POLITICA
Fraude en el PAMI: pidieron elevar a juicio una causa por recetas truchas que generó un perjuicio millonario
La Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe, avanza en una causa que expone una de las modalidades de fraude más recurrentes detectadas en el sistema de salud de los jubilados. Un médico y una farmacéutica fueron acusados de haber montado un esquema de emisión de recetas electrónicas falsas, que generó un perjuicio millonario al PAMI.
El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa contra A. J. M., un médico de 72 años, y G. V. B., farmacéutica y titular de un comercio del rubro, por el delito de defraudación contra la administración pública. El pedido fue presentado ante el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa.
Según la investigación, los profesionales confeccionaron recetas apócrifas con el objetivo de simular la provisión de medicamentos a afiliados del PAMI. En total, se detectaron 636 prescripciones emitidas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico imputado.
Las maniobras quedaron al descubierto tras un análisis técnico que permitió establecer que las recetas electrónicas fueron cargadas desde computadoras ubicadas en la farmacia de la imputada. Las direcciones IP coincidían con las asignadas por la empresa de telefonía al domicilio del comercio, un dato clave que terminó de cerrar el circuito probatorio.
Para los investigadores, el rol de cada acusado estuvo claramente delimitado. El fiscal sostuvo que la farmacéutica actuó como autora del fraude, al utilizar el sistema informático del PAMI para generar disposiciones patrimoniales indebidas en su favor. El médico, en tanto, fue considerado partícipe necesario, ya que habría facilitado su usuario y clave de acceso al sistema de receta electrónica, un aporte sin el cual la maniobra no hubiera sido posible.
El perjuicio económico causado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados habría sido percibido de manera irregular por la farmacia a través del circuito habitual de facturación.
El origen de la causa penal
La investigación que ahora se encamina al juicio oral tuvo su punto de partida en una alerta interna. La Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados al PAMI (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, recibió un correo electrónico enviado por el área legal del organismo que advertía sobre presuntas inconsistencias en la dispensa de medicamentos en una farmacia de Rafaela.
El disparador fue la denuncia de una afiliada que detectó diferencias entre los medicamentos que figuraban como recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Según relató, en la farmacia le entregaron una copia de su cuenta corriente donde aparecían fármacos que nunca le habían sido prescriptos. Al analizar el caso, se constató que las recetas habían sido emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y a quien dijo no conocer.
A partir de ese dato, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, que comenzó a revisar documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI. El relevamiento incluyó entrevistas al azar a otros afiliados de la ciudad, quienes en su mayoría desconocieron al médico investigado y negaron haber recibido o consumido los medicamentos que figuraban en el sistema como prescriptos y dispensados.
Los cruces de información permitieron establecer que el patrón se repetía: jubilados que no conocían al profesional, recetas emitidas sin consulta previa y medicamentos facturados como entregados, aunque los propios afiliados negaban haberlos recibido o afirmaban consumirlos en menor cantidad.
La pesquisa avanzó con un dato técnico clave. Un informe de una empresa de telecomunicaciones confirmó que las recetas electrónicas habían sido emitidas desde computadoras cuyas direcciones IP estaban asociadas al domicilio comercial de la farmacia. Esa información fue corroborada luego por tareas de campo de la Gendarmería Nacional, permitiendo identificar tanto el domicilio real como el comercial de la farmacéutica.
Con autorización judicial, se realizaron allanamientos en la farmacia y se secuestraron ocho gabinetes de computadoras, que fueron peritados por personal especializado. Del análisis surgió información relevante que fortaleció la hipótesis de una maniobra coordinada entre ambos profesionales para simular prestaciones médicas inexistentes.
En paralelo, el PAMI avanzó con un sumario administrativo que derivó en una sanción económica contra el médico. En ese expediente interno también se entrevistó a 10 afiliados; todos aseguraron no conocerlo ni haber adquirido medicamentos en la farmacia involucrada.
Tras reunir la evidencia, el fiscal Onel pidió la indagatoria de los imputados. Si bien en febrero de 2024 un juez federal dictó la falta de mérito, la decisión fue apelada y revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En agosto pasado, los camaristas consideraron acreditado, con el grado de probabilidad exigido, que existió una maniobra sistemática para provocar un gasto indebido al Estado.
