INTERNACIONAL
Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina
En un momento en el que la transformación digital define la competitividad, la calidad de los servicios públicos y la vida cotidiana, América Latina y el Caribe enfrentan un reto estructural: acelerar la modernización tecnológica sin que los proyectos se frenen por falta de financiamiento, brechas de conectividad o trámites interminables.
En ese contexto, Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un acuerdo que busca articular capacidades tecnológicas con financiamiento para impulsar proyectos de alto impacto en la región.
La alianza, firmada en Ciudad de Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF, crea un marco para identificar, estructurar y priorizar proyectos de digitalización de servicios públicos, con foco en ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo, inteligencia artificial aplicada y conectividad.
A diferencia de otros acuerdos de cooperación, este no contempla montos preasignados ni compromisos automáticos de financiación, sino un esquema flexible que permite evaluar los proyectos caso por caso, según las necesidades de cada país y su interés público.
Para José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, la relevancia del acuerdo radica en la complementariedad entre ambas instituciones. Desde su perspectiva, Indra aporta experiencia tecnológica internacional y conocimiento sectorial, mientras que CAF suma el músculo financiero y el entendimiento profundo de las prioridades de desarrollo de los países de la región.
“Hay muchos proyectos que se demoran o se caen por falta de financiación. Este acuerdo permite mejorar la calidad de los servicios públicos precisamente porque ayuda a que esos proyectos encuentren un camino más claro hacia su ejecución”, explicó.
Sobre el alcance del acuerdo, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que “la transformación digital es un habilitador clave del desarrollo sostenible en la región. Con este acuerdo, CAF e Indra Group podrán identificar y estructurar proyectos de alto impacto para fortalecer capacidades institucionales, mejorar la eficiencia del Estado y acercar servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe”.
Uno de los elementos centrales del memorando es la creación de un comité técnico conjunto, integrado por directivos de CAF e Indra, encargado de analizar las demandas de proyectos, ordenarlas y jerarquizarlas en función de criterios como impacto público, viabilidad financiera y madurez tecnológica.
El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años y apunta a reducir los tiempos entre la identificación de una necesidad y la puesta en marcha de una solución concreta, uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las iniciativas de transformación digital en el sector público.
De los Mozos subrayó que la intención de Indra es posicionarse como socio tecnológico de referencia para América Latina y el Caribe, apoyándose en su experiencia previa en distintos mercados.
Entre las áreas prioritarias de colaboración, la gestión del tráfico aéreo ocupa un lugar destacado. Indra es uno de los principales proveedores de soluciones en este ámbito a nivel global y recientemente obtuvo contratos relevantes en Estados Unidos y en Europa, como su designación para proyectos de movilidad en Transport for London.
Esa experiencia, explicó De los Mozos, puede trasladarse a aeropuertos y sistemas de navegación aérea de América Latina, donde la optimización de rutas, frecuencias y capacidades resulta clave tanto para la eficiencia operativa como para la seguridad.
Otro eje relevante es la ciberseguridad, un campo que ha ganado centralidad a medida que los Estados digitalizan trámites, bases de datos y servicios esenciales. Si bien el acuerdo no define proyectos específicos de antemano, sí establece que las iniciativas deberán respetar la normativa de cada país en materia de licitaciones, protección de datos y propiedad intelectual.
De los Mozos fue enfático en señalar que el memorando no otorga ventajas competitivas automáticas a Indra: cada proyecto deberá someterse a los procesos de contratación pública correspondientes, garantizando competencia y transparencia.
La conectividad, especialmente en zonas rurales, aparece como uno de los ejemplos más concretos de cómo podría materializarse la colaboración. En amplias áreas de la región, la falta de acceso a internet obliga a las personas a desplazarse largas distancias para realizar trámites básicos o acceder a servicios de salud. Indra, que recientemente integró activos satelitales como Hispasat, plantea que la combinación de tecnología satelital y financiamiento estructurado puede cerrar esas brechas de forma más rápida y eficiente, mejorando la inclusión digital.
Desde la perspectiva de CAF, el acuerdo se alinea con su rol como banco de desarrollo enfocado en mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida en sus países miembros. La institución aprobó en 2025 más de 18.000 millones de dólares en financiamiento, con un peso creciente de proyectos vinculados a sostenibilidad y transformación digital. El memorando con Indra busca precisamente fortalecer la etapa previa a la financiación: la estructuración técnica de proyectos sólidos, con objetivos claros y resultados medibles.
