La crisis de la morosidad bancaria está llevando a que el mercado viva un momento de extrema confusión, en el cual se debate sobre si hay falta o exceso de pesos. A primera vista, el alto nivel de las tasas activas -las que cobran los bancos por dar préstamos- indicaría problemas de liquidez, pero el gobierno da muestras de que quiere sacar más pesos de circulación.

Uno de los síntomas del momento difícil del sistema financiero es el ensanchamiento de la brecha entre la tasa activa y la pasiva. Si una persona lleva dinero a un banco para colocarla en plazo fijo, puede obtener una tasa anual de 34%, pero si pide un préstamo personal en un banco de primera línea, las tasas nominales pueden superar el 100%. Y, cuando se les agrega los impuestos y cargos administrativos, el costo financiero total puede superar el 250%.

Es decir, mientras las tasas pasivas reflejan, aproximadamente, la expectativa inflacionaria, las tasas activas no responden a ningún indicador. Consultado un ejecutivo de uno de los principales bancos privados, afirmó que en las tasas activas no hay ningún componente de cobertura cambiaria, como se especuló en el ámbito político, sino una lógica de negocio financiero.

¿De quién es la culpa?

La explicación de los financistas es que todo se reduce a una cuestión de liquidez. Y, en particular, la crítica que se escucha hacia el gobierno es que, ante la alta volatilidad de las tasas de corto plazo, los bancos no cuentan con un horizonte de previsibilidad, lo que los lleva a tener que aumentar las tasas activas, para garantizarse el refondeo.

Es, en definitiva, una crítica a la medida que tomó el BCRA el año pasado, al desarmar el sistema de Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), con lo cual se generó una volatilidad, que continúa hasta el día de hoy, para el manejo de la liquidez diaria en el sistema.

«La incertidumbre resultante no solo obstaculiza la toma de decisiones estratégicas, sino que altera la operatividad financiera al forzar un acortamiento precautorio en los plazos de cualquier de cualquier decisión financiera», afirma un reporte de Fundación Mediterránea, que advierte sobre efectos «disfuncionales» en el sistema.

Otros analistas ponen el foco no tanto en las medidas financieras y monetarias, sino en el clima recesivo. Un reporte de la consultora LCG plantea: «Cierto deterioro del poder adquisitivo y las dificultades crecientes en varios sectores productivos están generando problema de repago de préstamos, luego de un aumento fuerte en los montos otorgados».

Desde ese punto de vista, la secuencia que vive el mercado es: enfriamiento de la economía más «efecto pedal» previo en el crédito llevan al aumento de la mora, y a su vez esto lleva a los bancos a reaccionar con una tasa más alta para la cobertura del riesgo.

¿Subir las tasas empeora todo?

Entre los economistas es un tema de discusión: ¿es una medida inteligente subir las tasas cuando hay más mora? La tendencia generalizada es la de cobrarles más al resto de los clientes, de manera de compensar las pérdidas de los deudores considerados «irrecuperables».

Desde el punto de vista teórico, si se aplica la célebre «Curva de Laffer», hay un punto en el que, cuanto más sube la tasa de interés, menor es la probabilidad de que el banco recupere sus préstamos, porque habrá cada vez mayor incentivo de parte del deudor para dejar de pagar. Claro, es difícil establecer cuál es exactamente este punto, pero el hecho de que haya entidades que cobran tasas reales en torno de 500% -como fue el comentado caso de la fintech Ualá- lleva a que se enciendan las luces de alarma.

Los analistas más críticos afirman que quien toma un préstamo de ese nivel es alguien que probablemente no piensa devolverlo.

«Esto lo que da como resultado es un efecto expulsión en que se van los mejores pagadores y quedan en la cartera los peores. Si el prestamista no se da cuenta de esto, sigue cargando la tasa y prestando a los peores. Conclusión, explota la mora», grafica el economista Jorge Gabriel Barreto.

Ante esa inquietud creciente, los directivos de bancos intentan transmitir tranquilidad.  El mensaje hacia los inversores, preocupados por los malos balances -que llevaron a una estampida desde las acciones bancarias hacia otros sectores, como la energía- es que el peor momento ya pasó, y que los números en rojo son un reflejo de cautela de los bancos, que prefirieron hacer una previsión contable por los préstamos en riesgo. En otras palabras, que ya anotaron como pérdida a los préstamos que ven como difíciles de cobrar en tiempo y forma.

Operativo tranquilidad

Desde el punto de vista de los bancos, la perspectiva oficial es que el negocio se normalizará en el corto plazo y que durante el año el volumen real del crédito crezca durante este año un 25%.

