El inicio del cuarto mes del año estará marcado por una nueva serie de ajustes en los precios regulados y servicios básicos. A partir del 1 de abril, los esquemas tarifarios de los servicios públicos, el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cuotas de la medicina prepaga y los contratos de alquiler presentarán variaciones que impactarán de manera directa en el presupuesto de los hogares. A eso se le deben sumar otras posibles subas en los precios de los combustibles, que se vienen ajustando de forma periódica y pronunciada, apalancados por la disparada del barril de crudo y la guerra en Medio Oriente.

Esta dinámica de incrementos se produce en un marco donde la inflación de febrero se ubicó en el 2,9% y las proyecciones de las consultoras privadas para marzo anticipan una cifra que podría situarse en torno al 3 por ciento. Los incrementos programados para el mes entrante responden, en gran medida, a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales.

El impacto en el transporte público del AMBA

Uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano es el transporte. En abril, el cuadro tarifario de los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense experimentará cambios significativos.

Para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE debidamente registrada, los valores en la provincia de Buenos Aires se distribuirán de la siguiente manera: el boleto mínimo, correspondiente al tramo de 0 a 3 kilómetros, pasará a costar $873,37 (4,90% de ajuste). Para los recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa se ubicará en $972,93, mientras que el segmento de 6 a 12 kilómetros alcanzará los 1.047,14 pesos. En los trayectos más extensos, de 12 a 27 kilómetros, el precio será de $1.122,90 y para los viajes que superen los 27 kilómetros, el costo ascenderá a 1.197,39 pesos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el esquema para usuarios con tarjeta nominada fija el pasaje mínimo en $715,26. Los tramos siguientes tendrán valores de $794,76 (3 a 6 km), $856 (6 a 12 km) y $917,28 (12 a 27 km).

Es fundamental destacar la brecha tarifaria para quienes no han realizado el registro de su tarjeta. En estos casos, el boleto mínimo en territorio bonaerense saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos. Esta diferenciación busca centralizar los beneficios sociales directamente en el usuario identificado.

Actualización en las facturas de electricidad y agua

Los servicios energéticos también forman parte de la agenda de aumentos. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edenor y Edesur, aplicarán los nuevos valores correspondientes a los cargos fijos y variables.

En el área de concesión de Edesur, los usuarios residenciales de altos ingresos (Nivel 1) enfrentarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos de hasta 150 kWh, con un valor variable de $115,29 por unidad. Para aquellos hogares con un consumo de 400 kWh, el cargo fijo se eleva a 2.925,47 pesos. Por su parte, los sectores que mantienen subsidios verán un cargo variable de $44,46, siempre que no excedan los límites de consumo base establecidos.

En el caso de Edenor, el cargo fijo para el primer escalafón de consumo se sitúa en $1.414,93, con un variable de 115,28 pesos. Los hogares con subsidios mantendrán el cargo variable reducido en $44,29 hasta un tope de 300 kWh mensuales.

En cuanto al servicio de agua potable y saneamiento, la empresa AySA completará en abril el último tramo de la actualización tarifaria del 4% que se inició a comienzos de año. Este ajuste técnico llevará el valor del costo promedio del servicio a los 23.648,56 pesos.

Medicina prepaga y copagos

El sector de la salud privada implementará su cuarto ajuste anual en las cuotas. De acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las empresas de medicina prepaga aplicarán un incremento del 2,9% en sus planes de cobertura.

Este porcentaje de actualización se traslada también a los valores de los copagos que los afiliados deben abonar por consultas médicas y prácticas de diagnóstico. Según el marco normativo vigente, las variaciones en las cuotas de las prepagas se vinculan directamente con la medición inflacionaria del segundo mes previo, lo que en este caso toma como referencia el dato oficial de febrero.

Según fuentes oficiales, estas serán las en la principales empresas del sector:

• Hospital Italiano: 2,7%
• OSDE: 2,9%
• Galeno: 2,9%
• Swiss Medical: 2,9%
• Omint: 2,9%
• Avalian: 2,9%
• Hospital Alemán: 2,9%
• Sancor Salud: 2,9%

El mercado de alquileres

Para los inquilinos que mantienen contratos bajo la legislación anterior (Ley 27.551), el mes de abril representa un desafío financiero debido a la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL). Aquellos contratos que deban cumplir con su actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento.

