Durante la última semana, la industria textil estuvo en el centro de la escena. Es que, a más de una docena de empresas que ya anunciaron la reducción o el cierre de su producción local, se sumó el dato de que las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron USD 1.506 millones en 2025.

En este contexto y luego de algunos intercambios con el ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que no compra ropa en la Argentina por sus elevados precios, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), respondió a las críticas sobre el costo de los productos textiles y ejemplificó con el caso de la camiseta de la Selección Argentina.

“La camiseta del último Campeón del Mundo hecha en otro país y a precios ALTÍSIMOS”, publicó Drescher en su cuenta de X, junto con una imagen que demuestra el característico “Made in Thailand”, acompañado del precio de la remera, que cuesta $ 262.999 en la Argentina. La etiqueta aclara, no obstante, que el precio sin impuestos nacionales sería de 217.355 pesos.

Drescher, creador de marcas de indumentaria femenina como Caro Cuore y Vitamina y actual dueño de Jazmín Chebar, agregó en su posteo que “la Cámara de la Indumentaria recomienda al gobierno nacional dejar de subsidiar el trabajo de otros países y comenzar por bajar los impuestos abusivos al trabajo argentino y bajar las tasas de interés leoninas que son las más altas del mundo”.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, Adidas, sponsor oficial de la Selección Argentina desde hace más de 25 años, es quien decide la plaza de producción de las camisetas. “Nos llamó la atención que siendo la Argentina uno de los 15 países en el mundo que fabrica oficialmente las camisetas, se decida que se fabrique en Tailandia, teniendo una fabrica nacional que provee a Adidas y que tiene la misma calidad, porque se cumplen los mismos estándares que en cualquier otra planta del mundo”.

Según pudo saber este medio, la diferencia en el costo de mano de obra entre la Argentina y Tailandia es del 20% aproximadamente. A eso se le suman otros insumos, como la tela, la etiqueta, el estampado, entre otros. Por eso, en el sector insisten: “El precio de venta de la camiseta, que es altísimo, demuestra que tranquilamente se podría haber hecho en la Argentina”.

No obstante, reconocen que “son decisiones de una apertura de la producción que termina generando puestos de trabajo para otros países, en un momento en el que la Argentina los necesita, ya que en el último tiempo cerraron miles de empresas. Los talleres cierran, las fabricas importantes suspenden producción y hay un golpe muy duro a la industria en general”. Drescher develó que, por ejemplo, las camisetas de Boca y River ahora se producen en Brasil, mientras que la de San Lorenzo se importa desde Ucrania.

En una aparición radial anterior, Drescher había desglosado los factores que inciden en el precio final de la indumentaria: “Arranca con 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% de costo de las seis cuotas, más el 15% del costo de alquiler, da 55%. Lo que le queda a la empresa es 45% y no pagó la diseñadora, no pagó el camión, no pagó la publicidad, no pagó el diseño, nada. Solamente el 45%. Esto no pasa en ninguna parte del mundo”.

Además del IVA, el precio de la indumentaria incorpora impuestos que se pagan en cada transacción y que no se desagregan en el valor final de la prenda. En ese esquema, la mano de obra representa apenas el 20% del costo total, por lo que “producir en el exterior no tiene un impacto determinante en el precio”, comentaron en la industria. El caso de la camiseta de la Selección fabricada en Tailandia es un ejemplo de que el problema de la industria “no pasa por el costo laboral”.

La carga impositiva local es, según explican en la industria, lo que genera que, a pesar del aumento en las importaciones, no se ve una baja de precios en el país, sino que genera un margen extra para el importador y desempleo por cierres de fábricas en las provincias.

Según datos de la cámara textil, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 16.000 puestos de trabajo en el sector. Además, las importaciones de ropa crecieron un 61%, lo que equivale a más de 392.000 toneladas. “Se han perdido 200.000 puestos de trabajo formales, y en informales son centenares de miles, que todavía no se ve en la estadística”, detalló la entidad.

La entidad destacó, además, que por tercer año consecutivo las prendas aumentaron muy por debajo de la inflación general. Con base en datos del Indec, contaron que durante 2025 los precios de indumentaria y calzado acumularon una suba de 15,3%, frente a una inflación promedio de 31,5%, lo que ubicó al rubro como el de menor incremento del año.

Drescher precisó a su vez que esta tendencia se sostuvo desde finales de 2022: entre diciembre de aquel año y diciembre de 2025, la inflación general acumuló 792,1%, mientras que la ropa registró un alza de 473,3 por ciento.

El ministro y la titular del Fondo Monetario Internacional trazaron lineamientos de trabajo, de cara al próximo año. Argentina, modelo de desregulación

08/02/2026 – 18:26hs

En un domingo de intensa actividad diplomática en Medio Oriente, Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva mantuvieron una reunión clave para consolidar la relación entre la administración de Javier Milei y el FMI. 

El diálogo se centró en los lineamientos de trabajo para el próximo año dentro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, posicionando el modelo argentino de desregulación como un referente global ante el organismo.

Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva dialogaron en Arabia Saudita

Tras la cita en Arabia Saudita, ambos funcionarios utilizaron sus redes sociales para validar el intercambio. Por un lado, Sturzenegger aseguró que las reformas estructurales de Argentina son vistas como un «ejemplo para otros países» y destacó la sintonía en la visión de crecimiento para 2026.

«Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC!», escribió el ministro en sus redes sociales.

En tanto, Georgieva calificó el encuentro como «excelente», poniendo el foco en la aplicación práctica de los debates del Fondo en los países miembros.

La reunión de Sturzenegger adquiere mayor relevancia ante el ajuste en la agenda del Presidente. Javier Milei priorizará su participación en el «Board of Peace» en Washington DC el próximo 19 de febrero, lo que lo llevará a intervenir de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago, delegando la presencia física en Estados Unidos en el propio Sturzenegger.

Auditoría técnica del FMI en Buenos Aires

Mientras los funcionarios dialogaban en el exterior, un equipo técnico liderado por Luis Cubeddu inició en la capital argentina la segunda revisión del programa.

Los números preliminares favorecen al Gobierno en el frente fiscal: el superávit primario cerró en 1,4% del PBI, superando el 1,3% pactado con el organismo. Sin embargo, la atención de la misión estará puesta en la velocidad de acumulación de reservas y la sostenibilidad del ajuste para el resto del ciclo 2026.

Los Proveedores de Servicios de Pago y Billeteras digitales respondieron hoy que “ninguno de los argumentos (bancarios) se sostiene y que las cuentas de pago son un “esquema robusto” de seguridad de los fondos

La disputa entre bancos y Proveedores de Servicios de Pago (PSP), billeteras virtuales y otros “actores no bancarios” en torno de un artículo del proyecto de “modernización laboral” que el gobierno envió al Congreso y cuyo tratamiento y aprobación quiere acelerar a partir de esta semana, tuvo un cruce de argumentaciones este fin de semana.

El sábado, las cámaras bancarias, Adeba, ABA y Abappra enviaron a Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, a Martín Menem, titular de Diputados, y a todos los legisladores vinculados a la iniciativa un documento en el que afirman que el artículo 35 entraña “una pérdida de protecciones legales esenciales”, no brinda garantías e implica un “mayor riesgo” para los usuarios además de significar una “asimetría regulatoria” y una “supervisión insuficiente” y reduciría la capacidad crediticia de los bancos.

Hoy la Cámara Argentina Fintech, que agrupa a todos los sectores y servicios que la nueva normativa habilitaría como canales director para el pago de sueldos respondieron con un documento que de entrada planteó dos preguntas conectadas: ¿Quién debe decidir dónde cobra un trabajador su sueldo? ¿El trabajador según su conveniencia o los bancos?

La Cámara, obviamente, impulsa la libertad de elección para cobrar salarios y que -como dice el documento que difundieron hoy- los trabajadores puedan elegir libremente dónde acreditar sus salarios, incluyendo cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados y regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“El debate en curso no trata de imponer el uso de billeteras virtuales, sino de ampliar derechos, promover la competencia y adecuar el marco legal a una realidad económica que ya existe, caracterizado por la adopción masiva de cuentas digitales, la interoperabilidad y el uso cotidiano de instrumentos electrónicos para administrar ingresos y realizar pagos”, dicen las Fintech. Y afirman que permitir la acreditación de salarios en cuentas de pago reguladas no implica imponer cambios ni asumir nuevos riesgos, sino actualizar la normativa laboral a una realidad ya consolidada y ampliamente documentada por indicadores oficiales del Banco Central.

Las cuentas de pago, dicen, “son hoy un componente estructural del sistema financiero”. Y como respaldo precisan que según el BCRA, en diciembre se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de $88,7 billones. (+24,8% en cantidad de operaciones y del 24,4% en montos reales de crecimiento interanual). “El 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital. En términos simples, millones de personas ya administran su dinero todos los días a través de estas cuentas”.

En ese contexto, prosigue el documento, “el salario aparece como una de las pocas operaciones masivas donde todavía no existe plena libertad de elección del canal. La iniciativa legislativa no intenta forzar comportamientos ni alterar dinámicas existentes: busca que la ley deje de correr detrás de la realidad. Mantener restricciones normativas sobre el uso de cuentas de pago para el cobro de salarios se apoya en supuestos que ya no describen cómo funcionan hoy las finanzas de las personas”.

Contra lo que dicen las cámaras bancarias, las Fintech dicen que operan “bajo un marco regulatorio específico y supervisado”, pues están “registrados y supervisados por el BCRA, bajo un marco regulatorio específico que contempla obligaciones operativas, tecnológicas, informativas y de protección al usuario”. Se trata de un régimen diferente al bancario -alegan- porque “los PSP no realizan intermediación financiera ni asumen riesgos sistémicos, por lo que la regulación se orienta a la protección de los fondos y la seguridad operativa, en línea con la naturaleza de la actividad”.

