POLITICA
La feroz ofensiva de Javier Milei contra Paolo Rocca tomó por sorpresa al Gabinete

De incorporar a la gestión nacional a cuadros técnicos que se formaron en su empresa a burlarse de él con un apodo: “Don Chatarrín de los tubitos caros”. De aceptar aportes de dinero de su holding para financiar la campaña presidencial de 2023 a acusarlo de desestabilizador. La feroz ofensiva que lanzó Javier Milei contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, tomó por sorpresa a la mayoría de los referentes del Gabinete y provocó desconcierto en los márgenes de La Libertad Avanza (LLA).
Si bien los ministros cerraron filas en torno al Presidente, el encontronazo con Rocca generó incomodidad y estupor en la cúpula del Ejecutivo. La mayoría de los habitantes más influyentes de la Casa Rosada admiten que desconocían que Milei sentía un rechazo visceral por uno de los empresarios más poderosos de la Argentina o que sospechaba de que Rocca había participado de una supuesta conspiración para “terminar” con el Gobierno en medio de la tormenta política y cambiaria que sufrieron los libertarios en septiembre de 2025, en los momentos posteriores a la derrota electoral en Buenos Aires.
Según pudo reconstruir , Milei no había cristalizado en las reuniones de Gabinete o de la mesa política su animadversión con el Grupo Techint. “Había situaciones o intentos de golpe de mercado e internamente se hablaba de que nos estaban jugando de manera complicada [en septiembre de 2025]. Pero yo no accedí a esa información. Si el Presidente lo dijo, debe ser por algo”, comentó en la intimidad una de las figuras más relevantes del elenco oficial.
Los primeros cortocircuitos entre Milei y el Grupo Techint se produjeron hace meses, sobre todo, por las advertencias que planteó Rocca frente a la decisión del Presidente de acelerar la apertura comercial del país. Pidió atender la amenaza que representa China para la industria local. Pero el conflicto escaló de manera vertiginosa durante la última semana, después de que el gigante industrial nacional perdiera con una empresa de origen indio la millonaria licitación para la provisión de tubos de acero para la construcción de un gasoducto que unirá los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén, con el Golfo San Matías, en Río Negro. Techint, la principal siderúrgica del país, se quejó de la resolución del consorcio Southern Energy, que integran las petroleras argentinas Pan American Energy, YPF y Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, de comprar tubos de origen indio, fabricados con chapa china, con el argumento de que la operación perjudicaba el empleo industrial y la producción local.
Mientras Milei subía el tono de la pelea con Rocca, las opiniones en el seno del Gobierno se dividían. La mayoría de los altos funcionarios apostaron por mantenerse al margen de la disputa, sobre todo, aquellos que supieron trabajar codo a codo con el CEO de Techint, como Julio Cordero, secretario de Trabajo, quien depende de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano mantiene lazos con el holding y los grandes empresarios del país desde el inicio de la gestión de Milei. Es más: en noviembre pasado, visitó la planta de Tenaris Etihad en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Además, Carlos Torrendell, el secretario de Educación de la Nación que eligió Pettovello, pudo nombrar a Ludovico Grillo, quien estuvo al frente de la dirección de la Escuela Técnica Roberto Rocca, como titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ni Cordero ni Grillo fueron objetados por la Casa Rosada.
Pese a que varios funcionarios y figuras leales a Milei compartían la visión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la compra de tubos de la India en perjuicio de Techint y acusó a Rocca de haber hecho una oferta de un 40% más cara, no se involucraron en la disputa. Fuera de micrófonos, señalaban a Santiago Caputo, el principal consejero de Milei, como el autor intelectual de la ruptura entre el Presidente y Rocca. “Fue él quien le metió en la cabeza que Techint intentó desestabilizar”, despotricó un estrecho colaborador presidencial. “Los enemigos eran otros”, deslizó un encumbrado ministro de Milei que nunca había escuchado a Milei hablar de las supuestas conspiraciones de Rocca.
Un importante asesor del Gobierno confía en que el Presidente se mostrará dispuesto a aflojar, ya que Rocca -un “jugador de ajedrez”, según lo define uno de sus interlocutores habituales- envió señales de que busca la paz. De hecho, evitó responderle a Milei, pese a que quedó bajo fuego durante tres días consecutivos, y por ahora no presentó la denuncia por presunto dumping ante el Gobierno por la compra de tubos indios. Desde la Casa Rosada el empresario solo percibe señales de hostilidad, ante todo, desde que Sturzenegger desembarcó en un cargo en el Gabinete.