Este índice, elaborado por el Banco Central, combina en partes iguales la variación de la inflación y de los salarios. Por otro lado, los contratos más recientes, celebrados tras la desregulación del mercado inmobiliario, suelen pactar actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en el IPC o en otros indicadores acordados entre las partes, lo que genera una dispersión de precios según el momento de la firma y las condiciones particulares del acuerdo.

Combustibles

Además de los incrementos mencionados, no pueden descartarse nuevos aumentos en los precios de los combustibles. El valor de la nafta súper en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió 20,04% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y superó por primera vez los $2.000 por litro en una serie de puntos de venta seleccionados. De continuar la misma dinámica, podrían registrarse nuevas subas en los próximos días. Claro está, que un cambio en el panorama internacional podría provocar el resultado contrario (baja de precios). Todo depende de la evolución del precio internacional del barril de crudo (Brent) y de las expectativas sobre los niveles de oferta de crudo.

Luis Caputo testeó la temperatura del mercado financiero, y comprobó lo que sospechaba: demasiado caliente como para tomar riesgos más allá de 2027. En su licitación del nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre 2028 -es decir, ya terminado el período de gobierno de Javier Milei-, los inversores le pidieron una tasa de interés de 8,5% nominal anual, lo que implica una diferencia de 3,48% respecto del bono que vence en octubre de 2027.

Por un lado, es una mala noticia desde el punto de vista financiero, porque reafirma el alto costo que enfrenta el Tesoro para tomar crédito con el cual hacer frente a su abultado calendario de vencimientos de deuda.

Pero, desde el punto de vista político, significa un punto a favor del discurso oficial, porque permite argumentar la vigencia del «riesgo kuka» y hasta cuantificarlo. Para el gobierno, el hecho de que haya semejante diferencia de tasa entre dos bonos que vencen con apenas un año de diferencia solo se explica por el temor de los inversores a que en 2027 pueda haber un cambio de signo político en la Casa Rosada. Un eventual regreso del populismo implicaría un riesgo de default o «reperfilamiento» de la deuda, y eso es lo que lleva al mercado a exigir un premio más alto.

El propio Caputo hizo el cálculo. Estableció que el «riesgo país Milei» es de 117 puntos básicos. Ese es el número que surge de restarle a la tasa del bono argentino -5,02% en la licitación de este viernes- el costo de la tasa de referencia mundial, que ronda el 3,8%.

Para el Gobierno, esa tasa no sólo es baja porque lleva implícito un riesgo país muy inferior al que mide el índice de JP Morgan a nivel mundial -en torno de 600 puntos- sino que, además viene en franco descenso.

Hace un mes, cuando se realizó la primera licitación de un bono a suscribir en dólares, bajo ley argentina, la tasa fue de 5,8%. El gobierno celebró el hecho de que el mercado hubiese demostrado atractivo por ese título, al punto de comprarlo por encima de su valor nominal, y aceptar una tasa inferior al 6% que figuraba en la oferta oficial.

Dos semanas más tarde, el mismo bono volvió a recaudar u$s250 millones, pero ya con una tasa más baja, del 5,4% efectivo anual.

Y ahora, en su tercera salida al mercado, Caputo se volvió a encontrar con una elevada demanda -u$s466 millones para un cupo de u$s150 millones- y a una tasa de 5,02%.

¿Ganó o perdió Luis Caputo?

La parte negativa fue que Caputo, que declaró su intención de tomar distancia de Wall Street para no pagar costos demasiado altos, quiso probar cuál era el límite del mercado local, y no resultó muy diferente de lo que hay en el exterior.

Si hoy el ministro tuviera que pedir crédito en el mercado financiero global, debería pagar una tasa anual de más de 9%, que sería el resultado de la tasa de referencia, más el índice de 600 puntos que mide hoy Argentina tras la turbulencia global generada por el conflicto en Medio Oriente. En otras palabras, una tasa prohibitiva.

Endeudarse con el mercado local, aprovechando su alta liquidez en dólares tras el ingreso masivo de divisas por la emisión de deuda de empresas y gobiernos provinciales, es un objetivo explícito de la nueva estrategia financiera. Hoy el sistema bancario argentino tiene depósitos por más de u$s40.000 millones, de los cuales cerca de la mitad están líquidos sin haber sido asignados a préstamos.

