POLITICA
El peronismo sigue encerrado en sus internas, mientras el Gobierno redobla la apuesta política en el Congreso

El calendario del peronismo/K está dominado por el recambio de autoridades del PJ bonaerense y, más allá de la fecha formal anotada para marzo, en poco más de diez días se verá si hay batalla o lista de unidad. Pero aún en caso de acuerdo, el dato mayor será el destino de Máximo Kirchner, cuya permanencia como presidente partidario es rechazada por el entramado de Axel Kicillof. La pelea, como se ve, está planteada en el núcleo de lo que ha sido hasta ahora el kirchnerismo y se irradia, porque el clima de crisis se expone además en el juego propio de gobernadores distantes de la suerte de CFK.
El cuadro del peronismo muestra así dos trazos fuertes. Uno, la disputa en el principal distrito del país, crucial para el ejercicio de poder del kirchnerismo, que como consecuencia de su propio conflicto no impone criterios o “estrategias” generales a nivel nacional. Y el otro, atado a esa realidad y fruto de malestares de arrastre, el funcionamiento de jefes provinciales que se mueven según sus necesidades en la negociación mano a mano con los representantes de Olivos.
El nivel de ensimismamiento del kirchnerismo es llamativo. Y sostenido, a pesar de las fisuras nacionales y de los interrogantes sobre la capacidad para recomponer sus expectativas electorales en Buenos Aires. La disputa entre el círculo de CFK y Kicillof llegó a poner en juego proyectos y necesidades de La Plata, desde el Presupuesto hasta el proceso de endeudamiento de la provincia. Es incierto el panorama de la Legislatura, una vez pasado el receso: todo está atado al desenlace de la interna, expresada también en pulseadas por cargos, sobre todo en el Senado local.
La proyección fuera del terreno local resulta visible. Un contrapunto de imágenes. De un lado, el peronismo/K tomado por sus batallas y varios gobernadores del PJ -no sólo los que ya juegan como aliados- negociando con el Gobierno acuerdos legislativos a cambio de fondos. Y del otro, el oficialismo manejando la agenda -algo natural en etapa de sesiones extraordinarias- y mostrándose a la ofensiva en sentido político más amplio.
Resulta curioso lo que ocurre en el Congreso, porque el clima es explicado por muchos -incluso legisladores opositores- como efecto directo del resultado electoral de octubre. En rigor, el impacto inicial de los comicios dejó una mezcla de señales con el tratamiento del Presupuesto 2026. El oficialismo celebró la sanción en trámite rápido y cómodo por parte del Senado, pero en Diputados sufrió la pérdida de un capítulo que consideraba intocable, porque incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.
El mecanismo de negociación con los jefes provinciales, proyecto por proyecto, es repetido ahora en un marco que incluye ese fuerte contraste entre la actividad oficialista y la realidad opositora, en primer lugar del peronismo.

El proyecto más conversado en estas horas es el de la reforma laboral. El oficialismo se muestra optimista por el contexto general y los avances en las tratativas con gobernadores para coronar el texto en el Senado, durante la segunda semana de febrero. En los círculos opositores, se da por descartada la aprobación en general, aunque se especula con modificaciones en particular, y no sólo en cuanto al punto que podría afectar la coparticipación. Inquietan algunos renglones que, según algunos expertos, tienen destino judicial sino son modificados. El resultado de las tratativas se verá en el recinto, según destacan fuentes de LLA que ratifican la decisión de no modificar el dictamen de diciembre.
En la línea de mostrarse a la ofensiva, el Gobierno decidió incorporar la reforma del régimen Penal Juvenil al temario de extraordinarias. En este caso, se moverá en Diputados y el trámite sería más largo, porque el tema tiene que ser retomado en comisiones, alguna de las cuales deben ser integradas a la carrera. El oficialismo explotó hechos trágicos de los últimos días, crímenes tremendos, para reponer un tema que estaba previsto, aunque como parte de un paquete más amplio, y que había quedado frenado desde mayo del año pasado. Por supuesto, es una cuestión de debate necesario, pero que no debería ser reducido a la cuestión de la edad de imputabilidad de menores.
Por ahora frente al temario y los ritmos del oficialismo, el peronismo expone sus fisuras y, sobre todo, un foco ajeno a lo que ocurre no sólo en el reducido paño político, sino también social. Las tensiones están a la vista de modo creciente en Buenos Aires. Existen negociaciones entre representantes del gobernador y del kirchnerismo duro. Y sobresalen los recelos. Dicen que Kicillof y Máximo Kirchner no se ven a solas desde las elecciones de octubre.
Se ha dicho: el recambio de autoridades partidarias en el PJ bonaerense está previsto para el 15 de marzo, pero hay fecha antes para una prueba crucial. El martes que viene vence el plazo para presentar avales y el 8 deberían ser anotadas las listas. Si hay lista de unidad, quedaría cerrado el tema, aunque dependería del equilibrio que pudiera alcanzarse como mensaje.
