar al anexo, lo que obligó al personal de seguridad a activar el protocolo correspondiente y a contactar de inmediato al diputado para verificar la situación. La intervención evitó que el objeto ingresara al edificio.
“Es un aire comprimido que compré para el campo”, explicó Sánchez Wrba a . El legislador, oriundo de Trenque Lauquen, sostuvo que nunca tuvo intención de hacer llegar el paquete al Congreso: “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, señaló. Tras ser notificado, se acercó al lugar y retiró el envío para llevárselo a su vehículo.
La secuencia generó demoras en el acceso y rápidamente empezó a circular entre quienes se encontraban en el anexo, hasta que tomó estado público a partir de un mensaje en redes sociales.
El diputado socialista Esteban Paulón ironizó sobre lo ocurrido: “Otro día trancu en el Congreso. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina…”, escribió, en un tuit que contribuyó a amplificar el episodio.
Ante la repercusión, Sánchez Wrba buscó aclarar que no se trataba de un arma de fuego. Explicó que se trata de un aire comprimido, un arma neumática que no utiliza pólvora. Y agregó: “¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”.
Desde el área de seguridad de la Cámara confirmaron que el procedimiento se desarrolló protocolos vigentes y bajaron el tono del incidente. “No pasó nada. Hubo una confusión y el diputado se llevó el arma; nunca ingresó a las instalaciones”, señalaron a este medio.
El episodio dejó una perlita en un día que venía sin mayores sobresaltos. En el Congreso, a veces, alcanza con un paquete mal enviado para alterar la rutina, activar protocolos y sumar una anécdota más al folklore parlamentario.
March 18, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Dictadura. Revelaron los nombres de los 12 desaparecidos identificados en el campo de detención clandestino La Perla,,Alianza militar. El Ejército incorpora vehículos blindados Stryker: qué se sabe de la misión técnica en los EE.UU.,,Tensión. La policía disipó una protesta de discapacitados frente a la Casa Rosada,Cámara de Diputados,,Denunciarán al fiscal. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA,,Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores,,$LIBRA. Integrantes de la Comisión Investigadora harán una conferencia tras las últimas revelaciones del caso
POLITICA
Revelaron los nombres de los 12 desaparecidos cuyos restos fueron encontrados en el centro de detención clandestino «La Perla»
A casi 50 años del golpe de Estado, la Justicia federal y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron la identificación de once personas desaparecidas durante la última dictadura cuyos restos fueron encontrados en el excentro clandestino de detención de “La Perla”, en Córdoba.
La información fue dada a conocer este miércoles por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Vaca Narvaja, junto al EAAF. Los restos habían sido recuperados en 2025 y, tras meses de análisis antropológicos y genéticos, se logró determinar la identidad de las víctimas.
Leé también: Identificaron los restos de 12 desaparecidos en el ex centro clandestino de detención de La Perla
Los nombres confirmados son Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera. A pedido de una de las familias, uno de los nombres no fue difundido públicamente.
En el caso de las hermanas mellizas Carranza, secuestradas en 1976 cuando tenían 18 años, los especialistas lograron establecer que el resto óseo pertenece a una de ellas, aunque no pudieron precisar a cuál debido a su estrecho vínculo genético.
Las historias detrás de los nombres reflejan perfiles diversos: estudiantes, obreros, profesionales, padres y madres de familia. Muchos de ellos fueron secuestrados en sus casas o en la calle entre 1976 y 1977, y varios habían sido vistos por sobrevivientes en centros clandestinos como La Perla y Campo de la Ribera.
Uno por uno, los cuerpos identificados en La Perla
- Ramiro Sergio Bustillo nació en San Rafael, Mendoza. Era obrero, estaba casado y tenía dos hijos. Además, estudiaba Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la calle, en la ciudad de Córdoba. Tenía 27 años.
- José Nicolás Brizuela era oriundo de Deán Funes, Córdoba. Se había recibido de abogado y también trabajaba como obrero. Fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su casa, en el barrio Residencial América. Tenía 50 años.
- Raúl Oscar Ceballos Cantón era cordobés y tenía 23 años cuando fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial.
- Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza eran hermanas mellizas. Ambas tenían 18 años y eran estudiantes universitarias: una cursaba Ciencias de la Comunicación y la otra Ciencias de la Educación. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz. El EAAF logró determinar que el resto óseo hallado pertenece a una de ellas, pero no pudo precisar a cuál.
- Carlos Alberto D’Ambra nació en Alta Gracia. Era profesor de educación física y tenía 23 años. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Según testimonios, fue visto en los centros clandestinos Campo de la Ribera y La Perla.
- Alejandro Jorge Monjeau nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio Alberdi de Córdoba. Tenía 21 años y también habría sido visto en La Perla.
- Mario Alberto Nívoli era de Ucacha, Córdoba. Ingeniero químico, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Tenía 28 años. Testimonios lo ubican en los centros clandestinos La Ribera y La Perla.
- Elsa Mónica O’Kelly Pardo nació en Córdoba y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Vicente. Tenía 18 años.
- Oscar Omar Reyes había nacido en Banfield, Buenos Aires. Era obrero metalúrgico, estaba casado y tenía cinco hijos. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba. Tenía 45 años.