Pero, sobre todo, el mensaje que se intenta transmitir desde los bancos es que no hay motivos para pensar en una crisis de liquidez como la que caracterizó a momentos de crisis -como la emblemática implosión del 2001-. Por un lado, hay un altísimo nivel de encajes obligatorios en el BCRA, equivalente a la mitad de los depósitos. De hecho, muchos en el sistema financiero ven ese nivel de encajes como excesivo.

Y, además, el fondo de garantía Sedesa, al que las entidades aportan un 0.015% de los depósitos, conforman un colchón como para ahuyentar los fantasmas de una corrida.

Los banqueros que han hablado en público sobre este tema sostienen que la suba de la morosidad es la consecuencia inevitable de la expansión del crédito, pero que se trata de un fenómeno transitorio. En una exposición en Nueva York, Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia planteó un argumento «friendly» con el gobierno: que los argentinos estaban acostumbrados a un entorno de inflación alta, en el que las últimas cuotas de un préstamo quedaban «licuadas», mientras que ahora el préstamo se hace más pesado en términos reales.

Pero no todos coinciden con ese análisis. Un informe del economista Lorenzo Sigaut Gravina compara la situación actual con la gestión de Mauricio Macri, cuando también se había generado un boom crediticio. Y los números son elocuentes: el pago de intereses representa un inédito 26,3% del presupuesto familiar -se triplicó en un año y medio-. Mientras que en 2018 ese ratio no llegó al 20%. En cuanto a la morosidad, el nivel actual es el doble del que se registraba en el período macrista.

Milei cierra la canilla

El hecho que llama la atención es que, mientras los bancos se quejan por la falta de liquidez, el gobierno sigue dando muestras de que debe hacer una política monetaria más contractiva.

De hecho, el propio Javier Milei, al comentar su satisfacción por la tendencia decreciente de la inflación mayorista, dijo que esa mejor va a tardar a verse reflejada en el IPC porque «los precios minoristas aún deben purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM».

La referencia a los «desequilibrios monetarios» no deja lugar a dudas: en el gobierno siguen convencidos de que, aun cuando la monetización de la economía sigue en niveles históricamente bajos, todavía hay un sobrante de pesos. En otras palabras, que los argentinos no quieren tener billetes en el bolsillo, por temor a que se deprecien.

Ya antes de eso, había llamado la atención la advertencia que le hizo al titular del Banco Central, Santiago Bausili, delante de los principales financistas de Wall Street, durante la «Argentina Week». Le pidió que se cuidara de que el masivo ingreso de dólares por inversión externa «no se vaya a la inflación». Es decir, que tuviera cuidado de no inyectar pesos en demasía al comprar divisas en el mercado.

Parecería una contradicción con el discurso oficial sobre que hubo una reducción del «riesgo kuka» tras las elecciones legislativas de octubre y que ahora la población ya no teme una devaluación. Sin embargo, a la hora de tomar medidas, el gobierno deja en claro que teme a una caída en la demanda de dinero por parte del público.

¿Los bancos financian al Tesoro?

Esa preocupación por absorber pesos quedó demostrada en la última licitación del Tesoro, en la que el ministro Toto Caputo no se conformó con renovar los vencimientos de deuda por $9,6 billones, sino que además colocó bonos como para retirar un excedente de liquidez por $820.000 millones.

En otras palabras, ya no se da el «Punto Anker» en que los bancos créditos al sector privado competían con el Tesoro por quedarse con la liquidez del sistema. Y hace rato que Caputo dejó de repetir su viejo eslogan «los bancos volvieron a trabajar de bancos». Más bien al contrario, se está reforzando el rol del sistema financiero como prestamista del Tesoro, tanto en pesos como en dólares.

Y lo cierto es que los informes oficiales del BCRA muestran ese «cierre del grifo». Cualquiera sea la definición de agregado monetario que se tome, se registra una caída. Si se considera el M2 transaccional privado -que incluye pesos circulantes, depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro- el recorte de liquidez fue de 5,2% en un mes y de 12,5% acumulado en lo que va del año. Si se toma el M3 -que le agrega al M2 los activos del sector público y los depósitos a plazo fijo-, la reducción es de 2,8% en un mes y de 3,2% acumulada.

Un informe de la Fundación Mediterránea indica que la base monetaria se contrajo en $2 billones a pesar de que el Banco Central había previamente inyectado liquidez por $3,9 billones para comprar dólares.

Las noticias sobre el conflicto bélico en Oriente Medio no le dan un descanso a los mercados internacionales, que en un contexto de alta incertidumbre vuelven a exhibir caídas generalizadas.

