La diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, y su esposo, el abogado Franco Bindi, recibieron un revés judicial de la Cámara Federal de Casación, que rechazó su recurso para que puedan nombrar defensores en una causa donde se investiga una denuncia de supuesto espionaje contra Karina Milei.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, denegó una queja de Pagano y Bindi.

El recurso pretendía que se revise una decisión de denegarles el acceso al expediente de la denuncia del Gobierno por supuesto espionaje contra Karina Milei y permitir que se presenten con abogado defensor. Los jueces dijeron que ninguno de los dos se encuentran formalmente imputado en la causa.

Esta causa se inició el 1 de septiembre de 2025, mediante una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que se puso en conocimiento que se filtraron audios registrados de manera supuestamente ilegal y que fueron grabados en la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, y en el Congreso.

Esos audios estaban supuestamente vinculados a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y cercano a la hermana presidencial.

Los hechos denunciados consisten en la producción, manipulación y difusión sistemática de esas grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La denuncia señalaba que se trata de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno, mediante la posible violación a la ley de inteligencia nacional (25.520).

Según se desprende de la denuncia, el propósito de los autores de esas grabaciones, desconocidos, fue influir en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en 2025.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la decisión de las instancias anteriores de mantener por fuera del expediente y de la investigación a Marcela Pagano y a Franco Bindi, de momento.

Esas grabaciones se conocieron de manera contemporánea con los audios donde el extitular de la Andis Diego Spagnuolo mencionaba que se adquirían medicamentos de alto costo con sobreprecios en su área y nombraba a Karina Milei como presunta receptora de un porcentaje de supuestos sobornos.

En ese contexto, el ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, realizó una denuncia para impedir nuevas difusiones de audios.

En esa presentación, la cartera solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios de Spagnuolo, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino −supuestamente ligado a Carnaval− y del abogado Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.

Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py con el fiscal Carlos Stornelli.

En paralelo, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”.

La protesta frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que trata hoy Diputados se desarrolló sin sobresaltos hasta las 16 horas, cuando comenzaron los primeros incidentes entre las fuerzas de seguridad y un pequeño pero creciente grupo de manifestantes que arrojó botellas y agitó las vallas del Congreso, sobre la avenida Rivadavia.

De ese lado de la plaza del Congreso, donde ya no quedaba rastro del paso de la izquierda, se había ubicado Gendarmería, detrás del vallado que separaba la plaza de la avenida Entre Ríos. Primero con un cordón espaciado de efectivos, que permaneció inactivo durante la primera parte de la protesta, y luego, tras los primeros incidentes, con un carro hidrante, que lanzó descargas de agua esporádicas para disuadir al primer frente de la protesta.

El agite inicial corrió por cuenta de un exiguo grupo de personas, algunos de ellas a cara descubierta, que intentaron hacer caer las vallas e hicieron caer la primera tanda de botellas y plásticos varios. Ese grupo, sin embargo, se amplió con la primera respuesta de Gendarmería.

La secuencia se inició luego de que la fisonomía de la convocatoria sobre la avenida Rivadavia cambiará por completo, cerca de las 15.30, cuando la columna principal de la izquierda, encabezada por el PTS, se retiró de la plaza, luego de una breve intervención de Myriam Bregman, que incluyó dardos a la CGT.

Con la salida de la izquierda, que ordenó su convocatoria en torno a un acto y una radio abierta, y no tenía previsto prolongar su estadía más allá de la media tarde, ese lado de la plaza quedó diezmado, con apenas un puñado de grupos disgregados, sin consignas partidarias, y casi ningún manifestante frente al vallado, el habitual eje de conflicto con la policía.

A las 16, sin embargo, una pequeña ola de rabia se adueñó del grupo de manifestantes que quedó allí. Comenzaron a golpear el vallado y unos carteles de publicidad y siguieron con la primera lluvia de botellas.

Los más exaltados fueron acusados de “infiltrados” por otros manifestantes, que, por momentos, intentaron frenarlos.

A partir de allí, comenzó un movimiento de ida y vuelta entre los manifestantes y el hidrante de Gendarmería, cuyas ráfagas empujaban al grupo unos metros hacia atrás, pero que a los pocos minutos se reconstituía frente al vallado.

Para ese entonces, ese primer bloque de protesta se había consolidado. La danza entre el hidrante y los manifestantes se extendió por un cuarto de hora, hasta que la Gendarmería añadió a su ofensiva granadas de gas, que desarticularon a los manifestantes.

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