POLITICA
Alberto Fernández pasó los últimos 15 días con su hijo Francisco y confía en que se anule la causa por violencia de género

La situación familiar del expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yañez en este 2026 es bien diferente de la que se vivió a lo largo del año pasado, cuando estuvo signada por las acusaciones de su exmujer realizadas desde España, al punto de promover su enjuiciamiento por delitos gravísimos.
El año pasado el expresidente casi no pudo ver a su hijo Francisco -de casi cuatro años-, pero hoy muchas cosas son diferentes. Actualmente Yañez vive en Buenos Aires, su hijo Francisco ve a su padre todas las semanas, y estuvo con Alberto Fernández los últimos 15 días, dijeron a fuentes cercanas al expresidente.
La relación entre los abogados de ambas partes es cordial y hay buen diálogo, aseguraron a allegados a Yañez. Sostuvieron que todo es en función del bienestar de Francisco.
Si bien la causa penal contra Alberto Fernández sigue en pie, el exmandatario, por otro lado, le dijo a sus amigos que confía en que apenas se reanude la actividad, tras la feria judicial, el caso por violencia de género sea anulado.
Las denuncias de Fabiola Yañez y la querella contra su exmarido siguen en pie, al igual que las denuncias de Alberto Fernández contra su exsuegra por falso testimonio. “No está dicha aún la última palabra, tienen que pasar muchas cosas todavía”, dijo un allegado a Yañez.
Pero la situación de máxima tensión del 2025 pareció ceder en 2026. Sin embargo, en el entorno del mandatario señalaron que “no hay ninguna negociación”. “Todavía es prematuro”, dijeron cerca de Yañez.
– ¿Usted cree que el caso llegará a juicio contra Alberto Fernández?, preguntó a allegados a la ex primera dama.
– Siempre que hay hijos de por medio, preferimos que haya paz y buen entendimiento, respondieron colaboradores de Yañez.
El giro en la relación sucedió tras la decisión de Yañez de desvincualarse de sus abogada Mariana Gallegos y de su marido Mauricio D´Alessandro, que llevaron adelante la estrategia de la querella criminal contra Alberto Fernández en Buenos Aires y en Madrid.
Ahora Yañez es asesorada por la abogada Marcela De Leonardis, del estudio de la abogada Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro.
En la causa familiar, la Justicia dispuso una medida cautelar para que se disponga el pago de un monto de dinero fijado para cubrir la cuota alimentaria de Francisco y la manutención de Yañez.
La mujer dejó su casa en España, e imprevistamente llegó entre octubre y noviembre a la Argentina. Vivió primero en un departamento alquilado por Airbnb y ahora lo hace en una casa de modo más permanente.
En la causa penal por violencia de género, el fiscal Ramiro González pidió elevar el caso a juicio oral y público contra Alberto Fernández por graves delitos de violencia de género. El juez era Julián Ercolini.
Lo procesó por amenazas coactivas, lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y contexto de género, con lo que lo expuso a una posible pena de hasta 12 años de prisión.
Pero la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Angela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, apartaron a Ercolini por parcialidad, pero dijeron que lo hacían “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Fernández lo había recusado por enemistad manifiesta. Ahora la causa por violencia de género está en el juzgado de Daniel Rafecas, que debe decidir si sigue adelante con la elevación a juicio o si acoge el pedido de Alberto Fernández para anular todo el caso.
El expresidente basó su solicitud de anular todo lo actuado en que su procesamiento fue dispuesto por un juez imparcial [Ercolini, según acusó] y que por lo tanto su decisión debe ser anulada.
Su defensa entiende que la expresión de la Casación, cuando dijo “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”, se refiere a evitar actos que impliquen la revictimización de Yañez y no a las decisiones del expediente.
Además, la defensa cuestiona las pruebas en contra de Fernández, por ejemplo las fotografías con los moretones.
Sostiene la defensa que el moretón del rostro fue efectuado por la esteticista de Yañez cuando la sometió a un tratamiento con plaquetas, y el del brazo, es una fotografía vieja que apareció en el celular de la ex secretaria presidencial María Cantero.
Si prospera el pedido de nulidad, el asunto quedará en manos de la apelación que pueda hacer el fiscal, máxime si Yañez decide desistir de la querella penal contra su ex marido con el argumento que su hijo no puede crecer con un padre condenado o preso, como mencionó a alguno de sus allegados.
Rafecas, que tiene que decidir sobre el planteo de nulidad, no lo hará hasta que quede firme la decisión de que el expediente tramite en su juzgado..
En paralelo, tramita una causa en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde se debate la competencia con la justicia federal para intervenir en este caso.
En la Ciudad se investiga un caso considerado de violencia doméstica y allí Fabiola Yañez está citada a prestar declaración indagatoria por la supuesta obstrucción del vínculo de su hijo con su exmarido, un delito que se castiga con hasta 4 años de prisión. Lejos de ceder, allí las hostilidades siguen en pie.
Hoy Alberto Fernández pasa la mitad de la semana con su hijo Francisco. Es así desde fines del año pasado, cuando incluso lo acompañó a la adaptación escolar en un jardín de infantes privado. Desde ambas orillas bajó el nivel de conflicto en aras del vínculo con el niño.
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POLITICA
Venezuela: liberaron a más de 30 presos de El Rodeo I, pero no hay novedades de Nahuel Gallo

Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, tras la promulgación de una histórica ley de amnistía en Venezuela. Los beneficiarios salieron del penal con la cabeza rapada y camisas blancas al grito de “¡somos libres!”, siendo recibidos por familiares que aguardaban en las inmediaciones.
Según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión para el cumplimiento de la norma, el proceso ya benefició a 2021 personas con medidas cautelares y a 177 detenidos que recuperaron su libertad plena.
Pese al avance de las excarcelaciones, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa recluido en El Rodeo I y mantiene una huelga de hambre. Su pareja, María Alexandra Gómez, confirmó a TN que hasta el momento no recibió noticias sobre su situación.
María Gómez, esposa de Nahuel Gallo
El efectivo argentino exige la visita de la Cruz Roja y asistencia consular como condiciones para levantar la medida de fuerza, en un contexto donde el proceso de liberaciones, según los allegados, avanza “a cuentagotas”.
La Ley de Amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La norma busca transitar hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, aunque expertos dudan de su alcance real, ya que militares acusados de actividades terroristas podrían quedar excluidos.
No obstante, algunos de los liberados este lunes pertenecen al ámbito militar, como el cadete Javier Rivas, quien denunció haber sufrido “tortura, golpes, maltrato físico” durante su detención.

Hasta la mañana del lunes, la ONG Foro Penal contabilizó 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que 1500 presos políticos solicitaron formalmente su libertad a través de este instrumento legal.
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AMNISTIA VENEZUELA,liberados,Nahuel Gallo,Presos Políticos
POLITICA
El Gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en los medios públicos

El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.
Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.
La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.
Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.
Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.
En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.
“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.
“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.
El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.
El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.
Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.
Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.
Cecilia Devanna,Medios y política,Conforme a,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Reforma laboral. Desafíos para una ley multipropósito,,Solo en Off. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago,Medios y política,,Lo compraría un aliado de Trump. Terremoto político y mediático en Italia: se venden La Repubblica y La Stampa, dos de los principales diarios opositores,,“Salón de la Vergüenza”. Trump ya tiene su Fake, 7,8… en la web oficial de la Casa Blanca,,»Me pasó de todo». Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
POLITICA
El Gobierno avanza en un modelo de auditoría para fortalecer los “modelos de control internos”

En el marco de una estrategia de modernización estatal, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Alejandro Díaz, impulsa un cambio en los controles internos del Estado y consolida la certificación de calidad en nuevas Unidades de Auditoría Interna. Este proceso toma relevancia en una coyuntura donde la profesionalización y la transparencia en la gestión pública son demandas centrales de la ciudadanía. También en momentos en que varios hechos de corrupción, como en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo mortal, dejaron expuestos fallas en las unida de control interno.
Recientemente, el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y el titular de la SIGEN, firmaron el Acta Compromiso para implementar el Referencial IRAM N° 13 en la Unidad de Auditoría Interna de esa Secretaría. El mismo día, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, suscribió un acuerdo semejante, integrando a la institución en el esquema de gestión de calidad promovido por la sindicatura. Según información de la SIGEN, estas iniciativas buscan profesionalizar la auditoría interna y establecer procesos evaluables conforme a estándares reconocidos.
El Referencial IRAM N° 13 es un documento normativo que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad específico para las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del Sector Público Nacional. Esta referencia fue desarrollada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) junto con la Sindicatura General de la Nación.

“Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”, expresó Díaz durante la firma.
También señaló que profesionalizar la auditoría interna y someter los procesos a evaluación permanente permite construir un Estado que aprende, corrige y mejora. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, sostuvo.
Con estas adhesiones, cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2025, estas dos últimas firmaron sus correspondientes Actas Compromiso. Además, se están formalizando acuerdos con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Operadora Ferroviaria S.A. y el Ministerio de Capital Humano.
En diálogo con Infobae, Díaz ya había opinado que la corrupción trasciende lo administrativo y financiero, considerándola “un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y ‘mata’”. El funcionario evocó la propuesta de Sandra Pettovello, quien dijo que se trata de “un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”.
Este sistema consiste en relevar los objetivos del Ministerio y establecer indicadores para controles durante el proceso, no solo al finalizar. “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios”, detalló Díaz.
En ese sentido, Díaz agregó que uno de los ejes principales de la sindicatura es participar en el proceso de ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, enfatizó el titular de SIGEN.
En palabras de Díaz, “hacer los deberes” significa actualizar procesos, transparentar circuitos, documentar decisiones, establecer indicadores y someterse a auditorías externas. En ese sentido, señaló que este enfoque “estructural” resulta fundamental para el ingreso de Argentina a la OCDE, ya que la organización promueve políticas públicas sustentadas en evidencia, integridad y buenas prácticas.
Para Díaz, el desafío de la calidad excede lo técnico y exige un cambio cultural. “La corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa toda la sociedad. Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente”.
Desde SIGEN, la política de certificación se plantea como herramienta para fortalecer la gestión pública a partir de controles robustos, procesos claros y trazables, y una cultura orientada a los resultados. Ampliar la aplicación de normas de calidad responde a una decisión política: medir, evaluar y mejorar la gestión pública con estándares objetivos, trazables y verificables.
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