Cada vez que un consumidor carga un litro de nafta en la Argentina, afronta una estructura de costos que incluye una importante proporción destinada a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta dinámica suma presión en el actual contexto internacional de conflicto en Oriente Medio, que llevó a disparar más de un 15% los precios en surtidores, según diferentes relevamientos.

Según datos de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el supuesto de que un litro de nafta super se venda al público a $ 1.921, el precio neto —sin impuestos— es de $1.231,71, cifra que equivale al 64,12% del precio final. La diferencia hasta completar el monto que abona el consumidor corresponde a distintos tributos que se distribuyen entre la Nación, la provincia y los municipios.

El desglose de la Cámara de Combustible de Mar del Plata informa que la carga tributaria total sobre el litro de nafta super asciende a $689,29, lo que representa el 35,88% del precio pagado en el surtidor. Este porcentaje resulta de la suma de gravámenes de diferente naturaleza y jurisdicción.

A nivel nacional, los impuestos constituyen el principal factor de recaudación sobre el combustible. El Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $304,08, equivalente al 15,83% del valor final. A este gravamen se le adiciona el Impuesto a las Emisiones de CO₂, que implica $18,63 o el 0,97% del precio total.

Este primer impuesto se aplica de manera fija sobre el litro de combustible y es motivo de controversias. Durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, se tomó la decisión de no aplicar las actualizaciones del impuesto en el último año de mandato, a los fines de que no impacte en la inflación. En tanto, durante la administración libertaria se ajustó en varias oportunidades por debajo de lo que correspondía y los gobernadores reclaman al gobierno central que no se distribuyeron esos recursos.

La recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos se debería distribuir por ley: 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. Algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el Gobierno.

La recaudación nacional se completa con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en este caso representa $270,68 del valor de venta, es decir, el 14,09% del precio final. Estos tres conceptos suman la mayor parte de la carga impositiva sobre el litro de nafta súper, consolidando el predominio de la recaudación nacional en la estructura tributaria del combustible.

A nivel provincial, el impuesto más relevante es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se traduce en $54,80 por litro, lo que equivale al 2,85% del precio al público. En el ámbito municipal, existen dos tasas que afectan el precio del combustible: la Tasa por Seguridad e Higiene y la Tasa Vial. La primera suma $2,45 por litro, lo que representa el 0,13% del precio final, mientras que la segunda alcanza los $38,67 y equivale al 2,01% del valor pagado en el surtidor.

La sumatoria de estos tributos determina el monto total de impuestos que se abona por cada litro de nafta super, según la Cámara de Combustibles de Mar del Plata. El peso de cada nivel de gobierno sobre el precio final varía según la jurisdicción y el tipo de tasa o impuesto aplicado.

En la provincia de Buenos Aires, el municipio de Colón, General Pueyrredon y Pinamar cobra una tasa del 3% sobre el precio de venta, que es la mayor en términos porcentuales. Luego le siguen Pilar, Moreno y Azul, en donde se abona una alícuota levemente inferior al 2,5 por ciento. Estas cifras, aunque menores a lo que se aplica en algunas provincias del sur del país, representan una suma considerable en un país afectado por la inflación y por las oscilaciones del mercado internacional de hidrocarburos.

Entre los ejemplos más extremos de tasa vial aparece la provincia de Neuquén, en donde ocho municipios cobran un recargo del 4,5% sobre el precio de cada litro de combustible. Entre los que se destacan Centenario, Cutral Co, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa. Pero no se trata de la única provincia, sino que se aplica la misma alícuota en Cipoletti, Río Negro. En un rango menor, se ubican diferentes municipios de Jujuy, como San Pedro, San Salvador de Jujuy y Yala, en donde se cobra una tasa vial del 1,8 por ciento.

El análisis de la apertura impositiva revela que el componente nacional concentra la mayor proporción de la carga fiscal, seguido por la provincia y, en menor medida, los municipios. La presencia de la Tasa Vial en la estructura municipal responde a la decisión de algunas jurisdicciones de aplicar incrementos adicionales sobre los combustibles para financiar obras y servicios vinculados al tránsito o la infraestructura urbana. Aunque muchas veces esto no sucede en la práctica y la tasa se convierte en un impuesto ante la falta de contraprestación.