Con ese respaldo, y tras descartar que se tratara de hechos aislados por la magnitud del caso, el juez Cuello Murúa dictó el procesamiento de ambos imputados, sin prisión preventiva, por defraudación contra la administración pública. Esa resolución es la que ahora habilitó el pedido de elevación a juicio oral.
Auditorías que encendieron todas las alarmas en el PAMI
El caso se inscribe en un escenario mucho más amplio de controles y auditorías que el PAMI viene profundizando desde el año pasado y que dejaron al descubierto prácticas sistemáticas de fraude en distintas áreas sensibles del sistema de salud de los jubilados.
Relevamientos internos a los que tuvo acceso Infobae revelaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los propios prestadores. En uno de los episodios más llamativos, un centro de gastroenterología con apenas dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en solo cinco horas, un número considerado materialmente imposible por los auditores.
Situaciones similares se detectaron en el módulo de cardiología. Allí se identificaron prestadores que, actuando como personas físicas, transmitieron cientos de órdenes médicas electrónicas en un solo día. En algunos casos se registraron hasta 689 órdenes asociadas a más de 300 pacientes en 24 horas, lo que implicaría jornadas de trabajo de más de 80 y hasta 100 horas diarias.
Las auditorías también expusieron turnos superpuestos, consultas asignadas en el mismo horario a un mismo profesional para prácticas distintas y el uso compartido de credenciales para emitir recetas y órdenes médicas, una práctica que vulnera los controles básicos del sistema de trazabilidad.
Según los informes oficiales, estas irregularidades forman parte de un entramado más complejo que incluye recetas electrónicas falsas, facturación de prestaciones inexistentes, uso indebido de datos personales de afiliados y la emisión de órdenes sin que mediara atención médica real. En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento.
Las máximas autoridades del organismo, encabezadas por su director ejecutivo Esteban Leguízamo, impulsaron denuncias penales ante la Justicia Federal por defraudación a la administración pública. Los montos involucrados serían millonarios, aunque el daño total aún está siendo cuantificado en sede judicial.
Frente a este panorama, el PAMI puso en marcha un esquema de control más estricto que incluye auditorías permanentes, monitoreo de umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital, cruce de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. También se centralizaron las compras de insumos desde PAMI Central, con el objetivo de eliminar sobrecostos y cerrar circuitos opacos heredados de gestiones anteriores.
Desde el organismo aseguran que el foco no está puesto en recortar prestaciones, sino en desarticular los mecanismos de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos del sistema lleguen efectivamente a los afiliados.
Con causas judiciales abiertas, sumarios administrativos en marcha y auditorías activas, el PAMI intenta reordenar una de las cajas más sensibles del Estado y recuperar la confianza en un sistema históricamente atravesado por irregularidades.
POLITICA
La SIDE neutralizó un ciberataque contra la Cancillería: estaría vinculado al alineamiento con EE.UU.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que la Agencia Federal de Ciberinteligencia logró neutralizar un ciberataque dirigido contra el dominio oficial de la Cancillería argentina.
Según el comunicado oficial, el intento de agresión consistió en una maniobra de “Denegación de Servicio Distribuido (DDoS)”, la cual fue detectada de manera temprana y repelida con éxito. De este modo, los equipos técnicos especializados activaron los protocolos correspondientes y evitaron “cualquier afectación al funcionamiento de los servicios públicos”.
El organismo enmarcó este incidente en una “campaña coordinada de acciones hacktivistas” dirigida contra los países que integran el Board of Peace (Consejo la Paz), espacio creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al que se sumó Javier Milei.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) February 5, 2026
La SIDE detalló que se registraron ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania, lo que confirma “un patrón de agresión digital contra los Estados miembros de dicho espacio estratégico” en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.
Desde la Secretaría sostuvieron que, al formar parte de este nuevo esquema internacional, Argentina se convirtió en “uno de los objetivos de esta ofensiva digital”.
Ante este escenario, el Estado trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia y ciberseguridad con el fin de anticipar y neutralizar agresiones que pongan en riesgo la soberanía digital y la seguridad nacional. Este evento ocurre tras un antecedente de ciberamenaza en octubre de 2025, cuando el Ministerio de Salud fue víctima de un ataque de tipo ransomware.