En medio de la guerra abierta con Rocca, el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, recibió anteayer al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. Sus voceros dijeron que no hablaron sobre el conflicto por la millonaria provisión de caños.
Hasta el momento, según fuentes oficiales, Milei descarta iniciar una purga en su administración para expulsar a funcionarios que trabajaron en el pasado en Techint o tienen nexos con Rocca. “Lo importante es que estén alineados con las ideas del Gobierno, independientemente de su pasado laboral”, responden cerca de Milei. La mayoría de los exTechint cultivó un segundo plano y evitó involucrarse en el tema para evitar distorsiones. “Yo tuve la camiseta de Techint y sorprende este nivel de destrato”, susurra un hombre que supo asesorar a LLA.
Quienes lo tratan a menudo sostienen que el Presidente se involucró en la polémica con Techint porque la discusión tenía un fuerte componente simbólico. Decidido a defender su receta de apertura económica indiscriminada, abandonó la mesura y el tono moderado que había exhibido en el último tiempo y atacó sin dudarlo a Rocca, un rival temible para otros políticos. “Esto nos servía para demostrar que cuando hay mercados regulados o la imposibilidad de que haya competencia real los precios son peores y eso perjudica a los argentinos. Con esta licitación se verificó la tesis de Milei: abriendo la competencia, se bajan los costos; sin competencia, cobran lo que quieren”, puntualizan en Balcarce 50. Milei apeló a su visión maniquea de la política para dar batalla contra el empresario. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest. Sin menciones, volvió a lanzar dardos contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.
Quienes orbitan en torno a Karina Milei y Santiago Caputo concuerdan en que el Presidente nunca consideró a Rocca como un empresario “cercano” al Gobierno. Es un dato que les resulta curioso a personas que cooperaron con el armado de los equipos técnicos de LLA en 2023 o trabajaron en la campaña presidencial de Milei. Es que Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio, la constructora del holding que lidera Rocca, aportó 20 millones de pesos al partido de Milei para el balotaje con Sergio Massa. El aporte de fondos fue declarado ante la Justicia y figura en el portal de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Durante esa campaña, la compañía ligada a Rocca había financiado al espacio de Juntos por el Cambio, que llevó a Patricia Bullrich como candidata a presidente en los comicios generales. Apenas Milei inició su mandato, el CEO de Techint le dio un espaldarazo: dijo que compartía el diagnóstico que había trazado el Presidente cuando asumió -“la situación es insostenible”- y apoyó el “reseteo” de la economía. Pero las milicias digitales de LLA le enrostraron que durante un encuentro en 2022 había pedido un aplauso para Sergio Massa, entonces ministro de Economía. Sin embargo, evitaron recordar que un año después el empresario admitió, ante Guillermo Francos, que se había equivocado.
Cuando Milei derrotó al kirchnerismo en la segunda vuelta, LLA necesitaba sumar cuadros técnicos o dirigentes con experiencia en gestión. En ese momento, Nicolás Posse, exempleado del empresario Eduardo Eurnekian, como Milei o Francos, coordinaba los equipos que se agolpaban en las oficinas que los hermanos Neuss le habían prestado a Santiago Caputo. Carecían, sobre todo, de especialistas en energía, petróleo y gas. Solo estaba Eduardo Rodríguez Chirillo.
Por eso, los Milei les abrieron las puertas a alfiles de Techint. “Lo adoraban a Rocca”, retrata un hombre que trabajó en el diseño del primer gabinete de LLA.
Mientras Pettovello intentaba seducir a Cordero para que se incorporara en un cargo de Trabajo -dudaba de abandonar el departamento jurídico de Techint-, otros integrantes del holding se acercaban al nuevo gobierno. Fue así que se sumaron, entre otros, Ernesto Rona, Luis de Ridder, Horacio Amartino o Miguel Ponte.
