POLITICA
Los jueces kirchneristas resisten en Santa Cruz la llegada de nuevos miembros y el conflicto escala a la Corte Suprema

EL CALAFATE.- En un nuevo capítulo del conflicto que sacude a Santa Cruz, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante la decisión de los jueces kirchneristas de la provincia de impedir que asuman nuevos magistrados.
La presentación busca revertir el fallo de los jueces kirchneristas del Tribunal Superior de la provincia que declaró inconstitucional la ley que amplió su integración y que intenta remover de sus cargos a los cuatro miembros designados por el gobernador Claudio Vidal.
Se trata de una pelea institucional que sacude a la provincia y que expresa la resistencia de los jueces nombrados por el kirchnerismo a compartir su poder.
El objetivo de la presentación del presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz es revertir el fallo del 17 de diciembre pasado firmado por cuatro vocales y una vocal subrogante del TSJ que declaró inconstitucional la Ley 3949 que elevó de cinco a nueve miembros al máximo tribunal.
Aquel fallo marcó la declaración de guerra entre el poder judicial y los otros poderes del estado, cuyas escaramuzas empezaron en septiembre cuando cuatro miembros se opusieron a la asunción de los nuevos vocales designados.
Desde entonces convive en la corte provincial una suerte de doble comando. La pelea escaló al punto que, según el oficialismo local y reconocidos juristas consultados, solo la intervención de la Corte Suprema podría encausar el enfrentamiento.
El grupo de jueces que resiste la llegada de otros miembros fueron nombrados durante los gobiernos kirchneristas y lo integran, incluso, dirigentes políticos que habían acompañado a Néstor y Cristina Kirchner.
En el recurso que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia, el vicegobernador sostiene que la declaración de inconstitucionalidad de la ley fue un exceso de competencia del poder judicial, una violación a la división de poderes y a los principios democráticos del sistema representativo y republicano.
La declaración de inconstitucionalidad –originada en un amparo presentado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales- argumentaba, entre otros puntos, que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos.
La decisión incluyó la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluida la designación y jura de los cuatro nuevos vocales impulsados por el actual gobierno, quienes entraron en funciones entre septiembre y octubre pasado: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, a quienes les tomó juramente el presidente del cuerpo Daniel Mariani, luego apartado del cargo por los cuatro vocales kirchneristas.
El TSJ nunca les pagó sus sueldos, no les asignó espacio físico para trabajar, nunca los dejó asistir a las reuniones de acuerdo y hasta condicionó su ingreso al palacio judicial. Recién en enero, los cuatro vocales designados, pudieron cobrar el 50% de sus salarios, a través del ministerio de Economía, luego de una resolución aprobada en la legislatura.
La acción de inconstitucionalidad llevó la firma de lo que el vicegobernador considera en la apelación una “una minoría irregular” conformada por los vocales Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, y la subrogante, Romina Vanessa Saúl, quienes anularon las designaciones y dispusieron la “reviviscencia” del régimen anterior de cinco miembros para mantener su control sobre el cuerpo.
En su apelación, Leguizamón sostiene que el grupo de jueces que firmó la inconstitucionalidad se “arrogó competencias constituyentes” al decidir sobre la conformación del cuerpo.
El núcleo de la embestida legal contra el fallo local radica en que el Poder Judicial habría interferido en “cuestiones políticas no justiciables”. El recurso argumenta que la organización de la justicia es una facultad privativa de la Legislatura, según los artículos 104 y 126 de la Constitución Provincial, y que los jueces no pueden erigirse en “censores” de la oportunidad, mérito o conveniencia de una reforma legislativa.
El documento advierte que, bajo el “ropaje” de un examen de razonabilidad, el tribunal provincial actuó como un “cogobernante” al imponer su propio plan de diseño institucional por sobre el decidido por los representantes del pueblo. Asimismo, el escrito denuncia la “gravedad institucional” de la situación, destacando que la sentencia fue dictada por una minoría irregular que intentó mantener su condición de antigua mayoría para neutralizar las facultades de los otros poderes del Estado.
Otro punto de fuerte cuestionamiento es la supuesta falta de “caso judicial” que habilite la intervención del TSJ. Leguizamón sostiene que la demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales carece de un agravio concreto, ya que la ampliación del tribunal de cinco a nueve miembros no afecta los derechos salariales ni las condiciones laborales de los empleados, convirtiendo la acción en una “acción popular” encubierta que no debería haber prosperado.
Finalmente, el recurso ante la CSJ busca poner fin al “desorden institucional” que hoy enfrenta Santa Cruz, donde coexisten dos realidades jurídicas contrapuestas sobre la integración de su cabeza de poder. El apelante enfatiza que la intervención de la Corte Suprema es el “único remedio eficaz” para evitar un daño irreparable a las instituciones básicas de la República y garantizar que las provincias respeten el sistema representativo y republicano que les impone la Carta Magna.
cuatro miembros designados por el gobernador Claudio Vidal.,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
¿Hay paro mañana, viernes 27 de febrero?

