POLITICA
Milei y el fantasma de Massa
Un fantasma recorre los pasillos del poder en la Argentina, y cada vez toma más forma: ayer un nuevo hecho volvió a poner sobre la mesa la figura de Sergio Massa que, desde las sombras, sigue influyendo, y operando, con eficiencia sobre la estructura de poder argentino. Impacta, incluso, en la gestión de Javier Milei.
Gobernar es explicar, explicar, explicar, decía el brasileño Fernando Henrique Cardoso. Milei le da su propia impronta a ese principio. Para explicar, nada más eficiente que una pedagogía política que logre dividir el mundo en amigos y enemigos: el kirchnerismo ya mostró su eficiencia.
Con el potencial de Cristina Kirchner alicaído como némesis perfecta, primero “Chiqui” Tapia y ahora Paolo Rocca, el líder del Grupo Techint, vienen como anillo al dedo mileísta. Son los enemigos imaginarios necesarios para la visión libertaria: los elegidos para dar batallas tan simbólicas como concretas en torno al orden macroeconómico, material y social de la Argentina. Sobre ambos frentes, se extiende la sombra ominosa de Massa.
A ese enemigo, Milei todavía no le coloca el cascabel en la misma escala que lo viene haciendo con los otros. Todavía no llega al centro feroz de su narrativa política. Es uno de los “¿por qué?” que pesan con más insistencia sobre la gestión mileísta. El otro “¿por qué” es la consideración con la que trata al régimen de Tierra del Fuego, que todavía no encuentra respuesta.
Ayer, la renuncia de Marco Lavagna como responsable del Indec trajo otra vez versiones en torno a Massa, por el vínculo histórico político de Lavagna hijo con el ex ministro de Economía. La militancia libertaria le imputó ese pasado, aunque no sea la causa relevante de la renuncia. Massa siempre está, aunque sea como sospecha.
De Tapia y la estructura oscura de la AFA al conflicto Milei-Techint, con eje en un debate estructural de la Argentina sobre proteccionismo vs libre mercado, Massa adquiere un rol cada vez más clave. Por un lado, en diciembre, la sombra de Massa reapareció con un contorno más oscuro todavía en el caso Chiqui Tapia, cuando la justicia empezó a investigar a Javier Faroni, que de productor teatral saltó a la política, directo a la Legislatura bonaerense, de la mano de Massa, con quien mantiene una amistad. La duda quedó planteada: ¿cuál es el rol de Massa en los negocios de la AFA de Tapia? “Faroni es Massa”, afirma sin dudar una fuente que conoce los pasillos de la AFA al dedillo.
Por otro lado, la semana pasada, el enfrentamiento entre Milei y Paolo Rocca, el líder del Grupo Techint, trajo otra vez el recuerdo de Massa en la conservación social. En ese debate que genera tanto interés en un círculo rojo ampliado, y que inclusive se generalizó hasta encabezar la tendencia en X, Massa tiene su lugar estelar: resulta sinónimo de economía cerrada, con todos sus vicios de discrecionalidad, beneficios para algunos, tan indebidos como judiciables, y externalidades negativas para la mayoría.
El nombre de Massa se coló en el debate en torno a la licitación de los tubos de acero para Vaca Muerta. Las redes sociales le facturaron a Rocca su elogio a Massa en diciembre de 2022 y viralizaron un video: “Le quiero agradecer muy especialmente a Sergio, más allá que estemos o no de acuerdo en todas las medidas que vaya a tomar o haya tomado. Quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo desde la posición de ministro de Economía”, dijo el CEO de Techint y pidió “un aplauso” para Massa al auditorio del clásico encuentro de Propymes organizado por el Grupo Techint. Un año después, en diciembre de 2023, Rocca hizo su autocrítica: “Me equivoqué, ahora se los pido para Guillermo Francos”, le dijo al mismo auditorio, y expresó su acuerdo con “el reset” de Milei. Anticipó entonces los riesgos de ese reset y la necesidad de hacerlo con contención social y consenso.
La sospecha Massa tiene mayor alcance todavía. Desde el año pasado, hay indicios judiciales que conectan la causa AFA con la del dólar oficial, el rulo y el Banco Central durante la gestión económica de Massa. Esa matriz de corrupción es hermana de otro agujero negro del massismo al frente de la Economía, un presunto sistema de coimas con eje en las SIRA para acceder de manera ilegal al dólar oficial, el “dólar barato”, en pleno cepo.
