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POLITICA

El Gobierno cree que el PJ no podrá frenar la reforma laboral en la Justicia en caso de que sea aprobada en el Congreso

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Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

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Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La reforma comenzará a ser debatida esta semana y podría votarse en el Senado (Maximiliano Luna)

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

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En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

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Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

El peronismo analiza denunciar la supuesta inconstitucionalidad de la reforma laboral (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

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Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

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El Gobierno defendería la medida ante los tribunales

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

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Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.

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Con las reformas laboral y penal en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso

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El Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. Con una agenda atravesada por las reformas laboral y de la Ley Penal Juvenil que requirió negociaciones políticas, pero que también generaron tensiones y debates con las provincias.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, y habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos incluidos en el anexo de la norma. De ese modo, el Gobierno fijó un marco temporal y temático preciso, que limita el margen de maniobra del Parlamento fuera del período ordinario.

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Leé también: Antes de las sesiones extraordinarias, el Gobierno defendió la reforma laboral: “Fortalece los derechos de los trabajadores”

En ese escenario, la Casa Rosada busca avanzar con iniciativas centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran la mayor parte de los debates políticos, mientras se mantienen abiertas otras discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.

La estrategia oficial combina reuniones de mesa política, contactos con gobernadores y diálogo con bloques aliados, en un contexto donde los votos todavía no están garantizados, especialmente en el Senado.

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Un temario acotado y bajo control presidencial

Entre los proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Ejecutivo.

En los últimos días, el Gobierno confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas. En ese marco, cobró fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada públicamente por el PRO, un aliado clave de Milei en el Parlamento.

Reforma laboral: el capítulo fiscal condiciona votos

La reforma laboral es el eje central de las extraordinarias, pero también el proyecto que concentra mayores resistencias. El principal foco de conflicto con los gobernadores está en el capítulo tributario, en particular en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de manera directa en los recursos coparticipables.

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El Gobierno busca el apoyo de los gobernadores dialoguistas y aliados (Foto: Presidencia).

El proyecto prevé bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según cálculos hechos sobre la base de las proyecciones del Presupuesto 2026, la baja total de recaudación sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple, las jurisdicciones recibirían durante 2026 unos $144.000 millones menos por mes.

Leé también: El Gobierno aceptó cambios en la reforma laboral y busca blindar la ley con el apoyo de más de 40 senadores

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales en busca de votos, en la Casa Rosada conviven dos posiciones: una que busca sostener el texto sin cambios y otra que admite eventuales ajustes para destrabar apoyos. El oficialismo apunta a lograr la media sanción en febrero, aunque reconoce que las negociaciones siguen abiertas.

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En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el proyecto y aseguró que “fortalece los derechos de los trabajadores”, al tiempo que sostuvo que la iniciativa apunta a crear empleo formal al reducir costos que hoy desalientan la contratación.

Varios gobernadores dialoguistas que coinciden en los ejes principales de la reforma laboral condicionaron su apoyo a que se establezca un mecanismo de compensación de las pérdidas de recursos que afectarían a sus provincias.

Según pudo saber TN, en Casa Rosada evalúa un esquema de compensaciones paralelas a las provincias para reducir el impacto fiscal de la baja de los fondos coparticipables, que comenzará a regir a partir de 2027 en caso de sancionarse.

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Baja de la edad de imputabilidad y debate penal

Otro de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque en Balcarce 50 admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la inclusión del proyecto en el temario a través de su cuenta de X, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En el mismo sentido, Patricia Bullrich afirmó en esa red social: “No más excusas ni dilaciones”, al reclamar el tratamiento de la iniciativa en febrero.

El antecedente inmediato es el dictamen que obtuvo el año pasado en Diputados, cuando un plenario de comisiones consensuó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos, y desde el PRO plantearon que bajar la edad a 13 implicaría duplicar la población de menores alojados en el sistema.

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El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién en sesiones ordinarias, a partir de marzo.

Mesa política, aliados y presión opositora

En la antesala del inicio formal de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.

Reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: X @madorni)
Reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: X @madorni)

Bullrich, además, mantuvo reuniones con representantes de los bloques dialoguistas del Senado. Tras esos encuentros, aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales de algunos legisladores.

