POLITICA
La Procuración del Tesoro dejará de ser querellante en la causa por la deuda solicitada al FMI en 2018
A casi cinco años de que la Procuración del Tesoro de la Nación fuera aceptada como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la deuda que fue solicitada al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno nacional anunció que el organismo estatal cesará su intervención en la instancia penal.
Se trata de la causa N° 3.561/2019, en la cual se acusó al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al por entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y otros funcionarios de su gestión por presuntamente haber incurrido en los delitos de defraudación por administración y defraudación contra la administración pública.
La decisión fue anunciada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras haber firmado el Decreto N° 87/2026. “Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019″, establecieron.
De esta manera, quedó derogado el Decreto N° 239/2021, que había habilitado al organismo estatal a representar al Estado Nacional en calidad de querellante durante el proceso judicial, que era investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.
Según se había asentado en ese documento, la misión del organismo estatal consistía en promover “la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.
Desde el Gobierno explicaron que la renuncia por parte del Estado a continuar con el rol fue consecuencia de la desición de la magistrada que lleva el caso. “La jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados”, indicaron.
En este sentido, la magistrada argumentó que la acusación respecto a la “carta de intención” enviada por el ex ministro de Hacienda y el titular del Banco Central al FMI para solicitar nuevos fondos en el marco de un acuerdo stand-by, que se había estipulado que duraría 36 meses, carecía de fundamentos.
A partir de esta petición, la entidad financiera internacional había otorgado a la administración liderada por Macri un monto valuado en 50 mil millones de dólares. No obstante, habían establecido el desembolso de 15 mil millones, mientras que el resto iba a ser considerado como “apoyo presupuestario precautorio”.
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“Se trataba de decisiones sujetas a control jurisdiccional en tanto constituían el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica”, sostuvo la jueza federal, tras señalar que los efectos macroeconómicos que hubieran producido no permitían reconducir el caso hacia el ámbito del derecho penal.
Respecto a la actuación de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Justicia consideró que había cumplido con los parámetros del debido proceso, pese a que hicieron hincapié en que su participación suele darse en “los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal, siendo excepcional su participación en litigios penales”.
Por este motivo, apuntaron que el organismo no contaba con una dirección nacional que estuviera especializada en litigios penales y, sobre todo, en casos que involucraran delitos económicos complejos. Asimismo, subrayaron que el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encontraba “en la mejor posición técnica para impulsar la investigación en la referida Causa N° 3561/2019″.
Así, el Gobierno accedió a retirarse del litigio, tras sostener que “corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos”. En ese sentido, consideraron que esta decisión evitaría las “superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos o que puedan ser utilizadas para interferir en la actuación propia de otro Poder del Estado con una finalidad de persecución política”.
Previo a esto, la Justicia Federal también había resuelto archivar una investigación penal impulsada para saber quiénes habían realizado las mayores compras de dólares y quiénes transfirieron mayores montos de la divisa norteamericana al exterior durante la gestión de Macri.
Así, la investigación, que analizaba una posible “fuga de capitales” entre 2016 y 2019 por un total de 86 mil millones de dólares, quedó sin efecto en marzo de 2019. Se trataba de una de las causas que había sido anexada a la causa por el préstamo solicitado al FMI.
Según la información a la que accedió Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti había considerado innecesario continuar, ya que no se había detectado ninguna operación sospechosa que motivara la apertura del caso, sino que el análisis respondía a una búsqueda “especulativa” de eventuales delitos como evasión tributaria o lavado de activos, al no haber indicios concretos que justificaran el escrutinio sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas.
Finalmente, la decisión fue confirmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala I de la Cámara Federal, quienes avalaron la postura de la magistrada ante los recursos presentados por el fiscal Franco Picardi y la AFIP (actual ARCA), que advertían que el cierre era prematuro y restaba analizar documentación.
POLITICA
Reforma laboral: la postura intransigente se impone en el Gobierno y gana adeptos la idea de no hacer cambios
A menos de una semana de que el proyecto sea votado en el Senado, el Gobierno continúa ultimando los detalles de la estrategia legislativa con la que va a impulsar la reforma laboral, que podría terminar siendo convertida en ley recién en marzo, ya durante las sesiones ordinarias del Congreso.
