En día previo a que comience el debate en el Senado, el Gobierno dio a conocer las modificaciones «consensuadas» en el proyecto de reforma laboral. Los cambios fueron anunciados por Patricia Bullrich, acompañada por legisladores dialoguistas.

Uno de los puntos fuertes dentro de los cambios es que el Gobierno aceptó sacar del texto el capítulo que establecía una rebaja del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, un tema que trababa el acuerdo para asegurar la aprobación del proyecto.

Según el documento que exhibieron durante la rueda de prensa, el Gobierno sostuvo que «la reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias» y tiene 28 «modificaciones consensuadas».

Y dio a conocer los puntos principales que se debatirán en el Congreso:

Eliminación de la «industria del juicio»:

Se redefine la «mejor remuneración» para el cálculo:

• Solo lo mensual, normal y habitual.
• Excluye conceptos no mensuales como SAC, vacaciones, etc.
• Se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de Créditos Laborales:

Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales:

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador:

• 1% mensual grandes empresas
• 2,5% mensual MiPyMEs

Es un patrimonio separado: inembargable, inajenable y de afectación específica.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades.

Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).

Jornada moderna: banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles (sin perder derechos)

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada.

 Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Licencia por enfermedad.

Junta médica: reglas nuevas. Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral:

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.

El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

RIMI: incentivo a inversiones productivas (y más empleo)

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).

Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de Cargas Sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

Aporte a los gremios y otros detalles de la reforma laboral

Otro de los puntos que no se mencionaron en el documento, pero que quedó explícito, es que el Gobierno cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.

Los denominados «aportes solidarios» que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido ese plazo, pasarán a ser voluntarios.

Caputo fue el primero en irse de la reunión, apenas una hora después de empezada, según pudo reconstruir iProfesional. El ministro había sido quién más se resistió a quitar el capítulo fiscal frente a la insistencia de Bullrich y Santilli, quienes veían en ese tema una traba para llegar a un acuerdo que les permitiera respirar tranquilos en la sesión de este miércoles.

El artículo sobre Ganancias contemplaba la reducción de las alícuotas en las categorías más altas, del 35% al 31,5% y del 31% al 27%. Los gobernadores advertían desde diciembre pasado que esto le costaría a las provincias entre $1,5 y $3 billones en términos de recaudación vía coparticipación.

No obstante, en el cambio de postura de Milei y Caputo no solo influyó la presión de los gobernadores sino que la recaudación de enero a nivel de la Nación cayó 7 puntos, la sexta baja consecutiva. En el ministerio de Economía lo minimizan, pero en el entorno de los jefes provinciales deslizaron que «a ellos (en referencia al Gobierno) tampoco les cerraban los números».

Durante la conferencia de prensa que encabezó Bullrich junto a los bloques aliados, el oficialismo presentó esta modificación de alto voltaje político sobre el proyecto de reforma laboral como parte de un «compromiso» para debatir a partir de marzo una «reforma fiscal integral».

La reducción de Ganancias formará parte de «una nueva ley que impulse los acuderdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas triibutarias», según informó La Libertad Avanza tras confirmar el retiro de ese punto, que ahora deja el camino prácticamente allanado para que el Senado le dé media sanción a la iniciativa.

El dólar volvió a acentuar la tendencia a la baja de las últimas semanas, en un marco casi óptimo para que el Banco Central continúe con sus compras diarias de contado, en medio de un sostenido volumen de oferta privada.

El tipo de cambio mayorista recortó diez pesos o 0,7% este martes, a $1.406 para la venta, luego de tocar un mínimo en el día en $1.401, precio que no se daba desde el 18 de noviembre ($1.400), casi tres meses atrás.

El Banco Central fijó en $1.580,27 el techo de las bandas cambiarias, lo que dejó al dólar mayorista a 174,27 pesos o 12,4% del límite superior de libre flotación. No se registraba una distancia tan amplia desde hace casi seis meses, en el 12,5% del 20 de agosto último.

El dólar al público restó 15 pesos o un 1% en su precio de venta, a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.

El precio del dólar blue recortó otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.

