POLITICA
Detectaron prácticas incompatibles en el PAMI: un prestador facturó como si el día tuviese 108 horas
Las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.
Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.
Las irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, a cargo de Esteban Leguízamo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.
A mediados de junio de 2025, por ejemplo, el Instituto puso fin a la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales).
“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos. Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios», explicaron en su momento voceros del PAMI al ser consultados por este medio. Y recordaron que “los pañales se comprarán mediante licitación pública” y aseguraron que “este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad».
Qué revelaron las últimas auditorías
En el marco del análisis sobre los prestadores que brindan el módulo de cardiología, los equipos de auditoría del INSSJP, detectaron una serie de patrones reiterados que levantaron sospechas:
- Prestadores contratados como personas físicas que transmitieron órdenes médicas electrónicas (OME) en cantidades incompatibles con una jornada laboral posible.
- Casos en los que se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos. Teniendo en cuenta que el tiempo promedio de atención por paciente oscila entre 15 y 20 minutos, esas cifras implicarían una carga horaria diaria de entre 81,5 y 108,7 horas, algo materialmente imposible.
- Turnos otorgados en un mismo día y en el mismo horario a un mismo profesional para consultas o prácticas médicas diferentes, una situación que vulnera los criterios básicos de trazabilidad y control.
Sobrefacturación y recetas truchas
Estos hallazgos se inscriben en un contexto más amplio de fraude estructural que el PAMI viene investigando desde el año pasado. Las auditorías internas permitieron detectar:
- Órdenes médicas electrónicas truchas, emitidas sin que existiera atención efectiva.
- Recetas electrónicas falsas, confeccionadas a nombre de jubilados que nunca solicitaron medicamentos.
- Facturación de prestaciones inexistentes.
- Uso indebido de datos personales de afiliados.
- Manipulación del sistema de trazabilidad mediante el uso compartido de credenciales y la emisión múltiple de órdenes médicas desde un mismo usuario.
En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento correspondiente.
Denuncias penales y causas judiciales
Las irregularidades detectadas derivaron en denuncias penales ante la Justicia federal, bajo la hipótesis de defraudación contra la administración pública. Según los informes internos, los montos involucrados son multimillonarios, aunque el perjuicio total aún se encuentra en proceso de cuantificación judicial.
Las causas se encuentran en etapa de investigación, con auditorías activas, sumarios administrativos en curso y sanciones ya aplicadas a algunos prestadores y agentes.
Nuevos controles y endurecimiento del sistema
Frente a este escenario, la conducción del organismo puso en marcha un nuevo esquema de control y fiscalización que incluye:
- Monitoreo permanente de los umbrales prestacionales.
- Uso obligatorio del turnero digital del PAMI.
- Auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según su capacidad declarada.
- Cruce de datos para detectar patrones irregulares, repeticiones y desvíos.
- Penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
Desde el Instituto remarcan que el objetivo no es recortar prestaciones, sino cerrar los canales de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que cada peso del sistema se utilice en beneficio de los afiliados.
La administración de Leguizamo también optimizó el mecanismo de compra de efectores propios. “Hoy todas las licitaciones de insumos se hacen y distribuyen desde PAMI Central, mientras que en el sistema anterior las compras se realizaban por efector. Esto no solo las hacía más difíciles de controlar, sino incluso más costosas», sostuvieron las autoridades de La Libertada Avanza.
El objetivo, según aseguraron los funcionarios de la obra social de los jubilados es “romper con los kioscos” que, como capas de cebollas, vienen de gestiones anteriores.
Con auditorías en marcha y causas judiciales abiertas, el PAMI busca reordenar un sistema históricamente opaco, blindar sus mecanismos de control y recuperar la confianza en una de las cajas más sensibles del Estado.
20240903 dr esteban leguizamo con infobae
POLITICA
Reparto de cargos: tensa pulseada entre Kicillof y La Cámpora por un lugar clave en la línea sucesoria de Buenos Aires
LA PLATA.- La disputa en el Senado bonaerense por un cargo clave en la línea sucesoria de la provincia de Buenos Aires se dirimía esta noche en medio de una fuerte tensión entre los distintos actores del peronismo.
El gobernador Axel Kicillof pretende ubicar en la vicepresidencia primera de la Cámara alta a Ayelén Durán, pero el kirchnerismo, que cuenta con mayoría numérica, se encamina a imponer a Mario Ishii, el exintendente de José C. Paz.
