La decisión del Ministerio de Economía de postergar la aplicación de una nueva encuesta de gastos para actualizar el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reabrió el debate sobre la metodología utilizada para medir la inflación en la Argentina y su impacto sobre la comparabilidad de las estadísticas oficiales. La medida, impulsada por el ministro Luis Caputo con el aval del presidente Javier Milei, se produjo en paralelo a la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo continúa utilizando como referencia la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05 para determinar la estructura de ponderadores del IPC. Esa base refleja patrones de consumo relevados hace más de dos décadas, cuando el peso relativo de rubros como servicios postales, telefonía fija o fax era mayor al actual, mientras que otros gastos vinculados a comunicaciones digitales, transporte o vivienda tenían menor incidencia.

La actualización prevista contemplaba incorporar los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, que ofrece una estructura de consumo más reciente y modifica la ponderación de distintos capítulos del índice. Entre los cambios se encontraba un mayor peso de los servicios, particularmente vivienda, transporte y comunicaciones.

El plan original consistía en comenzar a publicar el IPC con esa nueva muestra a partir del dato de inflación de enero, cuya difusión está programada para este martes 10 de febrero. Sin embargo, el Gobierno resolvió aplazar su implementación y anticipó que evalúa realizar una nueva encuesta de referencia desde cero, un proceso estadístico que puede extenderse durante varios años.

Cómo se calcula el IPC y por qué importa la encuesta de gastos

El IPC se construye a partir de una canasta de bienes y servicios que representa el consumo promedio de los hogares. Cada producto o servicio recibe un peso específico según su participación en el gasto total relevado por la encuesta. Esa ponderación determina cuánto influye la variación de cada precio en el resultado final del índice.

Cuando la estructura de consumo cambia con el tiempo, el uso de ponderadores desactualizados puede modificar la representación del gasto real de las familias. Por ese motivo, los institutos estadísticos suelen revisar periódicamente el año base y actualizar las encuestas para reflejar transformaciones tecnológicas, cambios de hábitos y nuevas categorías de consumo.

Con la decisión de mantener la base 2004/05, la Argentina conserva la estructura más antigua entre los países de la región. De acuerdo con un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, Brasil y Paraguay utilizan ponderadores elaborados en 2017; Colombia y México, en 2018; Uruguay, en 2022; y Chile, en 2023.

El mismo relevamiento indica que el año base promedio de los países comparables se ubica en 2019. En ese contexto, aun si se hubiera aplicado la ENGHo 2017/18, la Argentina habría mantenido un esquema más rezagado respecto de sus pares. La continuidad de la base 2004 amplía esa brecha metodológica.

Comparabilidad regional y efectos sobre las estadísticas

El informe del Banco Provincia señala que la diferencia en los años base agrega complejidad a la comparación internacional de la inflación. Las variaciones de precios medidas con estructuras de consumo distintas pueden reflejar impactos diferentes ante cambios en tarifas, alimentos o servicios regulados.

Según el documento, Chile y Uruguay son los únicos países que realizaron actualizaciones posteriores a la pandemia, mientras que el resto adoptó revisiones entre 2017 y 2018. En ese marco, la Argentina mantiene una referencia anterior a esas modificaciones.

La discusión metodológica también se produce en un contexto de alta variación de precios a nivel local. El estudio indica que, en la Argentina, los incrementos acumulados en períodos cortos pueden superar los registros anuales de otros países de la región, lo que vuelve más relevante la precisión en la medición.

Además del debate estadístico, la decisión generó cuestionamientos por el efecto institucional sobre la credibilidad de las cifras oficiales. Especialistas remarcan que los cambios en la metodología de cálculo suelen comunicarse con anticipación y contar con cronogramas definidos para garantizar continuidad técnica.

Impacto del índice de inflación en el gasto público y contratos

El IPC no solo funciona como indicador de precios al consumidor, sino que también actúa como referencia para múltiples variables de la economía. Entre ellas se encuentran jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y distintos contratos indexados, además de instrumentos financieros ajustados por inflación, como los títulos públicos atados al coeficiente CER.

La evolución del índice incide de forma directa sobre el gasto público, ya que determina la actualización de prestaciones sociales y pagos de deuda vinculados a la variación de precios. Por ese motivo, cualquier modificación en la medición puede tener efectos fiscales.