El termómetro lo marca además el precio del petróleo que se mantiene alcista en sintonía con la escalada de ataques sobre la infraestructura con foco en Irán y parte de la región. Tras máximos de USD 111,60 el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en abril avanza un 3,9%, mientras que el petróleo ligero de Texas en Nueva York gana 1,1%, a USD 96,52 el barril. El gas natural se dispara más de 5 por ciento.

La decisión de la Fed (Reserva Federal de los EEUU) de mantener las tasas de referencia sin variación le aportó también un sostén al dólar respecto de otras monedas y también en relación a las materias primas. En ese sentido el oro (-6,8%, a USD 4.563 la onza) y la plata (-9,9%) descuentan este escenario que no estaba plenamente asumido en la operatoria.

A las 11:30 de Buenos Aires los principales indicadores de Wall Street cedían entre 0,7% y 0,9%, mientras que los índices europeos caían hasta 2 por ciento.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo resigna un 0,8%, mientras que el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,4% en pesos, en los 2.700.000 puntos, apuntalado por los títulos vinculados al sector petrolero y -parcialmente- a la suba local del dólar.

En Nueva York el ADR de YPF asciende un 4% a USD 41,08, mientras que los títulos de Vista Energy progresan más de 6 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- caen un 1% en promedio, con pérdidas más acentuadas para los títulos públicos de mayor duration. El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus pares emergentes, sube 29 unidades para la Argentina, en los 632 puntos básicos, un máximo desde el 12 de diciembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este jueves que su país podría levantar pronto las sanciones sobre el crudo iraní que se encuentra retenido en petroleros para contribuir a aumentar la oferta mundial y reducir los precios.

“En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que se encuentra en el mar. Se trata de unos 140 millones de barriles”, declaró Bessent en el programa “Mornings with Maria” de Fox Business Network. “Así que, dependiendo de cómo se cuente, eso supone entre 10 días y dos semanas de suministro”, agregó.

Bessent afirmó que la incorporación del crudo iraní sancionado a los suministros mundiales ayudaría a mantener bajos los precios durante los próximos 10 a 14 días. Los precios del petróleo se han mantenido por encima de los 100 dólares por barril durante gran parte de las últimas dos semanas, ya que Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y ha atacado a tanqueros.

El Tesoro de los EEUU tomó recientemente una medida similar para permitir la venta de petróleo ruso sancionado que se encontraba retenido en buques, lo que añadió 130 millones de barriles a los suministros mundiales.

Bessent afirmó que Washington tomará otras medidas para aumentar el suministro, incluida una liberación unilateral de existencias de la Reserva Estratégica de Petróleo por encima de la liberación conjunta coordinada por el G7 de la semana pasada de 400 millones de barriles.

Asimismo, afirmó que el Tesoro no intentará “en absoluto” intervenir en los mercados de futuros del petróleo, pero que tomará medidas para aumentar los suministros físicos con el fin de intentar compensar el déficit de entre 10 millones y 14 millones de barriles por día causado por el cierre del estrecho de Ormuz.

“Así que, para que quede claro, no estamos interviniendo en los mercados financieros. Estamos abasteciendo los mercados físicos”, indicó.

En una decisión que agudiza las tensiones dentro del Gobierno y abre una disputa en el Congreso, el presidente Javier Milei avanzó en uno de los compromisos más sensibles en su acuerdo comercial con los Estados Unidos: destrabó el respeto pleno a la propiedad intelectual en el sector farmacéutico. La derogación de la resolución conjunta de 2012, que trababa el patentamiento de medicamentos, no solo abre una pelea en la Cámara de Diputados, sino que desnuda una interna feroz entre operadores del oficialismo.

«Ahora vamos por la adhesión del Congreso al Tratado de Cooperación de Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT), que ya tiene media sanción del Senado y sólo falta que lo apruebe la Cámara de Diputados», dijo a iProfesional una alta fuente de la Casa Rosada, que no ocultó el optimismo por cumplir con uno de los requisitos de los Estados Unidos.

Desde la línea interna de la Cancillería, que dirige Pablo Quirno, criticaron internamente el modo en que se activó la medida: «Nadie duda de que había que derogar la resolución de 2012 que trababa el patentamiento, pero lo hicimos a cambio de nada, podríamos haber negociado la exportación del aluminio o algún beneficio extra», señalaron avezados diplomáticos a iProfesional.

«Estas cosas se hacen así: aún cuando estás obligado a cumplir no firmás todo a cambio de nada, te sentás y sacás algo para tu país. Hoy por el contexto de la guerra y el bloqueo al Estrecho de Ormuz, podríamos haber negociado algo más, como el aluminio», explicó la fuente.