Leé también: En la previa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo y la oposición tensaron la discusión por la reforma laboral

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En paralelo, el kirchnerismo redobló la presión sobre los gobernadores para que rechacen la reforma laboral. El senador Mariano Recalde aseguró que “hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto” y respaldó el rol de la CGT en el rechazo al proyecto. Mientras que los gremios combativos anunciaron una movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado.

El clima político se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Luego de que el mandatario cuestionara la iniciativa, Adorni y Santilli respondieron en sus cuentas de X con duras críticas, profundizando la confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la previa del debate parlamentario.

Congreso, Congreso de la Nación, sesiones extraordinarias

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Javier Milei recibió una invitación a Mar-a-Lago y podría ratificar su alianza con Donald Trump en un discurso

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Javier Milei podría concretar en los próximos días su primer viaje a Estados Unidos en 2026, en el marco de una invitación para participar de la Gala Prosperidad Hispana, un evento exclusivo que se llevará a cabo el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el complejo privado que Donald Trump posee en el estado de Florida.

Si bien desde el entorno presidencial todavía no confirmaron oficialmente la presencia del mandatario argentino, los organizadores del encuentro dan por hecho su participación y aseguran que el líder argentino tendrá un rol central durante la velada, que reúne a referentes políticos, empresarios y dirigentes del espacio conservador y liberal del mundo hispano.

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La gala se desarrolla en un contexto político particular, marcado por el fortalecimiento del vínculo entre ambos mandatarios, quienes ya manifestaron públicamente coincidencias en materia económica, ideológica y geopolítica.

En ese marco, se espera que el jefe de Estado argentino pronuncie un discurso en el que vuelva a defender su modelo de reformas y ratifique la alianza estratégica con el expresidente estadounidense.

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Trump suele trasladarse cada fin de semana desde Washington a Miami para instalarse en Mar-a-Lago, lo que incrementa las expectativas sobre un posible encuentro informal entre ambos líderes. De concretarse, sería una nueva señal del alineamiento del Gobierno argentino con los sectores republicanos de mayor peso en Estados Unidos.

Además de la gala, Milei aprovecharía su paso por Florida para participar de otras actividades de alto perfil. Entre ellas, una disertación en el Council of the Americas, uno de los foros empresariales y políticos más influyentes del país norteamericano. Según trascendió, más de un centenar de empresarios manifestaron interés en escuchar al Presidente, especialmente luego de su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos.

En Suiza, el premier local volvió a plantear su visión sobre la economía moderna y el rol del Estado, con un discurso fuertemente ideológico que generó impacto internacional. Allí sostuvo que la eficiencia económica solo es posible con pleno respeto por la propiedad privada y la función empresarial, y cuestionó los modelos que priorizan la intervención estatal en nombre de la equidad.

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La agenda internacional del mandatario no se limitaría a febrero. Para marzo, el Gobierno ya trabaja en la organización de la Argentina Week en Nueva York, un evento de tres días que reunirá a inversores, bancos y actores clave del sistema financiero global. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada Argentina en Estados Unidos y de entidades como J.P. Morgan, Bank of America, AmCham y Kaszek.

Desde el oficialismo destacan que el objetivo de estas giras es posicionar a la Argentina como un país “invertible” y atraer capitales extranjeros en sectores estratégicos. En ese marco, se prevé que Milei esté acompañado por funcionarios de primera línea, entre ellos Karina Milei, Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili.

Si la agenda se mantiene sin cambios, tras su paso por Estados Unidos el Presidente también viajaría a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast, quien reemplazará a Gabriel Boric en la presidencia.

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Prorrogaron una vez más la intervención de los medios de comunicación públicos

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El Gobierno prorrogó por un año la intervención de los medios de comunicación públicos, Radio y Televisión Argentina S. A. U. y Contenidos Artísticos e Informativos S. A. U., hasta el 1 de febrero de 2027.

La decisión quedó oficializada mediante la publicacicón del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial. Según argumentan, esta renovación surge luego de que el Poder Ejecutivo analizara la marcha del proceso de reorganización de estas empresas públicas y consideraran que “resulta necesario prorrogar por el término de 365 días la intervención” para “completar los procesos en curso”, fortalecer las capacidades operativas y dar “previsibilidad” en los procedimientos de gestión.