Un aspecto clave del acuerdo es su énfasis en la implementación. Tanto Indra como CAF reconocen que uno de los riesgos recurrentes en proyectos públicos es que queden inconclusos o se diluyan en el tiempo. Para evitarlo, el comité de seguimiento no solo evaluará nuevas propuestas, sino que dará seguimiento al avance de las iniciativas seleccionadas, apoyándose en casos de uso ya implementados en otras regiones del mundo.
Para De los Mozos, el valor diferencial de esta alianza es su orientación práctica. “Los procesos están claros y la forma de trabajar está definida. Ahora lo que toca es ejecutar y aplicar experiencias que ya existen en otros mercados”, afirmó. En su visión, la transformación digital no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar servicios públicos concretos, desde la movilidad urbana hasta la atención ciudadana.
La digitalización dejó de ser un concepto aspiracional en América Latina y el Caribe para convertirse en una urgencia estratégica ligada a productividad, soberanía tecnológica y desarrollo sostenible.
Ese fue uno de los ejes del panel sobre el impacto de la digitalización en sectores estratégicos, el rol de los datos, la inteligencia artificial y los marcos regulatorios, realizado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF en Ciudad de Panamá.
Desde la perspectiva de Indra Group, José Vicente de los Mozos fue directo al plantear que el llamado “salto digital” no consiste en sumar tecnologías aisladas, sino en asumirlo como una política de Estado sostenida en el tiempo y apoyada en una colaboración público-privada real.
A su juicio, la transformación tecnológica responde hoy a tres factores geopolíticos clave: mejorar la productividad, garantizar soberanía tecnológica y avanzar en desarrollo sostenible, objetivos que requieren planificación, priorización y aliados confiables.
De los Mozos advirtió que los países de la región enfrentan una “urgencia digital” común y que postergar decisiones solo amplía las brechas existentes. En ese contexto, subrayó que sectores como movilidad inteligente, tráfico aéreo, seguridad e infraestructuras críticas concentran las mayores oportunidades de impacto inmediato, siempre que la tecnología se traduzca en mejores servicios públicos y calidad de vida para los ciudadanos.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el rol del dato y la inteligencia artificial como base de la transformación. Explicó que la región debe avanzar primero en la recopilación y organización de datos para luego aplicar inteligencia artificial de forma efectiva. Como ejemplo, mencionó el uso de plataformas de análisis para sistemas de videovigilancia urbana, donde la IA permite identificar patrones y mejorar la prevención y la respuesta en tiempo real.
La ciberseguridad fue presentada por el directivo de Indra como un elemento transversal y no accesorio del proceso de digitalización. Alertó que muchas infraestructuras críticas en América Latina ya operan en entornos digitales sin niveles adecuados de protección, lo que genera riesgos y debilita la confianza ciudadana. Sin confianza —insistió— no hay digitalización sostenible ni inversión a largo plazo.
Desde la perspectiva multilateral, Eduardo Chomali, Ejecutivo Senior de Transformación Digital y Servicios al Ciudadano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), sostuvo que el verdadero salto digital de la región pasa por fortalecer las capacidades institucionales del Estado.
Señaló que la tecnología debe traducirse en servicios públicos más eficientes, accesibles y centrados en el ciudadano, y subrayó el rol de los organismos multilaterales para articular financiamiento, asistencia técnica y gobernanza que permitan escalar proyectos digitales con impacto tangible.
El panel también abordó el papel de los datos y la inteligencia artificial como motores de productividad. Eleonora Rabinovich, directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para Hispanoamérica en Google, afirmó que la IA ya dejó de ser experimental y hoy está integrada en la vida cotidiana de millones de personas en la región.
Destacó que América Latina tiene la oportunidad de “saltar etapas” si logra combinar talento, infraestructura digital y marcos regulatorios que no frenen la innovación, y remarcó que la adopción de IA en el sector público puede mejorar la eficiencia fiscal y la calidad de los servicios, una visión que también fue compartida por De los Mozos, quien subrayó que el uso estratégico de los datos y la inteligencia artificial debe traducirse en Estados más eficientes y en mejores servicios para el ciudadano.