El movimiento pro Estados Unidos tuvo nombre y apellido: Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación se anotó un triunfo político y geopolítico de alto impacto al lograr que se firme la Resolución Conjunta 1/2026, que en los hechos deroga la de 2012 y elimina las barreras que durante más de una década habían limitado la protección de patentes farmacéuticas en la Argentina.

En otras palabras, la resolución 1/2026 de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) derogó la Resolución Conjunta compuesta por las Resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012, que había dictado el gobierno de Cristina Kirchner y que ponía trabas a los patentamientos de medicamentos y de agroquímicos, lo cual desató una presión permanente del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina.

Esa resolución de 2012, en los hechos, inutilizaba la Ley de Patentes sancionada por el gobierno de Carlos Menem en 1995, también por presión de Washington.

La medida de Sturzenegger, también firmada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo; el de Salud, Mario Lugones, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, fue, en rigor, el primer paso

Sturzenegger gana terreno mientras Santiago Caputo retrocede en la interna

En el tablero doméstico, el avance de Sturzenegger es leído como una derrota directa del asesor presidencial Santiago Caputo y del ministro de Salud, Mario Lugones. Ambos habían resistido históricamente cualquier flexibilización del régimen de patentes, alineados con los intereses de los laboratorios nacionales agrupados en CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina.

Caputo, con vínculos aceitados con ese sector —al igual que Karina Milei, Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem—, había hecho de esa bandera una causa interna. Se jactaba de que el liberalismo de Milei, que defiende la vida, la libertad y la propiedad privada, subestimaba el valor de la propiedad intelectual, como si fuera de segundo orden.

Incluso Lugones, su protegido en Salud y hombre con terminales en el Sanatorio Güemes junto a Luis Barrionuevo y Enrique «Coti» Nosiglia, defendía ese esquema como mecanismo de protección de la industria local. En torno de este conflicto siempre se movieron fuertes intereses económicos de los laboratorios locales y extranjeros.

Esta nueva derrota de Caputo, de todos modos, no es tan sonora como haber perdido el control del Ministerio de Justicia, donde fue desplazado su delfín, Sebastián Amerio, que era el viceministro, y donde no fue escuchado para ungir a Guillermo Montenegro, porque el «karinismo» impuso a Juan Bautista Mahiques como ministro y a Santiago Viola como viceministro.

Tampoco fue tan medible como las declaraciones del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, que el fin de semana atribuyó la difusión de un video suyo con su familia en el aeropuerto de San Fernando a «edificios públicos» de «adentro del mismo gobierno». Todas las miradas se posaron en Santiago Caputo y estuvo a punto de perder el manejo de la SIDE, con Christian Auguadra.

La decisión de Sturzenegger de avanzar, pese a esa resistencia de Caputo, dejó expuesto un dato clave: no había manera de no hacerlo una vez firmado el Acuerdo Comercial, y menos aún cuando la presión viene de Washington: el equilibrio interno del mileísmo se redefine. El brazo del ala caputista se torció a mediados de 2025 cuando el gobierno de Donald Trump presionó con fuerza a la Argentina en este punto a cambio del salvataje financiero de octubre.

Sturzenegger, que había tomado nota de las exigencias norteamericanas a partir de los diálogos de la ex canciller Diana Mondino, entendió que el respeto a la propiedad intelectual era una condición innegociable para la Casa Blanca. Previo a esos consejos de Mondino, no estaba en el radar del principal ministro desregulador.

Y actuó en consecuencia. No sólo empujó la medida, con discreción y sin alaridos, sino que la capitalizó políticamente al anunciarla en la red X con una narrativa alineada al núcleo ideológico del Gobierno: propiedad privada, seguridad jurídica y «volver al mundo».

Los laboratorios extranjeros celebran mientras los nacionales temen el impacto

La resolución no puede leerse sin el contexto internacional. El capítulo de propiedad intelectual fue central en el entendimiento con Estados Unidos, donde el lobby de los grandes laboratorios y de la industria de agroquímicos tiene peso estructural. El mensaje de Washington fue claro: sin un régimen de patentes robusto, no hay acuerdo posible.

De hecho, el alineamiento con estándares internacionales -incluido el cumplimiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC- y la futura adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT) son condiciones necesarias no solo para consolidar el vínculo bilateral, sino también para avanzar en el objetivo estratégico de ingresar a la OCDE, el club de los países desarrollados.

El PCT, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, implica un cambio estructural: una patente registrada en un país miembro tendrá validez automática en más de 100 países firmantes –la Argentina sería uno de ellos- durante 20 años. En la práctica, blinda la innovación y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros.

En otras palabras: la protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por dos décadas una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.