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales— convocó a un paro nacional este viernes 27 de febrero. Además, impulsa una movilización al Congreso en rechazo de la reforma laboral. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué servicios afectará la medida de fuerza mañana.
La convocatoria fue definida en una reunión que el FreSU mantuvo desde las 18 el pasado 23 de febrero en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). La fecha elegida coincide con la jornada en que el Senado trate el proyecto oficialista. Por el momento, sigue en pie la medida de fuerza y varios gremios anunciaron su adhesión.
La marcha al Congreso inicia a las 10 de la mañana del viernes desde Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”. De todos modos, cada sindicato que la conforma evaluará y definirá sus modalidades de protesta.
De esa forma, el FreSU se distancia de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina). La central obrera llevó a cabo una movilización y un paro general ―el cuarto en la gestión de Javier Milei― en rechazo a la reforma laboral en las últimas semanas. Sin embargo, no definió un paro ni una movilización para este viernes. Dado que la dirigencia de la CGT dan por hecho que se aprobará el proyecto de ley, se decidió acudir al palacio de Tribunales el próximo lunes para reclamar la inconstitucionalidad de la iniciativa oficialista.
Esta distancia entre los gremios se empezó a ver el jueves pasado, en el marco del paro nacional. En ese contexto, varios de los gremios que integran la CGT y otros que no pertenecen a la central obrera marcharon frente al Congreso, aunque no estaba consignada una movilización. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.
“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del FreSU en su acto sobre la Avenida de Mayo.
ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmó y ratificó que se adhiere al paro y la movilización que convocó el FreSU al Congreso para este viernes. Informó que será por 24 horas a partir de la medianoche del viernes con asambleas, protestas, radios abiertas y movilizaciones en todo el país. Además, habrá un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra la CGT por decidir no movilizar este viernes: “Están pidiendo la inconstitucionalidad de una ley que todavía no existe. Es increíble. Una cosa así no pasó nunca antes. En vez de ir a protestar al Congreso o a Plaza de Mayo, ¿deciden ir al Poder Judicial?”.
Por su parte, tanto la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como la CTA Autónoma confirmaron su participación en la marcha de este viernes. Lo mismo ocurre con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas. Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales con mayor presencia en las calles.
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POLITICA
Alarmante informe del Congreso de EEUU sobre infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina

Un nuevo informe del Congreso de Estados Unidos, denominado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, advirtió en las últimas horas que el régimen asiático ha desarrollado una extensa red en la región de estaciones espaciales terrestres y telescopios de doble uso, militar y civil, y que la utiliza para recopilar datos de inteligencia y fortalecer su capacidad bélica.
La investigación apunta al menos a once instalaciones espaciales vinculadas a China establecidas en Argentina, y menciona los casos de Neuquén, San Juan y Santa Cruz. También en Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Se trata del segundo informe del Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental del parlamento norteamericano.
“Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”, sostuvo el presidente del Comité Selecto, John Moolenaar.
“El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”, agregó en un comunicado oficial.