- Eduardo Jorge Valverde Suárez era mendocino, abogado, casado y con dos hijos. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años.
- Sergio Julio Tissera nació en La Para, Córdoba. Era trabajador aeronáutico, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Martín, en la capital provincial. Tenía 32 años.
“Tener certeza de lo que pasó, es un alivio”
El proceso de identificación se realizó a partir del cotejo de los restos con muestras genéticas aportadas por familiares de desaparecidos. El trabajo fue llevado adelante por el Laboratorio de Genética Forense del EAAF, con la colaboración de organismos judiciales y especialistas.
Durante una conferencia de prensa, los familiares destacaron la importancia del hallazgo. Rodolfo, hijo de Oscar Reyes, expresó: “Un agradecimiento con el corazón, porque lograron darnos lo que nos quitaron. Tener la certeza de lo que pasó con nuestro padre, aunque sea con mínimos restos, para nosotros es un alivio”.
Por su parte, Silvana Turner, investigadora del EAAF, hizo un llamado a quienes aún no hayan aportado su ADN: “Es importante que las familias se comuniquen con el equipo, porque eso permite avanzar en nuevas identificaciones”.
Del anuncio también participaron Carlos Vullo, director del laboratorio de genética del EAAF; Anahí Ginarte, del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba; y Guillermo Sagripanti, consultor del equipo.
El juez Vaca Narvaja adelantó que en los próximos meses comenzará una nueva etapa de búsqueda en un sector de tres hectáreas conocido como Loma del Torito, dentro del mismo predio donde funcionó La Perla entre 1976 y 1978. El objetivo es continuar con la recuperación de restos y avanzar en la identificación de otras víctimas del terrorismo de Estado.
la Perla, centro clandestino de detención, desaparecidos, Dictadura
El intento de colocación de una carpa frente a la Casa Rosada en reclamo por el ajuste en las partidas para el área de discapacidad derivó en momentos de tensión frente a la sede gubernamental. Fue cuando prestadores de servicios, familiares y representantes de la Unión de Transportistas de la provincia de Buenos Aires intentaron colocar el gazebo y un grupo de la policía federal se opuso y disipó la protesta.
“Se había consensuado previamente que el reclamo se haría de las vallas ubicadas en la mitad de la Plaza de Mayo, hacia el lado del Cabildo”, explicaron a fuentes de la seguridad de la Casa Rosada. Y agregaron que fue la decisión de los organizadores “de hacerla cerca de las rejas”, lo que activó la intervención de los efectivos de la Policía Federal para evitar la colocación allí.
“Están desde las vallas hacia adelante, pero estamos en alerta y dificulta los controles”, dijo uno de los consultados, en referencia a los controles que se exacerbaron en los últimos días en el edificio ante la amenaza de Irán sobre la Argentina, en medio del conflicto en Medio Oriente.
“Buscábamos hacer un acampe por tiempo indeterminado”, dijo Daniel Masuzzo, representante de los Transportistas de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud que deben en muchos casos de septiembre, octubre y noviembre y dejaron de pagar”, dijo Masuzzo en declaraciones a los medios. “Y queremos saber por qué Economía no gira los fondos, son 4 millones y medio de dólares por mes. ¿Por qué dejaron de pagar? La gente se muere», completó.
“Estuvimos con el Ministerio de Salud, con Alejandro Vilches (interventor de la Andis que reemplazó a Diego Spagnuolo, investigado por presuntos sobornos en el área), con todas las autoridades. Me dicen que Economía no tira [recursos] al fondo”, completó.
Masuzzo agregó que se “mandó a reprimir” y que querían “hacer un acampe por tiempo indeterminado, para mostrar la realidad como lo hicimos con el gobierno anterior, que le hicimos cuatro acampes. Pero nos rompieron todo”.
“¿Cómo le explicás a un chico que vino acá a una marcha que los policías le están pegando?“, dijo. Fuentes de las fuerzas negaron las agresiones descriptas por Masuzzo.
Las fuentes de las fuerzas que custodian Balcarce 50 insistieron en que “más temprano se había hablado con los organizadores y que estaban autorizados para ubicar la carpa y la protesta detrás de las vallas”. La ubicación, agregaron, había sido consensuada por la Policía Federal, la Policía de Ciudad y la Dirección General de Fiscalización, también de la Ciudad.
Este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de la “modificación de la ley de discapacidad”.
El área de Discapacidad es un eje de conflicto para el Gobierno desde meses atrás, ante el reclamo de los afectados por los recortes en el área. La sanción de la Ley 27.793 que declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fin de este año, para garantizar la cobertura de prestaciones, fue un duro golpe para el Gobierno. Que, con la ley promulgada, suspendió su ejecución a la espera de financiamiento presupuestario.
La última novedad fue el anuncio de Adorni en el tema, que podría comenzar a tratarse en las próximas semanas.
Al conflicto por los recortes en el área, en septiembre pasado se sumó los presuntos desmanejos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hasta entonces manejada por Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei.
Spagnuolo quedó en el ojo público luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que el funcionario aludió al presunto cobro de sobornos en su agencia.
Tras pocos meses de investigación y luego de ser indagado en el caso, Spagnuolo fue procesado como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.
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