El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió este domingo el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Antes del debate parlamentario, y frente a las críticas sobre posibles pérdidas de derechos de los trabajadores, el funcionario afirmó que la iniciativa mantiene y refuerza las garantías esenciales del sector.

“La modernización laboral que presentamos en el Senado tiene como primer beneficio la creación de empleo”, sostuvo. Además, explicó que el proyecto responde a la política económica aprobada por la mayoría de los argentinos, afirmando que otorga un rumbo que “está haciendo crecer la economía de una manera fantástica”.

Cordero señaló que el objetivo central es ordenar “elementos que han sido distorsionados con el tiempo” y destacó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue “respetar y fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores”.

“No hay un solo lugar donde haya un detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores. Por el contrario, se fortalecen”, remarcó Cordero. El secretario de Trabajo negó que la reforma esté orientada a reducir costos salariales para los empleadores y aseguró que el foco está en los “costos indirectos” que dificultan hoy la contratación formal.

Durante una entrevista con el programa No vale arrugar, que se emite por Radio Splendi, Cordero analizó temas puntuales que generan mayor polémica, como el de las vacaciones y la jornada laboral: “Es exactamente igual que como estaban. Lo único que permite, al trabajador en conjunto con el empleador, es decidir cómo tomarlas sin sanción”. Subrayó que el espíritu de la norma es “devolverle al trabajador la potestad de decidir sobre su propia vida”, mediante acuerdos en el marco legal.

Sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de horas obligatorias, Cordero respondió: “¿Cómo se va a trabajar más? El que quiera trabajar más, trabajará más y ganará más porque trabaja más. El que quiere trabajar menos, trabajará menos”. Insistió en que los controles sobre salud y seguridad laboral se mantienen y que “la representación gremial sigue exactamente igual”.

Respecto al trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad, destacó que la nueva normativa regula la opción de trabajar menos horas con remuneración proporcional. Agregó que los bancos de horas ya se emplean en diversos convenios colectivos, y que en actividades como la minería mejoran los tiempos de descanso sin afectar el salario.

Uno de los puntos más discutidos, el fondo de asistencia laboral, también fue abordado por Cordero. Explicó que el mecanismo fue desarrollado por equipos técnicos del Estado y del Ministerio de Economía. “De las contribuciones patronales, que son cargas indirectas muy altas, se detrae solo un tres por ciento, que va a un fondo pensado para que las pequeñas y medianas empresas puedan enfrentar desvinculaciones”, afirmó. Precisó que “no se reducen las indemnizaciones por despidos, se ordenan”. Según el secretario, este sistema no implica recorte de derechos y busca un equilibrio entre todos los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa.

En relación al clima de discusión parlamentaria y sindical, Cordero valoró el intercambio en el Senado y expresó que “permite a la opinión pública enterarse de la realidad de las cosas”. Sobre la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posibilidad de que se judicialice la reforma, afirmó: “El sindicalismo es extremadamente necesario en una democracia” y destacó el diálogo permanente con los gremios. Recomienda distinguir los aspectos políticos de la defensa real de los derechos laborales.

Ante señalamientos de que el proyecto ataca al sindicalismo, respondió: la reforma “no es una ley antisindical”.

Según Cordero, la propuesta procura ordenar el sistema laboral para que todos —trabajadores, empleadores y organizaciones gremiales— se beneficien dentro de un esquema que busca el desarrollo colectivo de Argentina.

El tratamiento parlamentario

Con la inminencia de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias que se iniciará este lunes y se extenderá hasta finales de febrero, el Gobierno libertario intensifica gestiones para lograr que la reforma laboral sea votada antes del 13 de febrero en el Senado y remitida rápidamente a Diputados. Esta estrategia, orientada hacia un objetivo político mayor, busca allanar el camino para que Javier Milei concrete un comienzo vigoroso del período ordinario de sesiones el primero de marzo, cuando está prevista su presentación en el Congreso.

En este escenario, la definición del proyecto se encuentra atravesada por negociaciones de último momento sobre la distribución de la coparticipación, un tema que ha cobrado relevancia en las discusiones recientes. Voces cercanas al oficialismo destacaron la urgencia de solucionar este punto, mientras un referente del sector privado advirtió a Infobae: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”, en alusión al deterioro de la obra pública y la necesidad de activar recursos para mitigar riesgos en infraestructura vial. Esta postura se tradujo en solicitudes explícitas dirigidas a Patricia Bullrich y peticiones al ministro de Economía, Luis Caputo, para que revise prioridades en áreas críticas.

El trayecto parlamentario de la reforma no ha estado exento de obstáculos. En diciembre se obtuvo el dictamen de mayoría, pero la falta de acuerdos plenos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas ha provocado demoras. Ahora, el eje de las demandas gira en torno a la potestad conferida al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos clave del proyecto, especialmente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras herramientas tributarias vinculadas al artículo 212 del dictamen. Según confirmaron fuentes de dos despachos parlamentarios a Infobae, “Eso ya se sacó”, apuntando a la búsqueda de consensos sobre los mecanismos reglamentarios que acompañarían la ley una vez aprobada.

Otro punto central es la negociación con gobernadores, cuya relevancia trasciende el articulado puntual de la reforma. Para La Libertad Avanza, lograr acuerdos con mandatarios provinciales es clave para asegurar los votos que permitirían aprobar el texto. Algunos pactos ya se lograron, aunque persisten resistencias de legisladores independientes que aprovechan el contexto para exigir concesiones adicionales. Los dialoguistas insisten en establecer plazos más claros en la aplicación de la normativa, particularmente en lo referente a beneficios por Ganancias para grandes empresas, mientras que prefieren una clasificación más amplia que no excluya a otros sectores.

En paralelo, la escasa participación del kirchnerismo en este tramo del debate —contrastada con lo sucedido en los últimos quince o veinte años— ha resultado en una estrategia de silenciosa observación desde ese espacio, cediendo protagonismo a los movimientos de Balcarce 50 y a los tironeos con posibles aliados. El clima de incertidumbre se potenciará el próximo martes a partir de las 15, cuando se realice una cumbre decisiva entre sectores dialoguistas y Bullrich en la oficina central de la bancada radical, a cargo del correntino Eduardo Vischi.

De prosperar la aprobación en el Senado, el proyecto de reforma laboral llegará fortalecido a la Cámara de Diputados, configurando un test definitivo sobre la solidez de la estrategia política del oficialismo, que sufrió la presión persistente de la oposición durante los años 2024 y 2025. Todo dependerá de los acuerdos logrados en los próximos días, tanto en torno al reparto de fondos como en la flexibilidad de los plazos que regularán nuevos regímenes para inversiones o beneficios impositivos. La expectativa general se instala sobre si los eventuales aliados cederán finalmente y cuál será el margen de maniobra de Caputo en la reglamentación de las medidas.