En paralelo, otros panelistas pusieron el acento en la inclusión y la confianza como condiciones habilitantes. Gloria Guimarães, miembro de la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible (CDESS), advirtió que la transformación digital requiere preparar a las personas, especialmente a las pequeñas empresas y a los sectores tradicionalmente excluidos.
Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, coincidió en que sin conectividad, educación digital y seguridad —tanto física como cibernética— no habrá inversión sostenible ni adopción tecnológica a largo plazo, un punto en el que De los Mozos insistió al señalar que sin confianza y ciberseguridad no puede haber digitalización sostenible.
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Gaza’s Rafah border crossing with Egypt resumed limited operations Monday under the terms of the Israeli-Hamas ceasefire agreement, reopening a critical gateway that had been largely closed for nearly two years.
The reopening comes with tight restrictions. Only a small number of people will be permitted to travel in either direction and commercial goods will not be allowed to pass through the crossing, officials said.
Egyptian authorities said the first day of operations will allow up to 50 Palestinians to cross in each direction, a figure that reflects the narrow scope of the initial reopening rather than a full return to prewar travel.
Health officials in Gaza say tens of thousands of residents with urgent medical needs are seeking evacuation through Rafah, underscoring the pressure on the crossing even as access remains tightly controlled. Thousands of Palestinians currently outside Gaza are also hoping to return.
US MILITARY TO OVERSEE NEXT PHASE OF PEACE DEAL FROM COORDINATION BASE IN ISRAEL
Ambulances line up to enter the Egyptian gate of the Rafah crossing on the way to the Gaza Strip, in Rafah, Egypt, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Mohamed Arafat)
Before the war, Rafah served as Gaza’s primary passage to the outside world. All other crossings into the territory are shared with Israel. Under the ceasefire framework that took effect in October, Israeli forces continue to control the corridor between the crossing and the areas where most Palestinians live.
Israel and Egypt are vetting travelers, and the crossing is being overseen with international involvement, officials said, as part of efforts to prevent weapons smuggling while allowing limited humanitarian movement.
A crane enters the Egyptian gate of the Rafah crossing to the Gaza Strip, in Rafah, Egypt, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Mohamed Arafat)
Egypt has said the crossing must function in both directions and has pushed back against any use of Rafah as a mechanism to permanently displace Palestinians from Gaza.
US ENVOY WITKOFF SAYS HIGH-LEVEL MIAMI TALKS FOCUSED ON ‘UNIFIED GAZAN AUTHORITY’ AS ISRAEL CEASEFIRE ADVANCES
Elsewhere in the territory, fighting-related incidents continued despite the ceasefire. Gaza hospital officials accused an Israeli navy vessel of firing on a tent camp near the southern city of Khan Younis, killing a 3-year-old Palestinian boy. Israel’s military said it was reviewing the report.
Egyptian authorities said roughly 150 hospitals across the country are prepared to receive patients evacuated from Gaza, while the Egyptian Red Crescent has set up support areas on the Egyptian side of the crossing.
A truck carrying humanitarian aid at the Rafah border on the Egyptian side, in Rafah, Egypt, on Thursday, Jan. 29, 2026. (Reuters)
Israel seized control of the Rafah crossing in May 2024, describing the move as part of its campaign against Hamas smuggling routes. The crossing was briefly opened for medical evacuations during a short-lived ceasefire in early 2025.
The U.S.-brokered ceasefire that took effect on Oct. 10 halted more than two years of fighting that began with the Hamas-led terror attacks on southern Israel on Oct. 7, 2023. The ceasefire’s initial phase focused on hostage exchanges, increased humanitarian aid and a limited Israeli pullback.
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A second phase envisions a new Palestinian governing arrangement for Gaza, the deployment of an international security force, the disarmament of Hamas and steps toward reconstruction — goals that remain unresolved.
The Associated Press contributed to this report.
middle east,israel,world
INTERNACIONAL
Las contradicciones de la economía brasileña: entre el déficit y el récord de inversiones extranjeras
La economía brasileña atraviesa una fase marcada por grandes contradicciones y por incertidumbres que podrían tener un fuerte impacto en 2027, cuando quienquiera que sea el nuevo presidente deberá enfrentarse a una situación fiscal crítica. La semana pasada, el Banco Central confirmó la tasa Selic en el 15%. Se trata del tipo de interés de referencia fijado por el Banco Central de Brasil, que sirve como ancla para todos los demás tipos de interés, como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y títulos públicos. Con este nivel, la tasa real, que incluye la inflación prevista para los próximos 12 meses, se mantiene en torno al 10,6%, el nivel más alto desde mayo de 2006, cuando era del 10,7%.