Todo confluye al fin: Massa lo hizo. El nombre del exministro de Economía de la última gestión kirchnerista reaparece en la línea de puntos que va del capitalismo de amigos, ya cuestionable, hecho de políticas pro empresarios protegidos, a Tapia y el capitalismo de mafias, condenable sin vueltas. Y todavía más allá: las maniobras pergeñadas desde el Banco Central gestión Massa-Pesce como el horizonte final que daría sentido a ese recorrido habilitado desde la gestión económica: la macro Massa y el dólar barato como la oportunidad para la opacidad, e inclusive, la corrupción.
En una sola maniobra narrativa, Milei puede entrelazar variantes del relato anti casta, existencial para su identidad política: la narrativa de la casta futbolera anti libre mercado futbolístico, que se opone a las SAD, y es investigada por su conexión con la maniobra del dólar oficial; la narrativa del capitalismo de amigos de siempre, y Massa como el principal amigo estatal; y la narrativa de la macro racional, anti discrecionalidad política y anticorrupción. La justicia investiga y los hechos empiezan a dar indicios cada vez más claros de esa conexión.
Por eso es innecesario, y políticamente discutible, la lógica del dúo Milei-Sturzenegger, cada vez más recargados. El riesgo es “hacer una de más”: en la vocación de querer tener razón, el peligro es perder base de apoyo electoral y político, inclusive entre las corporaciones con mayor poder de agenda de la Argentina. Al cuestionamiento a la matriz proteccionista argentina le sobran argumentos: tiene más apoyo que el tono político que desemboca en el “Don Chatarrín” destinado a Rocca. Lo más interesante del debate sobre la necesidad de ingresar al libre mercado queda opacado por ese exabrupto.
Por supuesto que para Milei esa agresividad es una necesidad política: en su lógica, correr la cancha al límite es la manera de dar una señal a actores del poder político y económico que han tenido el poder mucho tiempo que Milei. En su modus operandi, la falta de compostura política es su manera de disciplinar al empresariado.
Ayer, la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec volvió a poner el nombre de Massa sobre la mesa. Las primeras versiones que explicaban las causas de su alejamiento destacaron las diferencias en torno a la fecha de lanzamiento del nuevo cálculo del IPC, a tensiones con el ministro de Economía Luis Caputo, y en tercero o cuarto lugar, el vínculo político histórico entre Lavagna hijo y Massa, que sumaba un frente conflictivo a la tirantez que habría entre Lavagna y el Poder Ejecutivo. Con el correr de las horas, el mismo Caputo achicó el margen de interpretación y dio la razón oficial: la decisión de postergar, sin fecha cierta, el nuevo cálculo del IPC, muy esperado por ser más realista que la fórmula actual. Por supuesto, se disparó el debate.
El mismo kirchnerismo se subió a una curiosa ola de purismo estadístico, y acusó al Gobierno de un uso político de la estadística del Indec. “Si el kirchnerismo y su intervención al Indec no hubiera existido, esto no sería una noticia. Es un tema muy técnico”, dijo una fuente independiente conocedora del tema Indec. Se refería a la intervención del Indec perpetrada por Guillermo Moreno durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: fue esa gestión la que abrió la puerta a la política de la discrecionalidad extrema, hasta la falsedad, en el manejo de las estadísticas y la desconfianza pública consecuente.
Para algunos más críticos, pero independientes del kirchnerismo, sería “morenismo” por otros medios. “Una vergüenza y un tiro en el pie”, según el experto en estadística Leonardo Tornarolli. Se trataría de una injerencia discrecional y política de tinte “morenista”, por Guillermo Moreno, que perpetró la falsedad del IPC durante el kirchnerismo. Para los massistas duros, Lavagna fue un problema, pero por el motivo contrario: le imputan dibujar la inflación en favor del Gobierno. Ponen en duda la estadística oficial en relación a la economía real, que aseguran está peor que lo que indica el IPC. Para algunos libertarios duros, el problema también es Lavagna, pero en este caso, por ser un legado de Massa en un cargo tan clave en plena gestión mileísta. Otra vez Massa, esta vez como mito.
La semana pasada, un análisis del Banco Central había alertado sobre riesgos de desaceleración en la baja de la inflación. Además de factores estacionales y ajustes de precios regulados, el informe mencionó a la nueva metodología de cálculo del IPC como un factor de incertidumbre en el cálculo de los primeros meses de 2026 por el peso diferente de algunos componentes de la canasta.