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A su vez, ratificaron a Carlos María Curci González, como quien dirigirá este proceso un año más. Curci González asumió el cargo en agosto de 2025 y, desde entonces, está a cargo de realizar una revisión profunda de los procedimientos internos y la conducción en la transformación de las señales estatales en sociedades anónimas.

La intervención de estos medios no es nueva. El Decreto 117, dictado en febrero de 2024, dispuso un año de intervención, con la posibilidad de prorrogarlo sólo una vez. En 2025, una decisión administrativa amplió el plazo. Ahora, el Poder Ejecutivo tomó el máximo permitido.

Desde el oficialismo afirmaron que “las tareas asignadas a la intervención, vinculadas al relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos sustantivos y operativos del organismo, se encuentran actualmente en curso de ejecución”.

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En este sentido, el Ejecutivo argumentó que la medida busca “garantizar la coherencia técnica de los mecanismos de fiscalización y control” y “contribuir a los objetivos de la política pública” determinados por la actual administración nacional.

La intervención abarca tanto la Televisión Pública como las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y las plataformas digitales que dependen de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado.

El Gobierno nacional prorroga la intervención de la TV Pública y señales estatales hasta febrero de 2027 por decreto de Javier Milei (REUTERS)

Estos cambios están amparado por el “artículo 48 del Decreto 70/23”, que ordenó la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas adaptadas a la Ley General de Sociedades. Siguiendo esa hoja de ruta, el Estado retiene el control y la supervisión directa, mientras revisa la viabilidad y el funcionamiento de cada señal.

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De acuerdo con el texto firmado por Milei y refrendado por Adorni, el asesoramiento jurídico correspondiente convalidó la continuidad, tras detallar “la complejidad de la tarea encomendada”.

La prórroga también responde, según el decreto, a un proceso de “fortalecimiento y consolidación institucional derivado de la nueva estructura orgánica” de los medios intervenidos. El objetivo declarado es terminar la reorganización y asegurar el funcionamiento “en consonancia con los lineamientos de política pública establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional”.

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Quién es Carlos María Curci González, el interventor de los medios de comunicación públicos

La experiencia acumulada por Carlos Curci González en el sector de la comunicación institucional se traduce en una multiplicidad de roles de liderazgo y especialización que abarcan tanto el ámbito privado como el público. Su desempeño como Gerente de Comunicación en la Sociedad Rural Argentina puso de manifiesto su habilidad para coordinar estrategias integrales, estableciendo vínculos efectivos con entidades empresariales, medios y referentes del periodismo y sectores institucionales.

Quién es Carlos María Curci González, el interventor de los medios de comunicación públicos

Durante al última etapa de su carrera, ha ocupado puestos de relevancia como coordinador general de la Red de Comunicadores de Latinoamérica y el Caribe, jefe de Relaciones Institucionales y Prensa de la Unión de la Industria de la Alimentación (UNIDA) y presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Periodistas Agropecuarios. En este foro internacional, no solo lideró la organización, sino que ejerció la representación argentina como delegado nacional ante la International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ), reforzando la proyección nacional e internacional de los periodistas del sector.

Su perfil profesional se completa con la presidencia del Círculo Argentino de Periodistas, así como su paso por puestos ejecutivos en Promul Sociedad Anónima, donde asumió las responsabilidades de subgerente y gerente de contenidos. Desde 2006, mantiene una activa participación en el ámbito de los medios, conduciendo programas radiales especializados en temáticas agropecuarias, económicas y políticas, y asumiendo el rol de columnista en diversos canales televisivos, ampliando aún más el alcance de su intervención comunicacional.

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El recorrido de González en la Sociedad Rural Argentina también incluye la coordinación de comunicación y relaciones públicas en el marco del Movimiento Compromiso Federal, focalizando sus esfuerzos en promover canales efectivos de información y visibilidad tanto externa como internamente, tarea reconocida por su enfoque en la integración entre los equipos operativos y los sectores dirigenciales.

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