POLITICA
Tras reglamentar la Emergencia en Discapacidad, qué piensa el Gobierno para la pediátrica y la universitaria
Bajo el precepto de respetar la división de poderes, el Gobierno explicó que la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad responde directamente a la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó su puesta en vigencia inmediata, y garantizó que cumplirán con las determinaciones judiciales. “Si nos obligan vamos a reglamentar”, consignaron desde la administración libertaria a este medio.
Si bien desde entonces la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica se encuentran promulgadas, pero postergadas en su aplicación, en Casa Rosada admiten que un sector del Ejecutivo tiene planes para insistir en su derogación, pero aseguran que ante una eventual determinación de la Justicia similar avanzarán en su reglamentación. “Algo hay que hacer con esas dos leyes porque tenemos sino dos puntos del déficit fiscal comprometidos”, precisó una importante voz con acceso al despacho presidencial.
“No cumplir un fallo es un delito. Es nada más y nada menos que incumplimiento de los deberes de funcionario público para empezar”, sintetizó ante Infobae una fuente libertaria para dar respuesta ante el accionar del Poder Ejecutivo ante un escenario similar al ordenado por el juez federal Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.
Sin embargo, hasta entonces, la determinación oficial de posponer la aplicación de ambas leyes tras la sanción del Congreso en agosto, a raíz del impacto fiscal que, consideran, afectaría a las cuentas del Estado, solo dio lugar a una catarata de amparos y a una cautelar de la Justicia Federal para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales. “Nunca vamos a incumplir una orden judicial. Si la justicia falla, más allá de que estemos de acuerdo o no, vamos a acatar”, aclararon en Balcarce 50 a este medio.
Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó durante la madrugada del miércoles en la reglamentación de la suspendida Ley de Emergencia en Discapacidad sobre la fecha límite establecida por González Charvay. “Lo que nos hizo avanzar fue la catarata de sentencias en contra”, ironizó a este medio un fuente con acceso al despacho presidencial.
Asimismo, se cuidaron de aclarar que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo ni ceder en la disputa legal sino que responde a una decisión política de “respetar la división de poderes”. “En la explicación aclaramos que dábamos lugar ‘sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario’”, remarcaron tras la publicación del decreto 84/2026 que redactó la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy.
Lo cierto es que el camino de las leyes N°27.795 y N° 27.796, que establecen un nuevo régimen de financiamiento para las universidades y declaraban la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, fue largo y sinuoso y parece no haber terminado. Tras su sanción a finales de agosto de 2025, el mandatario optó por vetarlas, pero el Congreso rechazó su accionar y ratificó los proyectos originales.
Poco más tarde, en octubre el Ejecutivo las promulgó y suspendió su aplicación sujetas a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, y en diciembre insistió con la derogación de ambas normas al intentar incluirlas en el capítulo XI del Presupuesto 2026. Esto despertó la crítica de la oposición, pero también de los sectores aliados que opusieron resistencia y lograron sancionar la previsión presupuestaria sin el polémico capítulo rechazado en la votación particular.
Lo cierto es que el ala dura de la mesa política no da por perdida la posibilidad de cumplimentar la voluntad del mandatario y trabajan en la posibilidad de insistir con el contenido del frustrado capítulo durante las sesiones ordinarias.
No obstante, se cuidan de aclarar que ante un eventual escenario en el que la justicia dictamine la inmediata aplicación no habrá margen para desconocer la decisión. “No hay muchas posibilidades porque el responsable es el funcionario del área que debe dar cumplimiento a la decisión judicial”, aclararon.
El debate que parteaguas en el Gobierno
En la multiplicidad de voces que caracteriza al Gabinete, y que confluye además en la mesa política designada por el mandatario, más de uno considera poco estratégico insistir con la derogación de determinadas legislaciones de temas sensibles.