La semana pasada, el Tesoro reveló además que las cuentas del Ejecutivo en 2025 registraron un déficit de 61.700 millones de reales (11.738 millones de dólares), casi el doble del límite fiscal tolerado y un 32% superior al déficit de 2024, que fue de 42.900 millones de reales (8.161,3 millones de dólares). El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien ya ha anunciado que dejará su cargo este mes, declaró, sin embargo, que la meta fiscal fue cumplida. En realidad, para llegar a esta afirmación —según los expertos—, el ministro no incluyó algunos gastos relacionados con sentencias y acciones judiciales en los ámbitos de la sanidad, la educación y la defensa nacional, así como los reembolsos por deducciones indebidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En un editorial titulado “Como en los tiempos de Dilma”, en referencia a las pedaladas fiscales del gobierno de Dilma Rousseff que condujeron a la peor recesión económica de la historia brasileña, el diario O Estado de São Paulo critica las declaraciones de Haddad. “El gobierno alcanza su meta fiscal mediante una maniobra para excluir gastos del cálculo, pero los números no mienten: la deuda galopa y Lula parece decidido a revivir la pesadilla de su delfina”. “Durante el desastroso gobierno de Dilma Rousseff, una táctica similar se conoció como ‘contabilidad creativa’ y fue uno de los factores que condujeron a su proceso de impeachment. Es importante reconocer una diferencia significativa: en la era Dilma, el déficit se ocultaba mediante fuertes manipulaciones; en la administración de Lula, la maniobra para alcanzar el objetivo se realiza a la luz del día”, concluye O Estado de São Paulo.
Las proyecciones incluidas en el último Informe de Proyecciones Fiscales del Tesoro Nacional, que analiza la evolución de las cuentas públicas brasileñas en la próxima década y fue presentado la semana pasada, advierten que el gobierno de Lula deberá conseguir 14.000 millones de reales (2.663,4 millones de dólares) adicionales este año para alcanzar el objetivo fiscal, que prevé un superávit primario del 0,25% del PIB (equivalente a 34.300 millones de reales, es decir, 6.525 millones de dólares). Las necesidades de mayores ingresos serán aún más elevadas en 2027, cuando, según las estimaciones, faltarán 46.000 millones de reales (8.751 millones de dólares), para alcanzar el objetivo de un superávit del 0,5% del PIB (73.000 millones de reales, o sea 13.888 millones de dólares).
En el tercer mandato de Lula, la deuda pública como porcentaje del PIB saltó del 71,7% al momento de su asunción al 78,7% a finales del año pasado. El Tesoro prevé que alcanzará el 83,6% en 2026. Se trata de un aumento de casi 12 puntos porcentuales en un solo mandato, que recuerda a los datos del gobierno de Dilma Rousseff, cuando entre 2011 y 2015 la deuda pública pasó del 51% al 65% del PIB.
También las cuentas de las principales empresas estatales del país están en rojo. El déficit registrado en 2025 fue de 5.870 millones de reales (1.117 millones de dólares), según los datos divulgados por el Banco Central el viernes pasado. Es el segundo peor resultado desde el inicio de la serie histórica en 2001, solo por detrás del récord de 8.100 millones de reales (1.541 millones de dólares) en 2024. En el cálculo se excluyen únicamente la petrolera estatal Petrobras y los bancos públicos como el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal. En particular, pesa de forma significativa la crisis de Correos, que acumuló pérdidas por 6.100 millones de reales (1.160 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 2025, casi el triple de las registradas el año anterior, cuando el resultado negativo fue de 2.100 millones de reales (400 millones de dólares).