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Cancillería,Ciberataque,consejo de paz,SIDE
POLITICA
Ian Moche le contestó a Lemoine, quien lo acusó de “actuar como autista” e insultó a su mamá
Ian Moche, el niño activista por los derechos de las personas con autismo, publicó en la noche del miércoles un video para responderle a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien lo acusó de “actuar como autista” e insultó a su mamá, Marlene Spesso.
El video fue publicado en su cuenta de Instagram, donde Moche relató cómo se sintió tras conocer los dichos de la legisladora y pidió que el debate público no desvíe la atención de la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentada por el Gobierno ese mismo día. “Este es un video que salgo a hacer ya que todos hablaron de mí durante todo el día, ahora llegó el momento de decir lo que siento”, introdujo.
Tras destacar la implementación de la norma aprobada por el Congreso meses atrás, el niño indicó que las declaraciones de Lemoine fueron inesperadas. “Respecto a cómo me siento con todo esto [los dichos de Lemoine], fue sorpresivo, no los esperábamos, estábamos muy concentrados en lo que iba a ser este día y fue una sorpresa. Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto y sí darle cabida a toda la gente que nos preguntó, que nos mandó cosas hermosas”, dijo.
Luego, sumó: “Tranquilos, que esto no nos va a detener como activistas, nosotros siempre vamos a seguir unidos a todos ustedes. Me alegraron el día y eso me sigue haciendo ser activista”.
Moche también dijo que intentó comunicarse con la diputada para responderle. “Nosotros le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, expresó el menor. Y siguió: “Yo entiendo, Lilia, que a vos te guste el cosplay, el manga y el animé. A mí también me encanta. Yo no puedo decir nada con respecto a eso porque tal vez algún día sea presidente y posiblemente haga cosplay”.
En otro tramo del video, cuestionó que “no se está hablando de lo importante, que es la situación de la discapacidad”. “Tenemos que concientizar y seguir adelante”, subrayó y agregó: “Tenemos que salir a combatir con amor, concientizar con esto. A mí esto no me detiene, Ian Moche sigue para rato. Amamos lo que hacemos, escuchamos a la gente, vamos a seguir adelante. Les quiero agradecer y salgamos adelante”, cerró.
Las declaraciones de Lemoine se dieron el martes por la noche durante un debate en LN+ sobre la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una nueva política que se aplicó en Australia y que se analiza en otros países como Francia y España. En medio de la discusión, Lemoine atacó al niño y a su madre.
La diputada argumentaba que ya hay una edad mínima para poder ingresar a una red social y que, si eso se quebranta, es problema de los padres de los niños. “Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, arrojó.
“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, señaló. Fue entonces que le consultaron cuál era la relación del caso de Ian Moche con el uso de las redes.
“La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”, contestó. Sin embargo, no ahondó en argumentos sobre sus dichos.
Horas más tarde, Moche emitió su primera reacción en diálogo con América TV. “Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?”, sostuvo.
Lilia Lemoine,View this post on Instagram,La Libertad Avanza,Conforme a,,“¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”. Fuerte cruce entre Recalde y Paoltroni por la reforma laboral,,Qué dice el texto. Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral,,Café de por medio. Ritondo visitó a Santilli y le garantizó el apoyo de Pro a la reforma laboral y la ley penal juvenil,La Libertad Avanza,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos,,Complicada por su prontuario. Karina Milei no intervendrá el partido en Río Negro, pero espera que Villaverde se corra,,»Vieja cobarde». La mamá de Ian Moche respondió a los ataques de Lilia Lemoine contra su hijo y la diputada la insultó
POLITICA
Oficializaron la reestructuración del IOSFA y separaron la obra social de los militares de la de los policías
El Gobierno oficializó una decisión que ya habían anticipado a finales de 2025: la reestructuración integral del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades autárquicas, separando de forma definitiva la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales. El anuncio, que impacta directamente sobre más de 500 mil beneficiarios, responde a demandas históricas de ambos sectores y marca un punto de inflexión en la gestión de la salud pública para las fuerzas de defensa y seguridad.
Las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de enfrentar la crisis financiera que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La deuda que mantiene ronda los 200 mil millones de pesos. Desde el Gobierno consideran que estos problemas operativos derivan de irregularidades en la gestión de las administraciones anteriores.