El nivel de tensión, aún contenida, pudo ser notado con la publicación de padrones, que provocó algunos cruces, especialmente en La Matanza. De todas maneras, destacan conocedores de la disputa, el kirchnerismo evitó la fractura en el anterior y duro capítulo de pelea doméstica, por el desdoblamiento de las elecciones provinciales.
Para los dos sectores enfrentados, el cierre o la escalada del conflicto es una disyuntiva seria. Kicillof rechaza la continuidad de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial. Y el círculo más cerrado de Cristina Fernández de Kirchner no puede permitir una salida que represente una derrota del hijo de la ex presidente. ¿Lista de unidad? ¿Con quién como número uno?
Por ahora, de un lado y otro vetan nombres: Verónica Magario, Federico Otermín, en primer lugar. Y desde las dos veredas dicen que ir a la batalla abierta sería catastrófico. ¿La salida podría ser bajarle el precio al cargo? ¿Un dirigente sin peso propio determinante, sin cartel? Sed verá en pocos días. Mientras tanto, el peronismo alimenta el contrapunto de imágenes nacionales.
POLITICA
El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Luego de largas horas de debate, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. De esta manera, la edad de imputabilidad baja a 14 años.
Una vez conocido el resultado legislativo, el Gobierno celebró la sanción de la norma. El Presidente Javier Milei afirmó a través de sus redes sociales: “El que las hace las paga”. “El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad”, remarcó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Leé también: LLA y el peronismo se cruzaron por el reglamento: “Si respetaran las normas, no tendrían a CFK con tobillera”
En la misma línea, en el Gobierno manifestaron: “Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.
Y agregaron: “La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”.
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A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, indicaron: “Milei destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”.
Y señalaron: “El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó: “La Ley Penal Juvenil es ley. Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener. Desde hoy, la impunidad ya no es la regla. Las hacen, las pagan.
Por su parte, la actual titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó: “Celebro la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas. Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que, en la Argentina, el que las hace, las pague”.
Senado, Baja de la edad de imputabilidad, Régimen Penal de la Minoridad
POLITICA
Ley Penal Juvenil: uno por uno, cómo votaron los senadores la baja de la imputabilidad a los 14 años

${status}
`;
}
function createCard(item, borderColor) {
const card = document.createElement(«div»);
card.className = «vs2__card»;
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bloque.textContent = String(item.bloque || «»);
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function seatClass(kind) {
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function hemicicloParams(which) {
if (which === «big») {
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function computeRowSeatCounts(seatsPerRow, totals) {
const totalSeats = seatsPerRow.reduce((a, b) => a + b, 0);
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r: exact.AUSENTE – floor.AUSENTE
},
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for (const it of rems) {
if (diff <= 0) break;
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diff–;
}
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}
function renderHemiciclo(which, totals) {
const el = byRole(which === «big» ? «hemiciclo-big» : «hemiciclo-small»);
if (!el) return;
el.innerHTML = «»;
const p = hemicicloParams(which);
let rowSeatCounts = computeRowSeatCounts(p.seatsPerRow, totals);
const maxSeatsInRow = p.seatsPerRow[0];
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for (let row = 0; row < p.rows; row++) {
if (col >= p.seatsPerRow[row]) continue;
const seatsInThisRow = p.seatsPerRow[row];
const radius = p.radiusStart – row * (p.radiusStep – p.verticalOffset);
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const angleStep = (seatsInThisRow > 1) ? angleRange / (seatsInThisRow – 1) : 0;
const angle = (Math.PI – angleRange) / 2 + col * angleStep;
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let kind = «EMPTY»;
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kind = «AFIRMATIVO»;
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kind = «AUSENTE»;
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const seat = document.createElement(«div»);
seat.className = «vs2__seat » + seatClass(kind);
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seat.style.top = y + «px»;
el.appendChild(seat);
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}
function populateFilters(data) {
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if (!selProv || !selBloq) return;
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const bloqSet = new Map(); // bloque -> full
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const opt = document.createElement(«option»);
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opt.textContent = p;
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function renderFiltered(data, field, value, targetEl) {
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const btn = sec.querySelector(‘[data-role=»toggle»]’);
if (!btn) return;
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const open = sec.getAttribute(«data-open») !== «true»;
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const goTop = byRole(«go-top»);
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Error: falta data-csv-url
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Error: ${escapeHtml(err.message || err)}
`;
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init();
})();
POLITICA
Dos jueces archivaron una denuncia contra Insfrán por transferir dinero de la provincia al Partido Justicialista

La Cámara Federal de Casación confirmó el archivo de una causa en la que se investigaba al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el supuesto desvío de $1.600 millones provenientes de fondos públicos de la provincia para el financiamiento del Partido Justicialista.