El precio neto del litro de nafta, es decir, el valor libre de impuestos, representa poco menos de dos tercios del precio pagado por el consumidor. Este dato ilustra el peso que tienen los tributos en la formación del precio final y la relevancia de la política fiscal sobre los combustibles. La distribución de la recaudación entre Nación, provincia y municipios evidencia la multiplicidad de actores involucrados en la definición del costo del combustible.

En la práctica, el consumidor afronta el peso combinado de los impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que carga nafta super en su vehículo. La suma de gravámenes eleva el valor final y determina una recaudación significativa para el Estado en sus diferentes niveles.

En el contexto actual, la carga tributaria sobre los combustibles resulta especialmente relevante ante los aumentos recientes en los precios internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El incremento del valor de los combustibles impactó de manera directa en el bolsillo de los consumidores argentinos, como se registró en los últimos días.

Hasta el momento, la guerra en el Medio Oriente motivó un ajuste del 15% en el precio de los combustibles en Argentina. Aunque recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció detalles sobre las conversaciones con un alto líder iraní, en busca de un acuerdo que pudiera influir en la estabilidad de la región y, en consecuencia, en el precio de los hidrocarburos.

La canasta de crianza alcanzó nuevos máximos en febrero de 2026. El INDEC difundió los valores mensuales que reflejan cuánto cuesta criar a niñas, niños y adolescentes hasta los 12 años en Argentina.

El informe oficial contempla dos componentes clave: los gastos en bienes y servicios esenciales, y el valor económico del tiempo destinado al cuidado. El objetivo es dimensionar de manera integral los recursos que las familias necesitan para sostener la crianza, incluyendo tanto desembolsos directos como el costo del trabajo de cuidado no remunerado.

Según los datos del organismo, el costo total mensual osciló entre $480.463 y $616.484 durante febrero. La cifra varía según cuatro tramos etarios definidos por niveles de escolarización y necesidades específicas de cada etapa.

Este número impacta en la cuota alimentaria que se suele fijar en los casos de niños que tienen a sus padres separados porque su resultado es consecuencia de parámetros objetivos, por lo que muchos juzgados toman como referencia la canasta de crianza. Con los últimos datos difundidos, correspondientes a la inflación de febrero de 2026, los nuevos valores impactaron directamente en las cuotas que se discuten y actualizan durante marzo y abril.

¿Qué es la cuota alimentaria y quién debe pagarla?

La cuota alimentaria es la obligación legal de los progenitores de contribuir a la manutención de sus hijos cuando estos no pueden sostenerse por sí mismos. La responsabilidad no se extingue por separación o divorcio ni depende de la convivencia.

Incluye alimentación, vivienda, vestimenta, transporte, salud, educación, actividades recreativas y todo lo necesario para el desarrollo integral del menor. El progenitor no conviviente debe realizar un aporte acorde a su capacidad económica y al nivel de vida previo a la separación.

Cuánto sale criar un hijo según la edad en Argentina en abril 2026

La canasta de crianza mostró diferencias marcadas entre los distintos grupos. Los valores oficiales para febrero fueron:

• Menores de 1 año: $480.463
• De 1 a 3 años: $572.590
• De 4 a 5 años: $490.459
• De 6 a 12 años: $616.484

El mayor costo se registró en el grupo de 6 a 12 años, con $616.484 mensuales. Este tramo concentra gastos más elevados en rubros como educación, vestimenta y alimentación.

En el extremo opuesto, los menores de un año presentaron el valor más bajo. Sin embargo, el componente de cuidado en esta etapa es proporcionalmente más alto que en otras edades.

El grupo de 1 a 3 años quedó en segundo lugar con $572.590. La diferencia respecto al tramo de 4 a 5 años se explica por las mayores necesidades de cuidado intensivo en la primera infancia.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

El indicador se compone de dos rubros principales que reflejan el costo integral de la crianza. Cada uno aporta información sobre aspectos diferentes pero complementarios del desarrollo infantil.