Los laboratorios suelen invertir millones de dólares en investigaciones de fórmulas medicinales o agroquímicos. Apenas descubren una molécula la patentan por 20 años. Pero la investigación dura un promedio de 10 años hasta que se comercializa.

Las patentes sólo regirán en el país hacia adelante: no serán retroactivas por lo que los laboratorios nacionales seguirán comercializando medicamentos actuales.

Este antiguo conflicto, entre extranjeros y locales, representa miles de millones de dólares que mueve la industria farmacéutica. Siempre fue materia de conflicto político.

Los grandes beneficiados de este giro son los laboratorios extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes, suizos o británicos, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Con un marco de mayor seguridad jurídica, estiman que las inversiones en investigación clínica —hoy en torno a los u$s700 millones anuales— podrían duplicarse o incluso triplicarse en el mediano plazo.

El razonamiento es lineal: sin protección de patentes, no hay incentivo para invertir en desarrollos que demandan más de una década y millones de dólares. Con reglas claras, en cambio, la Argentina podría captar parte de ese flujo global.

Destacaron que «fortalece la previsibilidad» y «favorece la llegada de nuevas terapias», aunque advirtieron que el impacto dependerá de la implementación y del avance legislativo, según un comunicado difundido este miércoles.

En el otro extremo, los laboratorios nacionales enfrentan un cambio de paradigma. El esquema que les permitía replicar fórmulas extranjeras y comercializarlas con marca propia —amparados en las restricciones de la resolución de 2012— queda virtualmente desactivado hacia adelante.

CILFA, que durante años defendió ese modelo bajo el argumento de garantizar precios más bajos y proteger la industria local, aparece como uno de los grandes derrotados. Estiman que el esquema anterior generaba ahorros por unos u$s2.200 millones.

Ahora, sin esa herramienta, anticipan una ofensiva en el Congreso para intentar frenar la adhesión al PCT o, al menos, introducir modificaciones que amortigüen el impacto.

La transición prevé que los medicamentos actuales sigan sin restricciones

La Resolución 1/2026 incluye, sin embargo, un mecanismo de transición clave: los medicamentos que ya están en el mercado podrán seguir comercializándose sin restricciones ni pago de regalías, incluso si se otorgan patentes sobre ellos a partir de ahora.

Es un intento de evitar un shock inmediato en precios y abastecimiento, aunque no altera la tendencia de fondo: hacia adelante, el sistema se alinea con los estándares internacionales. El INPI, además, recupera plena discrecionalidad técnica para analizar caso por caso, sin las restricciones adicionales que imponía la normativa kirchnerista. Incluso, una exigencia norteamericana es dotar al organismo de mayor personal técnico especializado.

El Congreso será el escenario de la próxima batalla por las patentes

El verdadero test político será en Diputados. La adhesión al PCT —que tiene media sanción del Senado desde los años del menemismo— reabrirá la puja entre dos modelos: apertura e integración global versus protección de la industria local.

Allí volverán a cruzarse los intereses de los laboratorios extranjeros, el Gobierno alineado con Estados Unidos y el lobby de CILFA, que buscará aliados para bloquear o diluir la iniciativa. No será una discusión técnica, sino profundamente política.

La crítica diplomática: una concesión sin contraprestación comercial

En paralelo, algunos observadores diplomáticos deslizan una crítica silenciosa: la Argentina habría cedido en un punto clave sin obtener beneficios comerciales concretos a cambio.

En particular, mencionan la falta de avances en la reducción de aranceles para exportaciones de aluminio y acero a Estados Unidos, hoy castigadas con tarifas del 50%. Un terreno complejo, dominado por jugadores como Aluar (Javier Madanes Quintanilla) y Techint (Paolo Rocca), ambos en tensión con el discurso presidencial.

La pregunta queda flotando en despachos oficiales y embajadas: si la propiedad intelectual era una carta de negociación, ¿por qué se jugó sin exigir una compensación equivalente?

Milei combina convicción ideológica con pragmatismo geopolítico

La decisión sintetiza, en definitiva, la lógica del Gobierno: una combinación de convicción ideológica —la defensa irrestricta de la propiedad privada— y pragmatismo geopolítico para alinearse con Estados Unidos.

Pero también deja al descubierto las tensiones internas de un oficialismo donde conviven agendas, intereses y vínculos contradictorios.

Sturzenegger emerge fortalecido, Caputo retrocede y el Congreso se prepara para una nueva batalla. En el fondo, lo que está en juego no es solo el régimen de patentes, sino el modelo de inserción internacional de la Argentina. Y, como suele ocurrir, la política se define en ese delicado equilibrio entre convicciones, presiones y costos.