Tras el tenso cruce del Gobierno con Techint por la licitación de tubos de acero que fue adjudicada a una empresa india, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que en los próximos dos meses se abrirá un nuevo proceso de compra “por casi cuatro o cinco veces esto”. “Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó el funcionario, al buscar bajarle el tono al conflicto.

“Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1400. Fijate la diferencia del modelo”, ahondó Caputo en diálogo con radio Mitre.

El ministro de Economía dijo que, en este caso, con la adjudicación a la empresa india Welspun del contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro, “lo paga el sector privado”. “No lo ganó una empresa argentina, pero es por un tema de incentivos, de adaptación”, sumó.

Al ser consultado sobre quienes cuestionan al Gobierno por no apoyar la industria local, Caputo dijo que se trata de un “relato zonzo”. “Trabajamos para todos los argumentos. Es un proceso de aprendizaje. A todos nos gustaría que ganen empresas argentinas”, aseguró.

Y ejemplificó: “Pero, de vuelta, vamos a los incentivos. Te pongo un ejemplo, Eduardo. Si nosotros sacamos por DNU mañana que se cierran todas las radios, y esta radio es la única que queda, seguramente vos vas a cobrar la publicidad tres, cuatro o cinco veces lo que se cobra hoy”.

“Ese incentivo no le sirve a la gente. Vos tenés que ir a una economía donde los precios son más competitivos y ojalá en esa competencia ganen las empresas argentinas. Techint es una súperempresa que está en condiciones de ganar cualquier licitación», subrayó.

El consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, adjudicó el contrato a la empresa india para proveer 500 kilómetros de caños para Vaca Muerta y desplazó así al Grupo Techint, proveedor tradicional de la infraestructura energética argentina. La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

En un posteo en redes sociales del ministro Federico Sturzenegger, el funcionario sostuvo la última semana que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, validando la competencia internacional. “Grupo Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional, felizmente derogado), creo que eso es indefendible”, señaló.

El resultado de la licitación derivó en un fuerte ida y vuelta entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca. El mandatario calificó como “don chatarrín de los tubitos caros” al empresario. Lo hizo a través de un posteo en la red social X luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

Según pudo saber este diario, el Grupo Techint evalúa presentar una denuncia por presunto dumping ante el Gobierno a raíz de la compra de tubos de origen indio, fabricados con chapa china. La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, la compañía del grupo que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, donde emplea a 420 personas y utiliza chapa importada de Brasil. Desde la empresa advierten que, por cada trabajador directo, se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor, lo que eleva el impacto laboral total a unas 1200 personas. El objetivo de la denuncia es “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”.

Pero el conflicto entre Milei y Rocca escaló luego de que el Presidente lo acusara de golpista. El mandatario citó a un troll que aseguró que el empresario tenía intención de que el Gobierno caiga después de las elecciones legislativas bonaerenses del año pasado. El jefe de Estado, en tanto, añadió: “Dato”. “Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste”, dice el posteo.

“Hay empresas que cierran y otras que abren. Hay gente que está aprovechando el cambio. Hay gente que ve, que cree, confía, entiende que ahora es momento de invertir. Estamos en un esquema en el que es diferente, en el que va a haber un reacomodamiento de empresas y de algunas industrias. Algunas serán más competitivas, otras menos. Dentro de las mismas industrias, algunas empresas serán más competitivas, otras menos”, dijo Caputo.

Y prosiguió: “Y eso es lo normal y no hay que desgarrarse las vestiduras. Nosotros tenemos que generar empleo, tenemos que seguir bajando impuestos y generar trabajo para que la gente que deja de hacerlo en una empresa no sea un drama y consiga trabajo en otra, como es en cualquier país del mundo”.

Al ser consultado por las malas condiciones de muchas de las rutas argentinas, Caputo dijo primero que el Gobierno las recibió “en condiciones pésimas” y que por eso “las estamos licitando”. “Ya se licitó la etapa dos de la 12 y la 14 y vamos a estar abriendo los sobres próximamente. Y todos los 9000 kilómetros de corredores viales, que es esencialmente por donde pasa el 80% del transporte, van a estar licitados en los próximos cuatro meses”, aseguró el ministro de Milei.

MENDOZA.-Llegó la hora decisiva. Después de dos años y medio, el megajuicio contra el poderoso exjuez mendocino Walter Bento, imputado por corrupción, entró en la recta final. Esta semana se conocerá la sentencia. Primero, se determinará si tuvo responsabilidad penal; luego, en caso de ser hallado culpable, se procederá al dictado de las penas en su contra.