Desde ese momento, Karina Milei ya forjaba un vínculo cercano con la empresaria Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni. De hecho, en marzo de 2024, la hermana del Presidente nombró a Bulgheroni como embajadora de la Marca País. En mayo pasado, la titular de la Fundación Educando se convirtió en la primera mujer en ser elegida como el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Días atrás, integró junto a Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, y Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo, la comitiva de empresarios que asistieron al Foro de Davos, en Suiza. A diferencia de Rocca, en Balcarce 50 consideran a los Bulgheroni como empresarios cercanos a Milei.
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POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno desmintió a la oposición y afirmó que no habrá quita de indemnizaciones

El Gobierno Nacional, a través de su secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el proyecto de ley de reforma laboral que se tratará en las sesiones extraordinarias de este mes, y desmintió que la iniciativa despoje a los trabajadores de las indemnizaciones por despido.
El secretario de Trabajo Julio Cordero.
Cordero afirmó a Radio Splendid que la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo tiene como finalidad principal la creación de puestos de trabajo en un marco de estabilidad y crecimiento económico.
A su vez, el funcionario destacó que el proyecto pretende” ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados hace años” y subrayó que busca “fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores sin generar detrimentos en sus condiciones actuales”.
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El secretario de Trabajo expresó que el proyecto impulsado por el oficialismo se orienta a reducir costos para los empleadores y consolidar la seguridad jurídica para las inversiones necesarias de cara a la generación de trabajo, pero no busca afectar el salario real ni derechos laborales como la indemnización y las vacaciones.
Más independencia para los trabajadores
Julio Cordero apuntó a que la principal modificación que propone la reforma es que “permite que el trabajador y el empleador acuerden su fraccionamiento (de las vacaciones) sin que el Estado deba intervenir con sanciones”.
“Se busca darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades, permitiendo incluso que quienes deseen trabajar más horas puedan hacerlo para mejorar sus ingresos dentro de los límites de su salud y seguridad”, comentó.
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En cuanto al trabajo autónomo, el funcionario destacó que el proyecto de ley busca regularlo y que es “una modalidad muy buscada por los jóvenes”.
Ayuda a las pymes
El secretario de Trabajo remarcó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno pretende crear un fondo de asistencia laboral para las pymes en el marco del equilibrio fiscal para ayudar a este sector productivo a afrontar las desvinculaciones de la fuerza laboral.
Dicho fondo contará como financiamiento con un 3% de contribuciones patronales y “permitirá a las pymes disponer de recursos para abonar indemnizaciones“, manifestó.
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POLITICA
ATE anunció un paro en 27 aeropuertos nacionales para este lunes: los servicios afectados

El gremio ATE, que nuclea a trabajadores empleados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), comunicó este sábado que el lunes 2 de febrero, en pleno recambio turístico, llevarán a cabo una medida de fuerza que afectará la normal actividad en 27 aeropuertos de todo el país.
Desde el sindicato adjudicaron el paro a la marcha atrás por parte del organismo estatal respecto a un incremento salarial que ya había sido supuestamente acordado. También a que no se liquidaron los haberes de los empleados al día 31 de enero.
La Fraternidad anunció un paro de trenes para el 5 de febrero si no hay acuerdo salarial
La medida de fuerza tendrá lugar desde las 0 horas del día lunes 2 de febrero y se extenderá a lo largo de 24 horas, y afectará los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspección y administrativos.
La paralización de tales actividades implicará complicaciones con la totalidad de los vuelos, a excepción de aquellos estatales, sanitarios, humanitarios y que transportan órganos vitales para trasplantes.
URGENTE!!
ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!!LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!!
El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya… pic.twitter.com/Cn4Dmo9UbV
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 31, 2026
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció la medida de fuerza en su cuenta de X: “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, dijo, adem-as de agregar que “si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a las 00 horas el paro será total””.
Desde la Secretaría de Transporte del Gobierno Nacional respondieron a través de su vocero sobre el estado de situación ante la inminente medida de fuerza, y afirmaron que no iban a expedirse sobre la cuestión.
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POLITICA
AFAGate: se define la puja judicial por las pruebas del fraude que envió EE.UU.

Los jueces que investigan a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están pendientes de una decisión judicial trascendental tras el final del receso judicial de enero. Un camarista debe definir el futuro de la denuncia que hizo el empresario Guillermo Tofoni contra los jerarcas de la AFA. No es una causa más. En ese expediente, radicado en el fuero penal ordinario, se presentaron todos los registros bancarios sobre la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. Tanto en Campana como en Lomas de Zamora, donde tramitan otras causas vinculadas a la AFA, están atentos al destino final de esos documentos.