La decisión de postergar el nuevo IPC cae, sobre todo, de lado de la conveniencia política: ese indicador es el que sostiene el apoyo al Gobierno y la paz social. Las palabras de Caputo alientan esa interpretación. Buscó naturalizar públicamente una decisión política del Gobierno que impacta sobre un trabajo clave del Indec.
El caso de corrupción en torno al dólar barato y el caso de las SIRA, ¿se convertirán finalmente en el legado massista que hará historia? En la visión de Milei, la macro mileísta es el antídoto a la corrupción massista y kirchnerista.
En cambio, en el caso del Indec y la salida de Lavagna, la injerencia no fue culpa del legado massista. El Gobierno también cava sus propias fosas.
Luciana Vázquez,Conforme a
La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.
Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.
El máximo tribunal tiene actualmente tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad. En caso de una disidencia, los jueces deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, pues la mayoría debe conformarse como mínimo con tres firmas. A pesar de esta particularidad numérica, la Corte tiene su propia agenda para 2026 y ya la puso en marcha. Esta semana se desarrollará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior.
Aunque el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42% en 2026. Esta vez, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando afirma que en marzo serán cubiertas.
La relación entre la Corte y el Gobierno hoy es buena y hay diálogo institucional. A los habituales contactos con el viceministro, Sebastián Amerio, se sumó el intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El funcionario formalizó un incremento del 280% del presupuestodel Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura.
El ida y vuelta por WhastApp preanuncia un año de buen diálogo entre ambos poderes, se ilusionan en el Consejo de la Magistratura y en la Corte ante la consulta de .
El Gobierno fracasó el año pasado con su intento de designar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, con lo que ahora se muestra más cauteloso.
“No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, dijo un interlocutor del Gobierno en estos temas. Por eso es que hay ánimo de tratar el asunto, pero en marzo, y junto con el envío de los pliegos de los casi dos centenares de jueces al Senado.
Estas designaciones, que están pendientes desde hace dos años, le dan al Gobierno cartas para negociar con los gobernadores y senadores.
Asimismo, hoy el Gobierno tiene para negociar no solo los cargos de los dos jueces de la Corte, sino también los del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, además del Defensor del Pueblo. Es un paquete atractivo para negociar con la oposición.
El presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo, según fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó públicamente que buscarán dialogar con los enviados de la expresidenta.
Sin embargo, en el pasado hubo diálogo y se interrumpió tras la condena de Cristina Kirchner y cuando se hicieron públicas esas charlas entre Juan Martín Mena, enviado de la expresidenta, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Hoy el ánimo es seguir buscando los votos en el Senado, pero apuntado a los senadores que dependen de gobernadores radicales o del peronismo.
Creen que con el paso del tiempo, la ascendencia de Cristina Kirchner sobre los senadores va a ceder al tiempo que crezca la incidencia del voto de este nuevo grupo de legisladores que se referencian en gobernadores más afines al Gobierno.
“Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación”, dijo una fuente de los tribunales.
La idea sigue siendo completar la Corte y no pensar en este momento en una ampliación del tribunal.
En el Senado el escenario no es el del año pasado. Hoy Cristina Kirchner no tiene el poder entre los senadores para poder imponer a un candidato, o candidata como se barajó con los nombres de Anabel Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnun.
Cualquier iniciativa necesitará del acuerdo del resto del PJ, pues ya no tiene poder de veto ni un bloque unificado. Debería negociar su candidato con Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Uñac, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta. Este camino es una alternativa para reunir los votos cuando sea el momento de la decisión.
En la agenda de este año siguen siendo observados los casos de corrupción y el ritmo que lleva el caso de los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada. Rosatti y Lorenzetti no ocultan esta preocupación.
Cuando en diciembre pasado trascendió la preocupación por el avance de los casos de corrupción, Rosenkrantz mencionó que el impulso de las causas de los cuadernos y los juicios pendientes contra la expresidenta no dependen de la Corte sino de los tribunales donde se encuentran esos casos. También admitió su preocupación por las vacantes existentes en el Poder Judicial.
Aún está resta definir en la Justicia el remate de los bienes de la expresidenta por la condena de la causa Vialidad y ponerle fecha a los dos juicios aún pendientes: el caso de la firma del Memorándum con Irán (más cerca de tener fecha de inicio) y la causa por lavado de dinero contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner por las sociedades Hotesur y Los Sauces.