El exmagistrado está acusado de liderar una banda que cobraba millonarias coimas en dólares a cambio de beneficiar a presos por delitos graves, como narcotráfico y contrabando. Un accionar sistemático mientras cumplía su otra función que lo mantenía cerca de los partidos políticos y sus dirigentes: durante años fue el responsable de la realización de las elecciones en la provincia, al frente del Tribunal Oral Federal N°1.

A lo largo del extenso proceso en su contra, con una treintena de acusados, hubo espacio, durante más de 150 audiencias, para todas las interpretaciones y voces, entre ellas, las que señalaron al exfuncionario de ser el eslabón final de un sistema de recaudación de los billetes verdes, lo que le permitió, según la investigación, enriquecerse ilícitamente. Entre los más de 300 testigos, hubo testimonios vinculados a los detenidos en diferentes causas graves que llegaron a indicar que les pedían más de 700.000 dólares para recibir alguna ayuda o alivio en el proceso penal. También, la moneda de cambio podían ser automóviles o propiedades. En este punto, Bento está sindicado de cometer más de 10 episodios de cohecho.

“Ya está todo preparado para las definiciones. El lunes se avanzará con los pedidos de nulidades; el martes y miércoles será el momento de las últimas palabras de los imputados y para jueves o viernes el tribunal dictaría sentencia”, indicaron a LA NACIÓN fuentes tribunalicias, más allá de algún nuevo artilugio que pueda presentar la defensa para dilatar la resolución. En instancias previas, el ex juez dio su visión de lo que considera ocurrió en su contra: una causa “armada”, teñida de persecución judicial y política, con un “odio patológico” hacia su figura. Cargó las tintas contra quienes lo investigaron desde el principio: el fiscal general Dante Vega y el juez federal Eduardo Puigdéngolas.

Sin embargo, las pruebas recolectadas en el debate lo comprometieron cada vez más. Sobre Bento pesan acusaciones graves: asociación ilícita en calidad de jefe; cohecho pasivo agravado por 11 hechos, en carácter de autor; prevaricato como autor; omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito; lavado de activos agravado, como miembro de una banda dedicada a la comisión de estos delitos y en su rol de funcionario público; y falsedad ideológica. También se le endilgan los cargos de abuso de autoridad en 10 hechos; desobediencia judicial por no entregar su celular y documentos de viaje; y ocultamiento de prueba, también en relación a su teléfono.

“Hay que esperar la resolución del tribunal, la decisión de condena en qué hechos. Después se determina la pena en un proceso posterior. Primero, entonces, estará la eventual condena de culpabilidad. Luego, en otro proceso, lo que se llama juicio de cesura, vendría la pena, que podría ser menor a los 15 años de cárcel; quizás 12 años, si declaran responsabilidad en todos los hechos”, estimaron en contacto con importantes fuentes del caso.

El juicio contra Bento, quien fue destituido por el Consejo de la Magistratura en noviembre del 2023 y alojado en la cárcel de Cacheuta, comenzó formalmente el 26 de julio de ese año, liderado por el Tribunal Oral Federal 2, el cual está compuesto por tres mujeres de otras provincias que viajaban a Mendoza cada dos semanas: las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira.

En la etapa de alegatos, que se dio durante buena parte del 2025, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, fue contundente en el pedido de condena contra el ex juez y dos miembros de su familia: su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel, quienes están acusados de lavado de activos de origen ilícito agravado. El funcionario judicial desligó del proceso al otro hijo del matrimonio, Luciano, y aseguró que Bento tuvo un incremento patrimonial apreciable e injustificado, entre 2005 y 2020. Así, el clan familiar está bajo acusación de haberse enriquecido y lavar dinero procedente de los sobornos, con los que realizó cientos de viajes a destinos paradisíacos, compró inmuebles y vehículos de alta gama, además de realizar importantes inversiones.

“Es momento de que la ciudadanía escuche también que las instituciones existen, funcionan y reaccionan ante estos graves delitos; que quienes incumplen las normas son castigados; que la corrupción y la ilegalidad vistas en este juicio son sancionadas y no quedan impunes”, expresó el fiscal Velasco en su presentación final.

Luego, antes de fin de año, llegó el turno de los defensores de cada uno de los imputados, entre ellos, el representante legal de Bento, el reconocido abogado Mariano Fragueiro Frías y su equipo. La defensa dejó clara su posición de persecución, negó los cargos, reclamó nulidades del proceso y solicitó la absolución.

El exjuez está acusado de comandar una asociación ilícita junto a abogados, un exjefe policial y un supuesto socio, despachante de aduanas e informante policial, que fue asesinado en 2020, un crimen que se convirtió en la pieza clave para empezar a desentrañar los hilos de un sistema de corrupción.