Un reporte de Wise Capital destacó que la serie compradora de divisas del BCRA “llevó a que las reservas internacionales vuelvan a superar los USD 45.000 millones, en un contexto en el que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en el país para continuar la segunda revisión del programa económico y el Gobierno se apresta a discutir el cumplimiento de metas y un posible waiver debido a que algunas metas de reservas no se alcanzaron».

“En 2026 se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde setiembre pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″, evaluó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Con la instrumentación de la ley bautizada como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la economía.

El último informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC, al cierre del tercer trimestre de 2025, daba cuenta de que los argentinos tenían en su poder USD 251.210 millones en efectivo, de los cuales solo USD 31.389 millones correspondían a depósitos privados en efectivo en moneda extranjera en el sistema financiero.

Esto implica que en medio de la fuerte dolarización de carteras cerca de las elecciones legislativas de octubre último, había unos USD 219.821 millones en billetes en manos de los argentinos que se encontraban fuera del sistema financiero local. Mucho de este efectivo constituye depósitos en el exterior que están declarados, mientras que otra parte se encuentra “en el colchón” o en cajas de seguridad, dentro del país pero fuera de los bancos. Buena parte de estos fondos no está declarado.

El ministro Luis Caputo fue explícito al convocar a los ahorristas: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, en una arenga que buscó reforzar la confianza en el nuevo marco legal. “Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”, afirmó el jefe del palacio de Hacienda.

La recientemente reglamentada normativa busca incentivar el ingreso al circuito legal de los dólares fuera del sistema. El esquema establece que si el contribuyente cumple con la presentación y pago de impuestos en tiempo y forma, se presume exactitud por defecto y se hace foco en la facturación y no así en el patrimonio.

Más polemista que nunca, el ministro de economía, Luis Caputo, respondió a sus críticos que la suba en los precios de los bonos CER -es decir, los que ajustan por la inflación- es una demostración irrefutable de que el mercado confía en el Gobierno, y que las discusiones sobre la metodología del INDEC para medir la inflación no incidieron en el humor del público.

Y, efectivamente, estos títulos tuvieron una mejora en su cotización la semana pasada. De hecho, la tasa de interés en el mercado secundario -que se mueve en sentido inverso al precio del bono-, que rondaba el 8,5% para los vencimientos a dos meses, cayó un punto al entorno de 7,5%.

Y el ministro se enojó porque su interpretación no fue compartida por los analistas del mercado. En referencia al controvertido índice del Indec, protestó: «Imagino que si lo hubiéramos cambiado y los bonos hubieran caído de precio, los mismos periodistas estarían titulando: ‘El mercado no le cree al nuevo índice de inflación’».

Sin embargo, para mayor enojo del ministro, hay economistas que hacen el razonamiento inverso: es decir, que si hay mayor demanda de bonos ajustables por CER, es porque la inflación esperada subió y entonces el mercado está buscando cobertura.

«Y si hubieran usado el nuevo índice, la inflación hubiera sido aun mayor y los precios de los bonos también», apuntó Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía, que durante la campaña electoral comandó el equipo de asesores de Javier Milei y ahora se erigió en uno de sus principales críticos.

De hecho, la suba de estos bonos coincidió con una revisión al alza que hicieron la mayoría de los economistas sobre la inflación esperada para los próximo meses, como se evidenció en la encuesta REM del Banco Central.

Vuelve el fantasma de la inflación

El argumento de Caputo tiene el objetivo de responder a las comparaciones con Guillermo Moreno en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando la falsificación del IPC tenía, entre otros objetivos, la finalidad de abaratar el costo fiscal del pago de intereses de deuda.

Según ese razonamiento, si alguien cree que el IPC no reflejará la inflación real, no se arriesgaría a comprar un bono que toma como indexador, precisamente, al índice del Indec. Es, por cierto, un argumento discutible. Si los inversores compran bonos ajustables por CER es, en todo caso, porque no dudan de que se pagará puntualmente, sin riesgo de «reperfilamiento». Pero la inversión no dice nada en sí sobre la credibilidad del índice: simplemente, el mercado mira dónde hay mayor potencial de retorno.

