La CGT aún confía en que prosperarán las negociaciones secretas con el Gobierno para modificar la reforma laboral que tratará el Senado, mientras celebra la grieta que el proyecto oficial abrió entre las entidades empresariales y que podría contribuir a su estrategia.

Los líderes cegetistas, más allá de las tratativas con el sector político de la Casa Rosada (Santiago Caputo, los Menem y Diego Santilli), buscan aliados para que la reforma laboral no se trate en las sesiones extraordinarias del Congreso y deba debatirse en las sesiones ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que desde marzo Javier Milei afronte varios frentes críticos como producto de la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios.

Por eso los sindicalistas aseguran que reforzaron su acercamiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que, en paralelo con la CGT, plantearon sus objeciones al proyecto oficial porque, entre otros puntos, limita los aportes compulsivos para las entidades empresariales vía convenio colectivo de trabajo, que ya habían sido convertidos en voluntarios en marzo pasado a través del decreto 149 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Esta postura crítica terminó de romper la unidad empresarial ante la reforma laboral, donde el principal apoyo proviene de la Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Martín Rappallini, y otras entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

En perfecta sintonía, estas asociaciones se pronunciaron en duros términos contra polémicas cláusulas de los convenios colectivos: en el caso mercantil, fija un aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que impone al empleador aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A.

Según CADAM, que esta semana planteó su postura en el Senado, “esos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME con el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional, y esto implica que con cada aumento salarial estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación, siendo al mismo tiempo actores centrales de la negociación: las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”.

En el sector metalúrgico, ADIMRA también se beneficiaba del aporte obligatorio por parte de las empresas del 1% del total de las remuneraciones brutas mensuales y eso desató enfrentamientos con muchas compañías que se resistían a pagarlo y el rechazo de las pymes agrupadas en CAMIMA. Algunas presentaron reclamos judiciales e incluso existen fallos favorables a esa postura.

La semana pasada, CAMIMA y AFAC se unieron para expresar su respaldo a la reforma laboral que está en el Senado y cuestionaron a las 3 entidades que se oponen al proyecto: destacaron que la iniciativa “defiende el derecho a la libertad de elección de las empresas con respecto a qué entidades adherirse, sin la existencia de aportes compulsivos que sólo buscan proteger privilegios monetarios que contaminan la institucionalidad de la representatividad empresaria” .

En las últimas semanas, la CAC, la CAME y ADMIRA también insistieron con su reclamo ante el Gobierno y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y advirtieron que anular ese aporte daría lugar a una judicialización de la reforma laboral porque es una cláusula pactada libremente entre las partes a través de los convenios colectivos de trabajo.

Es casi el mismo argumento que utilizan los sindicalistas para defender las cuotas solidarias, que permiten el financiamiento de los gremios con esos descuentos compulsivos a los trabajadores a través de los convenios y que también tendrán limitaciones si se sanciona la reforma laboral del Gobierno: si bien se eliminó un artículo que exigía el consentimiento explícito del trabajador para pagar ese aporte, se quitó la obligación de que las cuotas solidarias sean recaudadas por el sector empleador y gire los fondos a los gremios, una variante que pondrá en riesgo las arcas sindicales.

Por eso la CGT unió fuerzas con las entidades empresariales que critican el proyecto oficial: la impresión en el ámbito sindical y patronal es que si la Casa Rosada finalmente decide dejar a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos podría hacer lo mismo con los aportes que defienden la CAC, la CAME y ADIMRA.

Sturzenegger siempre puso en la mira estos aportes compulsivos que benefician a los sindicatos y a entidades empresariales, y en este último caso las fuentes oficiales afirman que era una caja multimillonaria equivalente a unos $68.000 millones por año sólo en Comercio, a la que ahora se procura desarticular con fuerza de ley mediante la reforma laboral del Gobierno, que establece que esos descuentos tienen que ser voluntarios.