En esta último caso, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó porque fue uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad, y los otros compañeros del trbiunal, José Michilini y Adriana Palliotti, lo aceptaron. Se deberá ahora sortear a un nuevo juez, por lo que se demora su inicio.
Pero en la agenda de 2026 de la Corte se estudia otro caso de signo político contrario que podría implicar reabrir un expediente de lavado, que impacta de lleno en Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.
En tanto, en estos dos meses por delante se baraja la continuidad o no del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del viceministro, Sebastián Amerio, respaldado por Santiago Caputo.
Cuando Milei ganó las elecciones legislativas en octubre del año pasado, Cúneo Libarona estaba casi afuera del Gobierno. Lo llamó Karina Milei y le pidió que se quede en el cargo.
Cúneo Libarona se comprometió a quedarse hasta marzo o abril, fecha límite para poner en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py, su legado como funcionario. La continuidad de Cúneo Libarona obturó el casillero para evitar que sea cubierto por un candidato de Caputo. Ahora esa interna entre Caputo y Karina Milei sigue abierta y hay quienes dicen que la continuidad de Amerio está en discusión y que la hermana del presidente está “haciendo un casting” de candidatos para el área de Justicia.
No es solo el ministerio, que es a esta altura una dependencia vaciada de muchas de las funciones que tenía en el pasado, sino la incidencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de remover y de signar magistrados.
Hasta ahora el poder en el Consejo de la Magistratura está en manos de los jueces, con Horacio Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo, y el Gobierno tiene un solo consejero propio, Amerio, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo.
Pero este año todo puede cambiar y el Gobierno fortalecerse en el Consejo de la Magistratura. No solo con el representante del Ejecutivo, sino con consejeros abogados, que deben ser elegidos a fin de año.
Los concejeros que responden al Pro o al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura hoy no tienen el mismo peso político que cuando llegaron a ese cargo, porque la fuente de donde emana su poder, está mermada. Por eso es que el equilibrio en el cuerpo puede cambiar. Karina Milei talla en esa selección y busca colocar al representante del Poder Ejecutivo. Se menciona al abogado Eduardo Viola, apoderado de La Libertad Avanza.
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El Gobierno hará cumplir el próximo miércoles el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado.
La protesta fue anunciada el viernes por el triunvirato cegetista, tras una reunión de su consejo directivo. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, nos vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos”, afirmó Jorge Sola, cotitular de la entidad, durante una conferencia de prensa. La concentración será desde las 15 y, según anticipó, de forma “contundente y multitudinaria”.
Además, la central sindical replicará la protesta en las casas de gobierno provinciales para expresar su rechazo al proyecto en todo el país.
Por ahora, la CGT descartó convocar a un paro general. Según informó , guarda esa carta para una etapa posterior: cuando la reforma llegue a Diputados y se defina su sanción definitiva. No se descarta, sin embargo, que el conflicto termine trasladándose a los tribunales.
La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.
La convergencia de protestas anticipa una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. La semana pasada, durante una de estas marchas, fue detenido el sacerdote Francisco “Paco” Olveira en las inmediaciones del Congreso. El hecho generó el repudio inmediato del peronismo, que reclamó su liberación, concretada una hora después.
En una protesta similar, en marzo pasado, el fotoreportero Pablo Grillo resultó herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.
El protocolo antipiquetes fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes de tránsito, al considerar estas acciones como delitos en flagrancia, sin necesidad de una orden judicial previa. Establece, además, el uso de la fuerza mínima y proporcional, la identificación de organizadores y participantes, y el registro de los vehículos involucrados. También prevé trasladar los costos del operativo a las agrupaciones responsables de las protestas.
Del despliegue participará la Policía de la Ciudad, que actuará como fuerza auxiliar en el tercer anillo de seguridad en torno al Congreso.
El desarrollo de la protesta será clave para medir el clima político dentro del recinto, donde los senadores debatirán la letra chica del proyecto de “modernización laboral” enviado por el Poder Ejecutivo.
La CGT califica la iniciativa del Gobierno como “regresiva”. Los gremios sostienen que el proyecto recorta derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y los despidos, limitar el derecho a huelga y debilitar el rol de las organizaciones sindicales.
Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de la ultraactividad de los convenios, las restricciones a la acción sindical en los lugares de trabajo, la posibilidad de extender las jornadas hasta 12 horas y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), bajo administración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como alternativa al régimen de indemnizaciones.