Si bien hay diferentes posiciones dentro del propio Poder Ejecutivo, por el momento viene ganando terreno la idea de ser intransigentes ante los pedidos de algunas provincias para modificar el capítulo fiscal del proyecto o, al menos, agregar algún tipo de compensación por la caída de la recaudación que implicaría la baja del impuesto a las Ganancias.
Esta postura es la que se impuso durante la última reunión en la Casa Rosada de la mesa política libertaria, que no descarta volver a juntarse el martes que viene, un día antes del tratamiento de la iniciativa.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, explicó durante aquel encuentro la situación en el recinto luego de las intensas negociaciones que llevó adelante con los aliados, y aseguró que tiene los votos necesarios como para que la medida consiga a media sanción.
Asistieron, como es habitual, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
A la salida, uno de los integrantes de la mesa precisó: “La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”.
Cuando conversó con los aliados, Bullrich había ratificado que podrían llegar a haber modificaciones sobre el texto, tal como había prometido cuando consiguió dictamen, a finales del año pasado, y precisó que “el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.
Un senador de otro partido, que participó de aquella charla, reveló a Infobae que Ganancias “fue el único tema que quedó pendiente” en aquella oportunidad y que la referente libertaria les prometió que el Ministerio de Economía iba a trabajar en eso.
De todas formas, de acuerdo con lo que pudo recopilar este medio, en varias provincias descreen de la postura dura de la Casa Rosada y confian en que habrá cambios en el texto, ya sea antes o durante su votación.
“Vamos a esperar a ver qué sale del Senado”, aclaró a este medio un funcionaro de diálogo directo con uno de los gobernadores del centro del país, que ya está coordinando con sus legisladores los pasos a seguir.
En tanto, en la Patagonia directamente consideran que la Nación va a rever su postura: “No tengo la línea de que no vaya a haber cambios en la ley, hasta último momento todo puede cambiar. Incluso durante el tratamiento”, señalaron.
Así coincide también otra persona que tiene contanto directo con varios mandatarios locales cercanos al oficialismo, quien remarcó que “formalmente nadie dijo nada”, por lo que no descartó que sí se vaya a modificar el artículo referido a Ganancias.
Si el resto de los bloques consigue los números necesarios, el proyecto podría sufrir cambios ya sea el próximo miércoles, o incluso durante su discusión en Diputados, que podría demorarse hasta la primera semana de marzo, según reconocieron en la bancada libertaria.
“Está difícil que se trate durante las sesiones extraordinarias, no dan los tiempos”, admitieron en el espacio que encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni.
Además de los retrasos propios del proceso legislativo, en el medio están los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero por carnaval y la Cámara baja también tiene que abordar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Para el próximo jueves se convocó al primer encuentro plenario de febrero, en el que se va a debatir la reforma penal juvenil, que tiene a la baja de la edad de imputabilidad como principal medida.
El oficialismo tendría en este recinto el consenso como para aprobar esta iniciativa, pero el esenario sería más complicado con respecto a la modernización laboral: “Patricia quiso llevarse la pelota para su campo, solamente para presentar esa victoria como propia, pero descuidó lo que puede llegar a pasar acá”, cuestionó un diputado de uno de los partidos afines al Gobierno.
En este sentido, el legislador remarcó que “las provincias no están influyendo mucho, porque la orden de muchas de ellas va a ser más o menos la misma así haya cambios o no con Ganancias”.
“Rogelio Frigerio es más mileísta que Javier. Pero las cosas se tienen que conversar. Yo creo que, por lo menos hoy, el panorama es que la baja de la edad de imputabilidad va a salir fácil, pero la reforma laboral no estoy seguro de que se vaya a aprobar”, agregó.
Como un primer gesto de diálogo, Santilli recibió este miércoles en la Casa Rosada a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, uno de los espacios que más aompañó a la gestión de Milei en este tiempo.