Los alfiles legislativos descuenta que, en el cálculo de respaldos fijos que acumulan en ámbas cámaras, varios sectores aliados como la Unión Cívica Radical (UCR) no apoyarían una nueva avanzada contra la puesta en pie de un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas que afecte los salarios del personal docente y no docente
“Es imposible avanzar con el tema. Simplemente no sale. Hasta los aliados estan en contra. Además, tampoco nos vamos a anotar una victoria política con este tema. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año que es un plazo corto”, confesaron al respecto de la idea de insistir con la derogación de las leyes.
Luego de que el Senado convalidara este jueves el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional que establece una asociación estratégica y comercial entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea.
La sanción definitiva de la norma se produjo este jueves en una sesión especial del Congreso de la Nación y lleva las firmas de las autoridades legislativas Bartolomé Esteban Abdala, Martín Alexis Menem, Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán. Horas después, el Poder Ejecutivo la promulgó la norma a través del Decreto 111/2026, en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea reunió un amplio apoyo con el acompañamiento de la mayoría de los bloques, incluido el kirchnerismo. Obtuvo 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Noticia en desarrollo
Obtuvo 69 votos a favor,,Conforme a,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares,,Paradoja mileísta. Control político y ruido económico,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó en el Senado con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados
POLITICA
El mapa de la marcha contra la Reforma Laboral: habrá fuertes medidas de seguridad y movilización piquetera
El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. La Cámara Alta se apresta a sancionar la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo al mando de Javier Milei. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para evitar sorpresas en una votación que consideran estratégica. La iniciativa es una de las apuestas centrales de La Libertad Avanza y el objetivo es convertirla en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del próximo domingo 1 de marzo.
Como ya lo hicieron el miercoles 11 y el jueves 19, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda, facciones trotskistas, y agrupaciones piqueteras marcharán al Palacio Legislativo para manifestar su “repudio” a la normativa que, sostienen, recorta derechos de los trabajadores y califican de “esclavista”. Esta previsto que las primeras columnas lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso, que abarca el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen, a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario.
El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial como respuesta a incidentes anteriores y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.
Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. Incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “elprotocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza” sin importar el grado de masividad de la concentración.
También habrá un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos, para la prensa; es decir que solo podrá circular del lado del vallado dónde se encuentren los manifestantes, dejando libre el sector en el que estarán acantonadas las fuerzas federales que se posicionarán en paralelo a la Avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.
En la misma sesión se tratará la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, que también tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer el Gobierno obtuvo dos importantes triunfos: los senadores aprobaron cambios a la Ley de Glaciares -definirá diputados- y ratificaron el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Voces críticas
“El proyecto de Reforma Laboral y la baja de la edad de punibilidad son dos caras de la misma moneda: un modelo de exclusión. Mientras nos quitan la estabilidad laboral, pretenden tapar la crisis social encerrando a los jóvenes”, argumenta Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur y sostiene que: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”.
La integrante de la organización Territorios en Lucha no es la única voz que se alza contra el proyecto del Gobierno sobre “modernización laboral”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le dijo a Infobae: “Esta reforma esclavista es que los compañeros no tengan derechos laborales, y ya estamos en el cincuenta por ciento de los trabajadores que están en esas condiciones, y la reforma libertaria va ha profundizar los grados de informalidad”.
Para el referente social, “lo que se le viene en cotra al Gobierno es que desde la apertura de las importaciones, casi no hay empresas que puedan sostener su productividad porque las importaciones chinas destrozan el mercado”. Castro entiende que esta situación “como en los años noventa, va a profundizar los niveles de conflictividad a futuro”.
El Frente Sindical Unidos (FreSU), integrado, entre otros por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros,convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.
Los referentes del campo popular advierten que factores como la crisis económica y la represión estatal explican la caída de la masividad en las protestasque se advirtieron en las manifestaciones pasadas.
Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reconoció que: “Estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilizació. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”. También remarcó que, pese al endurecimiento de los controles, las organizaciones sociales han sostenido su accionar en rechazo al Gobierno, aunque la represión y las restricciones policiales dificultan mantener cortes y reclamos, incluso respetando los protocolos de protesta.