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POLITICA
Con la reforma laboral en agenda, el Gobierno vuelve a acercar posiciones con el PRO en el Congreso
La cercanía de debates clave para el Gobierno de Javier Milei en el Congreso reactivaron las conversaciones del oficialismo con bloques y partidos aliados. Entre ellos, no es menor el vínculo con el PRO, que fue el principal aliado durante los primeros dos años de gestión pero en los últimos meses la relación se desgastó.
Las diferencias llegaron a tal punto que en las filas del partido fundado por Mauricio Macri aseguran que ya no hay alianza entre las partes, pese a que en las elecciones legislativas nacionales del año pasado (hace poco 4 meses) fueron en una misma lista. Ahora, en la previa al retorno de la discusión legislativa, en los últimos días ensayaron un acercamiento entre las partes.
Leé también: Cómo se gestó el pacto de unidad entre Kicillof y Máximo Kirchner en el PJ bonaerense: qué implica a futuro
La foto entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, no pasó desapercibida. Si bien se trata de dos hombres del mismo partido, hoy el “Colo” es un hombre clave del Gobierno. Además, una de las cartas que tanto La Libertad Avanza como el macrismo buscan instalar en la carrera por la gobernación bonaerense en 2027.
En ese encuentro, ambos coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo. Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Leé también: Los gobernadores peronistas se reunieron para definir una estrategia común en contra de la reforma laboral
El caso es que los gestos comenzaron unos días antes. “En la reunión de presidentes de bloque se definió que se baje la edad a 14 y se reconozca que el poder ejecutivo debe asignar recursos para su implementación, tal como lo pedía el PRO”, indicó a TN un referente del macrismo.
“Pasamos de un presupuesto con el oficialismo bloqueando cualquier tipo de modificación o sugerencia de mejora, a la adopción de un dictamen impulsado por otros bloques que propone algo distinto a lo que el gobierno inicialmente buscaba. Ellos querían 13 años y Monteoliva incluso llegó a decir que quería 12″, reconocieron.
Los guiños del Gobierno fueron bien recibidos en el PRO. “Vemos como una buena señal la apertura al diálogo y al consenso”, manifestaron desde la bancada en Diputados a este medio. Aunque aclararon: “Como dijimos en su momento, reconstruir la confianza es un camino largo”
“Después de la elección parecía que íbamos encaminados a reconstruir la Argentina en equipo y pasó todo lo contrario”, apuntaron en el PRO en referencia a los desplantes ocurridos tras haber ganado juntos las elecciones de octubre.
La búsqueda interna -y hacia afuera- del PRO
El 2026 parece todavía no haber arrancado políticamente para el PRO, pero de a poco comienzan a hacer sus primeros movimientos del año. Y a priori, la lógica de sus pasos es la misma con la que despidieron el 2025: despegarse del Gobierno de Javier Milei y reafirmar su identidad.
Atrás quedaron los días de acompañamiento incondicional de la gestión de La Libertad Avanza y, en cambio, ahora se impone un modelo de acción más pragmático: acompañar donde coincidan y cuestionar lo que consideren que haya que cambiar. Y esa va a ser la postura del PRO en el debate que se viene en el Congreso por las reformas que impulsa el Gobierno.
Este escenario de desconfianza mutua se mantiene en el 2026, y en la previa a un debate clave en el Congreso: la reforma laboral que impulsa Milei. Si bien el Gobierno logró la primera minoría luego de gestionar 2 años con clara desventaja parlamentaria, aún necesita de aliados -y no tanto- para convertirla en ley.
Un vínculo tenso desde sus inicios
El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO es mucho más complejo que el de eventuales aliados políticos. Si bien es cierto que los liderados por Mauricio Macri acompañaron desde el día 1 la gestión del presidente Javier Milei, también hubo muchos avances y retrocesos en la relación.
A tal punto que la alianza efectiva recién se cerró a nivel nacional para las elecciones legislativas de octubre, luego de varios amagues previos. Pero al cierre del año legislativo -y con la nueva conformación del Congreso- se reflotaron viejas diferencias. Desde allí, el PRO marcó distancia en la relación, en busca de reafirmar su independencia.
“La relación se rompió con lo de AGN pero nosotros vamos a defender el cambio del país, por encima de todo”, indicó un referente de peso del PRO a TN. En las últimas semanas de diciembre, con desplantes públicos luego de una polémica sesión en Diputados, donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. Este último capítulo llevó al límite al vínculo: “Dejamos de ser aliados”, sentenciaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo a este medio.
PRO, La Libertad Avanza, Congreso
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