También preocupa el clima de tensión dentro del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), responsable del cálculo del Producto Interno Bruto (PIB). El dato correspondiente a 2025 se dará a conocer el próximo 3 de marzo, pero los enfrentamientos entre el presidente de la institución, Marcio Pochmann, y parte del personal técnico hacen temer discrepancias en la elaboración de los datos. El pasado 19 de enero fue despedida la investigadora Rebeca Palis, hasta entonces responsable de la Coordinación de Cuentas Nacionales, el área encargada del cálculo del PIB. En señal de solidaridad, al menos otros tres directivos del área que ella coordinaba presentaron su dimisión. La semana pasada, además, otra directiva fue destituida de la Gestión de Sistematización de Contenidos Informativos (GECOI). Según el sindicato del sector, Pochmann está llevando a cabo “una caza de brujas contra los empleados públicos que defienden la posición técnica, institucional e histórica del IBGE”.
A pesar de este escenario tan complejo, en 2026 el Ibovespa, la bolsa brasileña, alcanzó máximos históricos, superando los 183.000 puntos, impulsado principalmente por un fuerte flujo de capitales extranjeros. Solo en enero, las inversiones foráneas ya superaron más de la mitad del total registrado en todo 2025, favorecidas por un dólar más débil y por valoraciones aún atractivas de la Bolsa brasileña, a pesar de los riesgos asociados a los altos tipos de interés, al contexto fiscal y a las incertidumbres electorales. Hasta el 23 de enero de este año, los extranjeros invirtieron 17.728 millones de reales (3.373 millones de dólares) en el mercado bursátil brasileño, frente a los 25.473 millones de reales (4.846 millones de dólares) de todo 2025.
Otro dato positivo es la caída de la tasa de desempleo. Con una media anual del 5,6% a finales de 2025, alcanzó el nivel más bajo de la serie histórica. Al menos cinco factores explican este resultado. En primer lugar, Brasil está envejeciendo y, con el envejecimiento, aumenta el número de personas que salen del mercado laboral sin ser sustituidas en la misma proporción, lo que reduce la tasa de desempleo. Además, el aumento de la escolarización ha hecho que en los últimos años los jóvenes dediquen más tiempo al estudio, retrasando su entrada en el mercado laboral, lo que también tiene un impacto directo en el desempleo. Otro fenómeno decisivo ha sido la expansión de las aplicaciones de reparto y transporte de pasajeros. “Esto ha contribuido a reducir la tasa de desempleo, porque una persona despedida que de otro modo estaría desempleada puede encontrar rápidamente trabajo como conductor o repartidor. Es una forma de seguir siendo productivo para la economía”, declaró al diario O Globo Bruno Imaizumi, economista de 4Intelligence.
El año 2026 será, por tanto, no solo el de las elecciones presidenciales en Brasil, sino también el de una crucial prueba económica, cuyo impacto será determinante para el mandato del próximo presidente. Desde el empleo hasta la deuda pública, el nuevo gobierno deberá navegar con extrema cautela entre datos y políticas económicas para no llevar al país a una nueva recesión.
Business,International Relations,Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
INTERNACIONAL
En la Rusia de Putin, hacer chistes sobre la guerra en Ucrania o sobre religión te puede llevar a la cárcel
Ser comediante es una cuestión de riesgo en Rusia. Una broma mal calibrada sobre la guerra en Ucrania y chistes religiosos o sobre el gobierno de Vladimir Putin te pueden llevar a la cárcel.
El standupero ruso Artiom Ostanin lo sabe muy bien. Alguien lo denunció por bromear sobre Jesús y sobre un veterano de la “Operación Militar Especial”, el eufemismo elegido por el Kremlin para aludir al conflicto armado. Para Rusia, el que hable de guerra se arriesga a una temporada en una celda.
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“Hoy en Rusia, hacer chistes políticos o religiosos conlleva un riesgo real de persecución penal. No se trata de la sensibilidad pública ni de la reacción social, sino de un sistema represivo de aplicación de la ley”, dijo a TN la activista rusa Olga Romanova, directora de la ONG Rus Sidyashchaya (Rusia detrás de las Rejas).
Por qué es juzgado el comediante Artiom Ostanin
Ostanin está acusado de “incitar al odio y ofender los sentimientos religiosos». Pero también por liderar un “grupo criminal organizado”. Intentó escapar, pero fue detenido en Bielorrusia, la aliada leal de Putin. Sus abogados dijeron que fue golpeado.