El mercado demostró que sí está dispuesto a tomar un bono que venza después del mandato de Milei, pero que lo haría a un precio más alto, que compense el riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Según Caputo, prestarle a Argentina para recuperar el capital en 2028 requiere una tasa de 8,5%.

Y la «tasa forward» -como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de interés entre dos momentos futuros, en este caso octubre de 2028 versus octubre de 2027- equivale a una tasa nominal anual de 14,09%.

La apuesta ante las elecciones 2027

De todas formas, la tasa que le pidieron a Caputo por el bono con vencimiento en 2028 sigue siendo unos 140 puntos menor a la que debería pagar hoy si saliera al mercado internacional, por lo que la estrategia con el nuevo bono no resulta del todo fallida.

Resta ahora por verse si, tras haber levantado del mercado local u$s1.000 millones con los nuevos bonos, Caputo insistirá en las próximas licitaciones del Tesoro con el nuevo título o si se limitará a mantener únicamente el que tiene vencimiento en 2027.

Ahora, lo que se debate entre los analistas es si la tasa que pidió el mercado está asignando una probabilidad alta o baja de que el peronismo gane las elecciones presidenciales del año próximo.

Hay quienes estiman que, si el kirchnerismo estuviera ahora en el poder, el índice de riesgo país se ubicaría en 1.200 puntos. Y que, por lo tanto, la tasa pedida por el nuevo bono implica que el «riesgo» de ese cambio político es menor al 50%.

Sigue la aspiradora de pesos

En cuanto al tramo de la deuda en pesos, también hubo señales importantes para el mercado. Nuevamente, absorbió liquidez del mercado, lo que deja en evidencia su temor a que un exceso de pesos pueda presionar la inflación.

Era un tema sobre el cual había surgido dudas, ya que el Banco Central había flexibilizado las normas de encajes para los bancos, lo cual dio pie a interpretaciones sobre que el gobierno se proponía monetizar la economía.

Sin embargo, en la licitación del Tesoro quedó en evidencia cuál es la prioridad: ante un vencimiento de $8 billones, el ministro no se contentó con «rollear» la deuda sino que, además, tomó un excedente de $3 billones, una cifra casi cuatro veces más alta que la que había absorbido en la licitación anterior.

¿Cómo se interpreta esto?: según Eric Ritondale, economista jefe de la firma bursátil Puente, «valida que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028».

Nuevamente, la mayor parte de la demanda por bonos se concentró en los vencimientos de corto plazo, y las tasas siguen en torno de 29% de rendimiento efectivo anual, equivalente a un retoro efectivo mensual de 2,16%.

El otro motivo de celebración para el Gobierno es que las tasas continúen su senda descendente incluso cuando el «rolleo» superó al 100%. Por lo general, cuando se busca una absorción fuerte de liquidez, el costo de esa estrategia es el de una suba abrupta del costo financiero para el Tesoro.

En este caso, lo que los funcionarios interpretan es que, pese al incremento del IPC en los últimos meses, el mercado sigue teniendo la expectativa de una inflación en descenso a mediano plazo.

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anuló la condena de USD 16.000 millones contra la República Argentina por la expropiación de YPF no sólo representó un hito jurídico y económico para el país, sino que también puso bajo los reflectores la figura de Robert Giuffra Jr., el abogado principal detrás de la estrategia de defensa argentina.

Giuffra, quien lidera el bufete Sullivan & Cromwell, es una figura de alto perfil en los tribunales estadounidenses, conocido recientemente por integrar el equipo legal que defendió a Donald Trump en el proceso penal vinculado a la actriz Stormy Daniels.

Tras conocerse la resolución judicial, Giuffra se pronunció ante los principales medios financieros internacionales, calificando la decisión como un triunfo no solo para la Argentina, sino para la integridad del sistema judicial frente a lo que describió como prácticas especulativas de la industria de financiamiento de litigios.

El “revés para el casino de los litigios”

En declaraciones recogidas por medios como Financial Times, Reuters y El País, el letrado fue tajante al analizar las implicancias del fallo que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska. Sostuvo que la decisión “reivindica plenamente la posición de Argentina”, argumentando que el tribunal de distrito original había realizado una aplicación incorrecta de la normativa argentina vigente.