Por si fuera poco, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, espera designar a Malena Galmarini en una vicepresidencia segunda.
En la Casa de Gobierno dijeron que la eventual designación de Ishii es “una imposición” de La Cámpora. El gobernador espera poder designar a quien ocupe la vicepresidencia primera. A falta de consenso para imponer a Durán, el axelismo sugirió el nombre de Pedro Borgini. Pero subsisten las diferencias y la votación podría postergarse hasta pasadas las 10 de la noche.
En el Senado parten de una premisa: la vicegobernadora Verónica Magario deberá reemplazar a Axel Kicillof cuando salga del país o incluso ante una eventual licencia para abocarse a su carrera presidencial.
En este último escenario, el vicepresidente primero del Senado asumiría como vicegobernador. Esta situación podría darse, incluso, por otros motivos: por caso existe el antecedente de Federico Scarabino que reemplazó a Alberto Balestrini, tras una enfermedad que lo dejó fuera del juego político. E incluso cuando Hugo Corbatta reemplazó a Felipe Solá, tras la renuncia de Carlos Ruckauf a la gobernación.
En suma: la pelea por la vicepresidencia primera supone la alternativa de poder real, en el corto plazo. Y signará el armado peronista para intentar retener la sucesión de Kicillof y Magario dentro de dos años.
La magnitud de la pelea es tal que podría, incluso, trabar el funcionamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires en todo el año en lo que respecta a la definición de pliegos de ministros de la Corte, jueces o fiscales. También podría gravitar para una eventual reforma política como la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En esta puja Kicillof está representado por Magario, quien está en minoría dentro en el conglomerado del peronismo de la Cámara alta. Una situación atípica ya que el bloque tiene la mitad más uno de la totalidad de los senadores que integran ese cuerpo.
El peronismo tiene 24 de los 46 escaños. Pero los senadores aliados al gobernador que responden directamente al Movimiento Derecho al Futuro son seis, en minoría absoluta entre las tribus que forman los 24 senadores provenientes de las distintas vertientes peronistas. Por tanto el gobernador no estaría en condiciones de designar, tampoco, al presidente del bloque de Unión por la Patria.
María José Lucesole,Conforme a
Enfrentado con el gobierno de Javier Milei y acorralado por los escándalos del AFAgate, Claudio “Chiqui” Tapia se atrincheró en la provincia de Buenos Aires gracias al refugio del gobernador Axel Kicillof.
La obsesión del titular de la Asociación del Fútbol Argentino es establecer domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, cuyos sabuesos tienen en la mira los balances de los últimos años por “deficiencia” en la rendición de cuentas. Si lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IJG y pasaría a ser “controlado” por la PBA.
Leé también. La IGJ rechazó la movida de Kicillof que busca proteger a Chiqui Tapia: “La mudanza no tiene validez”
Pero no sería el único motivo, ni el más importante. Sobre todo buscaría direccionar la Justicia que actúa en las causas que más le preocupan. Una especie de fórum shopping. ¿Por qué Chiqui Tapia fija el domicilio de la AFA en un pastizal en Pilar? Lo que dicen en tribunales es que quiere la jurisdicción de Campana, invocando que por su dirección le corresponde litigar ahí. Se supone que ese departamento judicial es amigable para el “Chiqui”.
De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del FA. Ahora la Cámara de Casación debe definir: si sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico.
Todo es tan dantesco que cada capítulo tiene un miniescándalo. Uno de los jueces que tenía que decidir, Carlos Mahiques, renunció a la surogancia de la sala después de que el periodista Hugo Alconada Mon reveló en La Nación que el magistrado habría festejado su cumpleaños en la mansión de Pilar unos días antes de que estallara el escándalo.
La “obsesión” por Pilar
La AFA había pedido en 2024 el cambio de domicilio de Viamonte 1366, en CABA, a Mercedes 1366, en Pilar. El intendente peronista Federico Achával integra el scrum de barones del conurbano del Chiqui Tapia que se consolidó después de que Kicillof lo nombró como titular de la CEAMSE, la empresa creada por CABA y PBA para la gestión de los residuos sólidos urbanos.