Según estimaciones del Banco Provincia, mantener la metodología actual implicaría menores incrementos en esas partidas en comparación con una estructura de ponderadores más reciente. El informe calcula que el Estado nacional podría registrar un ahorro cercano a $5 billones por menores actualizaciones de prestaciones y pagos asociados a títulos ajustables por CER.

De acuerdo con ese cálculo, el monto representa poco menos de 0,5% del Producto Bruto Interno y supera el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero, que se ubicaron en $4,3 billones.

Proyecciones de inflación y diferencias entre metodologías

La consultora LCG señaló que el reconocimiento de una inflación más alta tendría efectos directos sobre el gasto sujeto a movilidad. Según sus estimaciones, estas partidas representan alrededor del 48% del gasto primario, por lo que una mayor actualización demandaría ajustes adicionales en otras áreas del presupuesto.

Los economistas de esa firma indicaron que, para el dato de enero, la diferencia entre la metodología actual y la basada en la ENGHo 2017/18 sería acotada. Sus proyecciones ubican la inflación mensual en torno a 2,3% con el esquema vigente y en 2,4% con la canasta actualizada.

Sin embargo, advirtieron que la brecha podría ampliarse en los próximos meses a medida que se apliquen aumentos programados en tarifas de servicios públicos, que tienen mayor peso relativo en la estructura de gasto más reciente. En ese escenario, el impacto sobre el índice podría ser más visible.

Mientras tanto, el INDEC continuará publicando el IPC con la base 2004/05 sin una fecha definida para su actualización. La posibilidad de desarrollar una nueva encuesta desde el inicio implica tareas de relevamiento, procesamiento y validación estadística que demandan plazos extensos. Hasta que ese proceso concluya, la medición de la inflación seguirá apoyada en patrones de consumo relevados hace más de veinte años.

Mientras que desde el Gobierno se apunta contra los empresarios por los altos precios de la ropa, las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron USD 1.506 millones en 2025, lo que ha puesto en jaque a la industrial local.

Más en detalle, según un informe de Analytica, las compras externas registraron subas interanuales muy marcadas: crecieron 97,3% en indumentaria —unos USD 336 millones adicionales—, 121,2% en otros textiles —USD 94 millones más— y 25,2% en calzado y sus partes —USD 166 millones extra frente al año previo—.

A este desempeño se agregan las importaciones vía courier, que no se limitan exclusivamente a la indumentaria pero ganan peso de la mano de plataformas como Shein y Temu, con un incremento interanual acumulado del 274,2% en 2025.

En ese contexto, las importaciones de indumentaria totalizaron USD 681 millones en 2025, el valor más alto de la serie histórica a precios constantes, mientras que las de calzado y sus partes sumaron USD 825 millones, apenas por debajo del récord de 2017 (USD 857 millones).

“Estos movimientos reflejan un cambio profundo en la fisonomía local del mercado de indumentaria y calzado, con un desplazamiento de la producción nacional por bienes importados. Con un marcado impacto en dos variables: precios y empleo”, indicó Analytica.

En relación con el resto de la economía, los precios de indumentaria y calzado se encuentran en su nivel relativo más bajo desde 2016. Desde noviembre de 2023, el rubro se abarató un 30,6% frente al promedio general de precios. En el acumulado, mientras la inflación total trepó al 259,4% desde el inicio de la gestión, la de indumentaria y calzado avanzó 149,4%.

El reverso de este alivio para los consumidores aparece en el empleo: entre noviembre de 2023 y octubre pasado —último dato disponible— se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado, lo que implica una contracción del 15,1% y marca el nivel más bajo de toda la serie iniciada en 2009. A esto se suma que el sector presenta elevados niveles de informalidad, especialmente en confecciones, donde rondan el 72%.

Esto derivado de la fuerte caída de la industria: los niveles de producción de noviembre quedaron muy por debajo de los registros previos: en productos textiles se ubicaron 47,6% por debajo de noviembre de 2023, mientras que en confecciones y calzado la caída fue del 19,3%.

Si la comparación se hace contra el promedio histórico de 2016–2023 —sin considerar el período de pandemia—, la producción de noviembre resultó 40% menor en textiles y 18,1% inferior en confecciones y calzado.