Giuffra apuntó directamente contra Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas del Grupo Petersen. Según el abogado, este tipo de inversores intentaron “convertir los tribunales estadounidenses en un casino”, basándose en una interpretación “inventada” de los estatutos de la petrolera estatal. El representante de la defensa argentina subrayó la desproporción del reclamo al recordar que “Burford adquirió el derecho a demandar por apenas 15 millones de euros, pretendiendo obtener un retorno de inversión del 37.000%”, cifra que, tras el fallo de cámara, quedó reducida a cero. Para Giuffra, este resultado generará escepticismo entre quienes financian litigios agresivos contra Estados soberanos.

Los fundamentos de una victoria histórica

El corazón de la nota ganadora para la Argentina reside en un cambio de interpretación sobre la naturaleza de los estatutos de YPF. El tribunal de apelaciones, con los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, determinó que, bajo el derecho argentino, los estatutos de una sociedad anónima funcionan como normas de organización interna y no como contratos bilaterales que generen obligaciones exigibles entre el Estado y los accionistas privados.

El fallo ratificó que la expropiación de 2012 fue un acto de derecho público regido por la Ley General de Expropiaciones, la cual desplaza cualquier pretensión contractual previa. De este modo, la Justicia estadounidense concluyó que los accionistas minoritarios no tenían derecho a exigir una oferta pública de adquisición (OPA) tras la nacionalización de las acciones de Repsol, rechazando también la figura del promissory estoppel (impedimento promisorio) que buscaban aplicar los demandantes.

Este escenario contrastó con el voto en disidencia del juez José Cabranes, quien consideró que los estatutos sí constituían un compromiso contractual y que el incumplimiento del Estado argentino de realizar una oferta de compra al resto de los socios debía ser indemnizado. Sin embargo, la prevalencia de la postura mayoritaria permitió que la Argentina evitara un desembolso que, sumado a los intereses acumulados desde septiembre de 2023, ya superaba los 18.000 millones de dólares.

Quién es Robert Giuffra: de la Casa Blanca a la defensa de Trump

Robert Joseph Giuffra Jr. no es un recién llegado a los círculos de poder de Washington y Nueva York. Su trayectoria profesional combina la representación de corporaciones globales con roles clave en la administración pública. Antes de convertirse en el rostro de la defensa argentina en el caso YPF, Giuffra ya contaba con experiencia en la Casa Blanca, habiendo servido como asistente durante la presidencia de Ronald Reagan. Además, fue asesor principal del Comité de Banca del Senado y miembro de la Comisión de Ética del Estado de Nueva York.

Su vínculo con la política estadounidense se mantiene vigente. Giuffra formó parte del equipo legal encargado de la defensa de Donald Trump en el mediático caso penal que lo enfrentó a la actriz Stormy Daniels. Su estudio, Sullivan & Cromwell, es uno de los más influyentes de Wall Street y ha representado a gigantes de la industria automotriz como Volkswagen, Audi y Fiat, además de empresas vinculadas al grupo Techint, como Tenaris.

La relación de Sullivan & Cromwell con Argentina

La contratación de Giuffra y su bufete no es nueva para el Estado argentino. El estudio tiene un largo historial de defensa del país ante el Distrito Sur de Nueva York, el mismo juzgado que durante décadas tramitó las causas por los defaults de 2001 y las expropiaciones de la era kirchnerista.

Uno de los mayores éxitos previos de Giuffra para la Argentina fue en el litigio por el Cupón PBI. En esa causa, se acusaba al país de manipular los datos del Indec correspondientes al crecimiento económico de 2013 para evitar el pago de intereses a los tenedores de bonos. En enero de 2020, Giuffra logró que el tribunal desestimara el primer caso presentado, lo que consolidó la confianza de las sucesivas administraciones argentinas en su gestión.

Bajo la gestión de Alberto Fernández, la República ratificó el contrato con Sullivan & Cromwell para enfrentar la etapa final del juicio por la estatización de YPF. A pesar de que los honorarios del estudio —que según registros de 2024 pueden alcanzar los USD 1.800 por hora para el socio principal— han sido objeto de análisis mediático, fuentes del sector legal coinciden en que dichas cifras se encuentran dentro de los valores de mercado para los bufetes de élite en Nueva York.