Bienes y servicios es el primer componente. Incluye gastos vinculados al consumo cotidiano: alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Los valores estimados en febrero para este rubro fueron:

• Menor de 1 año: $158.312
• 1 a 3 años: $204.418
• 4 a 5 años: $260.351
• 6 a 12 años: $322.967

Estos montos se calculan a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires. El INDEC aplica coeficientes específicos según la edad para ajustar el consumo de cada tramo etario.

El segundo componente es el costo del cuidado. Representa la valorización económica del tiempo destinado a atender las necesidades de niñas y niños.

Para calcularlo, el organismo toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares. Los valores de febrero fueron:

• Menor de 1 año: $322.151
• 1 a 3 años: $368.172
• 4 a 5 años: $230.108
• 6 a 12 años: $293.517

Este componente representa una proporción significativa del total, especialmente en las primeras etapas de vida, cuando las necesidades de atención son más intensas y frecuentes.

Cuántas horas de cuidado requiere cada edad

El informe del INDEC también detalla la cantidad de horas mensuales de cuidado necesarias. Este dato es clave para entender por qué varían tanto los costos entre edades.

Los requerimientos estimados en febrero fueron:

• Menores de 1 año: 147 horas mensuales
• 1 a 3 años: 168 horas mensuales
• 4 a 5 años: 105 horas mensuales
• 6 a 12 años: 84 horas mensuales

La reducción en las horas responde a varios factores. El principal es la incorporación progresiva al sistema educativo, que cubre parte del tiempo de cuidado que antes recaía exclusivamente en las familias.

En el tramo de 1 a 3 años se registra el pico máximo de horas. Esta etapa coincide con las necesidades de atención constante, antes del ingreso al jardín de infantes.

A partir de los 4 años, las horas de cuidado bajan significativamente. La escolarización formal reduce la demanda de tiempo, aunque no la elimina por completo.

Cómo evolucionó el costo de criar en el último año

La canasta de crianza registró aumentos en todos los tramos de edad durante el último año. La comparación interanual muestra una tendencia ascendente sostenida en los 12 meses.

Los incrementos fueron:

• Menores de 1 año: de $404.618 en febrero de 2025 a $480.463 en febrero de 2026
• De 1 a 3 años: de $470.824 a $572.590 en el mismo período
• De 4 a 5 años: de $402.150 a $490.459
• De 6 a 12 años: de $503.935 a $616.484

El mayor incremento nominal se dio en el grupo de 6 a 12 años, con un salto de más de $112.000 en 12 meses. Este tramo concentra gastos más sensibles a la inflación, como educación y alimentación.

El tramo de menores de 1 año también mostró un aumento significativo, cercano a los $76.000 mensuales. La suba refleja el impacto del ajuste en productos de primera necesidad y servicios de salud.

La serie histórica evidencia que el costo de crianza creció por encima de otros indicadores. Los rubros de educación y cuidado fueron los que más presionaron sobre el índice.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

La metodología oficial combina dos enfoques complementarios. El primero se basa en el consumo de bienes y servicios esenciales.

Para estimar los gastos en bienes, el INDEC parte de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires y aplica coeficientes que reflejan el patrón de consumo específico de cada grupo etario.

El segundo enfoque valora el tiempo de cuidado. El organismo estima las horas mensuales requeridas según la edad y las multiplica por el salario del régimen de trabajo en casas particulares.

La estimación se realiza en cuatro tramos etarios. Estos fueron definidos considerando los niveles de escolarización: menores de 1 año, de 1 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 12 años.

El indicador abarca a la población de hasta 12 años inclusive. Busca reflejar el costo económico integral del desarrollo infantil, incluyendo tanto los gastos directos como el valor del tiempo dedicado al cuidado.

Según el INDEC, este indicador permite dimensionar de manera más completa los recursos necesarios para la crianza. También aporta información para el análisis de las condiciones de vida y el diseño de políticas públicas orientadas a la infancia.