Dentro del complejo, los segmentos más golpeados son el curtido y la fabricación de artículos de cuero, con una baja del 44,1% en 2025 frente al promedio 2016–2023; los tejidos y acabados textiles, con un retroceso del 34,7%; y el preparado de fibras de uso textil, que cae 33,7%.

En paralelo, el tema quedó en el centro de la discusión pública luego de declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo”, dijo.

El proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, señaló el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con Radio Mitre.

“Entonces, convengamos que las 150.000 familias que trabajaban en esto no es que sean millonarias ni que le hayan dado un impulso impresionante al país. O sea, los que se beneficiaron fueron los dueños, que los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho”, afirmó el ministro.

“Si vos pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa. Entonces, irás a comer afuera, te tomarás un helado y esos recursos se destinarán a otras industrias”, consideró.

Claudio Drescher,presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), manifestó “desilusión y tristeza” por las declaraciones y desde la Fundación Pro Tejer remarcaron qe cerca del 50% del valor de una remera, por ejemplo corresponde a impuestos. Otro 30% del precio final se explica por los alquileres de los locales y el costo financiero.

En tanto, alrededor de un 12% se destina a logística, marketing y márgenes de rentabilidad, mientras que el 8% restante queda en manos de la industria.

Advierten que si se habilita el cobro de sueldos en billeteras se comprometerá la seguridad de los haberes y se desfinanciará el sistema de créditos

08/02/2026 – 10:16hs

La disputa entre el sistema financiero tradicional y las plataformas digitales sumó un nuevo e intenso capítulo en la Argentina. En el marco del debate por la reforma laboral, las principales asociaciones bancarias del país elevaron un reclamo formal para frenar el artículo que permitiría a los trabajadores percibir sus haberes directamente en billeteras virtuales, una facultad que hoy es exclusiva de las cuentas bancarias.

Desde el sector argumentan que esta modificación no solo altera las reglas de juego, sino que pone en riesgo la protección de los ingresos de millones de asalariados. Según las entidades, la robustez del sistema bancario actual garantiza una seguridad jurídica y financiera que las fintech aún no pueden equiparar, debido a las diferencias en los regímenes de regulación y supervisión vigentes.

Bancos vs. billeteras virtuales: riesgo para los depósitos y sistema de protección

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la seguridad de los fondos. Desde la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) elevaron un pedido formal a la senadora libertaria Patricia Bullrich y al presidente de Diputados, Martín Menem, solicitando que se quite del proyecto de reforma laboral el artículo 35, que equipara las cuentas de pago (CVU) con las bancarias (CBU), lo que posibilitará el pago de sueldos en billeteras virtuales.

Señalaron, entre otras cuestiones, que las cuentas sueldo tradicionales cuentan con un sistema de «triple protección». Este esquema incluye el Seguro de Depósitos (SEDESA) -$25.000.000 por persona-, el estatuto de pasivo privilegiado y un régimen de resolución especial que asegura que, ante cualquier eventualidad, el trabajador no pierda sus haberes.

Las entidades sostienen que las billeteras virtuales operan bajo modelos de negocios que no cuentan con estas garantías de solvencia. «Dicha arquitectura normativa no responde a un rezago tecnológico, sino a una decisión de política pública orientada a garantizar un estándar mínimo de seguridad para los trabajadores», afirmaron voceros del sector. Advierten que, de aprobarse el cambio, la seguridad de los salarios quedaría subordinada a plataformas sin el mismo nivel de respaldo regulatorio.

Impacto en el crédito y la disponibilidad de efectivo

Otro de los argumentos fuertes tiene que ver con la capacidad de financiamiento de la economía. Cuando los sueldos se depositan en bancos, esos fondos permiten a las entidades otorgar créditos a empresas y particulares. En cambio, si el dinero fluye masivamente hacia las billeteras virtuales —que suelen derivar saldos a Fondos Comunes de Inversión con encajes del 100%—, esa capacidad de intermediación financiera se vería seriamente afectada, encareciendo o reduciendo la oferta de préstamos.

Finalmente, los bancos destacaron su rol en la logística del efectivo en todo el territorio nacional. Muchas entidades públicas realizan el «delivery de cash», recorriendo miles de kilómetros para abastecer cajeros en localidades remotas. Advierten que, si los depósitos dejan de estar en el sistema formal, será económicamente inviable sostener la presencia de efectivo en las regiones del interior, perjudicando la capilaridad del servicio financiero en todo el país.