La relación entre ambos había quedado tensa luego de que, en diciembre, el oficialismo acordara con el peronismo para repartirse los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), relegando a sus socios de esas negociaciones.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a los protagonistas, “la idea de la foto es que comiencen a mostrarse nuevamente juntos”, por lo que no negaron futuras reuniones.
Luego de esto, el titular de la cartera de Interior subió a ver a Karina Milei para contarle lo que conversó con el jefe del bloque PRO y cuál es su visión respecto del desafío en Diputados.
En tanto, en el entorno de “El Colo” destacaron que durante la charla con Ritondo “coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”.
“Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, indicaron.
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POLITICA
Cómo evalúan en EE.UU. el acuerdo comercial con la Argentina: el efecto en las inversiones y el punto conflictivo de la carne
WASHINGTON.- El acuerdo de comercio e inversiones recíproco que sellaron este jueves en Washington el representante comercial norteamericano, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno, fue visto en Estados Unidos como un nuevo paso que profundiza la alianza estratégica entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, al tiempo que diversos analistas destacaron la oportunidad para que se aceleren las inversiones estadounidenses en la Argentina y el beneficio para exportaciones de determinados productos nacionales.
“Más allá de las disposiciones comerciales técnicas, el acuerdo constituye una importante señal política: subraya la alineación del gobierno de Milei con Estados Unidos y refuerza el impulso hacia un marco económico más favorable a la inversión. El acuerdo también amplía el apoyo estadounidense a la inversión privada en sectores estratégicos», explicó a Kezia McKeague, directora para América Latina de McLarty Associates, una firma de asesoría estratégica en Washington.
El de la inversión fue uno de los ejes del acuerdo que destacaron los funcionarios argentinos que participaron de la rúbrica, en la sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Benjamin Gedan, experto de la Universidad Johns Hopkins y exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional, señaló a que el acuerdo podría acelerar la inversión estadounidense en la Argentina “destinada a sectores estratégicos como la minería”, sector en el que la administración de Milei ha hecho una fuerte apuesta.
La Casa Rosada “colaborará con los gobiernos provinciales para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minerales críticos”, señala el texto, que busca facilitar el acceso al sector minero a las empresas estadounidenses.
“Se priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos […] por encima de las economías o empresas que manipulan el mercado», añade, en lo que sería una velada alusión a China, rival estratégico de Estados Unidos en ese sector.
McKeague destacó que, si bien el acuerdo “impone la mayoría de los compromisos regulatorios a la Argentina, particularmente en lo que respecta a la modernización de la protección de la propiedad intelectual”, Estados Unidos también eliminará los aranceles recíprocos sobre 1675 productos argentinos, al tiempo que “reafirma su compromiso de facilitar la inversión del sector privado en la Argentina” a través de instituciones como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el EXIM Bank.
El acuerdo señala que la Argentina “deberá proporcionar un sólido nivel de protección para la propiedad intelectual” y “tomar medidas con prontitud para resolver completamente los problemas” mencionados en el Informe Especial 301 de la USTR de 2025, que incluyen patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas.
“Las soluciones identificadas en el texto parecen beneficiar principalmente a las empresas estadounidenses de los sectores de biotecnología, química y farmacéutica, además de abordar problemas de larga data relacionados con la falsificación de productos y la piratería criminal de derechos de autor”, indicó McKeague.
Para Ignacio Albe, director asistente para la Argentina en el Atlantic Council -una de las organizaciones en Washington más enfocadas en el país- el “área que más interesa ahora para la Argentina es entender las oportunidades de exportación que se abren para el país”.
“Uno de los logros más claros para la Argentina es la inclusión en los anexos del tratado de un listado de bienes que pasan a ser considerados ya de manera permanente como libres de aranceles ‘recíprocos’, los cuales fluctúan de país en país, o aranceles sectoriales, aplicados de manera universal”, dijo, respecto a la eliminación de los aranceles recíprocos para 1675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos.