Además, prosiguen, “los fondos de los usuarios permanecen dentro del sistema financiero” ya que según la normativa vigente del BCRA  “el 100% de los fondos de los usuarios en cuentas de pago debe mantenerse depositado en cuentas bancarias a la vista, separadas del patrimonio del PSP”. Esto, argumentan, “implica que los recursos permanecen dentro del sistema financiero regulado, bajo supervisión prudencial; desde el punto de vista funcional, tanto si un salario se acredita en una cuenta bancaria como en una cuenta de pago, los fondos se encuentran alojados en bancos”.

Según las Fintech, el debate o objetivo de fondo debería ser “ampliar el acceso al crédito”, contexto al que añaden que agregar opciones “no elimina las anteriores” y que aumentar la competencia fortalece la infraestructura financiera general.

Por eso, concluyen, “desde la Cámara Argentina Fintech instamos al Congreso de la Nación a avanzar en una normativa que amplíe derechos, fomente la competencia y acelere la inclusión financiera. Los bancos se oponen a la libertad de elegir dónde cobrar salarios para no perder privilegios. El salario pertenece al trabajador. Reconocer su derecho a elegir dónde cobrarlo es un paso necesario hacia un sistema financiero más abierto, dinámico y alineado con la realidad de la Argentina actual”.

Entre otros datos, la Cámara Fintech señalan que en octubre de 2019, en vísperas de la pandémica de Covid-19, en la Argentina se hacían cerca de 17 millones de transferencias inmediatas mensuales y que en octubre de 2025 ese número ascendía a 690 millones, “un crecimiento de más de 40 veces”. En ese período, añaden, “se pasó de que 1 de cada 10 argentinos tuviera una cuenta de pago a su nombre a que 8 de cada 10 argentinos cuenten actualmente con al menos una cuenta digital, configurando un escenario de acceso prácticamente universal a instrumentos de pago electrónicos”.

Sobre-regular actividades innovadoras, machacan, “puede generar efectos contraproducentes” y señalan la experiencia europea en ese sentido, en que la propia Comisión Europea debió hacer una “revisión integral” de regulaciones que había establecido a inicios de los años 2000.

“En la práctica, millones de trabajadores cobran hoy sus salarios en cuentas bancarias y transfieren de manera inmediata esos fondos a cuentas de pago, que utilizan como principal instrumento de administración de ingresos y pagos”, precisa el documento, y cita datos del Banco Central, según los cuales en octubre de 2023 existían 11,8 millones de cuentas de inversión con saldo, por $588.000 millones, mientras que en octubre de 2025 las cifras eran de 25,4 millones de cuentas, con saldos por $5,6 billones”.

“En términos reales -descontando la inflación medida por el IPC del INDEC-, el crecimiento de los saldos invertidos fue orden del 150%, lo que confirma que las cuentas de pago se consolidaron como herramientas estables de resguardo y gestión de fondos, y no sólo como instrumentos transaccionales”, observa el documento. Además, las Fintech apuntan una aparente contradicción en la posición de los bancos al notar: “el mismo ordenamiento normativo que admite sin objeciones la transferencia posterior del salario a una cuenta de pago restringe su acreditación directa en ese mismo tipo de cuenta, aun cuando se trate de proveedores regulados y supervisados por el BCRA.

Finalmente, las Fintech niegan uno de los argumentos centrales de los bancos acerca del riesgo para los trabajadores de recibir su salario en una cuenta de pago o billetera digital. Esa acreditación no altera, concluye, ni el carácter alimentario del salario, ni la titularidad del trabajador sobre los fondos ni las protecciones legales.

“Resulta inconsistente -rematan- sostener que el salario se encuentra protegido mientras permanece en una cuenta bancaria, pero pierde dicha protección cuando el trabajador decide transferirlo —de manera inmediata y masiva, como ocurre en la práctica— a una cuenta de pago. Si la transferencia posterior es considerada válida y segura, no existe fundamento para prohibir la acreditación directa”.

El texto enviado por las cámaras bancarias al Congreso, en cambio, había destacado que los bancos “cuentan con responsabilidad patrimonial plena y un marco jurídico claro frente a los usuarios, protegiendo la etapa crítica -el cobro seguro- sin restringir la autonomía posterior del usuario”, capacidad y responsabilidades que no asignan a PSPs y billeteras virtuales.

Según los bancos, el artículo 35, al permitir el pago vía PSPs y billeteras virtuales “contribuiría al desmantelamiento de infraestructura crítica” y a la “profundización de la exclusión financiera” y que -afirman- “ningún proveedor de servicios de pago ni entidad no bancaria posee, ni puede replicar con estándares equivalentes la capilaridad de red que resulta esencial para garantizar el derecho efectivo de los trabajadores de percibir y disponer de sus ingresos en forma inmediata y sin costos, especialmente en el interior del país”.