Entre las poblaciones más golpeadas por el deterioro de la entidad se encuentra Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceder a servicios básicos de salud.
Frente a este diagnóstico, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de alternativas viables para rescatar a IOSFA del colapso. La reorganización planteada consiste en una división estructural del organismo.
De esta manera, la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) nace como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su ámbito de acción se extiende a todo el territorio nacional, con la misión central de “brindar cobertura para la atención médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria”, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio Directorio. El decreto estipula que las prestaciones jamás podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio aprobado por el Decreto N° 492/1995, ni a futuras actualizaciones.
La OSFA contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas. Esta estructura garantizará, según el Ejecutivo, una conducción especializada y alineada con las necesidades particulares de cada institución militar. El Ministerio de Defensa ejercerá la fiscalización y el control de la nueva obra social, actuando como autoridad de aplicación y responsable último de su funcionamiento.
En paralelo, se establece la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su principal objetivo es la cobertura médico-asistencial y social para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.
Esta desarrollará sus funciones a nivel nacional, bajo estrictos parámetros de control por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.
El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros titulares, todos serán designados y removidos, en caso de ser necesario, por el Ministerio de Seguridad. La presidencia recaerá en una persona con probada idoneidad y antecedentes técnicos en gestión pública o privada. El decreto exige que todos los miembros demuestren competencia y formación en administración, así como experiencia en organismos complejos.
La OSFA Tendrá como afiliados titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados directos de la obra social, retirados y pensionados. A ellos se suman los beneficiarios incorporados, que int tegran el grupo familiar primario del titular, incluyendo cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años y, bajo ciertas condiciones, hijos mayores hasta los 25 años que cursen estudios formales. Según lo dispuesto, el directorio podrá autorizar la incorporación de afiliados adherentes, siempre que no posean otra cobertura de salud y cumplan con los requisitos de sustentabilidad financiera.
Mientras tanto, la OSFFESEG incorpora como titulares al personal con estado militar de Gendarme en actividad, personal policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, personal civil en relación de dependencia en ambas fuerzas, empleados de la propia obra social y personal retirado o pensionado de ambas instituciones. El grupo familiar primario de cada titular también accede a la cobertura, con condiciones similares a las fijadas para la OSFA. Además, el Directorio de la OSFFESEG tiene la facultad de admitir nuevos afiliados adherentes, siempre que se acredite la viabilidad financiera y se trate de personas sin otra cobertura.
Ambas obras sociales contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos de los haberes, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.
El decreto establece que tanto OSFA como OSFFESEG deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a la prestación de servicios de salud, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8 %. Si existiera un excedente y todas las obligaciones de salud y administrativas estuvieran cubiertas, hasta un 12 % podrá dirigirse a otras prestaciones sociales.
A su vez, autorizaron al directorio de cada institución a formular el reglamento interno, proponer estructuras orgánicas y normativas administrativas, aprobar programas médicos, presupuestos anuales y balances, contratar personal y servicios, fijar políticas de inversión y presentar informes de gestión ante sus respectivos ministerios.
Además, aclararon que ambos equipos de trabajo estarán sometidos a auditorías internas bajo la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir rigurosas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés.
En esa línea, establecieron que el mandato de los miembros será de cuatro años, con posibilidad de reelección. De manera obligatoria, todos los integrantes deberán acreditar competencia y experiencia en la gestión pública o privada, especialmente en áreas de administración y salud.
Para garantizar la continuidad de servicios, el decreto prevé la transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas entidades. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— supervisarán el traspaso, incluyendo la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la definición de toda la normativa complementaria necesaria.
El proceso contempla la preservación de las prestaciones actuales y la protección de la población afiliada a lo largo de toda la transición. Las sedes centrales de ambas nuevas obras sociales estarán ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde operarán sus sistemas y servicios a nivel nacional.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a “circunstancias excepcionales que tornan necesario y urgente adoptar medidas inmediatas de reorganización institucional, financiera y operativa del sistema de cobertura de salud”, ante el “desequilibrio estructural y desfinanciamiento que atraviesa el IOSFA”. El Ejecutivo remarcó que la reestructuración permitirá “asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”.
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