El especialista señaló que si se contrasta la lista de productos ahora exceptuados con las compras de Estados Unidos a la Argentina en 2025 (de enero a noviembre dada la disponibilidad de datos) se aprecia que “en realidad solo el 3,9% de todas las exportaciones argentinas a Estados Unidos en ese período son abarcadas en esta lista”.
“A su vez, vemos que la gran mayoría ya estaban beneficiados con excepciones arancelarias universales. ¿Cómo ponderamos este logro? Ese 3,9% puede parecer una cifra pequeña, pero tiene que ser medido contra el resto del mundo“, señaló Albe.
La Argentina ahora tiene “mayor seguridad en la estabilidad de este arancel recíproco cero que la mayoría de los países no tienen” y, a su vez, varios de estos más de 1600 productos argentinos ahora tendrán una “ventaja comparativa notoria contra otros proveedores”, dijo.
“Ese 3,9% abarcado tiene mucho potencial de crecer a medida que empresas argentinas ganen posiciones”, amplió Albe. Elevar esa cifra, que necesariamente significa que crezca el valor absoluto de esas ventas a Estados Unidos, “requiere que la productividad de la Argentina aumente”.
“Esto es una oportunidad tangible para el país. Está en su capacidad de generar incentivos a la producción para que este logro diplomático se transforme en un éxito real“, cerró.
Puertas adentro de Estados Unidos, uno de los puntos conflictivos era el del aumento de las importaciones de carne argentina -finalmente se quintuplicó la cuota-, como había sugerido el propio Trump el año pasado. En ese momento, productores y asociaciones de ganaderos criticaron en duros términos al gobierno norteamericano.
La cuota de carne vacuna argentina pasó de 20.000 a 100.000 toneladas, una decisión de Estados Unidos que tiene como objetivo reducir los precios en góndola para los consumidores estadounidenses. En Washington, un alto funcionario argentino puso especial énfasis en esa medida. “Es muy importante porque es algo que a ellos les cuesta, tienen un objetivo de bajar precios”, dijo a .
“Esto no es lo que necesitábamos ahora”, expresó Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA, una organización de ganaderos estadounidenses, que había pedido al gobierno que limitara las importaciones de carne. “Esta medida retrasará aún más la reconstrucción de nuestro rebaño nacional”, señaló a The New York Times.
“Ese detalle podría reavivar las tensiones entre Trump y algunos legisladores republicanos, quienes el año pasado intentaron proteger a los ganaderos estadounidenses de una mayor competencia de la carne argentina», advirtió la agencia Bloomberg.
McKeague destacó que el aumento de la cuota de acceso preferencial para la carne vacuna argentina está “por encima de las 52.000 toneladas asignadas actualmente a Brasil”.
Además, respecto al acceso a los mercados agrícolas, hizo hincapié en otras disposiciones del texto que abordan las medidas sanitarias y fitosanitarias, y la modernización. “En un posible punto de conflicto con la probable adhesión de la Argentina al acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea recientemente firmado, el acuerdo también exige protección para los productos estadounidenses frente a determinadas indicaciones geográficas“, señaló McKeague.
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POLITICA
Argentina y EEUU preparan el ejercicio militar conjunto de alto despliegue “más importante de la historia reciente”
El Gobierno liderado por Javier Milei está terminando de cerrar los detalles para realizar un ejercicio combinado entre los Comandos de Operaciones Especiales de Argentina y de Estados Unidos, el cual se denominará Daga Atlántica o Atlantic Dagger. Dos altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el operativo está previsto para el próximo 6 de abril, aunque todavía resta determinar las coordenadas donde se hará.
“En términos políticos, probablemente sea el ejercicio combinado más importante de la historia reciente para Argentina”, confió a Infobae un funcionario que conoce el detalle de los preparativos. Por lo que trasciende, no será una práctica convencional, sino que se enmarca dentro de lo que se denomina un Ejercicio de Fuerzas de Operaciones Especiales, que en inglés y en el mundo de la defensa se lo conoce como SOF (Special Operations Training).
Estas unidades de élite de las distintas fuerzas se encargan de tareas de alto riesgo como contraterrorismo, rescate de rehenes y operaciones de guerra no convencionales.