De manera puntual, el informe describe el caso de la Estación Espacio Lejano, ubicada en la provincia de Neuquén. Según el documento, esta estación opera una antena de 35 metros capaz de captar señales de satélites extranjeros y transferir datos a la red central del Ejército chino. “En 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión”, se remarcó en el texto.
La estación espacial está ubicada en Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial 33. Se empezó a construir en 2014 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y la gobernación de Jorge Sapag. Se terminó en 2017. Es un predio de unas 200 hectáreas que le cedieron a China por un lapso de 50 años, sin pago de impuestos. Según un informe técnico que prepararon a instancias del ex gobernador Omar Gutiérrez, se destinaron más de 50 millones de dólares en la construcción.

El segundo enclave es el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan, donde opera un sistema láser de medición satelital (SLR) desarrollado y financiado por China y catalogado como el más activo de su tipo en América Latina. Se trata de un telescopio láser, advirtieron, capaz de generar datos de localización milimétrica, útiles tanto para investigaciones científicas como para defensa antisatélite y advertencia estratégica. “Estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio”, afirmaron.

Por último, la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz, fue aprobada como instalación civil en 2021 tras un acuerdo entre la empresa argentina Ascentio Technologies y la firma china Emposat. No obstante, la investigación indica que Emposat mantiene vínculos directos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular chino y ha equipado la estación con antenas que permiten comunicaciones seguras y actividades propias de la guerra electrónica. El informe destaca que una de las antenas instaladas carece de especificaciones técnicas públicas, lo que incrementa las incógnitas sobre su verdadera función.
El documento del Congreso de Estados Unidos sostiene que las tres estaciones en territorio argentino no son proyectos independientes, sino “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a China. Además, planteó una serie de recomendaciones:
Por un lado, recomendaron que “la NASA debería revisar la cooperación con los países anfitriones para garantizar que no se haya infringido la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china”. También, que “el Congreso debería considerar la posibilidad de actualizar la Enmienda Wolf para subsanar una brecha cada vez mayor que permite que la cooperación bilateral prohibida con la República Popular China continúe bajo la apariencia de acuerdos nominalmente multilaterales”.
A su vez, señalaron que “las agencias estadounidenses deberían reevaluar la cooperación en materia de espacio, defensa y tecnología avanzada con los países que albergan infraestructuras espaciales vinculadas a la República Popular China, centrándose en mitigar los riesgos para los sistemas, los datos y el personal estadounidenses”.
Por último, “el Gobierno de los Estados Unidos debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de las infraestructuras espaciales de la República Popular China en América Latina y, en última instancia, tratar de reducir y eliminar las capacidades espaciales de la República Popular China en el hemisferio occidental que amenazan los intereses estadounidenses”.
POLITICA
Cuándo se vota la reforma laboral de Javier Milei hoy, viernes 27 de febrero

El Senado se encamina a convertir en ley este viernes la reforma laboral que propuso el gobierno de Javier Milei. El proyecto dispone fuertes cambios para empresas y trabajadores en cuestión de salarios, indemnizaciones y vacaciones.
Después de tres semanas de debate, acelerado por el pedido de Milei de tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich tiene garantizados los votos necesarios para la sanción.
La sesión está convocada para las 11 y será el tercer debate sobre la denominada “modernización laboral”. Tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. No está previsto que esos números cambien. A La Libertad Avanza (LLA) la acompañaron aquella vez los bloques de la UCR y el Pro, además de representantes de gobernadores dialoguistas.
En Diputados, el oficialismo quedó obligado a cambiar el artículo 44 de las licencias médicas a raíz de la polémica que se desató después de la aprobación en el Senado. La votación allí salió 135 a 115.
Además, se tratará el nuevo régimen penal juvenil, que tuvo media sanción en Diputados.
Pocas horas antes de que se reúna el Senado, manifestantes de izquierda se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles. A raíz de esto, hay caos de tránsito en la Ciudad y se desplegó un operativo policial. En ese marco, se generó tensión entre las autoridades y los manifestantes que intentaban restringir la circulación. Luego, se dirigieron a Avenida de Mayo hacia el Congreso para continuar allí la protesta.
Con poco más de 200 artículos, la reforma está agrupada en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.
El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.
Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).
Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
Uno de los puntos más discutidos fue el de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.
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