Cómo se calcula la cuota alimentaria en marzo 2026

En la práctica judicial, la cuota suele fijarse como un porcentaje del ingreso neto del progenitor obligado, generalmente entre el 20% y el 30% por hijo, aunque no existe un tope máximo legal.

Los jueces evalúan:

Al fijarse como porcentaje, la cuota puede actualizarse automáticamente ante aumentos salariales.

Hasta qué edad corresponde pagarla

• Hasta los 21 años, en todos los casos

• Hasta los 25 años, si el hijo estudia y no tiene ingresos propios

• Sin límite de edad, en casos de discapacidad que impida la autosuficiencia

Qué pasa si no se paga la cuota

El incumplimiento puede derivar en distintas medidas judiciales:

• Embargo de sueldo o cuentas

• Retención automática de haberes

• Prohibición de salida del país

• Suspensión de licencia de conducir

• Inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios

• Arresto domiciliario en casos graves

Qué ocurre si el progenitor no tiene empleo registrado

La obligación subsiste. En esos casos, los jueces pueden:

• Fijar la cuota como porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil

• Admitir pagos en especie complementados con dinero

• Extender la obligación a los abuelos en situaciones excepcionales

La obligación de los abuelos

El artículo 668 del Código Civil y Comercial permite reclamar alimentos a los abuelos en el mismo proceso iniciado contra los progenitores, cuando se acredita dificultad o incumplimiento del obligado principal.

La responsabilidad es subsidiaria y más acotada: cubre lo necesario para subsistencia, vivienda, vestuario, asistencia médica y educación del menor, según la capacidad económica del abuelo obligado.

Con los valores de enero de 2026, la canasta de crianza continúa funcionando como una referencia técnica central en los tribunales para dimensionar el costo mensual de mantener a un hijo en Argentina.

El Gobierno enfrenta un escenario complejo en el terreno político y económico, marcado por tensiones institucionales y una aceleración inflacionaria que continuaría en marzo. A pesar del impacto del alza de precios en la vida cotidiana, la inflación ya no encabeza el listado de inquietudes para los argentinos. Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, los bajos salarios, la falta de trabajo y la corrupción la desplazaron y pasaron al centro de las preocupaciones sociales.

El estudio de la casa de estudios, realizado entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, reveló que esas tres temáticas lideran el listado de problemas que afectan actualmente a la sociedad argentina. El informe, que abarcó a más de mil personas con ponderación según el voto de 2025, mostró un cambio en el eje de las preocupaciones: la inflación perdió centralidad y cedió espacio a cuestiones vinculadas con el ingreso y el trabajo.

La encuesta ubicó a los bajos salarios como el principal problema nacional, con el 37% de las respuestas. Si se mira a nivel desagregado, la preocupación es mayor en mujeres (38%) que en hombres (35%), en la clase media alta (41%) y en la generación X, personas que tienen entre 44 y 59 años (39%). En términos de cómo votaron en 2023, entre quienes eligieron a Sergio Massa, un 40% está preocupado por esta variable, mientras que entre los que optaron por Javier Milei, la cifra baja a 32 por ciento.

La falta de trabajo se posicionó en segundo lugar, con el 36%, siendo nuevamente mayor entre mujeres (37%) que entre hombres (35%). Aunque en términos socioeconómicos es una preocupación más presente en la clase baja (38%) y también en la generación X. En términos de a quién eligieron como candidato a presidente en 2023, lidera entre los votantes de Myriam Bregman, preocupa a un 51% y en los de Milei solo lo hace en un 33% de los casos.

La corrupción ocupó el tercer puesto, alcanzando un 33 por ciento. En esa variable, es a los hombres a quienes más les pesa (36%) mientras que las mujeres lo hacen en un 29 por ciento. Este dinámica prevalece en mayor medida en la clase alta con un 38%, mientras que a los sectores con menores recursos solo le preocupa esta variable en un 29% de los casos. En términos del votante de Milei, lo hace en un 32%, al igual que el de Patricia Bullrich, aunque el de Juan Schiaretti lo afecta en un 39 por ciento.