El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III de la Cámara Federal de Casación con la disidencia del juez Juan Carlos Gemigniani. Los jueces de la mayoría dijeron que no existió delito en las millonarias transferencias cuestionadas.
La causa se originó a raíz de una denuncia que apuntaba a la transferencia de más de 1660 millones de pesos desde una cuenta del gobierno de la provincia de Formosa en el Banco de Formosa hacia una cuenta del Partido Justicialista.
Estos movimientos se registraron entre el 2 y el 7 de octubre de 2024.
El querellante, que es el abogado David Ezequiel Gamarra, denunció que esta maniobra era ilegal y vulneraba la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Argumentaron que el gobierno formoseño había dicho que había descontado a 90 funcionarios jerárquicos sumas de dinero hasta conformar esa suma como aporte al partido, cuando, según un organigrama oficial aportado por los denunciantes, solo existían 38 cargos de ese rango, sospechando que se obligaba a empleados de menor jerarquía a financiar al PJ.
Una ley provincial permite financiar al PJ con estos descuentos.
El archivo de la causa, que ya había sido dictado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal, se fundamenta en la “inexistencia de delito”.
La Justicia determinó que “el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias” practicadas a los haberes de los funcionarios públicos con rango jerárquico afiliados al PJ.
La justicia estableció que la operatoria estaba respaldada por normativas vigentes: las leyes nacionales de partidos políticos (23.298 y 26.215) y una ley provincial.
Pero además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio del partido se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.
Además, estas retenciones estaban amparadas por un “convenio de descuentos de haberes” firmado en 2007. Las transferencias estaban bancarizadas, documentadas y auditadas por la Justicia Electoral.
Insfrán gobierna Formosa desde hace 30 años de manera ininterrumpida. Asumió el 10 de diciembre de 1995, tras ganar las elecciones ese año. Antes fue vicegobernador entre 1987 y 1995.
Fue reelecto en 2023 con el 69,9% de los votos de los formoseños que apoyaron al PJ. Su campaña se basa en la presencia del Estado en todos los aspectos de la vida social, aunque la provincia mantiene altos índices de pobreza. Hay 167 trabajadores estatales por cada 100 privados.
La decisión de Casación se resolvió por mayoría, que declaró inadmisible el recurso de la querella.
El juez Carlos Mahiques fue el primero en votar y propuso rechazar el recurso. Mahiques consideró que los argumentos de la querella eran “insustanciales e inconducentes” y que el fiscal Javier De Luca no logró demostrar que las decisiones de las instancias anteriores fueran arbitrarias o infundadas.
Destacó que las transferencias tenían total “trazabilidad bancaria” y apoyatura legal.
El juez Borinsky adhirió plenamente a la postura de Mahiques. Argumentó que la querella solo se limitó a “reiterar su propia perspectiva sobre el caso” y evidenciar una “disconformidad”, pero sin desarrollar una crítica jurídica sólida que demostrara un defecto grave en las sentencias anteriores.
Subrayó además que no había medidas de prueba pendientes que fueran determinantes para cambiar el rumbo de la causa y que a la parte querellante se le garantizó debidamente el derecho a la “doble instancia judicial”.
El juez Juan Carlos Gemignani, en disidencia, consideró que el recurso de casación interpuesto resultaba “formalmente admisible” y propuso continuar con el trámite procesal fijando una audiencia para analizar el caso en profundidad, aunque aclaró que esto no implicaba abrir juicio sobre el fondo de la cuestión.
Con dos votos contra uno, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar la inadmisibilidad de la queja y dar por cerrado el expediente.
Según la investigación, entre los días 2 y 7 de octubre de 2024, se transfirieron 16.000 millones de pesos en concepto de pago de haberes desde una cuenta bancaria del gobierno de la provincia de Formosa, radicada en el Banco de Formosa SA, hacia una cuenta en el Banco de la Nación Argentina.
Esta última cuenta receptora pertenecía al Partido Justicialista, Distrito Formosa, presidido por el propio gobernador Gildo Insfrán.
La parte querellante denunció la operatoria como una maniobra de aparente legalidad pero “absolutamente ilegítima”. La sospecha radicaba en una diferencia de números: el Ministerio de Economía provincial informó que los descuentos aplicados a esos haberes correspondían a 90 funcionarios jerárquicos, pero la querella aportó un organigrama oficial donde figuraba que la dependencia solo contaba con 38 funcionarios con ese rango.
Ante esta discrepancia, los denunciantes aseveraron que se habría obligado a personal que no contaba con rango jerárquico a realizar aportes forzosos al Partido Justicialista local, lo que infringiría la ley.
La Justicia desestimó la denuncia al comprobar que el movimiento de los fondos tenía justificación y origen lícito, pues las sumas transferidas tenían su origen en las deducciones efectuadas voluntariamente sobre los haberes de determinados funcionarios públicos afiliados al partido, y no de un desvío ilegal.
Hernán Cappiello,Conforme a
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