La causa empezó a inicios de 2025. Alguien lo denunció por dos bromas hechas en diciembre de 2024 en un club de comedia en el centro de Moscú. En el juicio ya testificaron decenas de testigos que contaron cómo se sintieron ofendidos por las bromas. Artiom Ostanin, en el tribunal de Moscú (Foto: Cortesía/The Moscow Times)
El fiscal del Tribunal de Distrito de Meshchansky de Moscú pidió condenarlo a cinco años y once meses de prisión. El juicio seguirá el lunes.
Según el sitio opositor Mediazona, uno de los chistes involucró a un veterano de guerra, aunque jamás mencionó que había peleado en Ucrania.
La broma se sustentó en una pelea con un hombre sin piernas que se trasladaba en una patineta en el subte y se lo llevó por delante.
“Me estaba mirando como si hubiera estacionado en un espacio para discapacitados. No podría pensar en nada mejor que inclinarme y decir: ‘No vayas tan rápido’. En ese momento, una anciana se apareció detrás de mí y comenzó a gritar que estaba siendo grosero. ¿Y por qué carajo soy grosero en esta situación? Fui literalmente atropellado en el subte. El tipo fue volado por una mina, decidió tomar una esquina a toda velocidad, y de alguna manera yo soy el grosero”, afirmó.
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El chiste sobre Jesucristo es más inocente aún: “Yo solo informé a la gente. ¿Y sabes qué hicieron? Me crucificaron”, dijo Ostanin en su show. También habló sobre los abdominales de Cristo, un lenguaje que testigos en el juicio calificaron como “demoníaco”.
“La actuación contenía burla, ridículo, desacralización y una actitud cínica hacia Jesucristo”, dijo un experto que testificó en el juicio.
“Alto riesgo”
“Cualquier broma, declaración u opinión que no se ajuste plenamente a la postura oficial de las autoridades rusas puede ser motivo de persecución. Si esa broma, opinión o declaración atrae la atención de blogueros del llamado segmento ‘patriótico’, las acusaciones administrativas o penales se vuelven casi inevitables”, dijo a TN la periodista de Mediazona Daria Guskova, que cubrió la historia desde su exilio en Lituania.
Además, afirmó: “El Código Penal ruso contiene numerosas disposiciones que pueden utilizarse con este fin, desde ‘desacreditar’ al ejército ruso hasta insultar los sentimientos de los creyentes”.
Grigory Vaipan, abogado de la ONG rusa Centro Memorial Defensa de los derechos humanos, dijo a TN. “Las bromas políticas y religiosas exponen a cualquier persona en Rusia a un alto riesgo de procesamiento”.
“El gobierno ruso utiliza una amplia gama de leyes con este fin, desde aquellas que prohíben la ‘incitación al odio’ o el ‘insulto a los sentimientos religiosos’ hasta las que suprimen cualquier tipo de discurso contra la guerra en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania”, aseguró.
En este difícil contexto represivo, Romanova contó que “los chistes sobre la guerra en Ucrania están prohibidos”.
“Las leyes son deliberadamente vagas, lo que permite a las autoridades castigar la ironía, la sátira e incluso los comentarios neutrales”, afirmó.
Soldados ucranianos disparan contra drones rusos (Foto: Tyler Hicks/The New York Times)
Ostanin no es el único comediante en problemas.
“Ya hay personas en Rusia que fueron condenadas o están siendo investigadas por chistes, monólogos, publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas”, dijo Romanova.
Para la activista, “los comediantes, blogueros y artistas corren un riesgo especialmente alto porque el humor, por su naturaleza, implica ironía y crítica”.
“El caso de Artiom Ostanin forma parte de un patrón más amplio: el Estado está destruyendo sistemáticamente el espacio para la ironía pública, la sátira y la libertad de expresión. En la Rusia actual, el humor ya no es una forma segura de autoexpresión y las autoridades lo tratan cada vez más como una amenaza», concluyó.
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Pero la censura no solo alcanza a comediantes.
El estreno de la obra teatral Democracia, basada en una pieza homónima de Iósif Brodski, fue suspendido en Moscú tras la denuncia de grupos cercanos al Kremlin, según informó el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.
La presión es extrema. Varias figuras públicas y diputados criticaron la exitosa película ‘Cheburashka-2’, protagonizada por uno de los personajes infantiles más queridos en la antigua Unión Soviética y en Rusia. ¿La causa? No promueve la moral conservadora que impulsa Putin.
Rusia, Vladimir Putin, Sumario
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