En la misma línea, Silvia Saravia, describió cómo «la intimidación policial, los allanamientos violentos y los controles en estaciones de tren dificultan la participación en las manifestaciones». Y añadió que “la crisis obliga a muchos a priorizar la subsistencia diaria, lo que se traduce en ausentismo de quienes temen perder el salario por faltar al trabajo”.
La reforma laboral, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en Diputados con 135 votos positivos y 115 negativos. Para facilitar su aprobación, el oficialismo retiró el artículo 44 —relativo al régimen de licencias médicas— durante la votación de los 26 capítulos de la norma, bloqueando propuestas opositoras de modificación capítulo por capítulo. La última palabra la tendrá ahora el Senado.
En paralelo a las diferencias políticas, la coyuntura ha expuesto fracturas internas en el movimiento sindical argentino. La CGT,por ejemplo, no convoco a un nuevo paro general, como ocurrió el jueves pasado aunque sin movilización. El titular de la UOM, Abel Furlán, había exigido públicamente a la CGT convocar un paro de 36 horas si la reforma persistía en el temario parlamentario, reflejando presiones internas y divergencias en el principal bloque sindical.
La organización kirchnerista La Cámpora, anunció a través de sus redes sociales que participará de la protesta y que sus columnas partirar desde horas tempranas desde municipios de conurbano bonaerense como Quilmes.
La jornada de movilización coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la inminente apertura del periodo ordinario, fijada para el 1° de marzo a las 21, día en que Javier Milei se dirigirá a las cámaras legislativas tras haber conseguido la aprobación del presupuesto nacional, un hito que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la media sanción a la modificación a la Ley de Glaciares.
El Gobierno apuesta a consolidar su modelo con la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, dos ejes resistidos históricamente por el peronismo que hoy avanzan en el Congreso bajo la coalición libertaria.
En el trasfondo, el debate parlamentario se da en medio de una caída sostenida del empleo formal y el cierre de empresas como FATE. El Gobierno enfoca el mensaje en la baja de la inflación y en los beneficios que, según su mirada, implicaría la reforma para formalizar el trabajo y promover el empleo registrado. Las centrales sindicales y los movimientos sociales, por el contrario, califican la reforma como un “retroceso de derechos” y cuestionan la “falsedad de esos argumentos”.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo ante una consulta de este medio que “esta reforma laboral nos lleva al siglo XIX, porque habilita el despido sin la responsabilidad de indemnizar” e interpretó que: “la indemnización la va a pagar el Estado con un fondo que se les quita a los jubilados y que van a administrar los bancos privados”. Godoy alertó además que tras la eventual aprobación de la ley el Gobierno avanzaría con una reforma previsional, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de la crisis de recursos que, a su entender, esa medida produciría.
Godoy subrayó la necesidad de “unidad” entre las distintas centrales sindicales y organizaciones productivas e insistió en que “vamos a continuar con una agenda de lucha para mejorar los salarios, defender cada puesto de trabajo ante los despidos y por la soberanía nacional”.
Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la presente reforma laboral como la continuación “de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar”. Aguiar llamó a sostener la resistencia y a no ceder el espacio público: “Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al gobierno”.
Las manifestaciones se desarrollarán bajo un fuerte dispositivo de control estatal, y la jornada será observada como test sobre el poder real de convocatoria del sindicalismo de base y de los movimientos sociales, y La Cámpora que vuelve a pararecer en escena, después de dos protestas que terminaron en represión policial por el accionar de grupos ultraviolentos que, inclusive, arrojaron bombas molotov sobre las fuerzas federales.
Senado
POLITICA
Quiénes son los tres senadores que votaron en contra del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea
El Senado ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría. Tras un debate de unas cuatro horas de duración, los integrantes de la Cámara alta se dispusieron a votar el proyecto, que cosechó 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Quienes no acompañaron la iniciativa con su sufragio pertenecen al bloque Justicialista. Se trata de Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López. Ninguno de los tres mencionados optó por hacer uso de la palabra para explicar los motivos por las cuales se iban más tarde a posicionar en contra.