Por otra parte, el ministro tuvo mala suerte como el «timing», dado que, justo cuando estaba planteando su argumento basado en los bonos CER, se publicó el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que arrojó un preocupante 3,1%. En paralelo, el IPC nacional de enero también se aceleró un poco y cerró en 2,9%.

Peor aun, como recién en febrero se empezará a notar el impacto de las subas tarifarias, la expectativa es que una canasta actualizada reflejaría un IPC mayor a 3% en febrero y marzo.

¿Qué dice el mercado de capitales que mira Caputo? La previsión tácita de inflación -que surge de comparar el rendimiento de los bonos CER con los de tasa fija– indica una expectativa de inflación en torno de 2,3% mensual hasta junio próximo.

Esto ocurre en un contexto de debate sobre si el propio gobierno está provocando una crisis inflacionaria de mediano plazo, cada vez que el BCRA inyecta pesos para comprar dólares, y luego el excedente es reabsorbido por el Tesoro, que emite bonos convalidando tasas de interés elevadas.

La polémica sobre el exceso de pesos

La crítica que se está escuchando por estos días es que, contrariamente a lo que afirma el gobierno, no se está produciendo una suba en la demanda de pesos por parte del público. Un informe del economista Santiago Bergese afirma que la compra de dólares por parte del BCRA tuvo como contracara un aumento del volumen en la cuenta del Tesoro, que se logró, con la transferencia de $2,4 billones desde la banca pública, además de los $2 billones que Caputo absorbió en la última licitación de deuda.

Es lo que lleva a que muchos analistas pongan en duda la vigencia efectiva a un «ancla monetaria».

Un informe de la Fundación Mediterránea indica que, si bien la base monetaria medida «punta a punta» en el mes de enero tiene una leve contracción -de 0,3% nominal y 2,7% real-, el panorama luce diferente cuando se mide el promedio mensual. En ese caso, se observa una expansión nominal de 6% -un crecimiento de 3,1% descontando el efecto inflacionario.

«Este indicador refleja que, a lo largo del mes, la economía operó efectivamente con niveles de re-monetización más elevados que en diciembre», agrega el reporte, que destaca la compra de divisas por parte del sector público como el principal factor que llevó a la expansión de dinero.

El test de la licitación

En todo caso, el test para el ministro de economía se dará en la próxima licitación del miércoles cuando vencen títulos de deuda por unos $9,6 millones -de los cuales, aproximadamente $7 billones están en manos de inversores privados-.

En el «menú» ofrecido por la Secretaría de Finanzas hay bonos ajustables por CER, otros a tasa fija y también dólar linked. Si se repitiera la tendencia observada en los últimos meses, la mayor parte del «rolleo» se centrará en los vencimientos de más corto plazo -hay Lecap a abril y Boncer pagadero a junio-.

¿Qué estrategia adoptará Caputo si no se produce mucha demanda por bonos CER? Probablemente esa situación sería aprovechada por sus críticos para responderle a sus afirmaciones sobre la confianza del mercado. Es por eso que, más que nunca, la lupa de los analistas estará puesta en las tasas de interés que convalide el ministro.

Es una situación que hace recordar a otros momentos en los que Caputo interpretaba el comportamiento del mercado a su favor. El año pasado, si las licitaciones de bonos dólar linked quedaban desiertas, lo interpretaba como un indicador de confianza en la estabilidad cambiaria. Sin embargo, al mismo tiempo la demanda de dólares por parte del público minorista se disparó al punto que se dolarizó la mitad de la base monetaria.

Por esos días, también había demanda por los bonos en pesos, pero Caputo debía convalidar tasas muy altas y la mayoría de los inversores se concentraban en los vencimientos de cortísimo plazo.

Es decir, el «rolleo» de deuda no era precisamente una señal de confianza: en primer lugar, porque resultaba inducido por el propio gobierno, que forzaba a los bancos a tomar títulos públicos, pero además, porque el Banco Central intervenía fuerte en el mercado de futuos. Así, se generaba lo que en la jerga financiera llaman «tasa sintética», que consiste en invertir en un título en pesos y, simultáneamente comprar un contrato en el mercado de futuros, una especie de «seguro anti devaluación». Para que esa operación tenga sentido, la tasa que paga el bono tiene que ser mayor que el costo de la cobertura en futuros.