El 29 de diciembre, apenas 24 horas después de que reveló que TourProdEnter recaudó más de US$260 millones durante los últimos cuatro años y que al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada, Tofoni acudió al fuero criminal y correccional para denunciar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, a Faroni y a su esposa por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. El empresario decidió esquivar el fuero federal, donde ya había perdido otras batallas judiciales.
El martes 30 de diciembre, apenas un día después de la denuncia, la fiscal Silvana Russi planteó que la causa debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, que esa misma madrugada había allanado la casa de Faroni en Nordelta, tras un llamativo episodio en Aeroparque, donde el empresario no pudo abordar un avión privado rumbo a Punta del Este. Justo antes de ser interceptado por los efectivos de la PSA en el control migratorio, Faroni logró descartar su celular. ¿Tenía información previa? En Tribunales aseguran que no se pudo determinar pese a todas las imágenes secuestradas.
Ese mismo día, Armella allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y secuestró el contrato entre TourProdEnter y la entidad que preside Claudio Tapia. El documento reveló que la empresa de Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior. No solo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino desde diciembre de 2021.
Con el argumento de los allanamientos, la fiscal planteó que la denuncia de Tofoni debía enviarse al fuero federal, justo al revés de la hoja de ruta que había ideado el empresario junto a sus abogados. “Atento a la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados no corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas, en tanto se requiere una visión conjunta de los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas”, argumentó la fiscal.
La investigación efectivamente se frenó el 2 de enero: la jueza Paula Petazzi decidió declinar la competencia en el juzgado de Armella para no generar “superposiciones innecesarias”. Pero Tofoni apeló la decisión y la causa pasó a la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.
Durante la feria de enero, el expediente tuvo algunos movimientos, casi imperceptibles. El juez que reemplazó a Petazzi notificó a Tapia y Toviggino a través del área de legales de la AFA y como no proponían abogados particulares, les designó un defensor oficial. La decisión duró apenas 24 horas. El 21 de enero, tanto el presidente de la AFA como el tesorero nombraron a Alejandro Higa, el mismo abogado que promovió una medida cautelar en 2024 para suspender la parte del DNU 70/23 que autorizaba a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD).
En la designación de Higa como abogado, los jerarcas de la AFA declararon el polémico domicilio de Mercedes 1366, en la localidad de Pilar, utilizado para esquivar los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnará ese cambio de domicilio luego de que funcionarios del organismo fueron al lugar y solo encontraron un cartel que reza “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.
El futuro de la denuncia de Tofoni depende de una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. Los abogados que analizan el enjambre de causas en torno a la AFA coinciden que es un decisión trascendente. En ese expediente se presentaron más de 3000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Si la Cámara confirma la incompetencia, las pruebas deberían irse al juzgado de Lomas de Zamora.
Armella avanzó durante la primera quincena de enero, a otro ritmo, con medidas patrimoniales sobre Faroni, su mujer, y las cuatro personas de Bariloche que fueron utilizadas para crear cuatro sociedades fantasma que recibieron al menos US$ 42 millones: Soagu Services LLC, Marmasch LLC,Velp LLCyVelpasalt LLC. En las próximas horas, según pudo saber de fuentes judiciales, el juez ordenaría una batería de medidas para avanzar en esa línea de investigación. No tiene mucho tiempo. Durante febrero, la Cámara Federal de La Plata definirá si sigue a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora o si se debe sortear un nuevo juez.
El otro juez que mira de reojo la decisión de la Sala V es Adrián González Charvay, a cargo del juzgado federal de Campana. Ese magistrado recibió hace dos semanas el expediente donde se investiga la mansión de Pilar, adjudicada a Toviggino. El cambio de jurisdicción había sido pedido por los presuntos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte.
Fue una jugada en varios tiempos. El objetivo final de los abogados que asesoran a los jerarcas de la AFA es que esa causa, que hasta ahora se concentró en las sociedades y personas vinculadas a la mansión, absorba todos los expedientes que incomodan a Tapia y Toviggino. Eso incluye el capítulo internacional. De esa manera, los registros bancarios de TourProdEnter podrían pasar al juzgado de Armella y luego a Campana. Sería jaque mate.
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