De Pedro es una de las principales referencias del kirchnerismo dentro del Senado, donde representa a la provincia de Buenos Aires. Fue ministro del Interior de Alberto Fernández y cofundador de La Cámpora.
Di Tullio, también senadora bonaerense, cuenta además con una extensa trayectoria legislativa. Fue diputada nacional y jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja.
López, de Tierra del Fuego, asumió en la Cámara alta en diciembre de 2023 tras ser designada en reemplazo del fallecido Matías Rodríguez, cargo para el que posteriormente fue electa en 2025. Tiene pasado como concejal.
Desde el entorno de De Pedro señalaron a que el voto negativo obedeció a la convicción de que el acuerdo es “absolutamente perjudicial” para la industria nacional y, en particular, para la provincia de Buenos Aires, que concentra una parte sustancial del entramado productivo y del empleo manufacturero del país.
Según explicaron, el tratado aprobado no se corresponde con el que la Argentina buscó durante décadas, ya que —afirman— se limita esencialmente a la liberalización comercial y a la reducción de aranceles, sin contemplar mecanismos robustos de transferencia tecnológica, desarrollo conjunto ni herramientas para compensar asimetrías. En ese sentido, advirtieron que los beneficios proyectados serían “condicionales” y estarían sujetos a salvaguardas que, a su entender, terminan favoreciendo a la producción europea.
También subrayaron que las barreras paraarancelarias y los sistemas de protección vigentes en la Unión Europea podrían restringir el acceso efectivo de los productos argentinos a ese mercado.
Al mismo tiempo, plantearon que una mayor apertura podría afectar a sectores industriales sensibles y, en el mediano y largo plazo, impactar en el empleo y en la estructura productiva nacional.
En la misma línea se expresaron fuentes allegadas a Di Tullio, que dijeron a este medio que su voto busca “defender los intereses de la Provincia”, donde se genera el 45% de la producción manufacturera del país.
López, finalmente, había subido una historia a la plataforma Instagram -antes del debate- donde expresaba: “No estoy en contra del comercio. Estoy en contra de los acuerdos que perjudican a la industria de Tierra del Fuego. Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas”.
La intención del oficialismo era ser el primer país en ratificar el tratado comercial. Por ello, resignó sus discursos en el recinto y accedió a insertar sus exposiciones escritas en la versión taquigráfica para acelerar los tiempos. Aun así, no lo logró: Uruguay lo consiguió primero con 91 votos a favor y solo dos en contra. Para su entrada en vigor definitiva, requiere todavía la ratificación en Brasil, Paraguay y los países de la UE.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en enero tras más de dos décadas de negociaciones. El pacto prevé la creación de una zona de libre comercio que abarcará a unos 700 millones de habitantes y apunta a reducir aranceles y barreras comerciales entre ambos bloques.
La Comisión Europea proyecta que el acuerdo podría incrementar las exportaciones a América Latina hasta en un 39%, mientras que el Mercosur ampliaría sus ventas de productos como carne, arroz, miel y soja.
A nivel internacional, el tratado cuenta con el respaldo de países como Alemania y España, pero enfrenta resistencias en Francia y otros socios europeos que temen un impacto negativo en sus sectores agrícolas.
La administración Milei, por su parte, celebró su ratificación a través de un comunicado en la red social X: “Es un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.
“Este Acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, remarcaron.
Y concluyeron: “Constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo”.
el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea,Matías Rodríguez,a través de un comunicado en la red social X,Senado de la Nación,Mercosur,Unión Europea,Conforme a,,»Delirante e incapacitado para la función». Cruces en el Senado en la aprobación del pliego de Fernando Iglesias como embajador,,Senado. El Gobierno ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y apuesta a avanzar con la reforma de la ley de glaciares,,Casa Rosada. Milei reunió a su gabinete por primera vez en el año: debatieron la agenda legislativa,Senado de la Nación,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares,,Glaciares, minería y recursos hídricos. Cuáles pueden ser los riesgos de la reforma que obtuvo media sanción en el Senado,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó en el Senado con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados
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