En 2024 ocurrieron dos hechos que tienen que ver con esta trama. Kicillof, distanciado de Cristina Kirchner y La Cámpora, se acercó a Tapia. Por un lado, empezaron a hablar de la cesión del Estadio Único, de la Provincia a la AFA. Por el otro, el Gobernador rescató al “Chiqui” después de que Jorge Macri lo sacó de la vicepresidencia de la CEAMSE. El 2 de enero de 2025, Kicillof lo repuso en la empresa y lo sentó en la silla de jefe.
Los dos sacaron réditos de sus necesidades políticas. El Gobernador sueña con tener a la Selección en el Estadio Único como un espaldarazo a su carrera para enfrentar a Milei en las urnas en 2027.
La Inspección General de Justicia, que dirige Daniel Vítolo, le dio dos reveses a la AFA. El miércoles 18, le rechazó el cambio de domicilio a Pilar, porque constató que allí había un baldío con un cartel que dice “Próximamente Sede social Museo Campeones del Mundo”. “Falso e inexistente”, dijo la IGJ. Y el miércoles 25, le pidió al Ministerio de Justicia que designe veedores en la AFA “debido a la gravedad de las irregularidades detectadas”.
A las dos horas de esa resolución de la IGJ, la directora de Personas Jurídicas de PBA, Silvia García, firmaba la autorización para el cambio de domicilio de la AFA a Mercedes 1366, Pilar.
El abogado de Chiqui Tapia, Gregorio Dalbón, publicó la resolución en un posteo de su cuenta de X y festejó: “Chau veedores”.
“No sé qué dice Dalbon, pero solo se terminó de cerrar un trámite de traslado de sede que había empezado en 2024″, se desentendieron cerca de Kicillof. Este jueves la AFA insistió en un comunicado: “La mudanza ‘falsa’ que es legal para la Provincia. La IGJ insiste en que la sede de Pilar es falsa porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente”.
Hay algo que no se dice. El 11 de marzo vence el plazo para que la AFA apele el rechazo de la IGJ al cambio de domicilio a Pilar. Kicillof le acaba de entregar a Tapia el paper, la herramienta, para fundamentar el reclamo.
Como contrapartida, del lado de la AFA se sigue construyendo el sueño de un Estadio Único con los campeones del mundo. Telenoche pudo constatar que las obras ya empezaron. El nuevo estadio rebautizado por Tapia como Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo pasará a tener una capacidad de 42 mil a 50 mil espectadores, estrenará campo de juego, 1800 luces Led, pisos para 3 mil cocheras, museo, shop y resto bar. Kicillof le dio esa vidriera y negocio a la AFA de Tapia por cinco años. La Provincia cobra un canon de $1000 millones anual y el 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos.
Claudio Tapia, AFA, Axel Kicillof
El Gobierno se encamina a avanzar con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.
Según el sondeo de , los votos están justos y el Gobierno dependerá del peronismo para avanzar con los cambios en la ley.
La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyan la iniciativa, el resto oscila entre el rechazo y un acompañamiento tímido.
El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
Santiago Filipuzzi
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios oficiales le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
Fue Agustín Coto (LLA) quien se encargó de explicar estos cambios. En su rol de miembro informante del proyecto argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. “No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, dijo. Explicó los ajustes. “Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, señaló tras decir que la norma actual es una “ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.
Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.
El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.
En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó. Y siguió: “Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones”. Terminó su argumentación con un encuadre numérico. Dijo que en la provincia de San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, sintetizó.
La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. “No hay industria más controlada y regulada que la minería. Estamos buscando una norma que sea más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue un poco ambigua”, consideró.
Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. “Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna medida constitucional: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.
Uno de los discursos más encendidos fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su giro: en 2010 apoyó la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a “los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico”. “Tengo el cuero duro como una tortuga”, comenzó. Dijo que “pasaron 16 años” y consideró que esta reforma permite que las provincias “puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”.
Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que el oficialismo le imprimió al proyecto. Anunció que el texto que se someterá a votación lo recibieron a las 15.32. “Esto está fuera de reglamento”, consideró. “Son modificaciones al los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”.
La reforma ambiental tensionó el vínculo entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR, que votarán divididos y dificultaron la construcción de la mayoría. La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento.
Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,»Voy a proponer que usted se quede desnudo». Abdala quiso apurar una votación y Mayans lo cruzó con sarcasmo,,Los motivos. Quiénes son los tres senadores que votaron en contra del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea,,Glaciares, minería y recursos hídricos. Cuáles pueden ser los riesgos de la reforma que se discute en el Senado
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