Estados Unidos tiene diversas unidades de este calibre. Hasta el momento está confirmado que vendrán las Boinas Verdes del Ejército (Green Berets, en inglés), así como el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Air Force Special Operations Command). Fuentes con conocimiento de las gestiones también indicaron que vendrían unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas del Cuerpo de Marines (MARSOC).
Hasta el momento, la información de qué unidades de operaciones especiales argentinas estarán en estos ejercicios combinados permanece en reserva.
Es una posibilidad de que estén diferentes Compañías de Comandos del Ejército Argentino como la 601, la 602 y la 603; la Compañía de Fuerzas Especiales 601 y la Compañía de Apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales. La Fuerza Aérea Argentina tiene como su área especializada al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), mientras que en la Armada Argentina cuenta con la agrupación Buzos Tácticos y la agrupación Comandos Anfibios.
Como se suele acostumbrar en estos tipos de casos, se espera que haya un observador de un tercer país, que hay altísimas probabilidades de que sea España.
El acuerdo para realizar este ejercicio combinado se plasmó a través de un Memorando de Entendimiento firmado en marzo del año pasado durante una serie de encuentros realizados en el Edificio Libertador entre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Argentina y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos.
“Gracias a estas coordinaciones, la preparación militar será incrementada y la defensa regional se verá reforzada a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”, reza el comunicado lanzado en ese entonces por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ahora son dirigidas por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.
“Todas las unidades estadounidenses se van a adiestrar con las nuestras. Pero lo que no tiene precedentes es el tamaño de lo que van a traer respecto a otras operaciones especiales que se están haciendo. Lo significativo es la mucha confianza que deposita Estados Unidos al traer a toda esa cantidad y calidad de personas y equipamiento. Se van a estandarizar técnicas, tácticas, procedimientos, controles, comunicaciones, entre otras cosas”, detalla una fuente inobjetable a Infobae.
Es por ese factor que desde Casa Rosada y el Ministerio de Defensa de la Nación creen que este ejercicio combinado se podría catalogar como el de mayor despliegue de la historia argentina, al menos en términos políticos.
Las unidades estadounidenses tienen experiencia de combate real de manera mucho más recurrente que sus pares argentinos. Fuentes castrenses marcan que este tipo de coordinaciones con los Estados Unidos eran más frecuentes en la década de los noventa y que a partir de los años 2000 esa dinámica mermó significativamente.
“Este es un Ejercicio SOF combinado exclusivo con la primera potencial mundial y van a mandar todos equipos operativos. Desde aviones, blackhawks hasta otros equipos. Van a poner todos los fierros. Es inédito en los tiempos que corren”, justifican, buscando explicar el entusiasmo que había en ciertos despachos de la Casa Rosada. Aunque marcan que es difícil de mensurar la magnitud de este ejercicio respecto a otros, aseguran que “es el más importante de los últimos 25 años”.
Las ubicaciones geográficas donde se realizarán los ejercicios permanecen en resguardo de las autoridades. El año pasado, sitios especializados en la defensa marcaban que este podía contemplar incursiones ficticias diurnas y nocturnas en espacios continentales e insulares como Tierra del Fuego y Santa Cruz. En mayo del 2024, las Fuerzas Armadas Argentinas realizaron ejercicios multidominio en la Patagonia, más específicamente en las inmediaciones del Puerto de Punta Quilla.
Entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, se llevó a cabo el ejercicio combinado “Tridente” en las instalaciones de la Base Naval Mar del Plata. Durante tres semanas, la Agrupación Buzos Tácticos y los Navy Seals practicaron maniobras de abordaje, desplazamiento dentro de los buques y procedimientos de recuperación, entre otras técnicas. La fase final del ejercicio se llevó a cabo a bordo de una unidad naval que cumplía el rol de buque mercante, donde se integraron todos los conceptos incorporados y desarrollados en la etapa de planeamiento.
Alfiles que trabajan en la organización de los ejercicios de los próximos meses afirman que en 2027 habrá coordinaciones entre unidades convencionales de ambos países.
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