Estos temas superaron a la inseguridad, que reunió el 30%, y a la pobreza, que figuró con el 27 por ciento. La inflación, que en otros períodos dominó la agenda, registró solo el 20%. Lo que llama la atención, dado que el IPC desde el mes de julio viene con una tendencia de aceleración, que lo llevó a que en enero y febrero de este año se ubicara en 2,9 por ciento.

El informe de la Universidad de San Andrés detectó que el empleo y la remuneración se consolidaron como ejes transversales de malestar en todos los grupos sociales, sin diferencias significativas por género, clase o generación. El dato de la transversalidad resultó relevante para comprender la magnitud del fenómeno. Entre los votantes de diferentes fuerzas políticas, estas preocupaciones también se mantuvieron al tope, lo que indica una fuerte coincidencia más allá de las diferencias partidarias.

El relevamiento también incluyó una evolución de las preocupaciones a lo largo de los últimos años. La falta de trabajo mostró un aumento de seis puntos porcentuales (p.p.) respecto a mediciones previas, mientras que la inflación subió cinco puntos. En cambio, los bajos salarios se mantuvieron como el principal problema, sin cambios sustanciales en el período reciente.

La encuesta reflejó, además, un alto nivel de insatisfacción con la marcha general de las cosas. Solo el 33% de los consultados expresó satisfacción, lo que significó una caída de siete puntos en comparación con noviembre de 2025. Un 65% se manifestó insatisfecho, consolidando una tendencia negativa. La desaprobación presidencial registró un 59%, siete puntos más que en la última medición, mientras que la aprobación se ubicó en el 38 por ciento. Este nivel de aprobación resultó inferior al que tuvo Mauricio Macri en el mismo punto de su mandato, aunque duplicó el de Alberto Fernández.

El documento de la Universidad de San Andrés subrayó que la percepción de crisis institucional se profundizó en los últimos meses, mientras que la agenda pública se reconfiguró en torno a los problemas económicos más inmediatos. La corrupción, que durante años ocupó el primer plano de las preocupaciones, descendió un escalón, pero se mantuvo en un lugar destacado.

El informe aportó datos sobre la evaluación retrospectiva y prospectiva que hacen los argentinos. El 56% consideró que la situación del país empeoró en el último año, mientras que solo el 13% observó una mejora. Al proyectar hacia el futuro, el 46% estimó que la situación empeorará en el próximo año y un 30% manifestó expectativas de mejora.

El reporte detalló que los votantes oficialistas manifestaron expectativas de mejora a futuro, mientras que los opositores proyectaron escenarios más negativos. En términos de identificación de problemas, la encuesta mostró un consenso amplio: salarios, empleo y corrupción dominaron en todos los segmentos sociodemográficos.

La encuesta también profundizó en la imagen de figuras políticas. Javier Milei encabezó la imagen positiva bruta con un 38%, seguido por Patricia Bullrich (36%) y Myriam Bregman (33%). Ningún dirigente político obtuvo diferencial de imagen positivo. Diego Santilli, funcionario, alcanzó el 28% de imagen positiva, mientras que Karina Milei registró el mayor nivel de rechazo con un diferencial negativo de -50.

En el plano de la satisfacción con las políticas públicas, Defensa, Política Exterior y Economía obtuvieron los mejores puntajes, aunque la insatisfacción prevaleció en todos los ámbitos. La política de Obras Públicas mantuvo el nivel más bajo de satisfacción, con apenas un 20 por ciento.

La crisis de confianza hacia las instituciones políticas y sociales se reflejó en los datos de la encuesta. Los científicos, las PyMEs y los ambientalistas sobresalieron como los actores mejor valorados, mientras que los partidos políticos y los sindicatos mantuvieron los índices más altos de imagen negativa.

La Universidad de San Andrés concluyó que el crédito social experimentó un ajuste ante la persistencia de los problemas económicos, en particular el empleo y la remuneración. Los datos permiten observar una transformación en la agenda pública, con el foco puesto en variables concretas del día a día, como el salario y el acceso a puestos de trabajo. La agenda de prioridades, según el estudio, mostró una reconfiguración en el lugar que ocupan las preocupaciones económicas y la corrupción, desplazando otros temas como la inflación y la seguridad en la consideración pública.